Olmos Gaona: “El presupuesto 2026 contempla nueve veces más fondos para pagar deuda externa que para Salud y Educación”

Para el historiador especialista en el estudio de la deuda externa, Alejandro Olmos Gaona, “la deuda argentina, hoy de 460 mil millones de dólares, ha dejado nada más que deuda, pura especulación y fuga de divisas”. Aseguró que, si fuera por él, “propondría hacer un default general, investigarla y empezar a negociar con cada acreedor para saber cuánto hay de deuda espuria y cuánto de deuda real a pagar”. En esta entrevista con Y ahora qué? aporta sus sugerencias para los eventuales candidatos presidenciables rumbo al 2027.

–Si el plan de Milei fuera exitoso, ¿por qué tendríamos que estar recurriendo a los Estados Unidos a tal punto que Trump haya afirmado que nos estamos muriendo como país? 

–Precisamente, como el plan no es exitoso, hemos tenido que recurrir primero al Fondo Monetario Internacional (FMI) y ahora a Trump. Además, esto es una cuestión absolutamente recurrente, porque conozco bien todas las cuestiones de la deuda del pasado y siempre ocurrió lo mismo. En el 2001 tuvimos un blindaje, no de veinte mil, de cuarenta mil millones de dólares durante la gestión de De la Rúa. A partir de ahí las declaraciones aseguraban que habíamos salido de los problemas, que vamos al éxito, pero bueno… vino un derrumbe por el que hubo que llamarlo a Cavallo, en la época de la Alianza, con poderes extraordinarios y que, por el megacanje de títulos aumentó la deuda en casi cincuenta mil millones de dólares por la tasa desmesurada de intereses. Después vino Macri con el salvataje del FMI del 2018, con el stand-by en junio, que fracasa y hay que ampliarlo en octubre y que ya sabemos cómo terminó. Y ahora es exactamente lo mismo porque Trump no es un filántropo. Todavía no sabemos qué exige Estados Unidos más allá de decir que estamos muertos o sobreviviendo.

–¿Qué antecedentes existen de un rescate como éste?

–En la Argentina no, el único ocurrió en México -en el Tequila de 1995- cuando le dieron una cifra parecida, pero les pidieron que garantizara la operación con los recursos petroleros de Pemex. Fue importante porque frenó todas las corridas, y al poco tiempo México comenzó a devolver la plata. Al año y pico ya habían devuelto unos ocho mil millones de dólares. Acá, en la Argentina, un rescate tipo swap no ha habido. Sí restructuraciones de deuda con el Plan Brady, en 1992.

–¿Podemos diferenciar algún tipo de deuda externa que ayude a la creación de obra pública para un país con las particularidades del nuestro? ¿Existe una toma de deuda externa que haya servido para crecer?

–Hay que recurrir a la historia. En principio, la deuda que dejó la dictadura de 45 mil millones de dólares, de acuerdo a las pericias efectuadas en la Justicia Federal por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Justicia, y luego por ilustres profesores de finanzas públicas, determinó que la mayor parte de la deuda contraída no había servido absolutamente para nada que tuviera que ver con el sistema productivo. La frase de ellos es: la deuda no tuvo justificación ni económica, ni administrativa, ni financiera. El Banco Mundial, varios años después respecto a la toma de deuda de la dictadura, dijo que el 40% de la deuda se había fugado, el 30% eran intereses de la deuda fugada, y el 30% restante estaba por ahí. 

–¿Qué pasó con esa deuda?

–Esa deuda, que no sirvió para nada, es la que todos los gobiernos constitucionales han refinanciado permanentemente, es decir que tomaron nueva deuda para pagar esa deuda vieja que no había dejado nada en la Argentina. Y tan es así que en las declaraciones que hay en la Justicia Federal, en el juicio que inició mi padre -Alejandro Olmos- en 1982, todos dicen que la deuda es para refinanciar la anterior, y así ha sido recurrentemente, con el agravante que yo debo ser el único loco que menciona que la mitad de la deuda pública que se dejó en 1983, es decir la de la dictadura, era de empresas privadas.

–Estatizada, entre otros, por Domingo Cavallo al frente del Banco Central.

–Cavallo y el anterior presidente del Banco Central, Egidio Ianella. Y la terminó de redondear Julio González del Solar durante la presidencia de facto de Reynaldo Bignone. Esa deuda de empresas privadas empezó a ser investigada por el primer ministro de Economía de Alfonsín, Bernardo Grinspun. Pero al año y cuatro meses tuvo que irse y la investigación la tiraron a la basura porque había demostrado que la mayor parte de esas deudas de las empresas no eran reales, sino que habían sido creada ficticiamente para beneficiarse. Esa auditoría, que tiraron a la basura, pude reconstruirla por conocer a los auditores, por llevarlos a declarar a Tribunales, porque entregaron los documentos duplicados del informe que habían presentado al Banco Central. 

–¿Para qué fue usada?

–¿Qué es lo que ha dejado la Argentina esa deuda que hoy, entre pública y privada, es de 460 mil millones de dólares? Nada más que deuda, pura especulación y fuga. Excepto la deuda con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que en algunos casos sirvieron para algún proyecto de desarrollo, lo demás, cero.

–Y pensar que Cavallo sigue hablando como si nada hubiera hecho al respecto, ¿no?

–Por supuesto, da cátedra, como da cátedra Luis Caputo, aunque ha disminuido sus expresiones -que siempre han sido fallidas-. Lo cierto es que hay una deuda espuria y fue refinanciada permanentemente. Ahora recuerdo que, en 1893, en una de las grandes crisis argentinas, el Ministro de Hacienda Juan José Romero, del presidente Luis Sáenz Peña, además de pedir una moratoria de 10 años para pagarla, las instrucciones que dio eran que ni se les ocurriera pedir nuevos créditos para pagar deuda vieja, porque eso era ir derecho a la bancarrota. Eso, advertido en 1893, es lo que han hecho todos los gobiernos desde 1983 hasta hoy.

–¿Y qué hacemos con los dirigentes políticos que no tienen en cuenta este tipo de consideraciones?

–No sé qué hacer. Muchas veces me he sorprendido porque ellos autorizan la emisión de deuda en el presupuesto, y se supone que tienen todo estudiado. Entonces me pregunto: ¿por qué hacen esto? Pero después, a través de reuniones que sostuve con senadores, diputados y funcionarios, me di cuenta de que no tienen la menor idea de lo que ha sido la deuda, de cómo se contrajo, de la deuda privada y de lo que significan estas refinanciaciones perversas donde siempre hay acumulación de intereses y supuestos proyectos para salir adelante. 

–Ahora tendría que discutirse la Ley de Presupuesto para el año que viene. 

–Mirando el presupuesto 2026 que mandó el Gobierno al Congreso Nacional para que se discuta, hay destinados 958 mil millones de pesos para salud, 860 mil para educación, 11 mil millones para vivienda, un billón para ciencia y tecnología y 14 billones de pesos para pago de intereses de la deuda. Es decir que para pago de intereses de la deuda hay nueve veces más que para salud y para educación. 

–¿Qué recomendaría a los potenciales presidenciables para el 2027 sobre cómo mirar la deuda externa? ¿Qué tendrían que pensar diferente de lo que se ha hecho hasta ahora en democracia?

–Primero, propondría hacer un default general de la deuda, investigarla y después empezar a negociar con cada acreedor para saber cuánto hay de deuda espuria y cuánto de deuda a pagar. Y digo esto porque cuando se negoció con los fondos de inversión en el 2020, nadie supo de quién son los títulos que tienen esos fondos. A través de una investigación que hizo el fiscal Federico Delgado -ya fallecido- se determinó que una enorme cantidad de funcionarios públicos tenían títulos de la deuda. O sea que los funcionarios aprovecharon la coyuntura para comprar títulos. 

–¿Quiénes?

–Mario Quintana, vicejefe de Gabinete del Presidente Macri; Santiago Bausili, presidente actual del Banco Central; Luis Caputo, entonces ministro de Finanzas y actual ministro de Economía… Eso sería una manera de señalar a los que negocian esto. En segundo lugar, decirles a los muchachos que nos transfirieron la deuda privada que la Argentina no se puede pelear con todos los acreedores internacionales, pero que ellos, que están en la Argentina, que operan en la Argentina, que tienen empresas florecientes y un montón de plata que han transferido al exterior -porque en algunos casos lo han declarado- y como la Argentina ha pagado una deuda que no le correspondía pagar, porque era de ustedes, tendrían que devolverle ese dinero al pueblo argentino. Decir esto puede sonar como un delirio, pero tengo la experiencia de Ecuador, donde fui auditor de la deuda ecuatoriana y luego asesor del entonces presidente Rafael Correa, y ahí vimos que esto podía hacerse. Los economistas dijeron: “¿cómo va a repudiar la deuda, Correa? Tiene que negociar, tiene que volver a pagar”. Pero decidimos impugnar todo. Y si Correa hubiera tenido el apoyo de los países latinoamericanos -que no lo tuvo- podría haber hecho un desastre y mostrar internacionalmente lo que habían sido las amenazas, las extorsiones y las presiones que atravesó. No lo logró porque no tuvo el apoyo de nadie, pero consiguió una rebaja del 70% cash de la deuda.

–¿No tendría temor de que busquen desacreditarlo como un modo de negar toda posibilidad de negociación si adoptase esa postura?

–El otro día una gran amiga me dijo que le preguntó a un grupo de Unión por la Patria que maneja temas de economía. Le dijeron que yo era muy radical en mis propuestas. Claro, soy radical, no respecto al partido, pero sí a las propuestas. Pero los que no son radicales en sus propuestas han llevado de los 45.000 millones de dólares de la dictadura a pagar unos 460.000 millones durante 40 años. Esa es la realidad económica de los economistas que no son “zurdos” o radicales, de los derechistas, y, de toda la dirigencia política. 

–¿Puede darnos un ejemplo, al menos, de este tipo de estos casos?

–Recuerdo una frase de la obra Brand, de Henrik Ibsen, donde -cuando alguien dice lo que otros no dicen- creen que en un pueblo están todos locos, el cuerdo es el aparece como loco. Bueno, yo he investigado el tema, he presentado pruebas a la justicia, he visto como un procurador del Tesoro de la Nación -que no es otra cosa que el abogado del Estado argentino- emite un dictamen diciendo en un contrato de deuda que ese contrato responde a leyes argentinas. Y sobre ese dictamen he podido determinar y lo presenté a la Justicia y lo publiqué, que no fue hecho por el procurador. Lo mandaron del City Morgan y el City Bank, en inglés, al Ministerio de Economía. Allí se tradujo, lo enviaron a la Procuración del Tesoro y el procurador firmó un dictamen hecho por los abogados de los acreedores. Lo que significa no solo el incumplimiento de sus funciones sino un delito de falsedad ideológica.

–¿Quién era y en qué gobierno?

–En el gobierno de Carlos Menem, 1992. Hablo de un ilustre constitucionalista, y miembro de la Convención Constituyente de 1994: Alberto García Lema.

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