Marisa Graham, Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación, dijo estar de acuerdo con las auditorías a comedores y merenderos, en una entrevista con Y Ahora Qué? Pero afirmó que se vulnera un derecho cuando se impide una ingesta «por lo menos diaria». Les preocupa la falta de presupuesto para la niñez en las provincias, los recortes en medicinas, la parálisis de obras escolares y la ludopatía.
Dice que nadie de buena fe se puede negar a una auditoría. Que ningún político o un dirigente barrial honesto pueden rechazar que se investigue el uso de fondos públicos. Lo que no se debería, en el caso de un comedor popular, es interrumpir el envío de alimentos. Una cosa es el hambre de justicia y otra, muy diferente, el hambre, a secas. De problemas de esta índole se ocupa la Defensoría. Es una institución de derechos humanos, independiente, autónoma, autárquica y «profundamente federal», como lo indica Marisa Graham. La abogada fue designada por concurso y asumió en 2020, al borde de la pandemia, por decisión del Congreso nacional. El puesto fue creado por ley en 2005 para garantizar la Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
–¿Afectan las políticas del gobierno a infancias y adolescencias?
–Evidentemente siempre hay cosas que preocupan. En relación a derechos de niños, niñas y adolescentes la agenda siempre es vastísina.
–¿Qué le preocupa a la Defensoría?
–En este momento nos preocupa, fundamentalmente, el tema del presupuesto. Es la ley de las leyes. Y las políticas públicas se ven en el presupuesto.
–¿Y cómo las ven?
–Vemos que se tiene un presupuesto del 2023, prorrogado al 2024, pero con altos niveles de inflación. Ya veníamos arrastrando inflación del gobierno anterior.
–Se agravó después de la devaluación.
–Hubo aumentos importantes, que nosotros saludamos, de un 100% de la Asignación Universal por Hijo. Entre paréntesis, es un derecho. Es el derecho a la seguridad social que tienen infancias y adolescencias por la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. No es ni un programa ni un plan.
–¿Hubo otras mejoras?
–Aumentaron asignaciones familiares de los trabajadores y trabajadoras formales. Y la tarjeta Alimentar, que este gobierno duplicó.
–¿Entonces?
–Pero con la alta inflación de diciembre y de los primeros meses de este año se vieron licuados estos ingresos.
–¿Qué pasa con la comida?
–El gobierno actual decidió cambiar la modalidad de la prestación alimentaria de alimentos secos a comedores y merenderos.
–¿La Defensoría reclamó?
–Nosotros iniciamos una medida cautelar. No porque podamos criticar una nueva modalidad. Ni siquiera la conocemos, no existe.
–¿Qué se pidió concretamente?
–Lo que sí le pedimos, y le seguimos solicitando al Ministerio de Capital Humano, es que mientras transita de una modalidad a otra de la asistencia a merenderos y comedores de alimentos secos, que no se interrumpa la prestación.
–Es lo básico.
–Hay cientos de niños, niñas y adolescentes, y familias, que comen una ingesta diaria. Y esa ingesta viene de allí. De los comedores y merenderos.
–¿Están de acuerdo con las auditorías a comedores?
–Está muy bien que se audite. A nosotros nos parece muy bien que se auditen las políticas públicas.
–¿La Defensoría también lo hace?
–Nosotros nos dedicamos a monitorear y a controlar también esas políticas públicas. Pero mientras se audita uno no puede interrumpir la contraprestación.
–Dar comida mientras se investiga.
–Se trata, nada más y nada menos, de que a través de las políticas públicas se cumpla con los derechos de esos niños. Los derechos a un alimento sano, oportuno, de calidad.
–¿Están vigentes los planes federales?
–El IEF es el plan de Investigación Educativa Federal. Es una línea de trabajo propuesta desde la Coordinación de Investigación y Prospectiva Educativa. Hubo un aumento muy importante en relación a la prestación dineraria.
–¿Los conforma?
–Es que, por el otro lado, también nos preocupa porque aparece como una contradicción.
–¿Cuál?
–Que lo que era la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la SENAF, haya bajado de jerarquía. Hoy es la Subsecretaría de Políticas Familiares.
–Hay áreas estatales en vías de desmantelamiento.
–Ha habido una gran cantidad de despidos de lo que era la SENAF. Más de 300 personas. Muchas de ellas profesionales, dedicados y dedicadas, durante casi 20 años, a las políticas de infancia.
–¿Y en los Centros de Referencia para calidad de vida?
–También. Los centros de desarrollo, de referencia, también fueron diezmados. Con muchos despidos. Algunos fueron cerrados en algunas provincias.
–Es fuerte la poda de fondos a provincias.
–Las provincias no reciben fondos más allá de la coparticipación. Recordemos siempre que tenemos un presupuesto prorrogado. Hoy es la mitad de lo que teníamos el año pasado.
–¿No llega otra ayuda estatal?
–A las provincias no les está llegando otro tipo de prestaciones. Era dinero que descentralizaba el gobierno nacional. Es el afán de mantener el déficit cero. Las provincias están debilitadas.
–¿Qué pasa con los Defensores provinciales?
–Estamos trabajando mucho con Defensoras y Defensores provinciales. Lo hacemos en las provincias de La Pampa, Córdoba, Misiones, Santiago del Estero y Santa Fe.
–¿Qué situación relatan?
–Nos cuentan que para ellos es grave que se haya desvinculado a tanto personal de la ex SENAF. Es algo central trabajar en territorio en esas provincias. Algo parecido pasa con la DATSE, la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales.
–¿No llegan medicinas?
–La DATSE proporcionaba a niños, niñas y adolescentes, medicamentos extremadamente costosos. O tratamientos costosos. También a personas mayores pero no son de nuestra incumbencia institucional.
–¿A qué hospitales afectó?
–Al Hospital Garrahan. O al Hospital de Niños. Ambos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
–¿Qué hizo la Defensoría?
–Tuvimos que iniciar una medida cautelar para solicitar judicialmente que se cumpliera. Fue en el caso de un niño con tratamiento por cáncer.
–¿Lo lograron?
–Finalmente, después de dos meses, conseguimos que apareciera la continuidad de los tratamientos.
–Hay cambios drásticos.
–Estamos con problemas en relación a como ha reacomodado la institucionalidad el nuevo gobierno. La prórroga del presupuesto. Y con algunos casos graves. Hay casos como algunas partidas de educación que tienen ejecución del 6% o de 0%.
–¿Las provincias pueden aguantar los recortes?
–Las principales preocupaciones tienen que ver con cómo se federaliza el presupuesto nacional. Hay que tener en cuenta que el 70% del presupuesto destinado a niñas, niños y adolescentes los ejecutan las provincias.
–¿A qué instrumento financiero apelan?
–Están poniendo de su propio presupuesto. Pero va a haber un momento en que ya no va a alcanzar. En Salta, por ejemplo, los niños wichis van a empezar a tener problemas. Hasta ahora lo viene resolviendo la propia provincia. Pero en algún momento eso se va a terminar.
–¿Hay sostén privado?
–Están sobreviviendo con donaciones tanto de UNICEF, entidad para la infancia de Naciones Unidas, como de empresas privadas. Hasta ahora contaban con el aporte del Estado nacional. Incluso con el Fondo de Incentivo Docente, el FONID, un porcentaje para los salarios de docentes.
–Que fue eliminado.
–Y venía desde el año 1994, de las protestas docentes con la Carpa Blanca. Para provincias implicaban un desahogo importante. Si no pueden cumplir con eso, vamos a tener problemas con los docentes.
–¿La Defensoría lo habló con los gremios docentes?
–Lo hablamos con ambos gremios, tanto con los privados de SADOP como con la central, la CTERA. Nosotros vamos a abogar por escuelas abiertas. Con niños, niñas y adolescentes en la escuela. Que se cumpla con los 190 días de clase que se consensuaron en el Consejo Federal. Que también haya docentes bien pagos. Que puedan hacer que nuestros niños, niñas y adolescentes aprendan más y mejor. De eso se trata nuestra tarea.
–¿Cómo afecta la suspensión de obra pública?
–Implica que muchos centros de desarrollo infantil o jardines de infantes u obras de infraestructura en escuelas, queden a mitad de camino. Implica menor cantidad de infraestructura para la primera infancia y para la escuela primaria.
–¿Y la idea de bajar la edad de imputabilidad penal?
–Son solamente rumores, comentarios de una reforma de una nueva ley penal juvenil.
–¿Se opondrían?
–Estamos de acuerdo en que tenemos una ley que es de la dictadura. No se adecua a la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay algunos estándares que hemos publicado con los defensores provinciales y con otros organismos como la Defensoría General de la Nación, la Procuración Penitenciaria, la Asociación de Magistrados y Magistradas.
–¿Cuáles estándares?
–Una nueva ley tiene que tener estándares mínimos que no podrán ser violados ni violentados. Pero yo no opino todavía porque no conocemos este proyecto del que hablan ministros del gobierno.
–No se conoce la letra.
–No vamos a opinar hasta tener un texto. No podemos hablar sobre una hoja en blanco. Vamos a dar una opinión técnica cuando tengamos el anteproyecto frente a nuestros ojos.
–¿Qué pasa con la infancia en la era digital?
–Hemos sido convocados a una mesa de análisis por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Hay temas que tienen gran preocupación para él y también para nosotros. Son las infancias y adolescencias en los entornos digitales.
–Un dilema contemporáneo.
–Hay un tema con el tiempo que pasan en los entornos digitales. La cuestión de la soledad. El tema de la sobreexposición que, a veces, hacen los adultos de los cuerpos de sus niñas, niños, hijos, hijas, nietas y nietos.
–¿Y la pasión por las apuestas?
–Está la ludopatía. Una adicción. No sólo al aparato (digital) sino a las apuestas en línea. Las que hacen adolescentes tanto en los casinos virtuales legales y también en redes ilegales.
–¿Lo van a hablar con el ministro?
–Vamos a participar en la mesa para ver cómo abordamos este problema con las escuelas. Trabajar con los chicos y sus cuidados en los entornos digitales.
–En síntesis ¿qué se puede esperar de la Defensoría?
–Estamos monitoreando. Estamos auxiliando y ayudando a algunas provincias. Y también con algunas partes colaborativas con sectores del gobierno nacional que nos convocan para alguna tarea en común.