Las universidades públicas pelean su supervivencia entre un presupuesto mezquino, un Gobierno que no las quiere y una sociedad que las defiende como motor de desarrollo y movilidad social. Opinan los rectores.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) consideró que el Presupuesto 2026 anunciado por el presidente Javier Milei no contempla un aumento real para las universidades públicas, y lo definió como un proyecto que “consolida el ajuste”. De hecho, el rechazo al veto a la Ley de Financiamiento Universitario se debe a que el Poder Ejecutivo asigna 4,8 billones de pesos al sistema académico nacional cuando el CIN considera que se requiere casi el doble, 7,3 billones, para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios.
Sociedades inteligentes
“Las sociedades son más inteligentes que su dirigencia, siempre. Y cuando la dirigencia se desvía un poco del eje, es esa sociedad la que vuelve a poner las cosas en su justo lugar”, dice a Y ahora qué? Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y vicepresidente del CIN. Tres marchas universitarias y el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos de Javier Milei a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario ratifican la opinión de Bartolacci. Ahora resta que lo haga el Senado el próximo 2 de octubre.
Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y titular del CIN, espera que el “Senado acompañe. En la primera votación fue cerca del 80%, así que supongo que acompañarán, se confirmaría la Ley (de financiamiento universitario) y habrá que trabajar el Presupuesto. Cuando miramos los 4,8 billones que actualmente estamos cobrando, y con la inflación prevista en el presupuesto 2026, no solo venimos perdiendo el 40%, sino que seguiremos perdiendo 10% más el año próximo con lo cual, si se aprueba este presupuesto, indudablemente va a ser mucho más difícil funcionar que en este 2025”, detalló a Y ahora qué?
Ya antes de la última marcha universitaria, el CIN, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA) publicaron un comunicado y manifestaron que “todo se ha agravado. La pérdida presupuestaria en términos reales está por encima del 30% y cada mes se pronuncia más. Ninguna novedad después de dos años respecto de 90 obras de infraestructura paralizadas y sin financiamiento. La crisis salarial y de condiciones laborales que padecen quienes trabajan como docentes y no docentes no tiene precedentes: salarios por debajo de la línea de la pobreza y nos atraviesa la angustia por no llegar a fin de mes, el pluriempleo y la pérdida de recursos humanos muy valiosos”.
También explicaron que “la política de reducción salarial que el gobierno nacional aplica sobre el sector público afectó de manera particular y feroz al sector universitario. El propio Gobierno reconoce en el decreto del veto que hay más de 110% de diferencia negativa entre inflación e incrementos salariales y, aún así, niega las paritarias. La recuperación salarial exige más del 40% de incremento sobre el último mes. Hacer el trabajo propio de la actividad universitaria -docencia, investigación, extensión, administración y gestión- requiere presupuesto y salarios acordes porque con vocación no alcanza”.
Sobre la situación de los estudiantes, señalaron que “se agrava día a día. No se actualizan las becas universitarias, se profundizan las restricciones en los programas de asistencia con requisitos cada vez más excluyentes que dejan a miles de estudiantes afuera, y no hay una sola política universitaria de la Nación orientada a fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso… estudiantes de todo el país son forzados a abandonar sus carreras”.
Para estas organizaciones, el veto del presidente Milei a la Ley de Financiamiento representó “un nuevo ataque al derecho a la educación, a la soberanía, a la justicia social y al futuro de la juventud”.
Para el CIN, la Ley de Financiamiento universitario es “un proyecto fiscalmente responsable que resuelve los problemas más urgentes. Queremos decirlo con claridad: no hay posibilidad de garantizar el desarrollo normal de nuestras actividades sin Ley de Financiamiento, del mismo modo que no hay futuro para la Universidad pública sin un presupuesto razonable y aprobado por el Congreso para el 2026”.
Por último, consideraron que “todas y todos somos la Universidad pública argentina. Hijos e hijas de una patria que supo construir lo que no se pudo en ninguna otra parte del mundo. Un instrumento de movilidad social ascendente extraordinario, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes. Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo para que la Argentina que nos merecemos sea posible”.
Tal como presentó el presupuesto el Gobierno de Javier Milei, el monto para el 2026 es igual al de este año, y por eso el CIN consideró que el “proyecto consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”.
El presupuesto presentado por el Ejecutivo comenzará a discutirse en la Comisión de Presupuesto del Congreso a la brevedad, y debe ser aprobado no más allá del 30 de noviembre. Para entonces, el tema tendría que estar resuelto.
¿Cuánto necesitan las universidades para el 2026?
De acuerdo a los cálculos anticipados por el CIN, el monto necesario para el normal funcionamiento de las universidades para el 2026 es de 7,32 billones de pesos. Esa cifra “actualiza y anualiza las partidas de la ley de Presupuesto 2023 (último aprobado por el Congreso Nacional)» y contempla gastos de personal, funcionamiento y programas universitarios. Fue elaborado según los criterios establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario que «estipula una base actualizada a la que se solicita adicionar una mejora para gastos de funcionamiento”, indicó el CIN. La cifra requerida es “un piso mínimo que no considera la inflación ni las actualizaciones salariales de los meses restantes de 2025”, ni considera “fondos para el desarrollo de ciencia, técnica y arte; para un plan de obras y equipamiento universitario o para la actualización de los planes de becas”.
El presupuesto más bajo desde 2006 y la menor inversión por estudiante desde 2005
Por su parte, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió una baja pronunciada en el presupuesto asignado a las universidades públicas.
En números reales, el presupuesto 2025 del Programa de Desarrollo de la Educación Superiores es un 9% inferior al del año pasado y acumula una caída del 32% desde 2023, “recorte que compromete el funcionamiento de las universidades y limita la capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad”, detallaron.
También destacaron que estamos ante la inversión por estudiante más baja desde 2005: $2,1 millones en 2025 cuando en promedio entre 2010 y 2023 se gastaba $4 millones. Ajustada por inflación, esta cifra es 53% menor que la registrada una década atrás.
Para ACIJ, “las universidades públicas cumplen un rol estratégico en la producción de conocimiento, formación de profesionales y la reducción de desigualdades. La caída sostenida de su presupuesto compromete estas funciones y refleja un cambio en las prioridades del Estado, con consecuencias para el desarrollo educativo y científico”, concluyeron.
El desfasaje
Bartolacci agrega que “la situación es crítica, y por eso reclamamos que se mantenga en pie la Ley de Financiamiento universitario y la necesidad de revisar la propuesta que elevó el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación para introducirle modificaciones razonables que permitan que las universidades públicas dispongan del presupuesto mínimo indispensable para desarrollar sus actividades con normalidad”.
–¿Por qué es importante la Ley de Financiamiento Universitario?
–Bartolacci: Porque repara el desfasaje que se produjo en términos de presupuesto y salario, entre inflación y las actualizaciones otorgadas, y genera una base para discutir el presupuesto 2026. Estábamos muy preocupados, también, porque en la propuesta del Ejecutivo, el incremento para las universidades públicas -para el 2026- era nulo y ya venimos con una pérdida de más del 30% en términos reales del presupuesto del año pasado, más pérdidas adicionales de este año y no iba a corregirse para el año próximo.
–Alpa: Lo lógico es que el Poder Ejecutivo converse con los distintos sectores, hable con el sistema, históricamente siempre hemos hecho un plenario del CIN antes de la presentación del Presupuesto y hablamos para saber la idea o propuesta del Gobierno. Pero en este caso no se dio. Para el 2026 proyectamos 7,3 billones de pesos y lo que el Ejecutivo propuso está lejísimo, tenemos un 40% de diferencia.
–¿Qué puede ocurrir este 2 de octubre en el Senado, cuando traten el veto?
–Alpa: Creemos que el Senado va a apoyarnos y, como este Gobierno es repetitivo en sus decisiones, supongo que seguirá lo mismo que con el veto a la Ley de Financiamiento de Discapacidad y, por lo tanto, tendremos que prepararnos legalmente porque no puede ser que una ley que es vetada como corresponde, el Poder Ejecutivo la incumpla. Igual siento que nos falta muchísimo: que apoye el Senado, que se promulgue y que el nuevo presupuesto llegue a los bolsillos de los docentes y no docentes. La ley es la base para discutir el Presupuesto 2026, que indudablemente no es el que mandó el Presidente de la Nación.
–Bartolacci: No puede ser un problema garantizarles a los jóvenes cumplir con su vocación, con la posibilidad de acceder a una formación pública de excelencia sin ningún tipo de restricción. Nuestro sistema universitario es parte de las cosas buenas que tiene la Argentina, que tenemos que cuidar y potenciar para alumbrar un futuro más próspero. Tuvimos tres manifestaciones muy importantes a nivel nacional que han dejado en claro que para la sociedad argentina la universidad pública debe cuidarse, y espero que se lea correctamente y se recapacite. Parece haber una autoridad que entiende que ejerce imponiendo, y yo creo que se ejerce contemplando, escuchando y conteniendo. Ojalá se tome nota de lo que está diciendo la sociedad argentina sobre el cuidado del sistema universitario y científico argentino. Las cuentas públicas nacionales no se desordenarán si se prioriza la inversión en estas áreas.
–Claro, porque además la propuesta que presentaron detalla el origen de los fondos para financiar el sistema universitario.
–Bartolacci: Está contemplado, sí. Hemos sido muy responsables en priorizar los caminos institucionales. Al no poder dialogar fuimos al Congreso de la Nación, que es el ámbito con competencia en materia presupuestaria. Llegamos a este punto después de advertir durante dos años cuál era el estado de situación, precisamente porque no queríamos llegar al punto en el que estamos hoy. Este contexto no es responsabilidad de la comunidad universitaria y científica, sino de las autoridades nacionales que no ofrecieron respuestas a problemas que saben que son muy graves y angustiantes, fundamentalmente, para los trabajadores de la educación superior. Hicimos todo el camino institucional que había que recorrer y dijimos claramente de dónde salen los recursos. Pero, además, pido que me concedan el beneficio de la duda porque cuando se dice que no hay plata -al mismo tiempo se la niegan a las personas con discapacidad, a los jubilados, al Garrahan y a las universidades- pero se prioriza y crecen los fondos para los servicios de Inteligencia en más de 1.000 por ciento. Eso demuestra que plata hay.
–Alpa: Los siete billones que pedimos es el histórico asignado del PBI de los impuestos nacionales a las universidades a moneda homogénea. Los ingresos del Estado aumentaron con la inflación, pero le dedicaron un 50% menos a la universidad, es decir que se quitaron fondos provenientes de Rentas Generales a la universidad y se utilizaron en otras cosas a discreción del Poder Ejecutivo. Nosotros solicitamos lo que hace 40 años se destina de Rentas Generales de impuestos para que se siga dedicando a las universidades públicas.
–No están pidiendo un incremento presupuestario, sino que se mantenga lo existente, con lo cual no hace falta proponer el origen de un recurso que ya existe.
–Alpa: Exacto. Tienen que devolver lo que sacaron.
–¿Hablaron con las autoridades del Ejecutivo luego del rechazo al veto presidencial?
Alpa: No, porque hace dos años que la política ha sido la misma. Desde su campaña el Presidente, con el famoso “afuera” ha planteado una política de reducción en educación y salud pública. Y en ese marco se mueve. La respuesta que dan no es que no están de acuerdo en la educación, pero dicen que el Estado no participe. Y en todo el mundo si el Estado no invierte en educación estratégica universitaria, nadie lo hace. Hasta Harvard recibe presupuesto del Estado, en Alemania el sistema universitario es gratuito y el Estado aporta el 1% de su PBI. Acá no hay un sistema alternativo, si el Estado desaparece quién va a invertir en educación, ciencia y técnica.
–Países que Milei considera aliados como Estados Unidos, Israel o Alemania, mantienen y sostienen la universidad pública. Asignan presupuesto para eso.
Alpa: Exactamente, y en algunos casos, además, les permiten cobrar y generar ingresos adicionales. Argentina, con el aporte que hace el sistema público -que está por debajo de cualquier país de primer mundo- puede mantener un sistema de calidad, masivo y sin arancelar. Y eso lo ha demostrado en los últimos 40 años de democracia.
–Pensándolo en términos políticos, ¿qué creen que está buscando el Gobierno con este tratamiento del presupuesto universitario?
Bartolacci: Hay una concepción que, a nuestro juicio, es equivocada e ilegítima, es errónea en esto de no priorizar la inversión en educación superior pública, en ciencia y en conocimiento, y en concebir como gasto lo que los países desarrollados entienden como prioritario para desarrollarse y crecer. No es que Estados Unidos, España, Alemania o Israel sean más generosos o más inteligentes, invierten tres o cuatro veces más que nosotros, pero saben lo que implica el conocimiento. La sociedad argentina lo ha dejado claro en tres manifestaciones muy contundentes: la educación pública, la universidad pública y la ciencia nacional deben ser una prioridad, sobre todo para un país como el nuestro, con problemas estructurales.
–No creo que sea incomprensible, más bien parece perverso porque afecta al bien común en temas de capacitación, inteligencia y desarrollo. No se entiende claramente qué tipo de país quieren generar.
–Bartolacci: La discusión de fondo va mucho más allá de la situación salarial o presupuestaria. Estamos debatiendo qué lugar le asignamos a estas cosas en un país que dijo históricamente que estos temas tienen un lugar prioritario. Desde Sarmiento para acá la columna vertebral de la Nación ha sido la educación pública que nos iguala.
–Alpa: El Gobierno ya está planteando otro año donde se pierde contra la inflación. El mensaje es que la universidad no se va a cerrar, pero en realidad -de seguir así- la están cerrando y ahogando de a poquito.