¿Existe burguesía nacional en la Argentina? En todo caso, ¿tiene sentido esa pregunta solitaria? Rafael Prieto va más allá. Sostiene que el impulso al desarrollo es la fuerza que motoriza estructuralmente la creación de una “burguesía nacional”. El Estado, como expresión del interés nacional, es el único capaz de lograr “formar”, a través de las políticas que impulsen el desarrollo, una burguesía de signo “nacional”. Los valores existen, pero no son todo. Exigirle a la burguesía que no quiera ganar más es como militar contra la ley de gravedad, dice. Los ejemplos de EE.UU. y China.
Las discusiones que se abrieron en torno al episodio que tuvo al Grupo Techint como centro del debate luego de que la empresa india Welspun, competidora del holding que conduce Paolo Rocca, ganara la licitación para proveer a Vaca Muerta tubos sin costura, revivió las controversias acerca de la tan mentada “burguesía nacional”.
Es muy común que en ciertos círculos se conciba, como premisa, la existencia de una burguesía nacional como condición necesaria para llevar adelante con éxito un proceso de desarrollo en el país. Se asume como un principio en apariencia inobjetable desde el sentido común. Por lo general, aparece asociado a la idea de juzgar el comportamiento del empresariado por el grado de su conciencia y voluntad – favorable o no – de sumarse al esfuerzo de contribuir al éxito de un proyecto de signo nacional.
Estos argumentos vienen por lo general de la mano de observaciones de índole moral: la exigencia al empresariado, especialmente a los más poderosos, de actuar con un sentido patriótico o, al menos, asumiendo un “compromiso solidario con el pueblo” cuando la situación general del país se torna difícil y llegan los tiempos de las “vacas flacas”. Dicho sea de paso, ésta última es una vieja expresión popular reveladora del papel predominante que supo ocupar en el imaginario social la preponderancia de la producción primaria en sintonía con modelo agro-importador que modeló nuestra economía.
Así, suele juzgarse la conducta de los empresarios bajo el argumento implícito de que sus decisiones deberían estar voluntaria y conscientemente inspiradas en la toma de una posición definida por la condición patriótica que se les exige desde la perspectiva de los intereses del país.
Ese punto de vista, muy frecuente en reclamos proyectados hacia el genéricamente denominado “poder económico” o “poder empresarial”, está presente en buena parte de las discusiones que se desarrollan en el llamado campo nacional y popular.
Lo que a primera vista suena como lógico en ese planteamiento, analizado con cierto detalle deja al desnudo no pocas inconsistencias. En el mejor de los casos, podría decirse que se basa en una interpretación ingenua sobre las causas reales que bajo el régimen capitalista explican las decisiones empresariales. Una ingenuidad que, traducida tanto a la economía como a la política, lleva a cometer no pocas simplificaciones y errores.
La búsqueda del beneficio
Ya los economistas clásicos demostraron que la ley general que explica el comportamiento de la burguesía en la sociedad capitalista es la de la maximización del beneficio. Es decir, hacer circular su capital allí donde se obtenga la mayor tasa de ganancia posible, haciendo abstracción, en última instancia, de si ese objetivo se realiza produciendo o especulando (o mezclando ambas formas a la vez), orientando sus inversiones en línea con el desarrollo nacional o haciéndolo en actividades que, desconectadas de aquella meta, tengan como epicentro los procesos de acumulación que fortalecen a las economías foráneas.
Por ejemplo, volviendo a Vaca Muerta: es lo que ocurre al explotar nuestros vastos recursos gasíferos como una actividad concebida exclusivamente para vender la materia prima al exterior, sin enlazarla como un eslabón del desarrollo de la industria local y, consecuentemente, transformándola en una palanca del crecimiento industrial de otros países y no de la economía nacional.
Por demás, no es que esa “fuerza motriz” que mantiene vivo el espíritu de la burguesía, la avidez por la ganancia, esté reñida con la vocación que los lleva a identificarse con la actividad productiva concreta que realizan. Al fin y al cabo, con la excepción del capital usurario que obtiene su ganancia haciendo dinero de la circulación del dinero, sin descender al terreno de la producción, el capitalista que actúa en la economía real forzosamente se ve obligado a sumergirse de cuerpo y alma en la rama de la actividad elegida para acrecentar su capital. Hay innumerables ejemplos que pueden atestiguar que esa consustanciación, en muchos casos, existe como motivación genuina del empresario que se entrega por completo a la tarea de producir y generar empleo. Pero siempre teniendo como trasfondo, como ley general, la búsqueda del beneficio. De lo contrario, dejaría de ser un empresario capitalista.
Para decirlo en términos básicos: exigirle a la burguesía, en su condición de tal, que deje de actuar motivada por la sed de incrementar la ganancia, por sobre cualquier otra consideración de carácter social o patriótica, sería pretender que deje de ser lo que esencialmente es. Algo así como militar por la cancelación de la ley de gravedad, con todas las consecuencias del caso. Lo cual no quiere decir que no exista una dimensión política que influye sobre las posiciones que asume el empresariado, pero siempre enmarcadas, en última instancia, en aquella regla general.
Más allá de las buenas intenciones, esa dimensión política tiene, las más de las veces, su reflejo en la adopción de posiciones ideológicas que se corresponden con los intereses que resultan del lugar de actuación de cada empresario individual, conglomerado empresarial o rama de actividad.
De allí resulta que el llamado “poder económico”, está plagado de intereses contrapuestos, comenzando por las propias tensiones que devienen de la competencia entre las empresas. Pero no solo de esa competencia, también los que dependen del lugar que ocupan en la estructura de la economía nacional, de su tamaño y escala de mercado, de su posición frente a la exportación-importación, en fin, de la variada cantidad de causas que determinan en qué medida los intereses de una categoría de empresas o grupo empresarial coincidan o no con los objetivos del desarrollo nacional.
Desde esa perspectiva, resulta comprensible que las pequeñas y medianas empresas donde el destino de su producción es fundamentalmente el mercado interno y que reconoce en la inmensa mayoría de los casos la geografía inmediatamente próxima a sus centros de actividad como el espacio de realización de sus ventas, asuman como propia una posición de defensa de un proyecto económico de signo nacional, incluyendo la protección del mercado argentino frente a la importación. Pero también sucede lo propio con los grandes conglomerados empresariales que se desarrollaron y adquirieron escala reconociendo en el consumo interno masivo su principal fuente de demanda.
A la inversa, en el caso de los grandes grupos empresarios, especialmente aquellos que alcanzaron la categoría de compañías transnacionales – y para las cuales la cuota que representa su actividad en la Argentina en relación al total de sus negocios a escala global fue reduciéndose o concentrándose en actividades escindidas del mercado nacional – sus posiciones, naturalmente, aparecen alejadas o (incluso como de hecho sucede en lo pocos casos) en abierta contradicción con el objetivo del desarrollo integrado del país.
EE.UU y China
Los ejemplos que introducen mayor claridad sobre esta cuestión en la actualidad son, tal vez, los de Estados Unidos y China. Nadie puede dudar del carácter “nacional” de la burguesía norteamericana en la etapa de desarrollo de la nación, que llevó a Estados Unidos a la categoría de primera superpotencia mundial. Sin embargo, en el marco del cambio de las políticas promovidas por el propio estado norteamericano, que ahora Donald Trump intenta revertir, muchas de sus compañías multinacionales emblemáticas decidieron, progresivamente, trasladar sus centros de producción al exterior, aprovechando en la mayoría de los casos la mano de obra barata que ofrecían otros mercados. El caso de China, aunque no es el único, por la dimensión que adquirieron las inversiones de capitales de origen estadounidenses, es tal vez el más emblemático.
Entonces, ¿qué sucedió allí? La burguesía “nacional” mantuvo su condición de burguesía, pero cambió de signo. De “nacional” se transformó en “antinacional” desde el punto de vista del interés general del pueblo norteamericano. De ser generadores de trabajo estadounidense pasaron a ser competidores en su propio mercado de origen, inundándolo con productos producidos en otras geografías a costos más económicos y, por lo tanto, contribuyendo a destruir el trabajo nacional. Esto lo dice literalmente el propio Trump.
Es la historia que llevó a la desindustrialización de Estados Unidos al mismo tiempo que, como la otra cara de la moneda, el Estado chino llevaba a cabo, en el marco de un plan rigurosamente diseñado que combinó la planificación estatal centralizada y la libre actuación de las fuerzas del mercado dentro de los límites y las condiciones fijadas por las políticas del propio Estado, su propio programa de desarrollo. Así, la nación asiática logró aplicar una “fórmula” que demostró ser notablemente eficaz e innovadora, al punto de representar una amenaza seria al liderazgo estadounidense.
Ese capital extranjero (norteamericano) se transformó en una palanca fundamental del proceso acelerado del desarrollo nacional de la que hoy se proyecta a futuro como la primera superpotencia. Una experiencia que demuestra que cuando existe una política estatal clara y decidida en cuanto a las prioridades y los objetivos del desarrollo, la inversión externa, siempre ávida de maximizar sus beneficios, bien puede conciliarse con aquella meta.
El problema, en última instancia, es en qué territorio se realiza la valorización del capital que circula en el ámbito de la producción, impulsando la expansión de las fuerzas productivas y creando involuntariamente, desde la mirada sesgada del empresario, las condiciones materiales que hacen posible el progreso social en el marco del capitalismo. Nunca como una concesión graciosa de la burguesía sino como una conquista que surge de la tensión entre el capital y el trabajo, de las negociaciones colectivas y de la intervención del Estado.
Cuando un capital se “deslocaliza”, y pasa de tener su centro de actuación de un país a otro, migrando allí donde obtiene mejores condiciones para maximizar su beneficio, el efecto que produce es el de transformar a su país de origen ya no en un país productor sino en un país consumidor de aquello que ahora produce fuera de su geografía. Ese mismo capital, antes “nacional”, ahora actúa como su antítesis, como capital “anti-nacional”.
Es decir, para llevar el razonamiento a sus extremos: el carácter “nacional” o “anti-nacional” de la burguesía no nace estrictamente de sus “valores” ni mucho menos de sus ideologías. Más bien éstas reflejan a su modo sus intereses concretos. El carácter nacional surge como un producto del contexto en el que desarrolla su actividad, de las condiciones reales, que hacen que sus intereses se mantengan o no alineados con los intereses generales del país. Y, como lo demuestra la experiencia de Estados Unidos, cuando el capital se hace transnacional siempre está latente la posibilidad de que sus intereses entren en contradicción con el interés nacional.
Cuando el proceso de acumulación ampliada del capital de las empresas en cuestión, sean nacionales o extranjeras, se conjuga, gracias al marco fijado por la política del país, con aquellas prioridades de inversión que conducen a desarrollar sus sectores estratégicos y a expandir las fuerzas productivas a escala nacional, esas empresas coadyuvan a fortalecer a la “burguesía nacional”.
Cuando esta relación de conveniencia desaparece y – como sucedió reiteradas veces en el caso argentino – es reemplazada por condiciones que no solo no alientan el desarrollo, sino que lo obstaculizan, reprimen o atentan abiertamente contra el tejido productivo nacional, se abren los cauces para que la valorización del capital se realice por otras vías, como sucede por ejemplo, cuando se privilegian los negocios financieros por sobre los beneficios obtenidos por los capitales en la órbita de la producción. En esas condiciones se invierten los términos de la ecuación.
El papel insustituible del Estado
De todo lo dicho se hace más que evidente que, en un contexto signado por la condición de país periférico o subdesarrollado, aquella confluencia de intereses entre la burguesía y la meta del desarrollo nacional nunca podrá ser fruto de la espontaneidad del mercado. No lo es ahora, ni lo fue nunca.
Hay sobradas evidencias, como lo demuestran innumerables economistas e historiadores, que las naciones que accedieron a esa condición lo hicieron, no como consecuencia de la voluntad de sus propios grupos empresariales, sino por la capacidad que tuvieron los Estados para conducirlos hacia ese objetivo sin vulnerar la ley del beneficio. Aunque sí imponiendo condiciones, ya sea a través de las regulaciones directas fijadas por el propio Estado o, por ejemplo, mediante el arbitrio de negociaciones colectivas que permitieran avanzar en las mejoras de la distribución del ingreso. De ese modo, a través del crecimiento de la ocupación y de los salarios reales, ampliar la escala de sus propios mercados. Sin mencionar, claro está, las conquistas logradas gracias a las luchas de las clases trabajadoras.
El carácter “nacional” de la burguesía surge, en todo caso, no como antecedente ni mucho menos aún como causa inicial del proceso de desarrollo nacional sino, fundamentalmente, como el producto o consecuencia de aquel. Y aun así, siempre se trata de un proceso en constante cambio y transformación que nunca encuentra un “punto de remate”.
Esa “identificación” entre el interés del empresariado y los objetivos del desarrollo está sujeta a que el Estado, a través de sus políticas económicas, demuestre la capacidad constante de mantener viva esa confluencia de intereses no exentos de contradicciones. Exactamente el camino opuesto al que, con las excepciones del caso, los gobiernos vienen recorriendo desde hace décadas en la Argentina. Sobra decir que las consecuencias están a la vista: un país transformado en una “fábrica de pobreza”. Un país que no solo engendró una verdadera catástrofe social sino que, con esas políticas, al contrario de lo que reza la ideología neoliberal, dinamitó el proceso de crecimiento del empresario capitalista.
El impulso al desarrollo es la fuerza que motoriza estructuralmente la creación de una “burguesía nacional”, retroalimentándose con cada nuevo impulso que amplía la diversificación de las actividades productivas y haciendo crecer la dimensión del mercado interno, multiplicando la productividad global de la economía y, por esa vía, logrando que sean más competitivas las empresas nacionales en su proyección exportadora.
A la inversa, las políticas contrarias al desarrollo, que han conducido al país a sucesivos colapsos, empobreciendo a la población y asfixiando a las fuerzas productivas, tienden a provocar una ruptura, cada vez más profunda, de los lazos que unen a la burguesía con el interés nacional. Son generadoras de una cultura empresarial signadas por prácticas que reflejan, justamente, la ausencia del marco que solo el Estado puede crear para lograr que la búsqueda del beneficio por parte del empresario se realice a través de actividades y procedimientos que provoquen, como efecto secundario, una “ganancia social”. Cuando ese marco está ausente, como sucede hoy con las políticas libertarias, no hay que sorprenderse de que en aquellos empresarios que se benefician del actual modelo, afloren las peores “conductas antisociales”.
Para los grandes grupos empresarios es más fácil adaptarse a las condiciones que traban el desarrollo nacional. Lo hacen a través de múltiples vías: trasladando sus actividades a otras geografías, fugando el capital inhibido de reproducirse en el proceso de producción local, apelando a la valorización ficticia, aunque no por ello irreal, de los negocios puramente financieros, transformándose en proveedores privilegiados del Estado, cobrando sobreprecios, entre otros tantos mecanismos. Así, sus prácticas, en la medida que se reiteran, se transforman en causas objetivas que se alinean con las condiciones que profundizan la escisión entre “los negocios” y el progreso de la sociedad.
Pero actuando como causas reales y verificables, como fuerzas retardatarias, esas conductas no dejan de ser al mismo tiempo un síntoma de las trabas y obstáculos derivados de las condiciones macroeconómicas que asfixian el desarrollo de las fuerzas productivas del país y que, por lo tanto, impiden el proceso de acumulación de capital a gran escala en la economía real.
A diferencia de los márgenes de maniobra que poseen las grandes empresas, las pequeñas y medianas en general se enfrentan, en el mejor de los casos, a la perspectiva de vivir en la precariedad de una economía de subsistencia o, como está sucediendo en distintos rubros, convertirse de productores en importadores. En el peor escenario, desembocan en la quiebra. En cualquiera de los casos, son las condiciones impuestas por la política económica del gobierno la que las empuja en esa dirección.
El empresario que de productor se transforma en importador, por esa misma metamorfosis, cambia su posición y – probablemente en no pocos casos – cambie, tarde o temprano, la cosmovisión sobre las que edifica su ideología. Puede que pase de ser un defensor de la industria nacional a convencerse que pensar en “producir todo” en la Argentina es cosa del pasado y que “el modelo sustitutivo de importaciones ya fracasó”, como se repite una y otra vez. Incluso, por su experiencia personal, ante la ola invasiva de productos importados subsidiados, puede dar testimonio del acto suicida que hubiese significado mantener abierta su fábrica, con argumentos por demás incontrastables.
El motivo primordial que lo moviliza sigue siendo, tanto ahora como antes, siempre el mismo: sobrevivir como empresario y, por supuesto, lograr la mayor rentabilidad posible para que su capital rinda sus frutos, la regla de oro que impulsa la racionalidad capitalista. Pero desde el punto de vista del interés del país las cosas son diferentes. Los efectos de esa “conversión” no se miden con la misma vara. Porque si bien en cualquier economía es natural que florezcan empresarios dedicados a la importación, en el marco del proceso de desindustrialización que vive la Argentina esa “conversión” es síntoma no de un movimiento expansivo de la economía sino de su retroceso.
En este caso, una cosa es que la maximización de su ganancia sea alcanzada por el capitalista en su rol de “empresario-productor”, y otra muy distinta que, perdiendo esa condición, lo haga como “empresario-importador”.
Esa metamorfosis, por decirlo así, tiene consecuencias directas sobre el entramado productivo y social que resulta de una u otra “posición”. Como lo vemos a diario cuando un empresario se “reconvierte” y se dedica a vender a su propia clientela los bienes importados con los que antes se enfrentaba en su condición de fabricante nacional, es decir de productor, lo que sucede es que el “efecto multiplicador” que antes se proyectaba a nivel local, una vez devenido en importador, los traslada a los centros de producción localizados en el exterior.
Antes pagaba salarios de trabajadores, argentinos o extranjeros radicados en el país, que, a su vez, gastaban sus ingresos tonificando una demanda que servía para retroalimentar la actividad de quienes la cubrían con sus ofertas. Y así se expandía en el mercado local el efecto multiplicador generado por ese entramado de relaciones productivas y de trabajo.
Ese mismo empresario, mientras mantenía en movimiento su fábrica, enfrentaba la competencia de bienes importados en su condición de “empresario nacional”. Como fabricante de bienes nacionales, la valorización de su capital suponía hacerlo circular por la órbita de la producción, generando según sea el caso los efectos multiplicadores, directos e indirectos, conocidos: consumo de medios de producción, insumos, servicios, materias primas y fuerza de trabajo.
Es decir, los “ingredientes” que cada proceso de producción, de acuerdo con su rama de actividad específica y a su nivel de dotación tecnológica, tienen que ser forzosamente combinados en sus justos términos para lograr el producto antes de lanzarlo a la circulación, momento en el cual el capital realiza su ganancia materializada en dinero, para volver a inyectarlo una y otra vez, si las condiciones así lo permiten, al circuito de la producción.
Ahora bien, ¿qué sucede al transformarse en empresario-importador? Todos los efectos multiplicadores que se proyectaban, fundamentalmente, hacia el entramado productivo nacional se desvanecen y se trasladan hacia los centros de producción localizados en el exterior. Así, forzado por las condiciones económicas imperantes, la actividad de nuestro empresario, que mantiene su condición de tal, pasa a transformarse en un eslabón comercial de una cadena que alimenta el proceso de acumulación de capital, de generación de empleo y de pago de salarios de trabajadores radicados en otros países.
Así como en determinadas condiciones el capitalista puede representar un rol que lo integre o identifique con el concepto de “burguesía nacional”, bajo otras condiciones distintas, ese mismo capitalista que se había puesto el traje de “empresario nacional” bien puede actuar cumpliendo un rol opuesto, en tanto las condiciones lo lleven, forzado por las circunstancias, a articular su negocio asociándose a intereses contrarios al desarrollo del país. Y viceversa, como ocurrió con los casos de EEUU y China.
De allí que el desarrollo no sea una meta que una vez lograda queda fijada para siempre. Es más bien un proceso vivo de ampliación progresiva de las fuerzas productivas y de la acumulación a escala nacional, que se abre camino a través de la superación de tensiones y contradicciones constantes que solo el Estado, como representante del interés general, puede conducir hacia buen puerto. En ese proceso, y solo en el curso de ese proceso, es donde existe la posibilidad cierta de que triunfe la lucha por la justicia social.
Dicho de otro modo: el Estado, como expresión del interés nacional, es el único capaz de lograr “formar”, a través de las políticas que impulsen el desarrollo, una burguesía de signo “nacional”. Lo cual pone en evidencia la magnitud del desafío político que enfrenta el país. Porque hoy el Estado, en manos de Milei, funciona como un instrumento al servicio de un proyecto opuesto al del desarrollo: desarticular las bases de nuestra economía con el propósito, ya difícil de ocultar, de consolidar en el país un modelo extractivo, limitado a la exportación de materias primas y algunos nichos industriales, que al mismo tiempo tiene el efecto de profundizar el proceso general de desindustrialización al que desde hace años está sometido el país.
De allí que el objetivo primordial, desde el punto de vista político, sea para las fuerzas del campo nacional recuperar el gobierno del Estado para transformarlo nuevamente en el instrumento de la reconstrucción económica y social de la Argentina. Y como parte de ese objetivo demostrar la capacidad de revisar en un sentido crítico y autocrítico las propias experiencias del pasado para no recaer, como tantas veces ha sucedido, en los mismos errores.
