Un paneo de opiniones sobre la degradación del derecho a la salud bajo la excusa de un discurso eficientista, la destrucción del Agencia Nacional de Discapacidad a través del desmantelamiento de cuadros técnicos y despidos masivos y la racionalización de las pensiones no contributivas y las prestaciones provistas. El riesgo de un “genocidio silencioso” de las personas beneficiarias si no se detiene a tiempo a través de la promulgación de una ley de emergencia en discapacidad.
El gobierno nacional está implementando una serie de cambios normativos y auditorías en las pensiones no contributivas por invalidez laboral y las prestaciones a personas con discapacidad bajo el reiterado argumento de ajuste fiscal y control de irregularidades.
Y todo a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organización que está siendo denunciada por familiares de personas con discapacidad y trabajadores despedidos por el vaciamiento de sus funciones y ajustes que “priorizan el ahorro estatal sobre los derechos humanos y vulneran la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional suscripto por la Argentina”, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Marcando cierta diferencia con la intervención en la problemática de los jubilados, en esta oportunidad la política parece haberse involucrado antes y el diputado (UxP) Daniel Arroyo tiene pendiente de discusión un proyecto de ley de emergencia en discapacidad, con previo paso por la Comisión de Presupuesto que tenía que reunirse el miércoles pasado y que fue postergada para el próximo miércoles 29 por los homenajes parlamentarios realizados por la muerte del papa Francisco.
“Vulneran los derechos”
En diálogo con Y ahora qué? Joaquín Castro Valdez, integrante del equipo de Salud del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró que las medidas adoptadas desde ANDIS “priorizan el ahorro estatal sobre los derechos humanos y vulneran de lleno la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional suscripto por la Argentina”.
Y agregó que “las principales medidas normativas con las que movilizan estos cambios son decretos como el 843 y la Resolución 187, que modificó los requisitos de acceso, eliminando la posibilidad de trabajar mientras se percibe la pensión, lo cual se volvió un obstáculo para la inclusión social de las personas con discapacidad, que debería ser un objetivo, pero a las que la pensión no les alcanza para nada”.
Para Castro Valdez, “la normativa que ha provocado el principal trastorno, por los casos que nos llegan en los últimos meses, es la resolución 187 del 2025, que endurece los criterios médicos para evaluar la discapacidad e ignora totalmente factores socioeconómicos. Esta resolución que emitió la ANDIS establece el nuevo baremo (medida de una prueba) para la evaluación médica de invalidez en las pensiones”.
–¿Qué modifica este baremo?
–En primer lugar, prioriza un enfoque biomédico individual, ignorando factores psicosociales y barreras contextuales que afectan la discapacidad. Mantiene el mínimo del 66% de incapacidad laboral, que es algo que ya figuraba en el Decreto 843 del año pasado, pero con un baremo más rígido en la evaluación, lo que dificulta la calificación y no considera el modelo social de discapacidad basado en la interacción entre la condición de salud y el entorno, que es lo que promueve la Organización Mundial de la Salud.
Este baremo desconoce la discapacidad como situación multidimensional, hecho que viola la ley argentina y tratados internacionales. Se reportan casos de personas descartadas en auditorías por no ajustarse al nuevo baremo, incluso con discapacidades graves y que sí estaban incluidas en los criterios de evaluación existentes hace años, con lo cual el Estado decide que la discapacidad ahora significa otra cosa desde este momento. Y eso deja afuera a cientos de miles de personas. Todo esto no son irregularidades ni significa que son personas que no debieron recibir el beneficio en un inicio, sino un recorte planificado de antemano a personas vulnerables. Las auditorías, que vienen afectando a más de 1 millón de beneficiarios, han generado caos y exclusión. Tenemos ejemplos como como en Salta, donde hay personas que deben recorrer 900 kilómetros para ser evaluadas, o acá en Ciudad de Buenos Aires, en los hospitales Borda y Moyano, que reciben notificaciones vencidas para pacientes que ya no están internados en esas instituciones. Todo esto deja en claro la desorganización y el impacto que consideramos profundamente deshumanizante de todo este proceso. El CELS advirtió que están recibiendo denuncias “que señalan que el 50% de los auditados nunca recibió la notificación, quedando en una especie de limbo administrativo que amenaza con suspenderles el beneficio sin poder participar de ninguna manera del proceso”.
“Vemos como el Estado argentino está degradando el derecho a la salud y la inclusión bajo un discurso de eficiencia que en los hechos es aparatosamente ineficiente. Las modificaciones legales y las auditorías, lejos de garantizar transparencia, están dejando sin sustento a miles de personas con discapacidad. Muchas de las cuales enfrentan barreras geográficas y administrativas insalvables”, explicó Castro Valdez. Y agregó que estas estrategias “no solo agravan su vulnerabilidad, sino que contradicen los compromisos internacionales asumidos por el país y privilegia intereses económicos sobre la dignidad humana. Lo que dicen ya lo sabemos, y es que se está ahorrando el dinero que era malversado u otorgado a personas que no lo necesitaban realmente. Pero lo que realmente se está viendo es que la pensiones no están llegando a las personas que antes sí llegaban. Quienes necesitan la pensión y dependen de ese ingreso se los están quitando injustamente a través de barreras impuestas y sin la posibilidad de apelar a nada”, sentenció.
Arroyo: “El sistema está destrozado”
El diputado Daniel Arroyo presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad. Esto ya se aprobó en la Comisión de Discapacidad y en la Comisión de Salud. “Falta la Comisión de Presupuesto, que nunca se reúne, así que la emplazamos y se reunirá el próximo miércoles por el receso de las actividades por el deceso del papa Francisco”, dijo Arroyo a Y ahora qué?
–¿En qué consiste su proyecto?
–Básicamente, la Ley de Emergencia en Discapacidad destaca que estamos totalmente en emergencia y que el sistema está destrozado. Una persona que trabaja en un taller protegido cuatro horas por día, todos los días, cobra 28.000 pesos por mes. Un transportista que traslada a las personas para hacerse tratamientos, cobra 541 pesos por cada litro de nafta, y como el combustible cuesta 1.500 pesos, en vez de llevarlo los cinco días de la semana, con suerte lo hace dos días. Una persona que trabaja como asistente para un chico en una escuela común cobra 3.000 pesos la hora y los percibe a 180 días, así que siempre está buscando otro trabajo o se va porque no le conviene. Así que el sistema, como verás, está bien en emergencia.
–¿Qué propone esta ley?
–Plantea dos cosas. Una es tomar como base lo que era diciembre del 2023, antes del 120% de devaluación, actualizar los montos a hoy descontando lo que se ya se dio de aumentos, por un lado, y establecer un criterio para adelante que determine prestaciones con valores razonables. Si se logra la Ley de Emergencia en discapacidad, eso obligará al jefe de Gabinete a reasignar partidas y volcarlas en este tema.
–¿Pero cumplirán? El Gobierno puede vetarlo.
–Yo entiendo que se va a aprobar, tiene el acompañamiento de varios bloques y es bien transversal. Nosotros obtuvimos 126 votos a favor y 70 en contra en el recinto. Si no pasa nada raro tiene que aprobarse. Lo que podría hacer el Gobierno es vetarla, pero hay que tener estómago para vetar algo así.
—Bueno, estamos ante un final abierto.
–Sí, pero con una cosa positiva y es que acompañaron varios bloques y que es evidente que estamos en emergencia. Yo no soy muy amigo de declarar la emergencia, pero acá es recontra obvio que hay un problema serio porque los montos que se abonan están totalmente desfasados del sistema.
–¿Cuánta gente está perjudicada?
–Según el último censo, en total hay cinco millones de personas con discapacidad y un millón doscientas mil reciben pensiones, es decir que tienen el Certificado Unico de Discapacidad (CUD) y pensiones. De ese total, el Gobierno está haciendo una auditoría, lo cual está bien, pero en vez de hacerla como corresponde, está mandando cartas documento a todo el mundo y generando un estado de desesperación en las personas con discapacidad. Mandan cartas documento, mails, y mensajes telefónicos pidiendo que se presenten para demostrar lo que ya demostraron varias veces, que es su discapacidad.
—Pero además hay denuncias de que están vaciando las oficinas de ANDIS en el interior con lo que eso promueve traslados obligados que para muchas personas resultan imposibles y terminan perdiendo la pensión.
–Exactamente. Primero, vaciaron las sedes. Segundo, estamos ante una generación de inquilinos, y esto significa que la base de datos de la ANDIS puede tener direcciones desactualizadas porque es probable que la persona alquile y se haya mudado varias veces, con lo cual a la tercera vez que no recibe la notificación, automáticamente lo dan de baja del sistema.
Después hay un problema que, si no fuera tan dramática la situación resultaría cómica: y es que envían un mensaje de WhatsApp o de correo electrónico para que pongan sus datos cuando le pedimos a la gente que no exponga sus datos por potenciales estafas, y el Estado está incentivando a que lo hagan. Y después tenés escenas de diez horas de cola para para hacer el trámite. En esencia también ocurre esto porque han desarmado la estructura territorial federal. El Gobierno hizo dos cosas que son realmente perversas. Arrancamos con el vocero presidencial mostrando una radiografía de un perrito diciendo que con esa placa obtuvieron una pensión por discapacidad, lo cual no es cierto. Nunca la persona accedió a una pensión por discapacidad con esa radiografía. Y luego el Gobierno hizo el decreto 187, que básicamente cambió el esquema de pensiones, retrocedió 100 años con el esquema de pensión por invalidez laboral y volvió a nombrar a las personas con discapacidad como idiotas, inútiles o débiles mentales. Dijeron que lo cambiarían, pero no lo hicieron. El nomenclador está completamente desfasado y están desacomodando el tema de pensiones de un modo absurdo, buscando un nivel de ajuste imposible de cumplir porque tienen que identificar los casos críticos. En esencia, no pueden poner en estado de desesperación a todo el mundo. Y en tercer lugar: hay maltrato. El proyecto que yo presenté da una chance real para que todo esto no suceda. En fin… van a tener que tener estómago para vetar algo así.
La respuesta oficial
Luego de algunas evasivas en las respuestas, un vocero del Ministerio de Salud accedió a dialogar con Y ahora qué? sobre este tema caliente.
–Hay un gran malestar de las familias y discapacitados acerca de la pérdida de las pensiones y la forma en la que están siendo tratados y convocados para renovar la inclusión en el programa. También mencionan un vaciamiento de las sedes regionales o provinciales, cosa que les dificulta el cumplimiento de los requisitos. ¿Qué tienen para decir al respecto?
–Sabemos que es una decisión que puede generar malestar, especialmente en aquellos beneficiarios y familias en los que realmente hay una discapacidad. Es una medida en la que pagan justos por pecadores. Lo cierto es que es la forma que se encontró para poder auditar un universo muy grande y plagado de irregularidades. Argentina tiene tasas de pensionados similares a países que hay atravesando conflictos bélicos en todas sus generaciones vivas. La pensión no contributiva por invalidez laboral ha sido utilizada como moneda de cambio política y electoralista. Queremos llevar un mensaje claro: que los beneficiarios se presenten a los turnos, es la única vía para que puedan acreditar su discapacidad y terminar con esta situación irregular.
–¿Qué opinión tienen del proyecto de Ley de Emergencia en discapacidad presentado por el diputado Daniel Arroyo?
–Es un sector que se encuentra con complicaciones, estamos de acuerdo. Pero el proyecto presentado busca terminar de quebrar al Estado. Sólo en el universo de posibles pensiones involucra un gasto extra mensual de aproximadamente 150 millones de dólares. Además, es una crisis a la que en gran medida ha llevado adelante el gobierno de Alberto Fernández: en 2023, la actualización a prestadores fue del 93% contra una inflación de 211%. Están buscando ir contra el superávit fiscal que es clave e innegociable para el Gobierno. Sería bueno que Arroyo pueda explicar en la Comisión de Presupuesto de dónde saldrían los fondos para cumplir con los requerimientos de su proyecto.
“Un genocidio silencioso”
Para el ex titular de ANDIS, Fernando Galarraga, este gobierno está realizando “un genocidio silencioso”.
–Lo primero que digo es que las personas con discapacidad no son la excepción al ajuste salvaje en el Estado, pero con un ensañamiento especial porque primero es una caja muy grande la de ANDIS. Es un colectivo muy silencioso e invisible y no tiene alta capacidad de organización como para hacer grandes protestas. No quiero usar la palabra genocidio, pero no sé cómo llamar a esta situación… es un genocidio silencioso.
“¿Por qué esta problemática no explota en los medios, en las redes sociales y en la calle?”, se preguntó Galarraga, quien consideró que “lentamente van sacándole recursos a uno de los sectores más pobres de la Argentina”.
Ana Dones (cofundadora de REDI, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) profundiza los conceptos de Gallaraga:
–No hemos logrado que nos reciba Diego Spagnuolo (director de ANDIS). De hecho, logramos entregarle un documento en Berlín, donde se acaba de hacer un congreso global sobre discapacidad. Por intermedio de REDI logramos que personas presentes en el Congreso le entregaran un documento suscripto por todas las organizaciones argentinas. Nunca tuvimos respuesta. No tenemos quién nos escuche, nadie quiere hablar, no tenemos a quién reclamarle.
Para Dones, el Gobierno está construyendo “un sistema perverso, donde las personas con discapacidad que tienen pensión no contributiva son delincuentes”.
—¿Y qué es lo que ustedes reclaman?
–Estamos reclamando el Incluir Salud, que hay prestaciones que no se están dando. Pero el mayor problema que hoy tenemos es que no creen que haya 5 millones de personas con discapacidad porque dicen que acá no hubo una guerra, cuando el dato lo aportó el INDEC a través del último censo. España tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que nosotros y tienen la misma cantidad de personas con discapacidad. Acá no hubo guerra, pero antes la gente antes se moría a los 60 años, y hoy fallece a los 90. Por otro lado, con la excusa de que no hay plata, se están auditando pensiones no contributivas y ya afirman que se van a quitar 400.000. Yo pregunto: si vas a auditar un servicio, ¿cómo sabés que van a ser 400.000 las que vas a retirar? ¿De dónde te sale ese número? Pueden ser cinco que estén mal 20, 300, pero no 400.000. ¿Por qué fijan un número? Porque vas a hacer un recorte y le van a quitar 270.000 pesos a 400.000 personas.
–¿De qué sectores económicos o socioeconómicos?
–Para tener una pensión no contributiva tenés que ser totalmente carenciado. No tenés que tener nada. ¿Mirá a quién le van a sacar? Están usando métodos aberrantes para realizar esas auditorías. Es perverso. ¿Por qué teniendo un correo argentino, contrataron a un servicio como Andreani que no entra a los barrios populares para entregar las cartas documento? Por eso hay gente a la que no le llegó la carta.
–¿Y referido a las formas de ratificación de las patologías?
–También el sistema está mal hecho. Por ejemplo, en el Hospital Estéves, un neuropsiquiátrico ubicado en Temperley, llegaron 240 cartas para gente internada o que concurren al centro de día o se atienden allí. ¿Sabés lo que significa para una persona que está internada ir a la calle y hacer una cola, o estar en un lugar lleno de gente? ¿A nadie se le ocurrió pensar qué es lo que le puede ocurrir a un paciente con características psiquiátricas?
–O sea que a alguien internado en un neuropsiquiátrico le están requiriendo que para mantener su pensión no contributiva vaya a hacerse un estudio quién sabe a dónde. ¿Y pueden ir o no van?
–Solos no pueden ir. Los van a llevar en micros y los van a poner en un galpón a esperar en una cola por cinco horas. Que lo atienda un tipo del PAMI y que después tenga que escanear los documentos y mandar esa información por el TAD, trámite a distancia.
–¿Quién se lo va a hacer a ellos?
–Qué buena pregunta…. Por eso digo que todo esto es perverso Está armado para sacar las famosas 400.000 prestaciones. No hay sentido común, todo es una locura.
El desmantelamiento
Para Pablo Domínguez, ex personal de planta e integrante de la Coordinación de Comunicación de ANDIS en la gestión anterior, en ANDIS “desmantelaron el organismo a través de despidos o no renovación de contratos. Pero, más allá de cagarte la vida a nivel personal, los despidos no fueron azarosos sino con el objetivo de vaciar el organismo de técnicos para facilitar aún más la baja de las pensiones, la gran caja del organismo”.
–Mi lectura personal es que dijeron: bueno, saquemos a gente calificada, vaciemos el organismo de contenido, de ideología, de técnicos y entonces podremos hacer lo que queramos.
–¿Por qué lo ve de este modo?
–La discapacidad es algo como muy específico, así que también las evaluaciones son diferentes. Por ejemplo, la personas con discapacidad y con pensiones tienen un estado de vulnerabilidad muy grande y no cualquier profesional puede entender la problemática. Por eso creo que buscaron vaciar el organismo de cuadros técnicos expertos de modo de poder hacer lo que quisieran.
–¿Cuánta gente había y cuánta gente quedó hoy en ANDIS?
— No tengo los números finos, pero pensá que despidieron a por lo menos 400 trabajadores y éramos algo más de 1.300. Hubo un recorte muy fuerte. En las provincias se habían abierto varios Centros de Atención Local en pueblitos lejanos con los que barrieron. Ahí fueron muchos despidos y después muchos despidos en la sede de la calle Ramsay, en el barrio porteño de Belgrano. No fueron al voleo, fueron a barrer cuadros técnicos y las oficinas del Interior que perjudica a las personas de las provincias porque están citando a mucha gente a justificar su pensión o que vaya a un estudio, y lo que desde Buenos Aires parece sólo un trámite, si vivís en un pueblito, te llega la citación y tenés que trasladarte, no es común ni posible para muchas personas con discapacidad que vive en condiciones de alta vulnerabilidad.
Pensá que, para tener este tipo de pensión, prácticamente, tenés que vivir en un caño, no es sólo tener alguna discapacidad. ¿Cómo se traslada una persona con discapacidad, muchas veces severa, kilómetros y kilómetros con el costo y todo lo que implica moverse?
A principios de abril, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, confrontó al Gobierno Nacional por este tema de las distancias y la revalidación de las pensiones por discapacidad. Y lo hizo con un ejemplo concreto que ratifica los dichos de Domínguez. El funcionario salteño mencionó el caso de un paciente de Los Toldos quien debía recorrer 900 kilómetros hasta Santa Victoria Oeste para someterse a la auditoría. Los medios locales rescataron la crítica sobre el desconocimiento de las autoridades porteñas: «comprendo que la gente no sabía ni dónde quedaba Los Toldos, no tenía idea cómo era Santa Victoria Oeste. No sabían cómo es el terreno, ellos piensan que tenemos autopista por todos lados», aseveró Mangione.
Consultado este caso puntual por Y ahora qué? a los voceros del Ministerio de Salud, respondieron: “no quiero sonar mal, pero no debe haber 900 km entre el punto más alejado de Salta a la otra punta”.