Lula busca recuperar el control de las cuentas públicas, secuestradas por las bancadas provinciales de derecha, mientras la atención médica enfrenta una crisis inusitada.
El observador atento sabe que Brasil es una república, pero no una como la nuestra. Es oficialmente una república federativa, y por algo le pusieron ese nombre hace tantos años, como reflejo del inmenso poder de las elites provinciales. Es que tierra adentro, en los estados del norte y el oeste, las oligarquías siguen teniendo la vaca atada y bien atada.
Eso explica la curiosa esquizofrenia política brasileña, donde se pueden ganar las presidenciales perdiendo muy mal las legislativas: las oligarquías tienen sus propios partiditos y a sus súbditos les resulta normal votar a uno para presidente y a los del patrón para el Congreso. Lo de federativo termina en bancaditas que forman a lo sumo frentes, que negocian constantemente con el Ejecutivo por sus privilegios y peajes.
El gobierno Lula tiene muy en claro el precio de este sistema, que el año pasado le costó 31.500 millones de reales, unos seis mil millones de dólares, en lo que llaman “enmiendas parlamentarias”. Es la mayor cuenta de peaje en la historia nacional, y este año se proyecta al doble, unos 61.000 millones de reales en el Presupuesto Nacional. El método es simple, el de pasar leyes muy específicas -un puente por acá, una autopista por allá, un refuerzo a las cuentas públicas acullá- que los aliados políticos te votan. Es un juego bien aceitado que practican hasta las comisiones parlamentarias.
Es también un avance sobre la soberanía popular, que votó al presidente al que le quieren atar las manos presupuestarias y que, a menos que viva vetando avivadas legislativas, tiene que firmar cheques. Y un descontrol de obras y compras mal licitadas o armadas, que la Policía Federal está empezando a investigar en más detalle después de varios escándalos.
La estrategia del gobierno Lula fue negarse a habilitar un déficit presupuestario a menos que lo votara el mismo congreso que lo había creado. No funcionó, porque lo que terminó armándole el “Centrao”, los aliados del bolsonarismo, fue un recorte en educación universitaria de 488 millones de reales. El 18 de enero, Luiz Inácio Lula da Silva ordenó una recomposición del presupuesto universitario nacional de casi dos mil millones, un gesto muy fuerte de compromiso con esa agenda.
Pero no una solución al problema de fondo, que probablemente escapa al poder de ningún presidente. Los beneficiados directos del sistema de enmiendas son los intendentes, que funcionan como punteros de base del poder oligárquico en cada estado. Pues en las últimas elecciones un asombroso ochenta por ciento se reeligió.
Se sabe por qué, ya que los agradecidos intendentes suelen ponerles una placa de homenaje a los legisladores “que hicieron posible esta obra”. Y lo hacen hasta cuando la obra todavía ni empezó.
Los médicos no saben
Otro problema que tiene ocupado a Lula es la herencia médica que le encajó la derecha, arrancando con Michel Temer y continuando con Jair Bolsonaro. En tiempos del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso se autorizó la creación de universidades privadas, proceso que continuó bajo los dos gobiernos de Lula y estalló con Temer y Bolsonaro. Pero muchas de estas universidades, sobre todo las más recientes, ni siquiera tenían sede física. Eran virtuales, con clases y exámenes por zoom.
En este año todavía flamante, hubo un error médico que desató el escándalo. Fue en un hospital de la amazónica Manaus, donde un médico le puso al pequeño paciente Benicio Xavier, de seis años, una inyección de adrenalina por una laringitis. El chiquito murió y ahí saltó que el médico se había “formado” en una de esas universidades dudosas.
Así se supo que en Brasil hay 575.000 médicos registrados, pero que el cuarenta por ciento nunca hizo una residencia en hospital o clínica alguna. También se supo que hay 405 escuelas de medicina, algunas tan pero tan truchas que siguen abiertas por amparos judiciales. Cada año, se gradúan treinta mil médicos. Y el 19 de enero se publicaron los resultados del último examen nacional de formación de médicos, que tocó a 351 escuelas de medicina.
Pues resulta que 107, un 30,5 por ciento, no pasaron porque más del cuarenta por ciento de sus alumnos no aprobaron los exámenes. Las peores fueron las facultades de universidades municipales y las privadas con fines de lucro, donde fueron rechazados el 87 y el 61 por ciento de los alumnos, respectivamente.
El gobierno Lula anunció un vasto plan de residencias médicas, con fondos para ayudar a muchos hospitales que necesitan practicantes pero no tienen cómo contratarlos.
Represores bien cuidados
Brasil no tuvo Juicio a las Juntas, no tuvo Juicios por la Verdad, no hizo el duro y necesario camino de revolver la mugre de su dictadura. Pero se está viviendo un proceso cultural de revisión, con muchos libros sobre ese horrible período, muchos testimonios surgiendo, y ya van dos películas excelentes y resonantes sobre la violencia militar.
Sin embargo las fuerzas armadas siguen puras y duras en la defensa de lo que hicieron sus miembros en los 21 años de botas en el poder, entre 1964 y 1985. Un caso reciente muestra la resistencia militar a entregar nada y el poder de fuego que todavía mantienen.
Hay una ONG, la Fiquem Sabendo, que hizo un pedido de información sobre la carrera de militares que, se sabe, secuestraron y asesinaron al ex diputado Rubens Paiva en enero de 1971. Este es el caso que cuenta la oscarizada Aún estoy aquí, que si el lector no la vio, corra a verla. La ONG hizo el pedido usando la Ley de Acceso a la Información, con lo que no se la podían negar y listo, pero el Ejército se la negó nomás.
Lo que se pedía suena inocente, eran las “hojas de alteraciones”, nombre milico de la hoja de servicios de los involucrados. Estos expedientes muestran cuándo, cómo y por qué un uniformado fue ascendido a sancionado, dónde lo trasladaban, qué opinaban de él sus superiores. Lo único que se sabía de los militares involucrados en el caso Paiva era un mínimo resumen, sanitizado e inútil.
En julio pasado, el Contralor General de la República reconoció que el pedido de la ONG era de interés público, pero el Ejército alegó que su divulgación lesaba la protección de datos personales. El caso pasó a mediación federal, que no llegó a nada, y de ahí a las manos de Augusto Dantas, Consultor General de la Unión. Dantas puede tomar su propia decisión, aunque no está claro si los militares tienen que obedecerle, o pasarle la carpeta a otro ente.
Se nota que no hay una política de la verdad bien arraigada.
Se entiende la resistencia armada, por lo que la ONG Fiquem Sabendo logró averiguar. Cinco de los militares involucrados en el secuestro y asesinato fueron ascendidos después del crimen, tres fueron formalmente elogiados y todos recibieron eventualmente un retiro honorable, con jubilación completa.