La derecha trumpista insiste en cambiar las leyes electorales por el fantasma de los “ilegales que van a votar”. Los republicanos presentaron una para impedir que los inmigrantes puedan votar en las elecciones nacionales.
Una de las bases del gorilismo autóctono es aquello de que si el voto no fuera obligatorio, gobernaría la gente de bien. Es una nostalgia del tiempo del fraude patriótico, es una intuición de que el problema es que votan los pobres, es una sensibilidad política. Para el gorilismo norteamericano, republicano y trumpista, una base es el odio a los inmigrantes. Que no votan, pero son contados por los censos y por tanto tienen influencia política aunque sea indirecta. Al contrario de nuestros gorilas, esto no es nostalgia: los republicanos están en llamas tratando de pasar leyes que borren efectivamente la misma existencia política del inmigrante.
El lunes entró en comisiones de Diputados una ley que tiene el nombre tramposito de Ley para la Representación Igualitaria, justo lo contrario de lo que pretende hacer. La ley va directamente contra un pilar de la Constitución, la de EE.UU. como la de Argentina, que ordena al gobierno realizar censos regularmente. Estos censos tienen muchas funciones, pero una fundamental es simplemente contar cabezas por distrito electoral para ver cuántos diputados puede mandar cada distrito al Congreso.
Es que, nuevamente igual que por estas pampas, el Senado tiene un número fijo de miembros por cada estado de la Unión, sin que importe el número de habitantes. Arkansas vale como Nueva York, así como La Rioja vale como Buenos Aires, que eso es federalismo y equilibrio.
Pero las cámaras de Diputados tienen un representante por cada X pobladores, una X que varía de país en país pero siempre busca una representación proporcional a la demografía de cada región. Ahí sí que California no es lo mismo que Montana, por peso de gente junta. La Constitución, la de ellos como la nuestra, es clarísima en algo: el censo tiene que contar habitantes, gente que viva ahí, sin mayores preguntas.
Eso es lo que odian los republicanos duros, que quieren cambiar el texto de “habitantes” a “ciudadanos”. Ya lo había intentado Donald Trump en julio de 2020, cuando firmó un memo ordenando que la Oficina del Censo no contara a los inmigrantes sin papeles entre los habitantes de los distritos. Se armó un flor de escándalo y los jueces hicieron fila para declarar el memo inconstitucional por el simple hecho de que la ley fundamental ordena, como se dijo, contar habitantes sin más preguntas. El censo se hizo ese año normalmente, y Joe Biden derogó la orden.
La ley que acaba de arrancar su camino legislativo busca darle sustento al memo. Eso es porque según los trumpistas “los millones de ilegales que invadieron nuestro país pueden diluir la representación de los ciudadanos inflando las poblaciones de las áreas izquierdistas en las que se concentran”. En buen criollo, los inmigrantes no son bobos y van a las mayores ciudades, a los Estados más poblados, con más empleo y servicios. Que, nada casualmente, son todos demócratas. Lo que busca la ley es mermarles el crecimiento en Diputados a los “izquierdistas”.
Según los trumpistas con gorra de MAGA, la razón oculta es, además, que los demócratas estarían perdiendo diputados porque hay “un éxodo de millones de neoyorquinos y californianos” hacia lugares mejor gobernados como Texas y Florida, los dos reductos conservadores más truculentos. Lo de Florida puede ser, porque ese Estado sigue siendo la meca de los jubilados norteamericanos, pero que Texas sea atractivo para los nacidos en las costas… francamente.
El voto ilegal
Pero la paranoia derechista no termina acá, y este miércoles los republicanos presentaron por lo alto otra ley, ésta para impedir que los inmigrantes ilegales puedan votar en las elecciones nacionales. Y fue por lo alto, con el presidente de Diputados Mike Johnson, varios legisladores y “expertos en seguridad electoral” alineados en la escalinata para las cámaras. La iniciativa tiene también un nombrecito ingenioso, SAVE, Salvar, que resume Salvar la Electibilidad del Voto Americano.
Esta idea esdrújula nace de un problema básico: que en Estados Unidos no hay un documento nacional de identidad. Como sabe cualquiera que vea películas, la pregunta allá es “¿tiene alguna identificación?” y no el simple, “documento, por favor”. Lo que el norteamericano suele sacar del bolsillo es el registro, que tiene foto y dirección, y funciona materialmente como nuestro dni. Pero tantos que no manejan o no tienen coche se tienen que arreglar con el carnet de jubilado, el de estudiante o hasta el de la biblioteca local. ¿Pasaportes? Ni el diez por ciento de los ciudadanos del gran país del norte tiene uno…
Con lo que crear padrones electorales es un chino y un campo de batalla con constantes acusaciones de fraude. Algunos distritos hasta crearon una suerte de dni local, un carnecito con foto que sólo sirve en ese lugar, en general una ciudad grande, y casi para nada más que para votar. Algo es algo, y les arregló el problema a los que no tienen registro. Estos carnecitos inflaman la paranoia republicana, sobre todo porque quienes los emiten suelen ser demócratas. Y porque a veces crean carnecitos para los indocumentados, que necesitan algo porque a lo sumo tienen un papel arrugado de Migraciones diciendo que tienen turno para dentro de dos años.
Pero la banda de MAGA afirma que lo demócratas abrieron las fronteras para llenar sus distritos de inmigrantes, lograr más diputados como se explicó arriba y, peor de peor, para hacerlos votar en las elecciones de noviembre de este año. ¿Cómo harían esto? Resulta que si el documento de identidad más común es el registro de conducir, los ilegales se podrían conseguir uno y con eso pasar por ciudadanos. Las oficinas de registros no tienen la obligación de exigir pruebas de ciudadanía, apenas de que uno reside en su jurisdicción y, eventualmente, de que uno sabe manejar.
Para peor, según los republicanos, la mayoría de los americanos se registran para votar justamente en las oficinas de registro de conducir, que con sólo pedirlo entregan información al respecto. Los republicanos saben perfectamente que los que sacan un registro de conducir lo usan para conducir, pero estamos en año electoral y los inmigrantes funcionan como cuco. Con lo que la ley SAVE quiere hacer obligatorio que aquel que pida información electoral en la oficina de registros pruebe que es ciudadano norteamericano. Y que si no puede, que no le den los formularios.
Como prueba del inminente peligro, los republicanos citaron un caso… apenas uno. El diputado Adam Morgan, un truculento de Carolina del Sur, dijo en un programa de radio que un inmigrante ilegal “le contó” que le habían dado información sobre cómo registrarse para votar cuando sacó el registro de conducir. El tipo no le dio bola al tema, que lo suyo era manejar y no votar, pero a Morgan se le infló la venita.
Un caso, apenas uno, que ni siquiera fue a votar.