Al impulsar la reducción de las retenciones, el Gobierno ratifica su vocación de atentar contra el salario.
El sábado 26 de julio, en el acto de inauguración de la Exposición Rural en Palermo, Javier Milei pronunció un discurso abundante en reivindicaciones de la importancia que tiene el campo para la economía argentina, que siguió al del presidente de la Sociedad Rural Argentina Nicolás Pino.
Pino se quejó de que, a diferencia de otros países de la región, la producción agraria y ganadera no crece en Argentina por las cargas que repercuten sobre la rentabilidad. Con un espíritu similar, Milei veneró al campo por ser “el sector que más invierte y que más innova en todo el país, generando casi la totalidad de las divisas netas, y todo eso con el Estado quedándose con una enorme parte de su producción para financiarse”.
El discurso vino acompañado del anuncio de una baja de retenciones. En palabras de Milei, “las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducirán del 6,75% al 5%; las retenciones al maíz, del 12% al 9,5%; las retenciones al sorgo, del 12% al 9,5%; las retenciones al girasol, del 7% y 5% al 5,5% y 4% [según el producto] y también las retenciones a la soja, del 33% al 26%, y a los subproductos de soja, del 31% al 24,5%”.
Es un relanzamiento de las mismas alícuotas que se dispusieron en enero de este año como disminución “transitoria” hasta junio. Por eso, la celebración de las medidas como una novedad resulta exagerada. Parece tener más relevancia como reivindicación para un núcleo ideológico que como hecho de política económica.
No obstante, en el último sentido también sigue teniendo peso. La baja de las retenciones no es tan significativa por su magnitud. Pero define la orientación de la política económica. En este caso, la importancia del financiamiento del Estado es secundaria. La virtud de los impuestos a la exportación radica en el desacople de los precios internos de bienes exportables en relación a los internacionales, con su consiguiente impacto sobre el poder de compra del salario.
Cambiemos también efectuó una disminución de las retenciones con respecto a sus magnitudes de 2015. Acicateado por la inestabilidad del tipo de cambio, el aumento de precios de los alimentos fue uno de los factores que contribuyó al deterioro del salario entre mediados de 2018 y fines de 2023, siendo sistemáticamente superior a la variación general de los precios.
Pino y Milei no tienen pruritos en contradecirse. O el campo está atrasado desde hace 20 años porque el Estado lo fagocita, o invierte e innova y por eso el Estado lo explota. O no es rentable, o tiene una rentabilidad que subsidia a las otras actividades. Dos descripciones con implicancias contrarias sobre un mismo hecho no pueden ser simultáneamente ciertas.
El discurso de la rentabilidad y los precios siempre fue característico entre los defensores de los intereses del campo argentino. Que no se limitan a sus representantes directos. También incluyen a los intelectuales refractarios a modificaciones en la estructura social y económica argentina, que postulan que existe una oposición entre las exportaciones y el aumento de los salarios desde los inicios de los debates económicos modernos en Argentina, a fines de la década de 1960.
En realidad, la producción agraria y ganadera, una vez establecidos el precio y la ganancia normal, se adapta a la demanda y se expande en función de ella, y lo que le permita el desarrollo del país del que se trate. Y no está de más señalar que, una vez resuelta la alimentación, la tendencia del desarrollo es a que la actividad rural pierda protagonismo para darle paso a la industria manufacturera. Sencillamente, hay un límite para los alimentos que consume el ser humano, por lo que la fuerza de trabajo se orienta a otras funciones. Eso de que el campo invierte y va a salvarnos es una fantasía retrógrada de libertarios extraviados.
La insistencia en que el sistema de precios actuales ahoga la producción en perjuicio del conjunto es una farsa. Lo que se busca es aprovechar las ventajas del mercado mundial en detrimento de los asalariados, que pagarían más caros los alimentos. Casualmente, al impulsar la reducción de las retenciones, el Gobierno ratifica su vocación de atentar contra el salario, aunque sea de manera indirecta.