Villarruel ya maltrata a Milei, y lo hace de una forma eficaz en un país cachador como la Argentina: poniéndole un apodo indeleble. Sus diferencias con el Presidente. ¿El 24 de marzo es morbo? Los militares antes y ahora. El ataque a la integrante de H.I.J.O.S. Los jubilados pagan el déficit. Espert, el rebelde. Arietto no cambia. Por ahora.
Cuando hay un paisano subido al caballo, y cuando se cree soñado como dicen los mexicanos, no tiene sentido subirse a otro para desafiarlo. Se agrandararía todavía más. Lo mejor, susurran en el campo a lo Viejo Vizcacha, es bajarle el precio. La vicepresidenta Victoria Villarruel no parece una amazona pero acaba de poner en práctica el consejo. Instauró, nada menos que para Su Excelencia el Presidente, la palabra “jamoncito”. En TN dijo: “Karina Milei es brava, tiene carácter y yo también. Pero nos llevamos bien y las dos lo queremos a Javier”. Y agregó: “Cuando se juntan dos del mismo polo, las cosas se recalientan y pueden explotar. Claro, y en el medio está Javier. ¡Pobre jamoncito!”. La Argentina, sin distinción de geografías, climas y partidos políticos, es un país cachador. El comentario sardónico es criollo, de los pueblos originarios, gallego, tano, inglés y judío. Una picadura es como el vaso de agua: no se le niega a nadie. Por algo la gran revista satírica del siglo XIX se llamó “El mosquito”. Como en la escuela secundaria, cuando el apodo causa gracia no se borra nunca. Queda ahí, estampado al objeto, y la maledicencia puede convertirlo en un sinónimo del nombre propio. Al mandarle el ejército de trolls a su vice tras el fracaso del DNU 70 en el Senado, Su Excelencia Javier Milei jugó con fuego. La vice se vengó. Y “Jamoncito” está destinado a durar.
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La vicepresidente, como gusta llamarse a sí misma, o misme, no engaña a nadie. Nacida en 1975, se formó con los amigos de su padre, Eduardo Villarruel, un oficial de Malvinas que fue segundo jefe de la Compañía de Comandos 602, con Aldo Rico de número uno. Antes había merecido en Tucumán un diploma de honor entregado por el asesino Antonio Domingo Bussi. El 25 de mayo de 1987 Villarruel fue uno de los oficiales que se negó a jurar la Constitución, un rito que se iniciaba justo ese día. El argumento de quienes protagonizaron la negativa en todo el país era que el Ejército había precedido a la Nación independiente, porque las milicias se formaron antes para defender el Río de la Plata de las invasiones inglesas. En la visión militarista, nacieron antes que la patria. “Sí, juro” fue el título de tapa de un diario que se publicó por primera vez el 26 de mayo de 1987, con una nota en la que Horacio Verbitsky marcaba la novedad del ritual democrático y narraba, en el debut de Página/12, la molestia de los Villarruel de este país. La vice VV no es una improvisada en temas militares. Además de recoger la experiencia de familia y amigos, muchos ligados a ultraortodoxia católica como ella misma, fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, la plataforma que la convirtió en figura pública hasta que fue elegida diputada nacional en 2021 junto con Milei.
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Nadie podría confundir a VV con una populista, una izquierdista, una kirchnerista o una peronista. Ni siquiera con una liberal comprometida con los derechos humanos, a tal punto que habló de un supuesto “morbo del 24 de marzo” para referirse a la fecha más trágica de la historia argentina. Tampoco está claro, en este momento, cuáles son sus diferencias con el proyecto de motosierra y licuadora en términos de evaporación de los ingresos populares y su posterior condensación en manos de una crema de grandes corporaciones de aquí y del mundo. Sin embargo, su boutade de “Jamoncito” está acompañada de diferencias en un tema institucional de fondo: Su Excelencia y Patricia Bullrich, secundados por el ministro de Defensa Luis Petri, quieren mexicanear a las Fuerzas Armadas haciéndolas participar de la lucha contra el narcotráfico. VV, en cambio, se niega. “No estoy de acuerdo, lo dije en campaña y lo sigo sosteniendo”, recordó también en TN. “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. Creo que ha quedado claro con el tema de los ’70. El narco es un civil para el Derecho. En los ’70 se combatió el terrorismo. ¿Y dónde están los que lo combatieron? Presos.”
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El argumento de Villarruel es falaz. Los que están presos fueron juzgados según todas las garantías del Estado de Derecho y condenados por delitos de lesa humanidad u otros cuando la Justicia halló pruebas. No están en la cárcel o en prisión domiciliaria porque “se combatió al terrorismo”. Algo más: cuando se produjo el golpe del 24 de marzo de 1976 los grupos guerrilleros ya no tenían ningún poder de fuego que precisara una respuesta mayor que la policial. Así fue como mínimo desde el intento de copamiento de Monte Chingolo en diciembre de 1975. La guerrilla fue una coartada del golpe, no su causa.
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La abogada, ex senadora y ex secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra le contestó a Villarruel su frase sobre los militares en cautiverio. Escribió en X: “Están presos por secuestrar, asesinar, torturar, violar, robar bebés. Ella lo sabe. Los defiende precisamente por eso. Hay consumo irónico del personaje, pero sepamos que tiene un proyecto de poder que incluye impunidad para los genocidas y destrucción de la memoria y la justicia”.
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De todas maneras, un hecho político actual, que no borra las ideas de VV sobre la dictadura y los dictadores, es que en algunos asuntos, como la participación de los militares o el tratamiento del DNU 70, la vice va a contracorriente de Su Excelencia, Bullrich y Petri. El ministro le respondió que hay que cambiar la Ley de Seguridad Interior porque según él sólo admite la participación de los militares si hay previa declaración de estado de sitio. “Nosotros decimos que las Fuerzas Armadas tienen que intervenir en un supuesto específico ante el que intervienen todas las fuerzas armadas del mundo desde el 11 de septiembre de 2001, que generó un antes y un después, y es la hipótesis de terrorismo”, dijo. Petri no explicó qué pueden hacer las FF.AA. ante el secuestro de un avión, cuando, como en el 11-S que cita, el arma principal era el suicida. “Hay que perder el miedo”, chuceó Bullrich a la vice. VV no va más allá de lo que ya dijo en la polémica, que por cierto tiene destino borroso en el parlamento. Como además ella es una integrante literal de la familia militar, que es fuente de votos, si el domingo 24 Su Excelencia opta por algún acting disparatado quedará fuera de cuadro. Incluso delante de las Fuerzas Armadas. Los sándwiches son alimentos más complejos de lo que parecen.
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En los últimos días circuló la versión, no confirmada por nadie, según la que Su Excelencia planeaba un indulto como modo de conmemorar el 24 de marzo. “A mi manera”, podría cantar Su Excelencia con Frank Sinatra si eso fuera cierto. Pero sería ilegal. Al desechar un planteo de prisión domiciliaria para Bernardo Caballero, condenado porque integraba el sector de Inteligencia en Campo de Mayo, uno de los tres grandes campos de concentración junto con la Esma y La Perla en Córdoba, los camaristas de Casación Federal Alejandro Slokar y Ángela Ledesma fallaron lo siguiente: “La liberación anticipada de una persona condenada por crímenes de lesa humanidad, con fundamentos contrarios a estándares internacionales, constituye un agravio a las víctimas, pues las puede exponer a violencia, revictimización e intimidación”. Agregaron que “los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía”, y que “tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta”. El voto principal pertenece a Slokar. Rescató un fallo reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocido tras el indulto al ex presidente peruano Alberto Fujimori: “La ejecución de la pena también forma parte de la obligación de investigar y juzgar”. Según Slokar, “la obligación internacional de sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos con penas apropiadas a la gravedad de la conducta delictiva no puede verse afectada indebidamente o volverse ilusoria durante la ejecución de la sentencia que impuso la sanción en apego al principio de proporcionalidad”.
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La víspera del 24 de marzo, mientras las centrales sindicales se preparaban para encabezar la manifestación, se vio conmovida por el ataque que sufrió una integrante de H.I.J.O.S. “No vinimos a robarte, vinimos a matarte”, le dijeron dos hombres “cuarentones, grandotes, con fuerza, no pibitos”, según describió, que se metieron en su casa, la golpearon, le ataron los pies y las manos, la vendaron y abusaron de ella. Antes de abandonarla pintaron en una pared “VLLC”, el “Viva la libertad carajo” con que termina los mensajes Su Excelencia. La Justicia todavía no descubrió quiénes eran los atacantes ni a quién responden. “Esperamos que los jueces esclarezcan y que los culpables paguen por sus actos”, dijo el vocero Manuel Adorni, quien deseó que el 24 sea “un día de paz y reflexión para todos”. Su Excelencia también habló. Lo hizo con uno de sus habituales RT en X. “Increíble que usen a sus desaparecidos para operar contra el gobierno. Son más mierdas de lo que uno piensa. Lo bueno es que cada vez tienen menos credibilidad”, escribió una tal Lady Market. El Presidente no sólo no repudió. Le regaló un like a la dama del mercado.
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En cambio emitió un largo comunicado el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, que preside el senador Martín Lousteau. Expresó “su solidaridad y acompañamiento a la víctima, su familia y a toda la agrupación H.I.J.O.S frente al aberrante episodio denunciado”. Lousteau, como se sabe, es uno de los blancos preferidos de Su Excelencia, en especial desde que votó en contra del DNU 70, todavía vigente a la espera de un eventual rechazo en la Cámara de Diputados.
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En el primer trimestre del año la inflación podría llegar al 60 por ciento. El aumento dispuesto para los jubilados no llegó ni a la mitad: 27,2 por ciento. Si a Su Excelencia decide que empezará a regir una nueva fórmula de incremento para jubilaciones y pensiones y compensará sólo parcialmente la baja anterior, quedará todavía más claro lo que ya se sabe: que la base del ahorro fiscal fueron jubilados y pensionados. Un sector que no tiene representación propia ni poder de negociación, y que tampoco puede hacer paro como la Unión Obrera Metalúrgica de Abel Furlán frente a las imposiciones de Techint.
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Un país angustiado, temeroso, enloquecido y en crisis necesita algún grado de certeza. Lo hay, por suerte. Al cierre de esta nota (viernes 22 de marzo por la tarde) el diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda aún no había llamado a otra rebelión fiscal selectiva contra un impuesto bonaerense. Y la senadora provincial Florencia Arietto todavía no había cambiado de partido: seguía en La Libertad Avanza, adonde llegó el jueves 21.