Un dossier elaborado por la Sociedad Argentina de Bioética y Derechos Humanos y la Federación Argentina de Medicina General y Equipos de Salud analiza los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) No 70/2023, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en diciembre de 2023, sobre el sistema de salud argentino. El informe sostiene que, una vez llevado a la práctica, el DNU produjo una reconfiguración regresiva del sistema sanitario argentino afectando la equidad, la soberanía sanitaria y el acceso universal a la atención de salud.
El trabajo está compuesto por un prólogo, una presentación y diez capítulos, que se reseñan a continuación. También puede descargarse el PDF completo aquí.
1 Un cambio de paradigma: del derecho a la salud al mercado
El DNU 70/23 reconfiguró el rol del Estado al desplazar su función de garante del derecho a la salud hacia un esquema de autorregulación mercantil. El resultado fue una transferencia de costos hacia la población y un debilitamiento de la capacidad estatal para planificar, coordinar y sostener políticas públicas en materia sanitaria. El decreto y las políticas que lo acompañan generaron una reducción del gasto público, un incremento del gasto de bolsillo de la población y la desarticulación de programas federales.
Así, el sistema sanitario argentino —ya fragmentado y con desigualdades históricas— ingresó en un proceso de desfinanciamiento, pérdida de capacidad institucional y deterioro de los servicios esenciales. Bajo la lógica de ajuste fiscal y la desregulación económica se promovió la transferencia del control estatal a actores privados. En el ámbito sanitario esto implicó una mutación de paradigma: del Estado social que protege derechos a un Estado neoliberal que los condiciona al equilibrio fiscal, con lo que se provoca un proceso de regresión social, con pérdida de equidad territorial y vulneración de derechos adquiridos.
2 Efectos sobre el financiamiento
El informe destaca una reducción drástica del gasto público nacional en salud acompañada por un aumento del gasto de bolsillo de los usuarios. La eliminación o subejecución de programas nacionales —como el Plan Remediar, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva o el Calendario Nacional de Vacunación— generó desabastecimiento, suspensión de tratamientos y pérdida de cobertura sanitaria en sectores vulnerables de la población.
El desfinanciamiento de políticas federales golpeó especialmente a las jurisdicciones con menor autonomía fiscal, en particular las del norte argentino, donde se registraron dificultades para sostener prestaciones esenciales. Las obras sociales sindicales y el PAMI enfrentaron una mayor demanda sin aumento de aportes, derivados de la precarización laboral, agravando la crisis de sostenibilidad del sistema.
3 Impacto en los hospitales nacionales
El DNU tuvo consecuencias directas en los hospitales nacionales de referencia, entre ellos el Hospital Posadas, el Hospital Garrahan y el Hospital Laura Bonaparte.
◘ En el Posadas, se registraron subejecución presupuestaria, reducción de personal y deterioro de la infraestructura. La precarización laboral y la falta de insumos impactaron directamente en la atención, afectando la capacidad asistencial.
◘ En el Garrahan, símbolo de la salud pediátrica argentina, se enfrenta una grave crisis presupuestaria y laboral, que derivó en paros, pérdida de profesionales y riesgo de discontinuidad en áreas críticas. La falta de actualización de partidas, sumada a la inflación, produjo la pérdida de más de 250 especialistas.
◘ En el Laura Bonaparte, referente en salud mental y adicciones, se produjeron despidos masivos, intervención estatal y cierre parcial de servicios, con grave afectación al derecho a la salud mental y al proceso de desmanicomialización.
◘ Estos casos revelan un patrón común: recorte presupuestario, precarización laboral, deterioro asistencial y desprotección de los derechos de pacientes y trabajadores. El informe advierte que el DNU reinstala una lógica de exclusión sanitaria incompatible con la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
4 Impacto en Direcciones y Programas del Ministerio de Salud
El documento expone que la Dirección de Respuesta al VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis y la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) se encuentran sometidas a un proceso de desguace institucional, expresado en el despido de trabajadores altamente calificados y en la suspensión de tratamientos esenciales para pacientes, quienes en su mayoría pertenecen a grupos históricamente vulnerados.
Muestra también que los programas y actividades referidos a la salud sexual y reproductiva han sido objeto de especial ensañamiento: ya no hay presupuesto disponible para garantizar ni la Educación Sexual Integral ni la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Se ha desmantelado prácticamente el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) y la entrega de tratamientos para la interrupción voluntaria del embarazo cayó el 100% en el año 2024.
5 Trabajadores y trabajadoras de la salud
El impacto laboral fue uno de los ejes más graves. El DNU generó un escenario de precarización, congelamiento salarial y pérdida de derechos adquiridos. La combinación de salarios deteriorados, contratos inestables y reducción de planteles derivó en sobrecarga laboral, pluriempleo y aumento de patologías psíquicas como ansiedad y burnout.
El informe advierte sobre los riesgos éticos y asistenciales derivados de esta situación: menor disponibilidad de personal calificado, agotamiento profesional, y deterioro del vínculo entre trabajadores y pacientes. También se señala la crisis en el sistema de residencias médicas, donde los cambios propuestos en materia de contratación y remuneración amenazan la formación de nuevos profesionales.
6 Impacto en el sistema científico y tecnológico
El informe muestra que el cierre o degradación de organismos, la reducción presupuestaria y la desarticulación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación provocaron una caída real del 50% en la inversión en I+D entre 2023 y 2025. Se paralizaron proyectos en el CONICET, INTI, ANLIS-Malbrán y universidades nacionales, con fuga de investigadores y suspensión de becas. La investigación en salud, vacunas, biotecnología y políticas sanitarias quedó sin financiamiento. El informe advierte que el país retrocede una década en indicadores de ciencia y tecnología y que esta regresión compromete la investigación en salud pública, la producción de conocimiento soberano y la capacidad de respuesta nacional ante emergencias sanitarias, epidemias o crisis ambientales.
7 Producción pública de medicamentos y vacunas
Uno de los retrocesos más graves señalados es el debilitamiento de la Producción Pública de Medicamentos y Vacunas (PPMV), política clave para la soberanía sanitaria. Al dejar sin efecto estructuras como la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y recortar presupuestos, el país perdió capacidad para garantizar el acceso equitativo a medicamentos esenciales y vacunas. El desfinanciamiento paralizó líneas estratégicas de investigación en biofármacos, hemoderivados y vacunas, aumentando la dependencia de laboratorios privados y multinacionales, y debilitando el entramado científico-tecnológico nacional construido durante décadas. El informe denuncia que esta política favorece la concentración de la industria farmacéutica y aumenta la dependencia externa, debilitando la soberanía sanitaria nacional.
8 La ANMAT y la lógica de la “motosierra”
El documento dedica un apartado a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), señalando un “cambio de paradigma” hacia la autorregulación empresaria. Ejemplos como el caso del fentanilo contaminado muestran las consecuencias de desmantelar controles estatales, poniendo en riesgo la salud pública. Asimismo, se cuestiona la nueva norma de Buenas Prácticas Clínicas, que adopta estándares internacionales impulsados por la industria farmacéutica (ICH) sin contemplar las particularidades locales ni las garantías éticas exigidas por la bioética y los derechos humanos.
9 Violencia institucional y disciplinamiento social
El dossier vincula el DNU 70/23 con un dispositivo político más amplio que incluye el “protocolo antipiquetes” del Ministerio de Seguridad y otras medidas de represión y criminalización de la protesta social. Según el análisis, estas herramientas operan como mecanismos de disciplinamiento necesarios para imponer el ajuste y acallar resistencias dentro del sector sanitario y académico.
10 Conclusiones generales
El documento concluye señalando que el DNU 70/23 representa un punto de inflexión regresivo en la política sanitaria argentina. La salud deja de ser concebida como un derecho humano universal para transformarse en un bien sujeto a la capacidad de pago. Sus efectos —desfinanciamiento, precarización laboral, pérdida de soberanía sanitaria y científica, y debilitamiento institucional— constituyen un retroceso estructural que amenaza con consolidar un sistema desigual en el acceso al derecho a la salud.
Los autores advierten que la reconstrucción del sistema científico y del de salud llevará años y llaman a los distintos actores sociales a visibilizar la magnitud del retroceso y promover un debate informado sobre el sentido público de la salud, la ciencia y los derechos humanos en nuestro país.