La desastrosa operación policial puso de manifiesto la improvisación y el populismo en la gestión de la seguridad pública por parte del gobernador del Estado de Río de Janeiro Claudio Castro. Aquí una nota escrita por una importante investigadora y publicada en el site
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Pasé todo el día dando entrevistas para explicar la irresponsabilidad del gobierno y el desastre operativo de una operación policial que dejó al descubierto la improvisación y el populismo en la gestión de la seguridad pública. Se trata de 16 evaluaciones provisionales a la espera de más datos. Espero seguir contribuyendo al debate sobre la mayor operación individual en Río y la que registró el mayor número de víctimas mortales de la historia.
1. Abandono de la población y exposición al riesgo
La operación dejó a aproximadamente cinco millones de residentes sin vigilancia policial, inmovilizando a 2.500 agentes para su despliegue inmediato, lo que implicó alterar el horario de unos 10.000 policías y mantenerlos en alerta. Este volumen de personal es superior al de muchas fuerzas policiales estatales, sin la capacidad de mantener su movilización y compromiso por un período prolongado. Este contingente, concentrado en un único perímetro de la ciudad, inmovilizó a agentes fuera del alcance del Estado. De este modo, se crearon brechas que propiciaron la comisión de delitos violentos oportunistas y ataques puntuales y predecibles por parte de grupos armados en represalia. Y, lo que es más evidente, se redujo el tiempo que podía sostenerse la propia operación, maximizando los riesgos de su ejecución. El resultado fue un aumento de la vulnerabilidad colectiva, una intensificación del miedo y un debilitamiento de los servicios de seguridad pública en la región metropolitana.
2. Mayor letalidad y victimización
La operación se llevó a cabo, en su mayor parte, con agentes generalistas que no trabajan en unidades especializadas ni están cualificados para operaciones policiales de alto riesgo. En gran medida, se trata de agentes de policía convencionales que realizan tareas rutinarias de burocracia, investigación y vigilancia, y que no poseen un alto nivel de habilidad en tiro defensivo, ni por modalidad policial ni por tipo de arma. Por razones profesionales, operan en pequeños grupos o patrullas, y no como unidades tácticas. De este modo, carecen de disciplina táctica y especialización para escenarios de alto riesgo. Esta improvisación, resultado de la convocatoria de agentes sin experiencia ni preparación técnica adecuada para operaciones policiales especiales, incrementó las probabilidades de letalidad y victimización, tanto entre los agentes como entre la población civil. Esto multiplicó la inseguridad profesional e institucional, la posibilidad de que se produjeran disparos perdidos o encontrados, y la exposición indebida de los agentes. Esto pone de manifiesto la manipulación de los agentes de policía como mercancía política y la devaluación de sus vidas, al igual que las de los residentes de las afueras de la ciudad, de donde procede la mayoría de los agentes de Río de Janeiro.
3. Parálisis urbana, colapso de la movilidad y generación de pánico e inseguridad
La acción imposibilitó la circulación de personas, bienes, mercancías y servicios. El bloqueo territorial descoordinado, impuesto en una zona de aproximadamente 200.000 habitantes y unos 500.000 transeúntes en 5,2 km², generó un colapso urbano que afectó directamente el funcionamiento cotidiano de la ciudad, ocasionando pérdidas económicas, políticas y sociales. Esto produjo mayor inseguridad pública. El despliegue bélico exacerbó el miedo colectivo, alimentó el pánico moral y difundió una percepción generalizada de inseguridad. En lugar de apaciguar los ánimos y garantizar la normalidad en la ciudad, así como la previsibilidad y regularidad de las actuaciones policiales, el gobierno generó miedo y desorientación social. Además, comprometió la producción y distribución de la riqueza, imponiendo pérdidas existenciales y materiales a la población de la región metropolitana.
5. Capacidad de respuesta comprometida
La movilización excesiva e insostenible de 2.500 agentes estatales comprometió la capacidad de respuesta visible y rápida de los servicios de emergencia 190 y 192, obstaculizando la respuesta a incidentes reales en otras áreas de la ciudad, como robos, asaltos y accidentes de tráfico, dejando a miles de residentes desamparados, a merced de la falta de vigilancia policial y de asistencia oportuna ante sus necesidades de emergencia.
6. Sabotaje de la labor de inteligencia e investigación
Al provocar la muerte de tantas personas, fueran o no sospechosas, la megaoperación terminó saboteando la propia labor de inteligencia e investigación policial. Al fin y al cabo, los fallecidos, si es que realmente son «criminales», serían precisamente quienes podrían revelar las alianzas entre el Estado y el crimen, el intercambio de favores con clientes de todos los estratos sociales, destruyendo así la posibilidad de esclarecer las redes criminales y quiénes son los jefes, socios y empleados del Estado y la política que, a su vez, dan forma a esta economía política criminal.
7. Agotamiento de los recursos represivos
El uso políticamente motivado, trivializado y desordenado de las operaciones policiales —un recurso costoso y valioso que produce una represión eficaz y focalizada— ha provocado el agotamiento de la capacidad represiva de la policía militar y civil, que se vuelve incapaz, a corto y mediano plazo, de mantener los resultados de la represión que ella misma generó.
Cabe recordar que la policía es una fuerza permanentemente disponible y, por lo tanto, no cuenta con una reserva de recursos represivos, ya que se emplea continuamente en cada operación policial efectiva. En otras palabras, no existe tal cosa como una reserva de represión policial. Por consiguiente, su gasto excesivo, abuso o mal uso implica el agotamiento de su propia capacidad policial. Este es uno de los graves efectos de las operaciones realizadas con fines electorales.
Cabe aclarar que ninguna operación, en ningún lugar, puede garantizar el control indefinido del territorio y la población, debido a la escasez de recursos policiales represivos. Por lo tanto, como lo explica la doctrina de las operaciones policiales especiales, los efectos de estas operaciones son específicos y temporales, limitados en el tiempo y el espacio, y con altos costos operativos. En consecuencia, requieren una planificación y gestión altamente especializadas para asegurar resultados satisfactorios y que su impacto se extienda más allá del impacto inmediato de la acción.
8. Servicio prestado al crimen organizado
No se debe matar a la gallina de los huevos de oro de la investigación y la inteligencia. Paradójicamente, al matar a tantos presuntos delincuentes, el Estado prestó un servicio al crimen organizado, eliminando potenciales miembros de su base criminal y comercial. Se trata de una fuerza laboral barata, precaria y fácilmente reemplazable, pero cuyo control resulta costoso dentro y fuera de las cárceles. La cúpula del CV (Comando Vermelho) permaneció intacta y protegida por el intercambio de disparos entre la policía y los hombres de los narcotraficantes. Estos, a su vez, no pueden retirarse ni rendirse hasta que los cabecillas criminales hayan abandonado el territorio con el apoyo de quienes tienen un tiro certero, una matrícula y la posibilidad de moverse libremente por cualquier lugar: agentes estatales aliados con el crimen y milicianos.
9. Ineficacia Operativa y Mantenimiento del Poder del Comando Vermelho (CV)
La operación tuvo escaso impacto en la capacidad coercitiva del CV, como ha sido el caso durante los últimos 40 años en Río de Janeiro. Después de todo, la capacidad coercitiva del CV no depende del uso de fusiles para controlar perímetros geográficamente irregulares, sin un campo de visión despejado con al menos 180 grados de rotación. Los fusiles son muy pesados, tienen poca movilidad y poca ventaja en terrenos accidentados. Para combatir el crimen, cuando se emplea mano de obra poco cualificada, es más ventajoso usar armas automáticas que requieren menos especialización, son más ligeras, pueden ser usadas por cualquiera sin mucho entrenamiento, permiten disparar mientras se corre, salta o se mueve, y son fáciles de recargar en movimiento. Los fusiles requieren más habilidad, capacidad de toma de decisiones y posicionamiento táctico para un buen desempeño. No se puede aprender a usar un fusil solo con tutoriales de internet. En el fragor del tiroteo, son las primeras armas que se abandonan, lo que contribuye al resultado operativo, retrasa a la policía y permite que los delincuentes se muevan con mayor rapidez.
10. Planificación con motivaciones políticas e incumplimiento de protocolos
Bajo la injerencia electoral, la planificación del operativo conjunto parece haber ignorado los protocolos de operación policial de la PCERJ (Policía Civil de Río de Janeiro) y la PMERJ (Policía Militar de Río de Janeiro), elaborados en 2018, que establecen los parámetros técnicos para la planificación, el mando y control, y la evaluación del desempeño operativo por grupo táctico. Si la policía hubiera seguido sus protocolos, se habría evitado la muerte de tantas personas, el aumento de la inseguridad pública y la paralización de la vida en Río de Janeiro. Es importante destacar que existen doctrinas policiales internacionales y estatales para las operaciones policiales, así como criterios técnico-científicos para la evaluación del desempeño.
11. Desinformación y falta de mando
Sin un centro de operaciones que informara a los medios y a la población sobre lo que ocurría durante la operación y los cambios en el orden urbano, proliferaron los rumores, los chismes y la desinformación, verdaderas fuentes de inseguridad pública. Esto generó desesperación y caos, paralizando los servicios esenciales de la ciudad y dejando a la población desorientada, perdida y vulnerable, expuesta a tiroteos y otros actos de violencia.
Hubo una falta de coordinación y de una cadena de mando y control. Una vez más, el Estado generó inseguridad pública y la intensificó hasta el extremo. Ningún operativo policial puede paralizar una ciudad. Esto constituye un abuso de poder por parte de quienes gobiernan. Se trató de reproducir la estrategia de las 3 S: primero, infundir temor en la población con una vigilancia policial ostentosa y llamativa; segundo, hacer alarde de autoridad con bravuconería, semblante adusto y actitud arrogante; y, finalmente, provocar fallos operativos insostenibles a medio y largo plazo, pero con gran repercusión mediática.
12. Trabajo mal hecho
El gobernante que exige integración ni siquiera hizo su tarea: no integró ni coordinó sus propias agencias estatales, ni intentó coordinar sus funciones durante la operación. En lugar de actuar de forma sistémica y planificada, cada organismo quedó a la deriva, sujeto a su propio corporativismo, y el resultado fue el colapso del funcionamiento público y el agravamiento del miedo colectivo.
a. Fiscalía General
La Fiscalía General debió haber estado integrada desde la fase de planificación, garantizando el enfoque, la legalidad y una represión cualificada. Es responsabilidad de la Fiscalía General supervisar la ejecución de las operaciones, controlar el uso de la fuerza, definir las prioridades de investigación y salvaguardar los derechos fundamentales, evitando la trivialización de la muerte como política pública.
b. Defensoría Pública
La Defensoría Pública debió haber colaborado con la Fiscalía, manteniendo unidades móviles y canales de asistencia de emergencia para la población afectada. Su función sería proteger a los residentes en riesgo, orientar a las familias de las víctimas y garantizar el acceso a la justicia en casos de violaciones derivadas de la operación.
c. Cuerpo de Bomberos Militar Estatal
El Cuerpo de Bomberos Estatal debió haberse movilizado para garantizar asistencia inmediata y actuar en rescates y emergencias médicas durante la operación. Sin esta presencia, se pierden vidas por negligencia y la ayuda llega tarde, si es que llega.
d. Guardia Municipal
La mayor fuerza de la Guardia Municipal del país debería haberse activado para gestionar el tráfico, desviar las rutas de autobuses, guiar el flujo peatonal y evitar el colapso total de la ciudad. En cambio, la ciudad quedó sumida en el caos, sin control de tráfico ni apoyo logístico.
e. Inspectores y Agentes de Tráfico
Los inspectores y agentes de tráfico deberían haberse integrado en el plan operativo, trabajando junto con la Guardia Municipal para despejar las vías, señalizar los bloqueos y prevenir el colapso urbano. Su ausencia reforzó la inmovilidad logística y la sensación de abandono colectivo. El resultado fue una operación desorganizada, sin coordinación ni una cadena de mando efectiva, un claro reflejo del enfoque unilateral del gobierno, en el que cada organismo fue desmovilizado o ignorado. El desastre ya se veía venir desde la forma en que se ejecutó: con mala gestión, sin integración y sin responsabilidad pública compartida.
13. El enfoque individualista y el falso teatro de guerra
El apoyo federal con vehículos blindados no se solicita tan fácilmente como pedir un café. No es posible desplegar a las Fuerzas Armadas en las calles para brindar seguridad a través de servicios como Uber. Si el apoyo de las Fuerzas Armadas es necesario, es fundamental solicitarlo y compartir la planificación, el mando y el control, para así dividir la responsabilidad de los éxitos y los fracasos.
Una operación integrada no es una barbacoa improvisada de fin de semana donde cada uno trae lo que tiene y se olvida de traer la carne y enfriar la cerveza. No es el ambiente caótico de un baile de samba improvisado, donde se pierde el ritmo y la música desafina entre risas.
Debe existir un plan conjunto, con principio, desarrollo y fin, para evitar que se repita el dramático final de la operación Alemão en 2010, donde las Fuerzas Armadas entraron y permanecieron durante meses precisamente porque no había suficiente personal policial para mantener la reconquista del territorio.
El espectáculo de una guerra sin ejército desmoralizó al gobierno en otro esfuerzo fútil contra el CV (Comando Vermelho), mientras que el daño infligido al crimen se compensará en una semana de ingresos regionales y nacionales. Ya sea por ingenuidad, ignorancia, malos consejos políticos u oportunismo, se ideó una operación digna de Instagram para catapultar al gobernador, demostrando que tenía el control real y legal, capaz de actuar solo sin el apoyo de nadie, replicando la heroica narrativa del gobierno del «yo solo».
Dado que dicha operación era insostenible desde el principio, por razones logísticas básicas, el tiempo transcurrió y los 2.500 policías fueron retirados por la fuerza, convirtiendo la operación en un arma de doble filo: no puede continuar porque carece de viabilidad; no puede suspenderse porque los resultados operativos no compensan el costo de las muertes ni las pérdidas materiales y existenciales sufridas por los habitantes del área metropolitana de Río de Janeiro.
Y, por supuesto, una vez más, el ocultamiento de la responsabilidad política del comandante en jefe de la policía significó trasladar la elevada factura al Supremo Tribunal Federal y al gobierno federal, que también ha fallado en materia de política de seguridad pública.
14. Es mi culpa y culparé a quien quiera.
Como suele suceder, un gobernador que busca complacer al público, convirtiéndose en la imagen de las operaciones policiales, se vuelve dependiente de resultados operativos dignos de Instagram, sin importar la legalidad con la que se obtuvieron. Todos los gobernadores municipales, estatales y federales dependen de lo que la policía pueda producir y ofrecer para su constante campaña electoral. De esta manera, se ven prácticamente obligados a hacer la vista gorda ante el mal uso y el abuso del poder policial. Cuando los resultados operativos son buenos, cada gobernador se erige como el «padre» de la operación policial y se convierte en una especie de todoterreno, haciendo mil y un usos políticos y partidistas de la policía. Y en un contexto de externalización del mando de la seguridad pública a grupos corporativistas y partidistas, el gobernador abdica de su responsabilidad como comandante en jefe y atribuye la culpa a otro a nivel federal, estatal o municipal, según le convenga, exista connivencia o complicidad.
El gobernador está fanfarroneando cuando dice que la ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – Claim of Non-Compliance with a Fundamental Precept) de las favelas puso las manos atadas a la policía, impidiendo las operaciones, cuando en realidad lo que hizo la ADPF fue exigir profesionalismo policial y cumplimiento de la doctrina policial sobre el uso de la fuerza y, a su vez, la doctrina de las operaciones policiales.
La ADPF 635 exigió, por primera vez, que la policía fuera una Policía con mayúscula.
Durante su vigencia, se produjo un aumento de los operativos policiales en Río, como lo demuestra Fogo Cruzado. Afirmar que la ADPF propició el auge de las barricadas es, cuanto menos, ingenuo. Sobre todo porque las barricadas son una demostración visual de la incapacidad de CV, TCP o cualquier otro grupo armado para garantizar la soberanía territorial.
Sirven para controlar el flujo de personas, obstaculizar las incursiones de grupos rivales y poco contribuyen a contener o impedir la labor policial, que no son pandillas, sino organizaciones armadas con medios y métodos superiores. Si las barricadas están ahí, es porque el Estado así lo quiere, como parte de su estrategia para ceder espacios públicos al crimen. Las barricadas permiten a CV obtener cierta ventaja defensiva frente a rivales de igual calibre. Se convierten en juguetes frente al poder de las burocracias armadas como la policía y las Fuerzas Armadas.
15. La falacia de la falta de integración por ausencia de ley
Nada es más engañoso que afirmar que la falta de integración con el gobierno federal se debe a la ausencia de una ley, como la Enmienda de Seguridad o el Paquete Anticrimen. Cabe aclarar que, con los instrumentos normativo-legales vigentes, es posible realizar operaciones conjuntas, operaciones integradas y grupos de trabajo. Todos ellos son temporales y limitados en el tiempo y en su misión, como debe ser, para garantizar resultados superiores y transparentes.
Este tipo de acción integrada no necesita esperar a un cambio legislativo, por muy beneficioso que sea. E incluso si fuera necesario. Esto se debe a que las operaciones conjuntas, integradas y de grupos de trabajo son resultado de decisiones de índole político-administrativo-procedimental, al alcance de cualquier directivo en un puesto de mando.
La lógica brasileña de venderle al ciudadano inseguro y desinformado la idea de que solo cambiando la ley se puede cambiar el mundo es una mezcla liberal-autoritaria que sirve de excusa para que los gobernantes monopolicen la inacción y oculten la ausencia de políticas nacionales, estatales y municipales. Vender la fantasía de que solo cambiando la ley se puede lograr algo equivale a aniquilar las políticas públicas y encubrir la permisividad.
Y más aún: es prestar un servicio a otros sin comprometerse con la ejecución de la ley misma, insinuando que «ya cumplió con su deber» al crearla, y que ahora el problema reside en quienes la ejecutan; como si las leyes no pudieran generar problemas de ejecución, costos y rendición de cuentas, e incluso ser inaplicables, como lo demuestran las normas draconianas de endurecimiento penal.
Además de ser una cobardía moral, apostar políticamente a la aprobación de una ley es postergar indefinidamente el miedo, la inseguridad y la violencia que sufre la población hoy en día. Como si el miedo y la inseguridad pudieran aplazarse hasta la aprobación de la supuesta ley milagrosa. No podemos pedirles al crimen organizado, a los delincuentes comunes y a los perpetradores de feminicidios que suspendan sus actividades y solo retomen la acción cuando tengamos una ley que integre a la policía o una ley más estricta.
Finalmente, esta ilusión de cambiar la ley como salvación inmediata reside en el delirio de un sistema de «macrodatos totales» que abarca toda la información y una inteligencia central, supuestamente benevolente, que coordinaría a todas las fuerzas policiales de arriba abajo, atendiendo cada demanda y cada acción. Nada más ingenuo, pues ni siquiera la dictadura logró alcanzar este admirable mundo de mando y control único y centralizado. Aquí tenemos el fetiche liberal-autoritario brasileño, disfrazado de una bala llamativa pero con un relleno podrido. Nótese que la integración aquí corresponde a una unificación, estandarización y monopolio de los recursos en un país federal de gran escala con distintos organismos de control, diversos escenarios y desafíos operativos. Este tipo de fantasía tecnocrática revela, en la práctica, nuestra incomodidad con las negociaciones y la generación de consensos y acuerdos. Revela que lo que se desea es establecer una autoridad fuerte, definir quién manda a quién y quién está a cargo de todo de forma unitaria y autocrática.
16. La verdad que no quieren contar
Ninguna organización criminal en Río de Janeiro controla completamente el territorio. El control se ejerce sobre la población mediante la amenaza de la violencia. Para existir, estas organizaciones dependen de alianzas con el Estado, que garantiza previsibilidad y estabilidad en arrendamientos territoriales, por ejemplo, para la corrupción de Río de Janeiro. No existe un poder paralelo; el propósito de esta expresión era ocultar la relación entre la política y el crimen organizado. Es el Estado quien, funcionando como organismo regulador del delito —para bien o para mal—, organiza o desorganiza el crimen desde dentro.
No existe forma de garantizar el dominio territorial armado con estabilidad de mando sin la colaboración directa de los poderes estatales que brindan su respaldo, expandiendo o asegurando el siempre provisional dominio del crimen. El dominio armado del Comando Vermelho no equivale a producir y garantizar soberanía. Tampoco existe, ni ha existido jamás, un Estado ausente. Lo que existe en Río son gobiernos que negocian su forma de presencia en los espacios populares, como también se observa en otros Estados y países.
Bien, estos fueron algunos puntos aclarados en mis entrevistas y sobre los cuales, más adelante, cuando cuente con más datos sobre esta operación del 28 de octubre de 2025 en Alemão y Penha, podré explicar los parámetros técnico-científicos basados en evidencia empírica que nos ayudarán a desmontar los mantras que nos engañan y a desenmascarar las falacias de la seguridad que nos envenenan con explicaciones falsas.
*Jacqueline Muniz es profesora e investigadora en la Universidad Federal Fluminense (UFF).