Desde Ecuador.
Ecuador prepara motores. En febrero próximo se celebrarán las elecciones presidenciales, en un contexto atravesado por una crisis institucional, política y social de larga data, que la corta gestión del presidente Daniel Noboa no ha logrado superar. La preocupación pública por la inseguridad ciudadana, a causa de las mafias vinculadas al narcotráfico, se conjuga con el hartazgo de la población por la crisis energética, con cortes de luz programados que duran hasta once horas.
Para Isabel Ramos, profesora de la maestría en Opinión Pública de la FLACSO Ecuador, la crisis múltiple repercute negativamente en la aceptación popular del gobierno.
–¿Cuál fue la causa por la cual el presidente Daniel Noboa decidió suspender a la vicepresidenta Verónica Abad?
–El conflicto entre el Presidente y la Vicepresidenta arrancó en la campaña electoral. A partir de entonces se montó un operativo para ocultarla, silenciarla e ignorarla, en vistas de una serie de declaraciones –la privatización del sistema de salud pública, el apoyo a Trump, los vínculos con el partido de derecha español Vox– que han inhibido las posibilidades de atraer el voto de sectores políticamente moderados. Así que Noboa asumió el 23 de noviembre de 2023 y al día siguiente la nombró embajadora en Israel.
–En la Argentina no es una decisión contemplada en la Constitución reemplazar al Vicepresidente por un ministro. ¿Es una práctica común en Ecuador?
–A diferencia de la Argentina, en el Ecuador el Vicepresidente asume las funciones que le asigna el presidente. Aunque es importante aclarar que la Ley de Servicio Público establece que las suspensiones tienen un plazo máximo de 90 días, no de 150 como ocurrió en este caso. Sucede que estimaron ese plazo pensando en la campaña electoral, de manera que se le impone una sanción que no existe en la norma. En realidad, hubo un acoso constante contra ella, provocando un incumplimiento de funciones que pudiera ser penalizado. Aunque la Vicepresidenta no es santo de la devoción de las mayorías, por su posturas de ultraderecha, lo que está ocurriendo genera mucho rechazo porque se trata de acciones completamente inconstitucionales.
–¿Por qué necesita suspenderla cinco meses? ¿Qué tiene que ver la campaña con esta decisión?
–El presidente Noboa quiere aprovechar esta inhabilidad para no delegarle su función. Ella debería reemplazar al Presidente cuando pida licencia para la campaña electoral. En ese sentido, se especula con que el Presidente no pida una licencia permanente sino licencias cortas. En definitiva, han echado mano de toda clase de artilugios inconstitucionales.
–Pasando a otro de los temas críticos en el Ecuador, ¿por qué la inseguridad se posicionó entre los primeros lugares de preocupaciones de la opinión pública en el Ecuador? ¿Es un tema impulsado desde el gobierno para justificar su política de “mano dura” o se instaló en la población de manera espontánea?
–Hay que remontarse al gobierno de Lenín Moreno para entender qué motiva el aumento objetivo de la inseguridad. Las altas tasas de homicidios y crímenes violentos son consecuencia del retiro del Estado. Durante el gobierno de Moreno se eliminó el Ministerio de Justicia, que tenía a su cargo el manejo de la justicia, los derechos humanos y el sistema de rehabilitación social. No solo se desfinanciaron las fuerzas de seguridad, sino que se eliminaron las pruebas de confianza en la selección del personal de las Fuerzas Armadas y la policía. Sobre todo, durante los gobiernos de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo.
–¿Qué implicancias tuvo esa decisión?
–Tanto los aspirantes como los efectivos que están dentro de las fuerzas de seguridad ya no deben pasar pruebas de polígrafo ni se hace una investigación exhaustiva de su patrimonio y del patrimonio de sus parientes. Las pruebas de confianza empezaron a instalarse progresivamente durante el gobierno de Rafael Correa. En 2008, hubo muchas disputas porque se apartó de estas instituciones a quienes no reunían las condiciones necesarias para portar armas y cuidar de la seguridad interna y exterior del país. El apartamiento del Estado, que tuvo lugar durante los últimos gobiernos, tuvo como consecuencia que el crimen organizado y el narcotráfico se infiltraran en las fuerzas de seguridad de forma aterradora.
–¿Qué dinámicas concretas han tenido estas filtraciones del narcotráfico en las fuerzas de seguridad?
–Hemos tenido promociones de policías graduados, oficiales de policía jóvenes, enviados sin equipamiento adecuado a destinos “calientes”, donde el narcotráfico ha sentado sus bases y se ha enseñoreado producto de la ausencia del Estado. Estas situaciones de inseguridad fragilizan a las fuerzas de seguridad, lo que redunda en una situación objetiva de aumento de la inseguridad que es percibida por la ciudadanía en su día a día. En parte por este motivo, la ministra del Interior del gobierno de Daniel Noboa, Mónica Palencia, estuvo a punto de enfrentar un juicio político. El mismo día que debía presentarse ante la Asamblea Nacional, Palencia anunció la captura del líder de Los Tiguerones en España, y gracias a eso quedó liberada del juicio político.
–¿De qué se la acusaba?
–De la falta de resultados de un plan de seguridad que se prometió durante la campaña electoral como la solución a todos los males del Ecuador, y de cuya efectividad dudamos a diario cuando vemos las masacres, las balaceras, los asaltos y los robos.
–¿La falta de resultados de una política pública puede ser causal de juicio político?
–Se le responsabilizaba por la falta de respuestas efectivas de la fuerza de seguridad, de la falta de política estatal para enfrentar las situaciones de inseguridad que viven las personas en su cotidianidad. Resulta inconcebible que las personas más necesitadas viajen en transporte público temiendo que suba un asaltante armado y les robe su celular o su billetera. La situación es muy grave, y no hay una respuesta política efectiva por parte del gobierno nacional, más allá de esta captura puntual de William Alcívar Bautista.
–En paralelo, el Ecuador experimenta niveles de desocupación muy altos, aunque estimados extraoficialmente, ya que no hay mediciones oficiales precisas sobre la tasa de desocupación. ¿Cómo incide esto en el incremento de la violencia en el Ecuador?
–Tenemos una situación de desempleo y subempleo que se ha disparado, y desafortunadamente no hay mediciones oficiales confiables porque el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dejó de ser una entidad autónoma y pasó a depender de Presidencia de la República. Se trata de un Estado que no es capaz de garantizar la obtención de datos fidedignos en un censo nacional. En términos generales, hay falencias significativas en el Instituto de Estadísticas y Censos, lo que deriva en subregistros de todo tipo de datos.
–Si no cuentan con cifras oficiales confiables, ¿cómo arriban a las estimaciones sobre desempleo y subempleo?
–Por ejemplo, en los últimos dos meses, 8300 personas han dejado de tener empleo en blanco. Esta cifra la conocemos porque la ley exige que todo trabajador en blanco esté afiliado al Instituto Nacional de Seguridad Social. Estas 8300 bajas refuerzan el aumento de la informalidad, un problema histórico de la economía ecuatoriana que, a esta altura, se ha vuelto crítico, porque hay una saturación en el mercado de servicios, en las ventas ambulantes de pequeños negocios que no logran resolver la vida cotidiana. Esta dificultad no se debe solo a la caída de ingresos de las familias. Antes el Estado cubría uniformes escolares, textos escolares, alimentación escolar. El recorte del presupuesto en las áreas de educación y salud derivó en un incremento del gasto de las familias. Las cifras de niños, niñas y adolescentes que quedaron fuera del sistema educativo es alarmante, con el consiguiente aumento de la desigualdad en un país que había mejorado sensiblemente su índice de Gini.
–¿Qué efectos aparecen como más visibles en el área de salud, a causa de la falta de presupuesto?
–Algunos datos son elocuentes. Mil personas murieron por falta de diálisis en los hospitales públicos en el último tiempo. Y las clínicas que prestaban este servicio al Estado reclaman deudas millonarias por lo que han suspendido sus servicios. Hay personas con enfermedades serias que fueron libradas a su suerte.
–En lo que va del año, más de 60 mil personas dejaron el Ecuador. ¿Cuáles son los motivos centrales de la emigración?
–Es un tema multifactorial: la falta de empleo digno y la falta de seguridad económica se suman a la creciente inseguridad. En los barrios populares se instalan mafias dedicadas a extorsionar a los propietarios de pequeños negocios. De hecho, aumentaron significativamente los secuestros extorsivos. Ese también es un factor potente de la emigración. Se ha llegado al extremo de familias que prefieren atravesar a pie la selva del Tapón del Darién con tal de no estar aquí. A la problemática económica y a la inseguridad, se sumó en el último tiempo la crisis energética, con apagones programados de más de diez horas. Todo lo cual afecta de manera determinante la vida cotidiana de los ecuatorianos.
–¿Qué impacto creés que tendrán los apagones –que están generando quejas en el sector empresario– en las elecciones presidenciales de febrero de 2025?
–De hecho están teniendo efectos. La aceptación del gobierno del presidente Daniel Noboa, que se mantuvo alta en relación con las políticas impopulares de su gobierno, está bajando sensiblemente. Hasta ahora, los datos que se habían filtrado mostraban una ventaja de Noboa en las próximas elecciones. Ahora, esto parece no ser tan así. Me atrevo a decir que la crisis energética no responde a un mal manejo, a la inexperiencia e impericia o al cambio climático. Creo que es un saqueo planificado.
–¿En qué te basás para hacer esa afirmación?
–Lo que debió haberse hecho a principios de año e, incluso cuando asumió el presidente Noboa, fue invertir en el mantenimiento de la infraestructura pública de centrales de generación hidroeléctricas y termoeléctricas. El discurso oficial plantea que la solución a la crisis eléctrica proviene de la inversión privada. Basado en esa hipótesis, el gobierno flexibiliza los requisitos incluidos en los contratos de generación eléctrica que el sector privado pauta con el Estado.
–¿Qué opina la ciudadanía? ¿Coincide en atribuir crisis energética al cambio climático y lo relaciona con la falta de inversión por parte del Estado?
–Los sectores que sostienen al presidente Noboa, y que tienen acceso rutinario a los medios de comunicación y una presencia importante en las redes sociales, refuerzan el discurso oficial. Pero creo que los niveles de aceptación de la ciudadanía están cayendo, porque además su vida cotidiana se ve muy fuertemente afectada. Son amplios sectores que perciben que el gobierno no ha sido capaz de afrontar esta situación. Yo observo poca capacidad de negociación por parte del gobierno, incluso con sus aliados. Esto empieza a provocar descontento que alcanza a voceros que antes defendían al gobierno y ahora le retiran su apoyo paulatinamente.
–Frente a la caída en la imagen de Noboa, ¿qué rol asume el progresismo? ¿Cuánta fuerza conserva en este nuevo escenario? Lejos de promover candidaturas conjuntas de cara a las elecciones de febrero, los acuerdos entre partidos progresistas se reducen a pactos de no agresión y apoyo en una eventual segunda vuelta.
–Hay que celebrar que las izquierdas se hayan reunido. Incluyo aquí a los sectores que se autodenominan de izquierda, aun cuando algunos han sido funcionales al saqueo que empezó con el presidente Lenín Moreno y continúa hasta hoy. Pero la voluntad de articularse en esta mínima coincidencia es muy importante para el país, aunque no se haya alcanzado un nivel de articulación sólido en candidaturas conjuntas. A esta altura estamos convencidos de que habrá una segunda vuelta electoral. El pacto de no agresión y el apoyo acordado para el binomio presidencial que llegue a la segunda vuelta representando al progresismo es un factor importante aunque no sabemos si será suficiente para garantizar un triunfo electoral. Los sectores progresistas no están logrando traducir el descontento y la frustración de la población en un proyecto nuevo ni en pensamientos compartidos que ilusionen frente al futuro.
–La suspensión de Abad, ¿supone una complicación para el gobierno? ¿Cómo afecta esta decisión a su ya erosionada imagen?
–Ésta es una leguleyada absolutamente vergonzosa, así que puede pasar cualquier cosa. Los sectores que defienden al gobierno interpretan que con esta suspensión se ha eliminado a una traidora que buscaba indultar a Rafael Correa y que el ex vicepresidente Jorge Glass accediera al asilo político que le ha otorgado México. No estoy muy segura de que esto merme la popularidad del presidente Noboa. Lo que sí observo –insisto– es un resquebrajamiento de los apoyos que tenía el gobierno entre los sectores de élite, que están en una disputa por la representación política.
–¿En qué consiste ese resquebrajamiento?
–Hay un sector de la prensa concentrada que todavía responde a Noboa pero hay otros sectores emparentados con élites económicas, que se manifiestan en desacuerdo. Estamos ante un escenario abierto. El único objetivo que los une es el de eliminar las chances de un gobierno popular.
–Quien sí parece interpelar a una parte de la ciudadanía ecuatoriana es Jan Topić, un candidato nuevo que se caracteriza por una estrategia de campaña basada en la lucha contra la inseguridad desde la “mano dura”. ¿Puede disputarle el voto de derecha a Noboa? ¿Cuál es el alcance político de la estrategia comunicacional de Topić?
–Topić está pudiendo posicionarse en base a dos cuestiones claves. Por un lado, una respuesta que propone una resolución por derecha para resolver la problemática de la inseguridad. Él cuenta con una imagen fuerte, que se ancla con el hecho de haber sido combatiente, mercenario. Esa experiencia se vehiculiza en un discurso de mano dura, desde el cual convoca a combatir la inseguridad con equipamiento de punta. Este discurso dialoga con la angustia de los ciudadanos ecuatorianos, entre los cuales la mano dura se va instalando como sentido común. La idea de que a los delincuentes hay que eliminarlos se fue naturalizando de forma dramática. Una segunda entrada al sentido común popular conecta con la inconformidad frente a la crisis energética. Topić creció mucho en las últimas mediciones, que lo ubican en un quince por ciento de intención de voto frente a un nivel muy alto de indecisos. En ese escenario Topić crece en las encuestas frente al descenso del gobierno.
–¿Cuál prevés que será la respuesta de Noboa a pocos meses de las elecciones presidenciales?
–El gobierno nacional utiliza las instituciones democráticas para ir en contra de la democracia. Así que no me sorprende que vayan contra la candidatura de Topić. Ya ha recibido objeciones que fueron presentadas frente al Consejo Nacional Electoral (CNE).
–¿Qué tipo de objeciones?
–Hasta ahora, la candidatura de Topić no se encuentra calificada ya que ha sido objetada desde distintos lados. En paralelo, asistimos a una estrategia político-comunicacional en redes sociales y medios de comunicación que busca dejar pegado a Topić al correísmo, a quien la derecha ha logrado instalar como responsable de todos los males. También se está intentando dejar a Topić asociado a hechos de corrupción de los que se responsabiliza a su familia, dueña de la principal prestadora de servicios de internet en este país. Creo que ésta puede consolidarse como una estrategia efectiva para neutralizar el crecimiento de un candidato que convoca al votante de centroderecha y derecha.
–En paralelo a eliminar a Topić como un candidato que puede disputarle el voto de derecha, Noboa está reforzando políticas punitivas bajo el argumento de la lucha contra el delito y el crimen organizado. ¿Qué impacto tienen los estados de excepción sobre la población?
–La ciudadanía sabe perfectamente que los estados de excepción no resuelven nada. Actualmente estamos atravesando el cuarto estado de excepción, que han sido determinantes en la caída de popularidad del gobierno. El ataque que ocurrió el 9 de enero a un canal de televisión en Guayaquil que derivó en la declaratoria de conflicto armado interno, ha ido instalando en la sociedad la sensación de que todo fue un montaje. De allí que la imagen del gobierno que se busca mostrar frente a la inseguridad no esté dando resultados. Aunque la ministra del Interior insiste con el argumento de que ha bajado la tasa de criminalidad y que los delitos están disminuyendo, y aun cuando el gobierno capturó al cabecilla de una banda criminal, la política de seguridad de este gobierno no está calando en la ciudadanía. El comandante de la policía anunció que tienen localizado en un 45% a Alias Fito, el líder de un cartel importante a nivel nacional, que se escapó precisamente en enero. Creo que puede haber un acuerdo con ese sector del narcotráfico para presentar esa eventual captura como un triunfo de Noboa y llevar a la población una sensación de mayor seguridad. Pero lo concreto es que, más allá de la reciente captura de William Alcívar Bautista, el gobierno nacional no puede exhibir ningún triunfo objetivo frente al narcotráfico y al crimen organizado ni siquiera frente a la delincuencia común.