La política exterior de Donald Trump hacia Venezuela no solo representa una escalada de agresión política y diplomática: constituye una amenaza directa al orden jurídico internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. Su prepotencia criminal y su arbitrariedad ha quedado expuesta una vez más.
Las denuncias sobre la planificación o promoción del secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro —lejos de ser un exceso verbal o una “estrategia de presión”— revelan una concepción imperial del poder, en la cual Estados Unidos se arroga el derecho de capturar jefes de Estado extranjeros como si el mundo fuera su jurisdicción penal privada, y únicamente rige su voluntad de determinar qué deben hacer los países, ya que si se oponen a sus designios, pueden ser agredidos en cualquier momento.
No hay ambigüedad posible en el derecho internacional. El artículo 2, inciso 4, de la Carta de las Naciones Unidas establece con claridad meridiana que:
“Los Miembros de la Organización se abstendrán en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.”
La sola amenaza de capturar a un presidente en ejercicio —más aún cuando se formula desde el poder estatal— configura una violación directa de esta norma fundamental. No se trata de una discusión ideológica ni de una disputa diplomática: es la negación misma del principio de soberanía.
A ello se suma el artículo 2, inciso 7, de la Carta de la ONU, que prohíbe de manera expresa la injerencia en los asuntos internos de los Estados:
“Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados.”
Si ni siquiera la ONU está habilitada para intervenir en la jurisdicción interna de un país soberano, ¿con qué autoridad moral o jurídica pretende hacerlo Estados Unidos, y mucho menos mediante operaciones coercitivas, encubiertas o violentas?
Pero nada de esto es nuevo ya que Donald Trump no actúa por fuera de una tradición: la continúa. Estados Unidos ha violado sistemáticamente la soberanía de otros pueblos cuando sus gobiernos no se ajustaron a sus intereses estratégicos. Guatemala, Chile, Panamá, Irak, Libia, Afganistán: en todos los casos, la retórica de la “democracia”, la “seguridad” o los “derechos humanos” fue utilizada como coartada para justificar golpes de Estado, invasiones, asesinatos selectivos y destrucción institucional.
En América Latina, ese prontuario tiene un saldo histórico de sangre y devastación. Dictaduras militares, terrorismo de Estado, economías saqueadas y sociedades fracturadas fueron el resultado directo de esa política de intervención permanente. Venezuela es hoy objeto de la misma lógica: bloqueo económico, asfixia financiera, operaciones de desestabilización y ahora, lisa y llanamente, la amenaza de secuestrar a su presidente.
El artículo 1, inciso 2, de la Carta de la ONU define como propósito central de las Naciones Unidas:
“Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos.”
Nada de lo actuado por Estados Unidos frente a Venezuela responde a ese mandato. Por el contrario, se trata de una política deliberada de sometimiento, que desconoce la igualdad soberana de los Estados y pretende reemplazar el derecho por la fuerza.
El secuestro de un jefe de Estado —y su planificación— no ha sido un acto de justicia internacional, sino un crimen de extrema gravedad, comparable a los peores episodios de la historia contemporánea. Es, además, un precedente monstruoso: que las grandes potencias puedan capturar presidentes extranjeros cuando deciden que un gobierno es “inconveniente”.