La motosierra del Presidente Javier Milei no deja títere con cabeza en el estratégico mundo de la energía atómica argentina: “reactores paralizados”, “la central nuclear china cancelada”, “fuga de cerebros”, “salarios a la baja”, “institutos formativos desfinanciados” y un “plan de privatización” como puro “negocio tarifario”, mientras Estados Unidos planta bandera para llevarse el uranio que pronto dejará de comprarle a Rusia, según la cruda descripción de Nicolás Malinovsky, Director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología (OECYT).
Pasaban los gobiernos democráticos y pasaban las dictaduras, pero casi nadie se atrevía a tocar las joyas atómicas argentinas, concebidas para la paz y no para la guerra. Hace 75 años que el país causa un relativo asombro en el mundo por su desarrollo, incluso al crear y diseñar un reactor de baja potencia con tecnología y científicos argentinos. Con el Gobierno de La libertad Avanza parece haber llegado la hora del desmantelamiento, afirma Malinovsky, ingeniero electricista graduado de la Universidad Nacional de Río Cuarto y miembro fundador de la Comisión Directiva del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), entrevistado por Y Ahora Qué?
–A casi dos años de mandato de Milei ¿cuál es la situación del sector nuclear argentino?
–Podríamos decir que es una situación alarmante, dado al proceso de desfinanciamiento en todas sus áreas. Particularmente en lo salarial de los trabajadores. El Gobierno viene sosteniendo salarios a la baja. Esto afecta a la dinámica del sector, dado que los profesionales y técnicos son trabajadores altamente calificados.
–¿Hay fuga de cerebros?
–Los trabajadores están tomando otros rumbos. Lo hacen para poder llegar a fin de mes y tener un salario digno. La Comisión Nacional de Energía Atómica está perdiendo alrededor de 30 trabajadores por mes en concepto de licencias, jubilaciones y renuncias. La situación es crítica en términos presupuestarios, tanto para salarios como para proyectos.
–¿Nucleoeléctrica es una compañía muy dañada por la motosierra?
–Es la empresa operadora del sector nuclear. La alarma cunde no solo por el desfinanciamiento de lo laboral sino de los proyectos de del sector nuclear.
–En un país cuyo sector nuclear siempre fue un orgullo y vanguardia en la región.
–Como bien lo mencionás, Argentina tiene una historia de 75 años de desarrollo del sector nuclear, posicionado también a nivel mundial. Se logró desarrollar en décadas tecnología y capacidades que no muchos países las tienen. Y lo hizo un país de la periferia, o del Sur Global, o en vías de desarrollo. Es un plus que tiene nuestro país en desarrollo de ciencia, tecnología y conocimiento estratégico.
–¿Qué pretende hacer el Gobierno con el desarrollo en el área atómica?
–Está intentando desmantelarlo, por varias vías. Una es el desfinanciamiento. Otro es la cancelación de proyectos. El más emblemático es el de la cuarta central nuclear, con un reactor Hualong One. Se iba a hacer con China, según un memorando de entendimiento firmado en 2015, en el último año de gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Había sido ratificado en febrero del 2022 por el ingeniero José Luis Antúnez como presidente de Núcleoeléctrica.
–¿El modelo de central nuclear china es eficiente?
–Está comprobada su operatividad a nivel internacional. Hoy el proyecto se encuentra directamente cancelado. La quinta central atómica iba a ser un modelo Candú, similar al de Embalse y fue cancelado. Y también sufrió el cancelamiento la obra emblemática de Argentina, que es el desarrollo de un reactor de potencia propio, de baja potencia, el reactor Carem.
–¿Cuánto faltaba para la terminación del Carem?
–La obra está avanzada en alrededor de un 65 por ciento en el complejo de Atucha. Desmantelar ese proyecto pone en riesgo, claramente, al sector que aporta al sistema eléctrico interconectado. Argentina fue el primer país que tuvo una central nuclear de potencia de América Latina. Actualmente tenemos tres, con una generación de 1.760 Megavatios, un siete por ciento de la electricidad del país. En el caso de Atucha I se encuentra en proceso de extensión de vida para funcionar 20 años más. Es una central que funciona por 50 años.
–El Gobierno acaba de reafirmar su proyecto de privatización de acciones de Nucleoeléctrica ¿Cuál es el beneficio?
–No sólo opera las centrales sino que tiene la capacidad de ser constructora. Lo demostró con la culminación de Atucha II durante el período del kirchnerismo y la extensión de vida de la central de Embalse. Privatizar la empresa es parte del desmantelamiento de un sector estratégico que no responde no a intereses particulares de ciertos empresarios o de un Gobierno.
–¿Qué ha planteado al respecto el Gobierno estadounidense de Donald Trump a cambio de apoyo financiero?
–Hay un interés mayor, que es el de Estados Unidos de desmantelar el sector nuclear en Argentina. Según Washington, representa una amenaza que un país del Sur Global o de América Latina, al que considera su patio trasero, tenga la capacidad de desarrollar este tipo de tecnologías.
–No es la primera vez en la historia que Washington lo considera una amenaza.
–Un claro ejemplo fue cuando se desmanteló el misil Cóndor en la década de 1990. Se había empezado el desmantelamiento del sector nuclear pero no llegó a culminarse. En 1994 se crea Nucleoeléctrica, con el objetivo de la privatización, ya iniciada en el sector energético con Carlos Bastos como secretario del área en el Gobierno de Carlos Menem. Un proceso neoliberal iniciado en 1976 con el Gobierno militar. En síntesis la situación es alarmante. El Gobierno de Milei ya lo venía poniendo en su agenda desde la Ley Bases.
–¿La exigencia privatizadora es sólo de parte de Estados Unidos?
–Un informe del Fondo Monetario Internacional exige al Gobierno acelerar y avanzar con la privatización de las empresas del Estado para noviembre de este año. El Gobierno tomó esas recomendaciones. Sigue a rajatabla lo que exigen el FMI y EEUU. Ahora hay una nueva resolución o instrucción oficial a Nucleoeléctrica que prepare el pliego y que cotice los bienes tangibles e intangibles. Habrá que ver qué es lo que van a cotizar y evaluar para vender el 44 por ciento de las acciones. En el proyecto original se vendía el 100 por ciento.
–¿El Estado pierde el control de las centrales atómicas?
–El 51 por ciento de las acciones quedan en manos del Estado y el cinco por ciento para los trabajadores ¿Qué implicancias tiene el proyecto? El Gobierno no ha dado nombres, todavía, de quienes podrían estar interesados. Hay un fuerte empresario local que es Eduardo Eurnekián, muy vinculado a Milei, de quien incluso, fue su jefe.
–¿Qué interés puede mover a ese grupo, el de la Corporación América?
–Empezó a diversificar sus negocios y meterse en el sector nuclear. Particularmente en la explotación de uranio en Río Negro, asociada a la minera canadiense Blue Sky. Se habla también de compañías norteamericanas, pero no hay nombres certeros. Pero lo que uno puede visualizar es que no es un objetivo de incorporación de capital para mejorar la inversión en proyectos dentro del sector sino por los antecedentes que están paralizados.
–¿Qué lo motiva a esos inversores potenciales?
–Maximizar un negocio, en el que seguramente van a buscar aumentar la tarifa de venta de energía eléctrica. El sector privado que ingrese se va a quedar 20 o 30 años porque es la vida útil que le queda a las centrales si no ampliamos el parque de generación. Se podría extender un poquito más. En este contexto lo veo difícil. En función de qué capital entre, también puede ser un vaciamiento de la compañía con la transferencia del conocimiento. Todo esto avanzó sin que el Gobierno tuviese mayoría parlamentaria. Hizo acuerdos para un sector tan sensible como el nuclear.
–¿De qué manera Estados Unidos puede lograr que se aparte a China?
–La injerencia en este sentido es clara y no es nueva. En 2022 llega una misión de la funcionaria Ann Ganzer, del Departamento de Estado. Vino a decir que los convenios con China eran peligrosos porque no podíamos avanzar con un país comunista. Pero ya en 2018, desembarca el FMI con la deuda de 45.000 millones de dólares que toma el Gobierno de Mauricio Macri. Ahí se empieza a paralizar de hecho el sector nuclear.
–¿Cuándo aparece en el escenario el interés estadounidense por el uranio?
–Con la ayuda electoral de Trump a Milei mediante el swap de 20.000 millones de dólares, extendido a otros 20.000 millones, el secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo explícitamente que estaban interesados en el uranio argentino. Se abre un capítulo de controlar nuestros yacimientos de uranio. Ellos tienen un parque, ya viejo, de 92 centrales nucleares, pero es el país que más tiene.
–¿Cuánto uranio importa Estados Unidos?
–Importa el 99 por ciento del uranio que utiliza en entidades nucleares. En el último año de Gobierno de Joe Biden se aprobó una ley que prohíbe la importación de uranio de Rusia a partir de 2028. Ahí Argentina se posiciona como un reemplazo directo. Estados Unidos busca no depender de Rusia en la disputa geopolítica que tiene.
–¿Qué rol juega en ese contexto el interés de desplazar a China?
–En un reordenamiento global que estamos viendo a raíz de la guerra comercial con China. En la pérdida de hegemonía de Estados Unidos. La cuarta central nuclear argentina iba a ser la primera de origen chino en América Latina. Eso tenía un componente geopolítico muy fuerte. Estados Unidos logra desplazar a China, o ralentizar o frenar el proceso. Hay que ver qué sucede cuando cambien las condiciones.
–¿Qué condiciones podrían cambiar?
–Si se avanza o no. O si China avanza en Brasil por ejemplo con acento nuclear. No lo veo tampoco en el corto plazo. El objetivo de Estados Unidos estaría, por lo menos hoy, cumpliéndose.
–¿El Gobierno de Trump reclama eliminar el proyecto de reactor Carem?
–Quiere desmantelar la capacidad de Argentina de producir reactores SMR, de tipo avanzado y menor tamaño, como el Carem. Era un prototipo de 30 Megavatios, para luego hacer el desarrollo comercial de 100 Megas, escalable a 300 Megas. Eso ha sido interrumpido por este Gobierno con el fuerte interés de Estados Unidos para que Argentina no compita con ellos.
–¿Y hegemonizar el mercado?
–Argentina había sido el primer país en adherirse al programa First de Estados Unidos para desarrollar este tipo de reactores. La paradoja es el freno al desarrollo. Los países que se sumen a ese programa van a ser compradores de la tecnología norteamericana. Es lo que sucedía en las décadas de 1950 y 1960.
–¿Argentina puede ahora perder una carrera tecnológica de importancia estratégica?
–El Gobierno de Milei viene teniendo una política destructiva. En su plan nuclear anunciado en 2024 plantea abandonar la tecnología del Carem, un reactor modular con tecnología argentina y diseñado por científicos argentinos. Uno de los principales a nivel mundial. Esto hace retroceder el desarrollo nuclear argentino varios casilleros. Todavía no se armó el negocio global de ese tipo de reactores. Hay una carrera y competencia tecnológica por quienes van a ser los proveedores. Nuestro plan se ralentizó con Macri, se ralentizó con la pandemia y se puso de nuevo en órbita en los últimos dos años de Gobierno de Alberto Fernández.
–¿Cuál es la alternativa de desarrollo que ofrece Milei, si es que ofrece alguna?
–El Gobierno decide construir otro reactor, de módulos ACR-300, desarrollados por la empresa tecnológica argentina INVAP. Se consiguió la patente en Estados Unidos. Pero es un reactor que recién está el diseño en papel. Para que eso pase a la obra y a la prueba, falta mucho tiempo. El Gobierno dice que son cinco años. Con mucho viento a favor, podría suceder. No lo veo factible. Se corre así a la Argentina de la órbita de país proveedor o en la competencia. Hay que ver qué hace INVAP. Si desarrolla acá o se va a desarrollar en Estados Unidos. Son todas preguntas que al momento no tienen respuestas.
–¿Se está afectando entonces a otro sector industrial local?
–Se están desmantelando también las capacidades industriales. Se ha privatizado IMPSA, de equipamiento metalúrgico. Una empresa clave, sobre todo en la capacidad hidroeléctrica. Incluso había un entramado Pyme que se había generado que hoy está totalmente debilitado o en extinción.
–¿Argentina había renunciado a la explotación de uranio?
–Hay una tradición de explotación de uranio con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Se explotaba en la zona de San Rafael, en Mendoza. Nunca para la exportación. Esta explotación se finaliza en 1997 con el argumento de que importar era más barato. En cuestiones de soberanía nuclear, Argentina había logrado dominar el ciclo de combustible, con agua pesada, en centrales nucleares que requieren uranio natural. Enriquecer uranio lo hacemos a nivel laboratorio y no en escala industrial. Cerrar la minería de uranio rompe esa cadena de ciclo de combustible.
–¿Dónde podría ser explotado ahora el uranio?
–El Gobierno está hablando de explotarlo en Chubut. El Gobernador Ignacio Torres se ha puesto a disposición. Se creó la unidad de negocios de YPF Nuclear. Otro interesado es el grupo Eurnekián. El objetivo es exportar uranio como materia prima y no con valor agregado, sin un ciclo de industrialización. Es un modelo de reprimarización de la economía. Estados Unidos tiene la necesidad de buscar yacimientos para desligarse de Rusia.
–¿Hay más países interesados?
–Otro de los posibles compradores del uranio de Argentina puede ser Francia, producto de una reunión de Milei con el Presidente Emmanuel Macron. Francia tiene entre 60 y 70 por ciento de su energía de origen nuclear. Su uranio provenía de Níger, un país africano que era colonia francesa. Francia saqueaba esos territorios de uranio para mantener sus centrales. Digo saqueando muy fuerte porque el 70 por ciento de la población de Níger no tiene acceso a la energía eléctrica. Ahora ha tenido un proceso insurreccional de gobiernos populares. Les dijeron que si se van a llevar el uranio, tienen que pagar lo que cuesta. Francia lo va a buscar en otros lugares.
–Y en las rutas del uranio está la Argentina.
–Argentina está dando las condiciones sobre todo a través del RIGI, el régimen de inversiones aprobado en la Ley Bases. Es explotación minera con bajos costos impositivos y de retenciones o de divisas que tengan que dejar dentro del país. El RIGI es la habilitación legal para un modelo netamente extractivista de recursos mineros y energéticos. Un modelo que va a complementar o profundizar el ciclo de combustible nuclear con valor agregado y desarrollo de ciencia.
–En el marco del dialoguismo que pregona ahora el Gobierno ¿se da cabida a la cuestión nuclear?
–Un eje fue la creación de una mesa de diálogo nuclear. La preside Demian Reidel, presidente de Nucleoeléctrica. No ha tenido mayor trascendencia. Reidel es quien dijo que el problema de Argentina es que está llena de argentinos. Ahí vemos el resentimiento y el odio que tiene hacia la sociedad argentina. El tercer actor que está avalando el desmantelamiento del sector nuclear es, justamente, Rafael Grossi.
–¿El argentino que dirige el Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA?
–Sí y ¿por qué está avalando el plan nuclear de Milei y Estados Unidos? Porque su objetivo político es llegar a ser secretario de las Naciones Unidas. Y necesita el voto de Argentina. Grossi es cómplice del desmantelamiento y desfinanciamiento. Lamentablemente, no es un actor que esté influyendo para mejorar el proyecto nuclear en Argentina. Apoyó el plan de Milei. Y la política de este Gobierno con respecto a los organismos de capacitación, trabajadores del sector, científicos y demás. La situación salarial es muy compleja. Hay éxodo hacia otras ramas.
–¿Éxodo hacia cuáles ramas?
–La sangría es muy fuerte hacia al sector petrolero o al e-commerce, o a las finanzas. Son los que demandan profesionales calificados y pagan mejores sueldos que el sector nuclear. Con respecto a los institutos de capacitación, están sufriendo igual que las universidades públicas por desfinanciamiento de la educación pública. El problema es que estamos comprometiendo los recambios generacionales. El conocimiento está en las personas y en los grupos humanos de trabajo. Cuando se empiezan a desmembrar, a desarmar y a fugar estos cerebros se va perdiendo todo eso. Se congelaron los salarios y también los ingresos de nuevos trabajadores.
–¿Es un proceso duro de revertir en el futuro?
–Es una preocupación que va a haber que atender muy fuerte cuando cambie la sintonía del Gobierno nacional en el próximo gobierno peronista, si ese fuese el resultado en las elecciones de 2027. Al no haber un horizonte de trabajo, tampoco va a haber nuevas camadas de estudiantes. Si el país está en una crisis permanente, no es lo mismo que formarse en la década del kirchnerismo, del 2003 al 2015.
–¿Se pueden formar profesionales del sector nuclear con un sentido de soberanía?
–Es una pregunta interesante para hacerse ¿Qué tipo de profesionales forman institutos como el Balseiro en Bariloche? Son muy meritocráticos. Con una formación técnica de excelencia, pero muchas veces escindida del contexto social y de la realidad económica y política de Argentina. Reidel es producto del Balseiro. El INVAP, por ejemplo, está viviendo una suerte de veranito. Es como la niña mimada en términos de haber adoptado la tecnología que se desarrolló en ese sector.
–¿No es una empresa estatal que depende de la universidad pública?
–Si, pero sí hay una preocupación muy fuerte. En 2024 cambió su forma societaria. De Sociedad del Estado pasó a ser Sociedad Anónima. Esto deja una veta o una ventana de que se pueda privatizar en forma parcial o total. No solo se pone en riesgo la soberanía nuclear, por ser una incubadora del sector nuclear. Tiene desarrollo en el área satelital y de radares, para Meteorología y para la Defensa.
–¿El Balseiro es otro blanco de las privatizaciones?
–Si se pierden esas capacidades o se privatizan, hay que ver qué sucede. El panorama no es alentador. Esto puede profundizarse. Hubo intentos en las últimas semanas por parte del peronismo de sacar una ley que blinde al sector nuclear. No tuvo curso. Hay que ver qué sucede con esta nueva composición en el Parlamento. Y también cómo se reorganiza el sector de los trabajadores. Hay sindicatos con mucha historia de lucha, como Luz y Fuerza. Hay que ver cómo se posicionan para frenar una embestida del Gobierno en términos de la venta de activos nucleares.
–¿Qué otra iniciativa se puede tomar para proteger al sector de la energía atómica?
–Una alternativa podría ser que la Provincia de Buenos Aires explore hacerse del 44 por ciento de las acciones de Núcleoeléctrica. La provincia bonaerense alberga casi el 70 por ciento de las instalaciones nucleares del país. Hay que ver cómo el Gobierno provincial podría intervenir. Desde el sector trabajador, seguramente, va a haber resistencia.