Para el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra, la reformulación del sistema de los servicios de inteligencia argentinos termina con “la magia de la institucionalidad porque las instituciones no funcionan si los derechos son demolidos”, según aseguró en diálogo con Y ahora qué?
El último día de 2025 el Gobierno emitió el DNU 945/25, ya comentado en Y ahora qué? de inmediato. Modifica el sistema de inteligencia nacional sin deliberar ni considerar el ámbito parlamentario. El constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra lo relaciona con otros DNU. Y dice: “Hay gente que no termina de entender cuál es el riesgo de esta situación”.
–Usted viene criticando el uso de los decretos de necesidad y urgencia para gobernar.
–Ferreyra: El DNU 941/25 genera la misma situación que se viene dando con Milei desde el 10 de diciembre del 2023: apela a los decretos por razones de necesidad y urgencia en situaciones que no encuentran encaje constitucional porque no son ni por un estado de necesidad ni por urgencia. Los DNU no fueron concebidos para la regulación de situaciones permanentes, y Milei los está usando exclusivamente para eso. Un DNU tiene que cubrir, ocasionalmente o incidentalmente, una cuestión en la que se hace necesaria una reglamentación, pero termina siendo el primer recurso del gobierno autocrático de Milei. Prescinde totalmente del Congreso de la República, porque es el Congreso de la Nación el que tiene que regular de manera permanente a través de sus deliberaciones. La frustración de la deliberación del Congreso ocasiona la configuración del rasgo autocrático de Milei, porque regula situaciones que son de naturaleza permanente.
–¿El uso de los DNU es una discusión que promueve coincidencias entre los juristas?
–Ferreyra: Sí, así se dio tanto en la doctrina de los autores como en la doctrina judicial. Hay una coincidencia casi total, te diría, en la doctrina de los autores de derecho público respecto de que el ámbito de posibilidades regulatorias del decreto por razones de necesidad y urgencia son sobre situaciones no permanentes. Aquello que es permanente queda en el poder del Congreso. Y respecto de la doctrina judicial, también hay doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia que señaló que los decretos por razones de necesidad y urgencia están llamados a cubrir situaciones no permanentes. Incluso ha declarado la inconstitucionalidad de decretos por razones de necesidad y urgencia que han cubierto situaciones de naturaleza permanente.
–Hay un tema en este DNU que modifica la Ley de Inteligencia que, por ejemplo, determina enemigos internos e instala eventuales actores que -según el Gobierno- podrían deslegitimarlo, a él o a sus políticas. Si lo miramos en esos términos, lo que están haciendo con este DNU es parametrar un control muy parecido a lo que ocurría durante la dictadura porque utilizan conceptos que pueden leerse en algunos documentos desclasificados. ¿Estamos en riesgo de vivir bajo un Estado parapolicial otra vez?
–Ferreyra: Se está intentando configurar la existencia de un enemigo y, en este caso, el enemigo es aquel que está en contra de estas antipolíticas del Poder Ejecutivo. Por eso salen a configurar esto. En octubre presenté un trabajo en un congreso internacional de derechos constitucionales en Brasil donde me refería a la configuración del enemigo. Y advierto que estoy completamente en contra de decir que hay un enemigo de la Constitución porque en cuanto alguien diga que hay un enemigo de la Constitución le sacan un DNU como este y se lo aplican. Claramente, este decreto se inscribe en la posibilidad de decidir la existencia de amigos y enemigos porque esta es la bipolaridad que lleva adelante este Gobierno. Y la bipolaridad amigo-enemigo es absolutamente inconstitucional. La Constitución no considera esa bipolaridad. Al contrario, contempla una posibilidad de armonía, consenso y bienestar.
–En su artículo 2, este DNU dice que se entiende por investigación de inteligencia al conjunto de tareas y procedimientos para identificar acciones y actores involucrados en actividades de interés para la inteligencia nacional. Pero no explica cuáles son esas actividades de interés, lo deja peligrosamente librado a interpretaciones.
–Ferreyra: Así es, y ese es el principal agujero de este DNU, como de todos: precisamente la ausencia de discusión y la redacción realizada por tecnócratas que no saben y escriben este tipo de fórmulas abiertas, generales y sin sentido. Ese artículo dice que “se entiende por investigación de inteligencia al conjunto de tareas y procedimientos para identificar acciones y actores involucrados en actividades de interés para la Inteligencia Nacional”. De esto puedo decir que es una autorreferencia auto contradictoria y que incurre en una tautología porque en la primera oración intenta definir aquello que ya es el concepto madre, y no se puede definir un término con las mismas palabras del término, es imposible desde el punto de vista lógico.
–¿Y cómo se podría desarmar eso?
–Ferreyra: El desarmado de este DNU va a necesitar de una mayoría en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Pero habrá que medir muy exactamente las mayorías que se disponen, especialmente en consideración con el resultado del comicio del año pasado.
–¿Por qué?
–Ferreyra: Porque no sé cómo se va a configurar esa mayoría y si podrá lograrse para rechazar este DNU. Hay que recordar que es suficiente que en una de las cámaras no se alcance esa mayoría para que el DNU siga vivo.
–¿Usted cree que el Gobierno podrá conseguir apoyo a partir de un intercambio, por ejemplo, de fondos económicos para las provincias, estrategia que ya utilizó?
–Ferreyra: Claramente sí. En ambas cámaras necesitarán una mayoría absoluta. Respecto a la oposición, si bien han existido situaciones donde se ha alcanzado esta mayoría -como en el tema de discapacidad, o de fondos para las universidades- creo que no va a ser tan sencillo esta vez.
–Con este decreto los militares quedarían habilitados para volver a ejecutar tareas de seguridad interior.
–Ferreyra: Sí, un despropósito autoritario. Hay un artículo en este DNU, el 19, que dice que “en el marco del desarrollo de actividad de inteligencia, auxilio a requerimiento judicial o comisión de delitos, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales o de seguridad”. No podía creer que hayan ido tan lejos. Por eso, el mismo 2 de enero puse un tuit en el que hablé de la “caída del Estado constitucional: DNU 941/2025. Se instituye una lesión al artículo 18 y otras reglas constitucionales. Las garantías se inventaron para proteger la libertad del ciudadano”. Eso se instituyó en 1853. Y se le da atribuciones a través de un mecanismo autoritario y antidemocrático para que personal de inteligencia pueda aprehender personas. No tiene ningún tipo de fundamento ni justificación. Por este artículo, nada más que por él, hay que rechazar por completo el DNU 1941.
–¿Y cree que eso puede ocurrir?
–Ferreyra: No lo sé, desconozco cómo se configurarán las mayorías y minorías desde el primero de marzo. Si me guiase por el antecedente del DNU 70/23, te diría que es muy difícil el rechazo. Si me guiase, en cambio, por otro tipo de comportamientos y por la manifiesta inconstitucionalidad del DNU 941/25, y por razones que hemos expuesto como las presupuestarias, las antijurídicas, y sobre todo la abiertamente inconstitucional -que le da a personal de inteligencia la posibilidad de aprehender personas- diría que no podría prosperar y que el Congreso debería rechazarlo. Pero la verdad es que no me animo a hacer una profecía.
–¿Qué perdimos en el camino?
–Ferreyra: En mi libro “Constitución ante la tempestad” digo que el derecho es una ficción, y como tal involucra una magia. Se acabó la magia con la que todos vivimos encantados en la institución de derechos de libertad, derechos sociales, derechos económicos, la dignidad humana y un comportamiento del poder racional. Esto es todo lo contrario porque los derechos y libertades pueden ser vulnerados y el abuso del poder es la constante. Por eso digo que la Constitución está en una tempestad. Inclusive utilizo la metáfora de la obra del teatro de Shakespeare porque, precisamente, en esa obra el personaje principal dice que se acabó la magia. Y en Argentina se acabó la magia de la institucionalidad del 10 de diciembre de 1983 porque las instituciones no funcionan si los derechos son demolidos.
–¿Considera que esto ocurre a partir del gobierno de Milei o es algo que se viene acelerando con la gestión de este Poder Ejecutivo?
–Ferreyra: Nada llega por generación espontánea. Son años, y Milei es el gran beneficiario. Fíjese que la conversación que nosotros hemos tenido es sobre los DNU, que son hijos del Pacto de Olivos. Cuando se concretan los decretos por razones de necesidad y urgencia, en 1994, el 90% de la doctrina de los constitucionalistas estaba en contra porque los consideraron un instrumento esperpéntico que requería de una reglamentación. Y esa reglamentación llegó doce años más tarde, y fue encabezada -durante el gobierno de Néstor Kirchner- por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Se lo fabricaron, no los fabricó él.
La protesta de los juristas
Ferreyra adhirió al rechazo de la Asociación Argentina de Juristas (AAJ) al DNU en cuestión “por ser inconstitucional y contrario a los derechos humanos”.
La AAJ lo consideró inconstitucional porque “modifica la Ley de Inteligencia Nacional transformando a los agentes de inteligencia en una policía secreta con facultades para aprehender sin orden judicial; establece un sistema de inteligencia centralizado con amplias facultades discrecionales y controles insuficientes, afecta el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, amplía las facultades de contrainteligencia y puede inhibir la libertad de expresión y la participación democrática, permitiendo acciones represivas bajo términos vagos como infiltración o injerencia”.
Pero, además, explicó que “viola principios democráticos porque invade competencias del Poder Legislativo, vulnera la división de poderes y el principio de legalidad democrática” y recordó que “la concentración de funciones de inteligencia sin control parlamentario incrementa el riesgo de abusos autoritarios”.
Otras veintitrés organizaciones de la sociedad civil -entre ellas Amnistía Internacional, Poder Ciudadano, Democracia en Red, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Huésped, Greenpeace, Consciente Colectivo, Fundación Cambio Democrático, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y la Federación Ecuménica de Cuyo (FEC) (N. de la R.: https://acij.org.ar/reforma-del-sistema-de-inteligencia-una-norma-que-pone-en-riesgo-garantias-constitucionales-basicas/)- aseguraron que “el decreto se vuelve una herramienta para realizar vigilancia masiva” y que “la acumulación de grandes cantidades de datos en un solo organismo es más peligrosa en la medida en que el Estado no tiene una política adecuada de seguridad de la información y porque las filtraciones son frecuentes”.
Los organismos y asociaciones consideran que el decreto presidencial tampoco “prevé ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la SIDE y concentra más poder en esta agencia. Puede pedir información a provincias y municipios, aprobar presupuestos secretos, compartir tus datos con agencias de otros países sin autorización judicial. Y todo bajo absoluto secreto. Nadie sabrá qué hacen con tu información ni a quién se la dan”.