En la entrevista televisada que mantuvo el ministro de Economía Luis Caputo durante el martes 18 de marzo a la mañana, trastabilló. Explicó que el acuerdo con el FMI, que hasta hace poco se publicitaba como algo próximo a la definición, aún requiere aclaraciones por parte del directorio. La postura ambivalente del Ministro, transmitiendo más dudas y especulaciones que certezas, exacerbó una volatilidad financiera que ya se encontraba en desarrollo. Queda sin responder qué es lo que está en juego. O cuál es la razón que explica tal grado de incertidumbre en torno al acuerdo, y al mismo tiempo, su urgencia.
El decreto de necesidad y urgencia que la Cámara de Diputados aprobó el miércoles 19 de marzo es, en realidad, una autorización para que, independientemente de su contenido final, aún desconocido, el Poder Ejecutivo llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por eso, aclara Caputo, no se lo incluyó en el DNU.
Caputo afirma que los países suelen recurrir a un acuerdo con el FMI para iniciar un ordenamiento de la economía que no podrían emprender de otro modo por el agotamiento de otras fuentes de financiamiento, y que la atipicidad en este caso es que gran parte del ajuste que solicita el Fondo fue ejecutado con creces. Parece que el ordenamiento, entonces, es un hecho. ¿Para qué el nuevo acuerdo?
No es un ordenamiento
En realidad, Caputo mantiene una actitud que coincide con la que se trasluce en la redacción del DNU y también expuso Milei en una nota publicada en la Nación el sábado 8 de marzo: los argumentos provenientes del oficialismo son inverosímiles e incoherentes.
Por caso, el FMI no financia “ordenamientos”. Presta fondos para atajar movimientos de capitales que son estructurales dentro del sistema monetario internacional. Lo que no quita que existan casos en los cuales emerjan de manera contingente, producto de políticas innecesarias con resultados adversos para las economías nacionales.
Los procesos de crecimiento en economías subdesarrolladas pueden requerir del endeudamiento externo para financiar un flujo de importaciones superior al que se puede afrontar con los ingresos provenientes de las exportaciones.
También puede ocurrir también que se aliente un ingreso de capitales especulativos que acabe en una salida incontrolable. O que la mala administración de los saldos del comercio exterior induzca a una crisis de escasez de divisas autónoma del crecimiento. A diferencia del primer tipo de episodio, estos son evitables. A veces, incluso, innecesarios.
Ése es el caso de Argentina, cuya deuda externa contraída a partir de 2016, y con el FMI desde 2018, no sirvió para apuntalar la expansión de la actividad económica. Al igual que la dificultad para acumular reservas internacionales evidenciada durante el gobierno del Frente de Todos, que no se originó en tensiones relacionadas con el crecimiento.
Política agotada
Luego de la devaluación que tuvo lugar en diciembre de 2023, este Gobierno conservó las restricciones en el mercado cambiario. Optó por una forma de intervención sobre el dólar financiero para controlar el tipo de cambio paralelo que, en lo que hace a la macroeconomía, carece de sentido: las divisas no se utilizan para el financiamiento de importaciones sino para contener un tipo de cambio que se encuentra escindido del conjunto de la economía.
Los únicos beneficiarios de esa política son los operadores financieros, que especulan con la estabilidad cambiaria mientras es posible realizar ganancias en pesos mediante dos formas. Una es comprar títulos públicos que rinden un interés fijo en un plazo relativamente breve. La otra es la obtención de ganancias mediante movimientos bursátiles.
En ambos casos, el rendimiento tiene que superar a la variación del tipo de cambio financiero. De no ser así, se pierde el sentido de la operación, agotándose el proceso de colocación de capitales. Cuando eso ocurre, el objetivo de política económica de estabilizar el tipo de cambio financiero provoca una presión sobre las reservas internacionales del BCRA que puede forzar a una devaluación, y dificulta la adopción de un régimen de tipo de cambio oficial libre.
Ese tipo de funcionamiento estuvo activo entre febrero y abril del año pasado, y luego entre agosto y principios de enero, como una consecuencia de la intervención persistente del BCRA apuntalada con el blanqueo de capitales.
En cuanto se debilitó la capacidad de intervención y se utilizaron los recursos provenientes del blanqueo, se perdió el control. Observando el índice MERVAL, que mide la evolución general del valor de las acciones argentinas, podemos notar que tras haber alcanzado un valor record durante el último tramo del año, inició un descenso abrupto. Entre el 23 de octubre y el 9 de enero, tuvo una variación del 60,8 por ciento, alcanzando el valor de 2.829.730 puntos. Hasta el 10 de marzo, mantuvo una tendencia descendente hasta llegar a los 2.138.846 puntos.
Aunque mantiene una recuperación, habiendo alcanzado los 2.361.582 puntos al cierre del 20 de marzo, sigue muy por debajo de su valor de hace dos meses. Y, más importante, para el momento en el que inició el descenso, el dólar financiero cotizaba en torno a los 1.165 pesos. Para estos días se mantiene cerca de los 1.300.
Por sí misma, la volatilidad de los activos bursátiles podría considerarse parte de un ciclo normal. Pero la modificación en el tipo de cambio, y la continuidad de su alza, indican que el carry trade quedó deshabilitado. Si obtuviese nuevos recursos del Fondo, el Gobierno podría restaurarlo, por un tiempo breve. Sería la última instancia de una política económica agotada.
La crisis de los ingresos
Si la tensión en el aspecto financiero consiste en el límite de recursos, en el plano político se ponen en juego nada menos que la estabilidad social y la del Gobierno. Como se describió, el agotamiento del carry trade conlleva necesariamente una modificación en el tipo de cambio oficial. Es decir, una devaluación. Y eso tiene consecuencias sobre el poder de compra de los salarios y el nivel de actividad.
Un informe reciente de CIFRA-CTA, elaborado por Mariana González, Nicolás Bonofiglio y Leandro Bona, presenta mediciones del poder de compra de los salarios utilizando índices de precios re-adecuados para tener una incidencia más precisa de los servicios públicos, que son el rubro que presenta el mayor incremento en la medición oficial.
Se elabora un índice de precios al consumidor re-ponderado, que tiene como base la encuesta nacional de gasto de hogares de 2017/2018 en lugar de la de 2004, que es la que sirve de referencia para el IPC actual. También toman como variante el IPC de Capital Federal, con mayor relevancia de los servicios que el IPC nacional.
Los resultados son los que siguen:
- La variación acumulada entre noviembre de 2023 y febrero de 2025 del 186 por ciento para el IPC nacional, del 197,2 por ciento con el reponderado y del 201,8 por ciento para el de CABA.
- En términos generales, la caída del poder de compra de los salarios entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024, que se estima en 6,1 puntos si se utiliza el IPC oficial, asciende a 8,6 puntos si se utiliza el IPC reponderado.
- Desagregando por sector, los salarios del sector privado registrado pasan de una recuperación durante 2024 a un descenso de 3 puntos con el cambio de IPC. Los salarios del sector público pasan de una pérdida de 15,3 puntos a 18,4 puntos.
- Los ingresos complementarios al salario también cayeron. Los haberes jubilatorios tuvieron un deterioro de 3,1 puntos si se lo mide con el IPC original y de 6,6 si se utiliza el reponderado. El ex Potenciar Trabajo descendió, con los índices respectivos, 65,6 puntos o 66,8. Solamente creció la capacidad de compra de la Asignación Universal por Hijo, que casi se duplicó.
Ante la crisis de los ingresos, que una nueva devaluación agravaría, son comprensibles la vacilación del ministro Caputo y la tardanza de un nuevo acuerdo. Sea en la forma de un desembolso para respaldar la salida de capitales, o del apoyo para un programa correctivo, el desenlace es el de nuevas dificultades y una degradación del poder político del Gobierno.
Esa degradación puede ser aún más aguda a la luz del contexto, con ingresos bajos en términos históricos y un Gobierno que no parece tener la capacidad de afrontar una situación semejante respondiendo a los intereses de las mayorías. Debilidad que comparte con buena parte de la dirigencia política, y sobre la cual versan las premisas para la emergencia de una alternativa opositora.