En Chile, hablar de periodismo, estallido social y crisis de confianza en los medios es, inevitablemente, hablar con Ximena Orchard. Periodista formada en la Católica y doctora en Comunicación Política y Journalism Studies (Estudios del periodismo) por la Universidad de Sheffield (Reino Unido), pasó por redacciones, oficinas de prensa y consultorías antes de cruzar definitivamente al campo académico.
A Ximena Orchard esa doble vida —entre la calle, la política y la investigación— le dio un radar fino para leer cómo se hablan las élites entre sí, qué cuentan los medios cuando estalla el conflicto… y qué queda fuera de cuadro.
–En tus trabajos sobre mediatización de la política has demostrado que las élites necesitan a la prensa para hablarse entre sí y, a la vez, para legitimarse frente al resto de la sociedad. Hoy, con actores que construyen parte de su poder simbólico por fuera de los grandes medios —desde partidos digitales hasta liderazgos que crecen en redes—, ¿cómo describirías esa relación entre élites, prensa y sistema político?
–Hoy conviven dos lógicas. Por un lado, sigue vigente la lectura más clásica de la mediatización de la política: los actores políticos siguen adaptando su lenguaje, sus tiempos y hasta su agenda a las rutinas de los medios tradicionales. La prensa de élite sigue siendo un espacio donde se negocian temas, se ponen en circulación ciertos marcos interpretativos y se llega a acuerdos entre élites políticas, económicas y culturales. En Chile eso es muy visible: hay un circuito de medios que sigue operando con códigos bastante estables, donde se ordena el discurso aceptable sobre los grandes temas de la agenda y se “normaliza” una lectura compartida entre quienes toman decisiones. Esa lógica no ha desaparecido.
–Sin embargo, los candidatos que emergieron en las últimas elecciones en Chile parecen mostrar una forma de hacer comunicación política que está mutando.
–Así es. Esa es la segunda lógica que vengo analizando. Han aparecido actores que construyen influencia casi al margen de esos circuitos. Liderazgos que crecen desde YouTube, desde partidos digitales o desde plataformas donde la relación con las audiencias es más directa y desintermediada. Figuras que aparecieron en las últimas elecciones presidenciales de 2025 en Chile, como Franco Parisi y el propio Partido de la Gente, son ejemplos muy claros: lograron instalarse políticamente sin depender de la visibilidad que otorgan los medios de élite y, de hecho, durante mucho tiempo ni siquiera fueron detectados por esos medios ni por las encuestas. Ese contraste también se observa en distintos países de la región: la política institucional sigue funcionando en gran medida a través de los medios tradicionales, pero al costado crecen otros circuitos de comunicación política que tienen sus propias reglas y ritmos, y que interpelan a segmentos que no se sienten representados por la conversación de élites que circula en la prensa.
–En tus trabajos hablás de un “circuito autorreferencial de élite” entre medios y actores políticos. Durante el estallido chileno de 2019, ese circuito pareció chocar de frente con lo que pasaba en la calle. ¿Cómo explicarías, de manera sencilla, qué es ese circuito y qué efectos tiene sobre cómo se narran las crisis sociales, en Chile y en la región?
–Cuando hablo de circuito autorreferencial de élite me refiero a un espacio cerrado donde un grupo relativamente pequeño de actores —políticos, económicos, mediáticos, culturales— habla principalmente consigo mismo. Ahí se negocian agendas y se definen maneras de nombrar los conflictos. Ese circuito tiene una alta conciencia de sí mismo: periodistas de política, asesores y líderes partidarios saben que están co-construyendo la agenda pública. Pero también admiten —y esto aparece en las entrevistas que he realizado— que esa conversación deja fuera a una parte muy significativa de la sociedad, que no entra en esos medios ni sigue esas discusiones.
–También en Argentina, en consultas de distinto tipo —entrevistas o grupos focales— con consumidores de noticias, evidencian que la gente “no se siente representada” por lo que dicen las noticias.
–En efecto, esta conversación entre medios y política es un espacio donde se discute mucho sobre “lo que le preocupa a la gente”, sin que la gente necesariamente esté ahí. Eso no es nuevo: la prensa de élite siempre funcionó como un lugar de convergencia del poder político y cultural. Lo que cambia hoy es el contexto. Cuando se produjo el estallido social en Chile en 2019, ese circuito se activó para ordenar un relato sobre lo que estaba ocurriendo: cómo nombrar las protestas, cómo interpretar la violencia, cómo ubicar ese momento en la historia reciente. Con el tiempo, se fue instalando en esos medios una lectura bastante convergente: el estallido como irrupción irracional, como un proceso dominado por la delincuencia, como algo que “no debe repetirse”, incluso en sectores que al principio tenían miradas más comprensivas. Pero, al mismo tiempo, en la calle y en las casas, la experiencia de mucha gente era otra. Millones de personas vivieron el estallido en primera persona: marcharon, participaron en cabildos, vieron cómo se transformaba la ciudad. Ahí se produce un quiebre fuerte que, incluso seis años después del estallido, se mantiene en el relato de muchas personas: la sensación de que el relato televisivo no es confiable y distorsiona la realidad.
–¿Qué se puede decir de los estallidos de otros países de la región que fueron contemporáneos al de Chile, tales como el “paro” en Colombia y en Ecuador?
–Claro que este tipo de desajuste no es exclusivo de Chile. En varios países de la región hemos visto un desgaste de la legitimidad del periodismo como mediador. La sensación de la gente es que los grandes medios hablan “entre ellos”. En paralelo, como decíamos antes, aparecen otros actores que hablan por fuera de esos circuitos: influencers políticos, partidos digitales, figuras que crecen en redes y se presentan como voceros de “los que no tienen voz” frente a la prensa tradicional. Ahí se produce una combinación explosiva: un circuito de élite que se reafirma entre sí y una parte de la ciudadanía que siente que ese circuito ya no la representa y busca otras voces en espacios desintermediados.
–¿Qué ocurre cuando los que comunican por fuera de esos circuitos son candidatos y, en ocasiones, mandatarios? ¿Cómo se da en estos casos la convivencia de estos referentes políticos con —y sin— los medios de comunicación?
— No hay un patrón único de comportamiento, pero existen ejemplos preocupantes en la región. Desde Bukele, que creció en popularidad a partir de un manejo hábil de redes sociales y, una vez instalado en el poder, ha confrontado a la prensa de su país a niveles preocupantes, con campañas de difamación contra periodistas y profesionales destacados actualmente viviendo en el exilio. Javier Milei en Argentina también ha tenido una actitud tensa y confrontacional con gran parte de la prensa, y con periodistas específicos a los que ha difamado abiertamente en redes sociales. El riesgo de caer en retóricas populistas e iliberales es alto en este tipo de situaciones.
–En tus investigaciones sobre el estallido de 2019 en Chile analizaste una serie de “roles epistémicos” del periodismo: formas de definir qué es un hecho relevante, cómo contarlo y para quién. ¿Cómo se vio eso en la cobertura de ese estallido y qué huella deja para pensar el periodismo en otros contextos de crisis en la región?
–Cuando hablo de “roles epistémicos” me refiero a los distintos modos en que el periodismo decide qué vale como conocimiento sobre la realidad: qué se considera importante, qué se deja fuera, desde dónde se mira el conflicto. Eso se hace muy visible en contextos de crisis, porque ahí las decisiones editoriales tienen consecuencias políticas evidentes. En el estallido chileno, el periodismo tuvo que cubrir una crisis sociopolítica de gran escala, probablemente la más intensa en términos de movilización social de este siglo en Chile. Y ahí vimos varias posiciones conviviendo a la vez. Por un lado, un segmento de la prensa —sobre todo la televisión y cierta prensa de élite— asumió un rol muy alineado con las necesidades de las autoridades en ese momento: entendía que su misión principal era contribuir a “ordenar” el conflicto, bajar la intensidad de la protesta, enfatizar el llamado al orden y a la paz social. Eso implicó enfoques mediáticos donde la violencia, el desorden o el daño a la propiedad ocupaban un lugar central, mientras que las causas estructurales quedaban mucho menos desarrolladas. Por otro lado, hubo medios y periodistas que se posicionaron distinto: que buscaron registrar las demandas ciudadanas, dar voz a quienes marchaban, o poner el foco en la represión y en la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos. Y también hubo quienes entendieron su rol como exigir rendición de cuentas a las autoridades frente a la forma en que gestionaban la crisis. Esos roles se traducen en productos muy concretos: qué imágenes se repiten, qué testimonios se recortan, qué voces se amplifican. Si miramos la región, encontramos patrones similares en otras crisis: una parte del periodismo que se pliega rápidamente a la lógica de restablecer el orden, y otra que intenta documentar el conflicto desde las calles, con mayor o menor éxito según el contexto.
–En tus trabajos con audiencias no solo aparece la crítica a la cobertura del estallido sino también a los procesos constituyentes posteriores de 2022 y 2023. ¿Cómo se relaciona esa experiencia con la desconfianza hacia los medios, el cansancio informativo y la evitación de noticias?
–En las entrevistas con audiencias, lo que emerge no es solo una opinión sobre el estallido “en abstracto”, sino una memoria muy viva sobre cómo se sintieron informadas —o desinformadas— en ese periodo. Esa crítica no se agota en 2019. En los años siguientes, Chile atravesó dos intentos fallidos de cambio constitucional y, en ambos, reaparecen reproches hacia la prensa. En el primer proceso, septiembre de 2022, la queja frecuente es la mezcla de desinformación y farandulización: mucha gente sentía que circulaba información falsa sobre el texto constitucional y que, al mismo tiempo, la cobertura se concentraba en anécdotas, escándalos y caricaturas de algunos convencionales, sin entrar a discutir el contenido de las propuestas. En el segundo proceso, diciembre de 2023, la crítica fue casi la inversa: el tema prácticamente desapareció de la agenda mediática. Muchas personas decían que no sabían qué se estaba discutiendo dentro del Consejo Constitucional porque, simplemente, casi no se hablaba de eso. Si uno mira el ciclo completo —estallido más doble proceso constituyente— observa expectativas incumplidas sobre el rol de la prensa en momentos clave. Y eso se parece mucho a lo que pasa con la desconfianza hacia las instituciones políticas: cuando las personas sienten que el sistema no les responde, tienden a tomar distancia.
–Los medios siguen el mismo circuito que las instituciones. Más bien una desconfianza generalizada hacia los pilares de la democracia.
–Sí. Ese reproche acumulado alimenta una especie de desafección mediática: un desapego, una desconfianza de base hacia la prensa tradicional. Y esa desafección ayuda a explicar fenómenos que hoy vemos en varios países de la región: la evitación de noticias, el cansancio informativo, la búsqueda de otras fuentes. En nuestras investigaciones actuales observamos que mucha gente no deja de informarse, sino que lo hace por otras vías: busca fuentes y circuitos que percibe como más confiables o manejables. En ese contexto, la crisis de legitimidad del periodismo no es solo un problema de imagen; está vinculada a cómo las personas reorganizan sus circuitos informativos y a cómo se reconfigura, en la práctica, quién tiene autoridad para decir “esto es lo que está pasando”.
–Junto con las expresiones de “cansancio” y “desconfianza”, has mostrado en tus investigaciones una demanda de “buen periodismo” en medio de la sobreinformación y la desinformación actuales. ¿Cómo están consumiendo noticias hoy las personas y qué le están pidiendo al periodismo?
–No diría que la gente perdió interés en la información. En las entrevistas vemos la sensación de que informarse bien se volvió una tarea muy difícil y, a veces, agotadora. En contextos de sobrecarga informativa y desinformación, se traslada a las personas una responsabilidad enorme: decidir qué es cierto, qué es falso, qué está incompleto. Mucha gente desarrolla pequeñas estrategias caseras de verificación —contrastar fuentes, preguntar a alguien de confianza, revisar más de un medio—, pero el diagnóstico que se repite es: “Es muy difícil saber en qué confiar”. Y, al mismo tiempo, aparece con mucha claridad la idea de que el periodismo debería ayudar ofreciendo información de calidad, contextualizada, que reduzca la incertidumbre en vez de aumentarla. Las personas identifican y valoran el periodismo de calidad, por eso creo que hay una oportunidad para proyectos periodísticos distintos, más atentos a las necesidades de las audiencias. Pero también veo que esa oportunidad no termina de cuajar: cuesta que emerja una oferta sólida que combine rigor, cercanía y formatos acordes a cómo hoy se informa la gente.
–¿Y qué están viendo en concreto en términos de circuitos informativos? ¿A dónde va la gente cuando deja de confiar en los grandes medios?
–Hay un desplazamiento, no un vacío. Las personas no dejan de informarse, pero se mueven a otros circuitos que perciben como más confiables o manejables. Por un lado, redes sociales muy personalizadas, donde cada quien arma una especie de “menú informativo” propio: cuentas específicas, canales de YouTube, newsletters, podcasts, grupos de Telegram, etcétera. Por otro lado, las redes personales cercanas: familia, amistades, compañeros de trabajo, grupos de WhatsApp. En términos de confianza, esos circuitos compiten con —y muchas veces reemplazan— el sistema de medios tradicionales. Eso tiene un lado comprensible y otro preocupante: por un lado, la gente busca espacios donde no se sienta engañada o subestimada; por otro, se profundiza la fragmentación informativa y la exposición selectiva. En varios países de la región se mezcla la fatiga informativa, la evitación de noticias y el refugio en entornos informativos muy acotados, donde circulan tanto contenidos de calidad como desinformación. Por eso creo que la discusión sobre desinformación no puede reducirse al fact-checking: hay que mirar los vínculos de confianza, las trayectorias de desencanto y las expectativas que se le siguen planteando al periodismo profesional.
–Cuando discutís las teorías que vienen del Norte Global insistís mucho en algo que parece obvio, pero no siempre se toma en serio: que todos los datos son contextuales. ¿Qué significa para vos producir conocimiento situado sobre periodismo y medios en América Latina?
–Para mí, producir conocimiento situado es partir de una constatación muy básica, que a veces se olvida: ningún dato está “por fuera” del contexto. Siempre investigamos desde algún lugar, en determinadas condiciones políticas, institucionales, culturales. Sin embargo, muchos estudios producidos en el Norte Global se presentan como si pudieran desprenderse de ese contexto y transformarse casi automáticamente en teoría universal. En cambio, cuando trabajamos desde lo que se percibe como periferia académica, se nos exige siempre contextualizar, explicar, justificar por qué este caso “exótico” podría dialogar con agendas globales. Yo creo que la contextualización no es un peaje extra para quienes investigamos desde el Sur, sino una condición necesaria para cualquier investigación seria, venga de donde venga. En el caso del periodismo, esto es muy claro: las expectativas que la ciudadanía tiene hacia los medios, las formas de consumo, las relaciones prensa–política, todo eso está profundamente marcado por los contextos históricos y sociales.