Con independencia de lo que finalmente ocurra entre el Gobierno y el Fondo, en el presente estado de cosas puede avecinarse un colapso cambiario, porque el gobierno no logra acumular reservas a pesar del cuantioso superávit comercial que genera la economía argentina en este momento. Y tampoco concibe una salida ordenada.
La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos produjo un interés en los análisis orientados a dilucidar los posibles impactos de su retorno a la Casa Blanca sobre la Argentina. Muchos de éstos ponen la atención sobre la relación con el Fondo Monetario Internacional, y la potencial realización de un nuevo acuerdo que contemple desembolsos por parte del organismo internacional. Algo que se evoca recurrentemente en los panoramas que describen las aspiraciones del gobierno nacional, a veces con dudas al respecto de su concreción.
Habitualmente se considera que con Trump es más factible que se alcance frente a lo que hubiese sido con Kamala Harris. Y que de por sí el gobierno argentino mantiene cierto respaldo por parte de los capitalistas internacionales. Este conjunto de condiciones pareciera dar mayor peso a la presunción de que en un momento cercano el FMI aportará fondos para que el gobierno reformule un esquema cambiario sin los controles actuales, y en segunda instancia apuntale el crecimiento económico.
Plantear las cosas de esta manera implica soslayar el análisis de intereses estructurales más concretos que son los que explicarían en función de cuáles son los objetivos por los cuales el FMI estaría interesado en financiar a Argentina. Finalmente debería establecer si un acuerdo es posible. Por otra parte, su importancia o sus efectos no pueden analizarse sin evaluar su vínculo con las políticas económicas desplegadas por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo.
El préstamo de 2018
Cuando el FMI intervino en 2018, el gobierno argentino estaba atravesando una situación crítica por la salida de capitales que provocó su propio endeudamiento. Éste era desmesurado de por sí, por lo que afrontar una sangría de esas proporciones hubiese sido imposible.
Mediante la colocación de instrumentos financieros emitidos por el Banco Central (las famosas Lebacs) se acrecentó la capacidad de los inversores de comprar divisas, sin ninguna restricción por entonces. Por otro lado, el problema no solamente fue de magnitud, sino que además por la apertura comercial en ciertos sectores entre los cuales se destacó el automotriz, el gobierno tendió a deteriorar el resultado del comercio exterior alcanzado por Argentina que ya desde 2014 no pasaba por sus mejores épocas.
Recordemos que la única manera en la que un país puede volverse acreedor del resto del mundo o revertir su condición de deudor, es mediante el superávit del comercio exterior que le permite hacerse de divisas que no se utilizan en sus operaciones corrientes.
Es decir que por una parte la salida de capitales era una amenaza significativa, y por otra el gobierno no generó condiciones de estabilidad macroeconómica para contrarrestar la crisis que su propia iniciativa estaba incubando. La intervención del FMI, con sus célebres 45 mil millones de dólares, no consistió en un “préstamo político” para que la administración presidida por Mauricio Macri no cayera en saco roto. Se trató de un salvataje para los bancos y los fondos de inversión del exterior primordialmente norteamericanos.
Las tensiones sobrevienen cuando, ante la concreción de un préstamo, el gobierno argentino intenta utilizarlo para fines de supervivencia. Esos fines implicaban la prolongación del esquema macroeconómico que requiere el auxilio del FMI. Fue el caso con Luis Caputo en 2018. No se propuso cancelar el mecanismo de salida de capitales. Intentó minimizar el impacto sobre la economía argentina y, se sospecha con razones plausibles, continuar favoreciendo los intereses del sector financiero.
Los acreedores en la actualidad
En la actualidad ocurre algo similar. El FMI insiste en sus comunicaciones en la necesidad de modificar la configuración que le permitió al gobierno estabilizar el tipo de cambio, y con eso la variación de los precios. Por otro lado, si se le prestan fondos es porque se supone que se afrontará algún tipo de presión en las reservas del Banco Central.
En el caso de que esta presión responda a la estabilización del tipo de cambio “libre”, para el FMI es más conveniente forzar un ajuste sobre la economía que comprima las importaciones que son inversamente proporcionales a la actividad económica. De esta manera, el tipo de cambio llegaría a su nivel “de equilibrio” que puede sostenerse de manera autónoma dadas las condiciones funcionales de la economía argentina.
Sin embargo, para el gobierno ese escenario entraña un costo porque significa que hasta que el tipo de cambio se estabilice, sobrevendrá una devaluación que la jerga macroeconómica habitual denominaría en este caso corrección cambiaria, con sus consabidas repercusiones políticas y sociales que en lo inmediato se superponen con un año de elecciones.
Es por eso que el gobierno se muestra plenamente reticente a abandonar los controles, mientras que el FMI hace públicos sus reparos con financiar lo que se puede caracterizar como una ineficiencia de la administración cambiaria prolongada por razones oportunistas. Ante esta tensión de intereses completamente antagónicos, ¿cuáles serían las bases para un acuerdo?
La respuesta es la misma que en 2018: los acreedores externos. Más allá de la salida de capitales, existen vencimientos formales que se acumularon por los préstamos otorgados, y fueron renegociados durante el gobierno del Frente de Todos por la gestión encabezada por Martín Guzmán, el primer ministro de Economía.
Además se hacen presentes litigios que el país mantiene desde un tiempo atrás y que los acreedores reflotan cuando encuentran condiciones favorables. El diario británico Financial Times publicó el 5 de noviembre una nota con el sugerente título Litigation ‘tsunami’ breaks over Argentina’s President Javier Milei. En ella se da cuenta de que, aunque en público se sostenga que el gobierno pretende pagar la totalidad de la deuda externa, en conversaciones reservadas es frecuente la advertencia de que se intentará preservar los recursos del país en materia de reservas internacionales.
La estimación es que las deudas bajo discusión ascenderían a un valor de 31 mil millones de dólares sin intereses, aunque el gobierno replica que de esa cifra aún se encuentra en discusión 12 mil millones. Por otra parte, en enero y junio de 2025 se concentran 5 mil millones de dólares en los dos meses, adeudados a tenedores de bonos.
Colapso cambiario
Independientemente del tono que puedan adquirir relatos interesados, lo cierto es que entre los juicios y los vencimientos acumulados los acreedores tienen derechos sobre los cuales presionar. No significa que sea una prioridad del FMI o del gobierno de los Estados Unidos satisfacer sus aspiraciones, pero tampoco puede descartarse. Por esa razón es pertinente incorporar ese factor al análisis del panorama que hace a la macroeconomía y la política local.
Si las razones expuestas hasta aquí son lo suficientemente relevantes como para que se alcance un acuerdo, es factible que el FMI acceda a concederle al gobierno un préstamo que no solo contemple el pago de la deuda, sino también un uso discrecional de los fondos para la preservación del tipo de cambio con motivaciones políticas de corto plazo. De lo contrario, el segundo no tendría razones para interesarse, porque el préstamo representa el costo inmediato de llevar adelante el ajuste que se intenta retrasar.
A la inversa, si estos grupos de presión no resultan lo suficientemente relevantes, al menos en lo que respecta al pago de la deuda externa no habría incentivos para que el FMI le conceda un nuevo préstamo a la Argentina. Por el contrario, eventualmente podría empujar a la Argentina a reprogramar sus vencimientos y adelantar el desarme de los controles cambiarios, en contradicción con el interés del oficialismo.
Con independencia de lo que finalmente ocurra, en el presente estado de cosas se avecina un colapso cambiario, porque el gobierno no logra acumular reservas a pesar del cuantioso superávit comercial que genera la economía argentina en este momento, ni concibe una salida ordenada de la forma de administración que se lo impide. Y en la medida en la que los ingresos de la población se recuperen, como continuación del aquietamiento de los precios, también lo hará el nivel de actividad, lo que traerá aparejadas presiones sobre las reservas. El préstamo del FMI no determina el desenlace, sino cuándo y cómo se manifestará. Ése es un resultado necesario de la política emprendida por Milei y Caputo.
El análisis propuesto hasta aquí puede malinterpretarse como un fundamento de la tesis, pueril y diluida en este momento, de que ineludiblemente la política económica perseguida por el Presidente conducirá a un estallido social que abrirá las puertas a una alternativa opositora.
Bien por el contrario, la vaguedad de la oposición agrava la coyuntura, porque provoca una falta de penetración política que conduce a la apatía por parte de la población. Y le allana al oficialismo el camino para su consolidación, siempre que pueda ser exitoso en conservar las condiciones que propicien una recuperación moderada de la economía en el próximo año. Así sea en la forma de una alianza con el PRO, que es lo que cabe esperar si no se avizoran amenazas sobre el gobierno nacional.
La irrupción de una adversidad económica resultante en una crisis política, con una oposición impotente, daría lugar a una anomia que ante la falta de ideas y de liderazgos no tendría por qué ser de rápida superación. Si persisten los niveles de frivolidad de estos días, para la población argentina la permanencia larga dentro de una ciénaga es un horizonte posible, para nada exagerado.