La mesa está servida para que vuelva una práctica del menemismo, cuando los trabajadores recibían parte del pago en tickets. El mecanismo desfinanciaba la seguridad social, disminuía el salario real, bajaba las cargas sociales y beneficiaba al sector corporativo y emisor.
La reforma laboral fue presentada por el oficialismo en términos de “modernización”, al tiempo que los opositores consideraron que del texto emana un fuerte tufo esclavista. Hay un punto, poco destacado, que fundamenta con más énfasis la apreciación del carácter reaccionario de la reforma “modernizadora”. Sancionó la posibilidad de que se realicen pagos salariales en diversas monedas, en especie, en habitación y en alimentos. Esto implica una regresión difícil de disimular porque los pagos en diversas monedas (y en especie, en habitación y en alimentos) remiten a sombríos episodios históricos paradigmáticos, como el animado por La Forestal con sus vales o fichas de latón canjeables sólo en sus proveedurías. La Forestal no fue la única empresa en implementar sistemas por el estilo, ni la primera, pero se destacó porque no sólo llegó a liderar la industria taninera del país, ejercer un férreo control territorial (más de dos millones de hectáreas, incluso con policía propia) en los quebrachales del norte santafecino y del sur chaqueño, sino también porque a fines de enero de 1921 dispuso reprimir a sangre y fuego a sus trabajadores, que habían ido a la huelga contra la explotación hasta extremos insoportables. Téngase en cuenta que en su clásico informe El Estado de las Clases Obreras en el interior de la República, de 1905, Juan Bialet Massé ya había advertido que conforme se avanzaba depredando los quebrachales quedaba una multitud de hombres extenuados y envejecidos, ganados por un sentimiento de soledad, desprotección y abandono.
Ofensiva
La represión abundó en torturas y asesinatos realizados por la policía de La Forestal (privada, pero con autorización del gobierno) y las patotas parapoliciales de la Liga Patriótica Argentina y de la Gendarmería Volante que por decreto inventó el gobernador de Santa Fe, Enrique Mosca, pero fuera financiada por la empresa. Corresponde recordar que Mosca participaría después de la fórmula presidencial por la Unión Democrática con José P. Tamborini para perder contra Perón-Quijano las elecciones de febrero de 1946. Y que los trabajadores, nucleados en el Sindicato de Obreros en Tanino y Anexos de La Forestal, entidad que tenía poco más de un año de antigüedad, en una primera etapa del conflicto parecieron inclinar la balanza a su favor, pero no pudieron resistir ante la superioridad de las fuerzas de la maquinaria represiva.
Entre 1906 y 1963 funcionó La Forestal, y la esencia de su esquema remunerativo en algunos aspectos trascendió, sobre todo en lo que hace a los pagos a sus trabajadores en diversas monedas, aunque no de cuño propio, o en especie, en habitación y en alimento. Y como la historia es generosa, al promediar los ’90 se incorporó a la Ley de Contrato de Trabajo el artículo 103 bis donde se definieron diversos “beneficios sociales” como prestaciones de naturaleza jurídica, no remunerativas, no dinerarias –o sea, no pagaderas en efectivo– y no acumulables, porque son aquellas que brindan los empleadores –argumentaron entonces quienes promovieron su inclusión–, para mejorar la calidad de vida de sus empleados, como comedores o servicios de alimentación, vales de almuerzo, reintegros de algunos gastos educativos y médicos, cursos, ropa de trabajo, útiles escolares y guarderías.
El papel de Recalde
Hasta que a fines de 2007 se dio media sanción casi por unanimidad al proyecto presentado por el diputado y abogado laboralista de la CGT, Héctor Recalde, para derogar los denominados tickets canasta y pasarlos gradualmente al salario remunerativo de los trabajadores que los percibían. La iniciativa se dio en el marco de un sonado intento de soborno por parte de las empresas emisoras de los tickets a fin de que Recalde la cambiara y propusiera convertirlos en obligatorios para quienes percibieran remuneraciones relativamente menores. Entonces Recalde grabó con una cámara oculta el ofrecimiento de un funcionario de la Cámara de Empresas de Vales Alimentarios, quien dijo que ponían a su disposición “20.000 dólares mensuales por el cajoneo del proyecto”, dependiendo el monto final del tiempo que durara el cajoneo en cuestión. Pero Recalde, lejos de aceptar la propuesta, con la grabación y varios testigos presentó la denuncia pertinente ante la Justicia.
El Congreso sancionó el proyecto de Recalde a comienzos del 2008, estableciendo además la derogación de varios incisos del artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Por lo tanto, los tickets volverían a tener carácter remunerativo y se incluirían en el cálculo para liquidar aguinaldos y vacaciones, en forma escalonada y progresiva. Este regreso al sueldo se fijó bimestralmente, en el diez por ciento del valor equivalente al de los vales alimentarios, más el monto proporcional correspondiente al aporte de los trabajadores al Sistema de Seguridad Social y a las obras sociales. También la norma sancionó que las empresas deberían continuar abonando el porcentaje remanente del valor de los tickets hasta que se cumpliera el período establecido, aunque el mismo podría conservar “transitoriamente” su carácter no remunerativo. Excepcionalmente, además, hasta un año después de la vigencia de la ley, empleadores y trabajadores podrían acordar incrementos no remuneratorios en vales, aunque con una vigencia inferior a los seis meses. O sea que en 20 meses los tickets canasta desaparecerían como forma de complemento salarial “sin afectar” el salario de bolsillo de los trabajadores, según marcaba la ley.
Los tickets canasta surgieron en el arranque del menemismo, y fueron publicitados por los economistas ortodoxos como una herramienta apta para atemperar los efectos de la hiperinflación. Pero solamente devinieron un negocio atractivo para varios miles de empresas que los utilizaron para pagar parte del salario de los 1,5 millones de trabajadores registrados por entonces, y según estimaciones del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA), durante la vigencia del sistema el Estado, los trabajadores y las obras sociales perdieron más de 21.000 millones de dólares, los cuales fueron transferidos al sector empresario.
Las emisoras de tickets obtuvieron ganancias extraordinarias, habida cuenta de que cobraban comisiones al vender los vales a las empresas y retenían otro tanto al liquidarlos a los comercios que los aceptaban. A esta gestión corresponde agregar que a lo largo de la tramitación disponían de recursos líquidos que podían “poner a trabajar” en el mercado financiero, obteniendo rentas extraordinarias. Y en este punto también corresponde evocar a Héctor Recalde, cuando aseguró que además de las empresas emisoras, grandes ganadores del sistema, también los empleadores reducían costos laborales al no realizar contribuciones sociales, logrando así mayor rentabilidad empresaria.