En un ensayo tan brillante como inquietante, “La hora de los depredadores”, Giuliano da Empoli conduce al lector por un recorrido fascinante y a la vez aterrador a través de los nuevos centros del poder geopolítico.
De Nueva York a Buenos Aires, de Arabia Saudita a escenarios menos visibles pero igualmente decisivos, el autor penetra en un mundo de reuniones ultrasecretas, estrategias de manipulación y luchas feroces por el control político y simbólico. No se trata ya del poder clásico, visible y reglado, sino de una constelación opaca de intereses que opera en los márgenes de la legalidad y, muchas veces, contra ella.
Con extraordinaria lucidez, Da Empoli describe la irrupción de nuevos sujetos políticos que acceden al poder no para gobernar, sino para depredar: arrasan instituciones, desprecian normas, vacían de sentido la ley y eliminan todo aquello que se interponga a su voluntad. Su ascenso no es espontáneo ni producto exclusivo del descontento social, sino que cuenta con el auxilio oportuno —económico, mediático y político— de ciertas élites que, lejos de verse amenazadas, se benefician directamente de esa destrucción controlada del Estado y de las reglas del juego democrático.
El autor muestra cómo, antes de la llegada de estos líderes disruptivos, se desarrolla una tarea paciente y sistemática a cargo de los llamados “ingenieros del caos”: operadores que fomentan el conflicto permanente, exacerban las crisis económicas, profundizan la fragmentación política y siembran un descreimiento radical hacia la política entendida como actividad colectiva y profesional. El objetivo es claro: erosionar la confianza social, instalar la idea de que todo está podrido y preparar el terreno para soluciones extremas.
Sobre ese paisaje devastado emergen entonces personajes que se presentan como salvadores. Construyen un relato apocalíptico en el que la catástrofe es inevitable si ellos no acceden al poder, y prometen, al mismo tiempo, una transformación milagrosa: el fin inmediato de los males estructurales, el renacimiento nacional, la conversión del país en una potencia y la llegada de un futuro luminoso y esperanzador. La paradoja, que Da Empoli expone con precisión quirúrgica, es que ese futuro se edifica sobre la demolición de las instituciones, la negación de los límites y la concentración del poder en manos de quienes, precisamente, se alimentan del caos que dicen venir a erradicar.
Desde el inicio de su gestión, el depredador Javier Milei ha exhibido un patrón sistemático y deliberado de desprecio por el Estado de Derecho, tratado no como el marco que legitima el ejercicio del poder, sino como un obstáculo que debe ser burlado, erosionado o directamente anulado. Lejos de concebir a las instituciones republicanas como límites necesarios, las reduce a piezas decorativas, prescindibles, que deben doblegarse ante su voluntad personal. El Presidente no oculta esa concepción: se burla del Congreso, desacredita al Poder Judicial cuando no le resulta funcional y trivializa la Constitución como si fuera un texto opinable y no la norma suprema que juró respetar.
No se trata, como algunos pretenden justificar, de errores aislados, desprolijidades administrativas o excesos verbales propios de un estilo provocador. Se trata de una práctica de gobierno coherente, persistente y profundamente antirrepublicana, en la que el decreto se convierte en la herramienta privilegiada para sustituir el debate democrático, torcer la ley y concentrar poder. A través de decretos de necesidad y urgencia dictados sin que concurran las condiciones excepcionales que la Constitución exige, Milei ha modificado leyes, alterado equilibrios institucionales y vaciado de contenido el rol del Congreso, transformándolo en un actor secundario frente a un Ejecutivo que se autopercibe como soberano absoluto.
Este modo de gobernar no es improvisado ni accidental: responde a una concepción ideológica que desconfía de la democracia representativa, desprecia los controles y reivindica la lógica del mando unipersonal. La Constitución Nacional, lejos de ser un límite infranqueable, aparece como una molestia a sortear, un corsé que debe ser forzado cada vez que se interpone entre el Presidente y sus objetivos. En esa deriva, el respeto por la legalidad deja de ser un valor y se transforma en una variable táctica, subordinada al capricho, a la oportunidad política o al cálculo de costos.
Así, el Estado de Derecho no es demolido de una vez, sino erosionado día a día, decreto tras decreto, gesto tras gesto, hasta que la excepción se naturaliza y la arbitrariedad se vuelve regla. Es exactamente el mecanismo que describen los análisis más lúcidos sobre los nuevos autoritarismos: no la ruptura abrupta, sino la degradación progresiva de las instituciones, ejecutada desde el poder y legitimada por un discurso que celebra la destrucción como virtud y presenta la concentración del mando como sinónimo de eficiencia y libertad.
Mediante esos decretos de necesidad y urgencia que mencionamos,, el Presidente ha también avanzado sobre materias vedadas al Poder Ejecutivo, como el derecho penal y el sistema de seguridad, arrogándose facultades que corresponden al Congreso. En ese mismo sentido, llegó al extremo de intentar nombrar ministros de la Corte Suprema por decreto, en una maniobra que vulneraba de forma directa el mecanismo constitucional de designación y el principio republicano de división de poderes.
El desprecio por las reglas no se detiene allí. El nepotismo, práctica que Milei decía venir a erradicar, reapareció sin pudor con la designación de su hermana en un cargo central del Ejecutivo, confirmando que la prédica “anti casta” se disuelve cuando choca con los intereses personales. En paralelo, bajo el pretexto de “destruir al Estado”, se arrasan normas, garantías y controles que existen precisamente para proteger a los ciudadanos del abuso de poder.
La deriva autoritaria alcanza ribetes alarmantes cuando se otorgan facultades de detención a agentes encubiertos de los servicios de inteligencia, una decisión que revive los peores fantasmas de un Estado sin control, donde la vigilancia y la coerción avanzan sobre las libertades individuales sin respaldo legal suficiente. Nada parece ponerle freno a esta lógica: ni la ley, ni la Constitución, ni la memoria histórica. Pareciera que las viejas políticas de la dictadura militar para perseguir a los ciudadanos quisieran instrumentarse desde las oscuridades laberínticas de la SIDE.
Milei gobierna como si el único límite fuera su propia voluntad, emulando a su admirado Donald Trump, para quien la legalidad es un obstáculo y no un marco. En ese contexto, la pregunta se vuelve inevitable: ¿es posible que el pensamiento crítico se haya erosionado a tal punto que estas conductas sigan generando adhesiones? ¿Cómo se explica que tantos no sientan repugnancia frente a un presidente que banaliza la investidura, actúa como un personaje payasesco y confunde provocación con gobierno? Es posible que se justifiquen o consientan las tropelías que se observan a diario en el manejo del Estado, y que muestran el grado de degradación al que se ha llegado en la falta de respeto a las instituciones.
A este cuadro se suma una dirigencia que, lejos de actuar como freno o contrapeso, se somete dócilmente a la voluntad presidencial. Funcionarios que juraron respetar la Constitución aceptan sin reparos decretos manifiestamente ilegales, firman resoluciones que vulneran derechos y callan cuando el Presidente cruza límites evidentes. No son meros ejecutores técnicos: son cómplices activos de un proceso de vaciamiento del orden jurídico. Su rasgo distintivo no es la convicción ni la idoneidad, sino la obediencia. Han reemplazado el deber institucional por la lealtad personal, y la responsabilidad pública por el miedo a contrariar al líder. En ese silencio funcional, en esa sumisión sin pudor, se consolida un poder que no necesita ya de la fuerza: le alcanza con la renuncia moral de quienes deberían ponerle límites, y que han abjurado de sus convicciones, si alguna vez las tuvieron.
Para sostener y legitimar sus arbitrariedades, Milei no actúa en soledad. Cuenta con un verdadero ejército de comunicadores, periodistas complacientes y operadores mediáticos que renunciaron a toda función crítica. A través de programas de televisión, radios, portales digitales y, de manera particularmente agresiva, mediante streamings y redes sociales, se inunda el espacio público con datos falsos, interpretaciones amañadas y consignas simplificadoras que sustituyen el análisis por la consigna y el debate por el insulto. La estrategia es clara: saturar, confundir y desgastar cualquier intento de cuestionamiento racional.
En ese dispositivo cumplen un rol central los llamados “influencers” y streamers políticos, cuya tarea principal no es informar sino disciplinar. Demonizan sistemáticamente a opositores, sindicalistas, periodistas independientes y académicos, presentándolos como enemigos del pueblo o parte de una conspiración difusa. El señalamiento, la descalificación personal y la burla permanente reemplazan a la argumentación, generando un clima de hostilidad que inhibe la discusión democrática y normaliza la violencia simbólica.
A este coro se suman supuestos politólogos y ensayistas de asombrosa precariedad intelectual, que se presentan como expertos mientras repiten, sin el menor rigor, las falacias habituales del Presidente. Su función no es explicar la realidad, sino revestir de un barniz seudotécnico decisiones arbitrarias y fracasos evidentes. Amplifican los supuestos conocimientos económicos de Milei como si se tratara de verdades reveladas, omitiendo deliberadamente los costos sociales, las contradicciones teóricas y las consecuencias concretas de las políticas aplicadas.
El resultado es un ecosistema comunicacional degradado, donde la propaganda se disfraza de opinión, la ignorancia se presenta como valentía y la mentira se naturaliza como método. En ese contexto, el ataque sistemático a la prensa crítica y al pensamiento complejo no es un efecto colateral, sino una condición necesaria para que el poder avance sin controles, protegido por un ruido constante que anestesia conciencias y vacía de sentido la palabra pública.
Mientras se incendian bosques nativos y se arrasan más de 200.000 hectáreas, mientras el Estado se retira de sus funciones esenciales y abandona a las provincias a su suerte, el Presidente se permite bailar en un escenario en Mar del Plata, ajeno a toda responsabilidad institucional y a la gravedad del momento histórico. No es una postal inocente ni un gesto excéntrico: es la expresión obscena de un poder que se desentiende del daño que produce, que trivializa la tragedia y convierte la función presidencial en espectáculo.
La escena condensa una forma de gobierno que desprecia la ley, vacía de sentido a la Constitución y rompe todo lazo con la realidad social. Un modelo que se sostiene en la provocación permanente, en la negación del límite y en la exaltación del capricho como método. Frente a este panorama, el silencio, la indiferencia o la resignación no son neutrales: son parte del problema. Porque cuando el poder deja de reconocer frenos, solo puede ser contenido por una ciudadanía lúcida, con memoria histórica y con el coraje cívico necesario para defender la legalidad, las instituciones y la dignidad colectiva antes de que el daño sea irreversible.
El imperativo es no callar, ni naturalizar el atropello, no acostumbrarse a la ilegalidad ni resignarse al deterioro institucional como si fuera un daño colateral inevitable. Denunciar, señalar y documentar cada uno de los abusos de poder no es una opción ideológica, sino una responsabilidad cívica elemental. Porque cada silencio habilita un nuevo avance, y cada concesión abre la puerta a un atropello mayor. Este gobierno, fiel a lo que anunció desde sus inicios, no busca reformar el Estado sino vaciarlo, desmantelarlo y desacreditarlo hasta hacerlo irreconocible. En ese camino, las normas son tratadas como obstáculos, la Constitución como una molestia y los derechos como privilegios prescindibles. Frente a esa voluntad explícita de destrucción, la indiferencia es complicidad y el miedo es funcional al autoritarismo. Solo una ciudadanía activa, crítica y consciente puede poner un límite antes de que el despojo sea definitivo y el Estado, con él, la vida democrática, se pierdan para siempre.