¿Cómo afecta la reforma al antidumping a la industria nacional?

La última semana, el Gobierno nacional modificó el sistema antidumping. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo afecta a la industria nacional? ¿Por qué Sturzenegger celebró la medida? ¿Vamos en sentido contrario del mundo? El problema de pensar en los consumidores descuidando la producción y el empleo.

El mundo se protege y nosotros hacemos lo contrario.

Es importante destacar que esta medida se da en un contexto global adverso. En los últimos días el flamante Presidente de los Estados Unidos anunció que creará una nueva agencia para recaudar mayores aranceles. El presidente Trump amenazó, porque de momento solo fue una afirmación de hecho y no de derecho, con una posible carga del 25 por ciento sobre todos los bienes importados de países aliados como Canadá y México, socios en el USMCA (un tratado de zona de libre comercio entre las 3 naciones norteamericanas), y del 60 por ciento sobre los bienes de China.

Este anuncio demuestra el rumbo optado por Trump en el marco de la guerra comercial con el gigante asiático. Una dirección muy distinta a la del gobierno de Milei, que desea  desproteger la industria nacional desregulando aranceles a la importación.

¿Qué es el dumping? 

El dumping implica la exportación de un producto a un precio inferior a su valor normal para introducirlo en el mercado externo. Esto quiere decir que, si por ejemplo, en China un termo tiene un precio de 10, el Gobierno chino subsidiará al exportador para que en Argentina tenga un precio de 8. La herramienta de política comercial contra esta medida de comercio desleal, y que usan todos los países del mundo para proteger a su propia producción, es el anti-dumping. El instrumento que Milei, Caputo y Sturzenegger modificaron esta última semana.

Esto aconteció en el marco del decreto 33/25 firmado por el Presidente Javier Milei y consiste en los siguientes cambios: 1) Ahora es el Ministerio de Economía el que decidirá sobre la aplicación de derechos anti-dumping o compensatorios; 2) Se reduce el período de investigación que determina el margen del dumping y su respectivo daño a los sectores; 3) Pone un plazo máximo de 3 años con posibilidad de extensión a 2 años más, totalizando solamente 5 años.

El objetivo del Gobierno tal y como lo celebró Sturzenegger en la red social X es obligar a las empresas a competir: “Al imponer el anti-dumping quedamos presa de un monopolio local que nos cobra lo que quiere” alegando “que es un mecanismo para hacernos menos competitivos, que no genera beneficios futuros, y que le mete la mano en el bolsillo a todos los argentinos”. Agregó: «Argentina, junto con Brasil, India y Turquía son los cuatro países que combinan mucho anti-dumping y muchas tarifas. La combinación es una menor calidad de vida para sus habitantes”.

Resulta cuanto menos curiosa la afirmación de Sturzenegger, en la que obvió mencionar a Estados Unidos y la Unión Europea como los segundos y terceros con más medidas antidumping en el mundo. Contrarias a las políticas de Donald Trump, cuya victoria y asunción fue celebrada por el presidente Milei.

Países con mayores medidas antidumping:

Cuadro de los países con mayores medidas anti dumping. Argentina se encuentra en el cuarto puesto con 298 medidas.
Consumidores contentos, pero en enorme riesgo 

No es novedad que el ministro Sturzenegger gestione con el manual de Martínez de Hoz en la mano, como tampoco lo son las consecuencias que acarrean estas políticas neoliberales. El problema es que este tipo de medidas suelen ser celebradas por la clase media en rol de consumidores, pues la liberalización comercial puede incorporar ofertas de bienes más baratos y así beneficiarlos en el corto plazo.

El problema es que, en el mediano y largo plazo, afecta al sector productivo local que debe competir de manera desigual con productos subsidiados o grandes multinacionales. El ciclo vicioso se cierra en que esas empresas, pymes en su mayoría, son las que dan trabajo a esos mismos consumidores contentos por comprar un bien más barato. Situación que puede tener como efecto colateral la pérdida de empleos y, en consecuencia, su propio rol de consumidores.

Y es que importar sin resguardo orientando la oferta en base a las necesidades de los consumidores implica atentar contra la misma capacidad empleadora, y consecuentemente consumidora, de los argentinos.

Se trata de otra medida más contra los sectores productivos locales a quienes el gobierno quiere hacer competir, lo que es necesario, pero en condiciones de total desigualdad como implica la laxitud que se tendrá con importaciones de productos sospechados de dumping. Hablamos de un sector al que le cuesta ser competitivo en gran medida por distorsiones y cargas como es la alta presión impositiva o el costo laboral.

“¿Cómo puede competir una pyme que enfrenta impuestos altos, logística costosa y limitaciones en el financiamiento, con productos de países donde se subsidian las materias primas y no hay leyes laborales estrictas?”, cuestionó la UIA en ese sentido.

Es cierto que Argentina arrastra algunos problemas desde hace años por su capacidad productiva disminuida y poco diversificada. Pero también los hay aquellos infligidos por la actual administración que, además, evidencian el sesgo anti producción local como es el atraso cambiario.  A la vista de todos está que el tipo de cambio pisado sitúa en una posición desigual a la Costa Atlántica argentina por sobre las playas de Brasil, afectando así a todo el sector turístico nacional que percibió un alza en los costos de un 117,8 por ciento durante el último año, mientras el tipo de cambio se mantuvo igual o menor a la temporada anterior.

Estas políticas, finalmente, atentan contra el “déficit cero” que pregona el Presidente Milei: En la medida que no se contengan las importaciones, se comenzarán a liquidar nuestros ahorros o se seguirá recurriendo al irrisorio endeudamiento externo (¡para mantener el tipo de cambio bajo!). Situación que, como decía Arturo Frondizi, “esquiva la grandeza del país y su total liberación”.

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