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La pelea Rocca-Milei: política industrial, sobreprecios y otras contradicciones

Cuando hace pocos días Javier Milei atacó sorpresivamente y con su habitual grosería a Paolo Rocca, los analistas y los comunicadores que se animan a cuestionar lo que hace o dice Milei se lanzaron a especular sobre el motivo del ataque a la cabeza del poderoso grupo económico del que provenían funcionarios claves de su gobierno. El presidente de YPF, para mencionar uno. Pero se quedaron en la superficie, cosa que la nota que sigue busca evitar.

Algunos de estos análisis nos ilustran sobre aspectos claves de la estrategia comunicacional y la psicología del Javo. Pero prefiero enfocarme aquí sobre lo que este conflicto muestra de las contradicciones que enfrentan nuestro sector empresario y también nuestra clase política. Los gobiernos pasan, los países quedan.

La contradicción más interesante, si no la principal, la enfrenta don Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint y capo dei capi de los grandes grupos industriales locales. En estos dos años apoyó decididamente al presidente Milei y sus reformas. Pero cuando reclama por una licitación, muy importante por cierto pero sólo una entre muchos negocios que hace con el Estado argentino, Milei lo llama «don Chatarrin de los tubos caros», lo acusa de conspirar contra su gobierno y dice que merece ir a la quiebra. 

Esta contradicción es muy parecida a la que enfrenta el «círculo rojo», como bautizó Mauricio Macri a sus pares, los dueños de grandes empresas que manejan medios de comunicación y tienen «conexiones» en el Poder Judicial.

A casi todos ellos les gusta mucho el discurso de Milei, aunque no todas sus políticas concretas. Aquí hay un punto decisivo: privilegian esas políticas suyas, en conjunto, a las de los gobiernos peronistas de este siglo. (Las de la gestión 2015-19 de Macri, que terminaron en un fracaso que hizo posible un regreso peronista, prefieren olvidarlas).

Acá hay una contradicción más … estratégica. Señalada hace 2.500 años, al menos. La de individuos o familias poderosas con aquel que reúna un poder personal hegemónico. En este caso, un presidente con autoridad, Después de todo, el Estado es el grupo económico más grande, y de sus decisiones dependen los beneficios empresarios.

En un plano muy menor, también sufren esta contradicción, o al menos los desconcierta, los funcionarios de primera y segunda línea del gobierno actual. Repiten el discurso aperturista de su líder, e idealizan un «mercado» imaginario, que reparte sus beneficios a cada cual según lo merece. A ellos les dan sus cargos y prebendas Peluca, su Hermana y Santiago, que serían los avatares de ese mercado ideal. Pero no les gusta pelearse con los empresarios realmente grandes. Porque nunca se sabe…

Una contradicción inversa, y mucho más importante por sus consecuencias, la experimenta la dirigencia de primera y segunda línea del peronismo y de las fuerzas nacional-populares, con una histórica vocación industrialista.

Ellos y ellas son en su mayoría críticos de las grandes empresas transnacionales, y el Grupo Techint lo es, por supuesto. 

Esta crítica se ejerce especialmente cuando esa dirigencia está fuera del gobierno, como ahora. Así, no les resulta fácil salir en defensa de un gran empresario que apoyó abiertamente las políticas de Milei, incluso la anunciada reforma laboral.

Quien no parece sufrir contradicciones es Peluca. Los cuadros psicológicos de su tipo usualmente no las tienen.

Ahora, en lo que hace a la licitación de caños de acero que fue la ocasión de este enfrentamiento, el debate entre el aperturismo y el proteccionismo, en abstracto, pertenece al mundo académico y a la propaganda política.

En el mundo real, la cuestión se manifiesta en decisiones en cada caso que toman presidentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado. Que generalmente dependen de las circunstancias de cada caso, como debe ser. Ningún país, ni siquiera China, deja de importar materias primas,productos y servicios. Y ninguno, ni siquiera Singapur, deja de discriminar entre sus proveedores por motivos políticos o de sus intereses de largo plazo.

Vuelco aquí la información que tengo sobre esta licitación. Sobre ella, ofrezco mis opiniones. Que seguramente ajustaré si hay que ajustar los datos.

La chispa

La licitación para la provisión de caños de acero para el gasoducto que conecta Vaca Muerta con Río Negro, parte del proyecto exportador de Gas Natural Licuado (GNL) de Southern Energ, fue la chispa que encendió este conflicto. Tenaris (del Grupo Techint) perdió frente a la empresa india Welspun, principalmente porque su oferta inicial fue alrededor de un 40-45 por ciento más alta (unos USD 296 millones versus USD 203 millones de Welspun). Luego intentó bajarla e igualarla, pero el contrato ya se había adjudicado.

Si Tenaris hubiera ganado la licitación, los tubos se habrían fabricado en la Argentina, específicamente en la planta de Tenaris en Valentín Alsina, Buenos Aires, que emplea a unas 420 personas y produce tubos con costura mediante doblado y soldadura. Sin embargo, el acero (la chapa principal) no sería argentino: Tenaris importa esa materia prima desde Brasil (principalmente de Usiminas), ya que no se produce localmente en cantidades y especificaciones adecuadas para este tipo de caños de gran diámetro.

En contraste, Welspun (la ganadora) usa chapa china más barata, lo que explica parte de la diferencia de precio, y generó las acusaciones de dumping por parte de Techint.

Las claves 

Resumen: fabricación local sí (en planta argentina), acero argentino no (importado de Brasil). Vale la pena tener en cuenta que la empresa brasileña Usiminas es propiedad de Termiun, que pertenece a la propia Techint en un 93 por ciento. La división de sus cadenas de valor entre distintos países es una práctica habitual de las empresas transnacionales y se basa tanto en consideraciones fiscales como en ventajas operativas.

Otro punto clave: aunque jurídicamente sean decisiones entre privados, porque la participación de YPF entre las empresas que licitan el oleoducto es minoritaria, al tratarse de un proyecto exportador la opinión del Gobierno es decisiva para su viabilidad.

Este caso se diferencia de uno similar en EE.UU., durante el primer mandato de Trump. Entonces el Donald intervino en favor de los productores locales de acero, a pesar de la diferencia de precios. En el que contemplamos, no se produciría localmente ese acero.

Resumo: en mi falible opinión, son varios los factores que debería evaluar el Estado. Eso, claro, si estuviera impulsado por políticas de desarrollo de largo plazo, y no por fantasías ideológicas absurdas o apetencias personales de figuración y poder.

Un factor es si a Argentina le conviene que trabaje desde su territorio, y proporcione empleo de calidad, una industria siderúrgica que pueda competir en el mercado global. Si es así, debe contemplar qué exigencias está en condiciones de reclamar a esa empresa. Qué políticas de largo plazo, en inversión, incorporación de tecnología, formación de personal y qué políticas sobre proveedores locales.

Al mismo tiempo, debe considerar si puede evitar que posibles sobreprecios locales -evidentes en este caso- le sirvan a esa empresa para financiar sus actividades en otros países.

Por supuesto, en este punto la responsabilidad principal es del Estado argentino. Los sobreprecios, si existen, necesitan de la complicidad de diferentes niveles de la administración pública.

La comunicación política comete un error gravísimo cuando ignora este factor, o, como ahora, lo menciona sólo para atacar al Otro Lado. Está claro que una mayoría de los votantes están muy conscientes de la corrupción. También de la actual, por supuesto. Lo corean en las canchas.


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