La situación es frágil porque convergen la amplitud del esquema de bandas, la falta de acumulación de reservas endógena a la política cambiaria, el déficit de cuenta corriente unido y la acentuada disminución del superávit comercial respecto de 2024. El Gobierno retrasa la salida de capitales con alzas de tasa y restricciones de liquidez. Pero no logra desactivarla.
En octubre de 2023, cuando Javier Milei era candidato, declaró que el peso argentino “no puede valer ni excremento” por la incompetencia de los políticos que lo emiten, y aseveró que no le aconsejaría renovar plazos fijos nominados en pesos a ningún ahorrista.
La declaración coronaba una serie de pronunciamientos poco oportunos sobre los instrumentos de política monetaria que se usaban en ese momento para absorber la liquidez de los bancos que no se volcaba directamente al sistema de crédito. Una función análoga a la de las LEFI que se trató de desarmar en julio, sin éxito.
Después de quedar preso de la pertinacia ideológica del Presidente, sus funcionarios se ven obligados a utilizar los instrumentos que él desdeñó. Lamentablemente, no para mantener un funcionamiento razonable de la economía argentina, sino para demorar un descontrol inevitable.
La semana pasada el Ministerio de Economía llevó adelante una licitación de títulos públicos, en la que se ofreció una tasa nominal anual de interés del 70 por ciento. Solamente se renovaron 9,1 billones de pesos, equivalentes al 61 por ciento de los vencimientos de la semana. 5,7 quedaron sin adjudicar.
Para resolver el problema que esa masa de fondos podía provocar en el mercado cambiario, el Gobierno dispuso una suba de encajes del cinco por ciento a los bancos y otras entidades financieras, y organizó una nueva licitación.
La medida implica que el 50 por ciento del valor de los depósitos a la vista en el caso de los bancos, y el 45 por ciento para las demás entidades alcanzadas, debe permanecer inmovilizado. Tres de estos puntos pueden invertirse en títulos públicos. Así se redujo el objetivo para la última licitación a 3,8 billones, que se renovaron casi en su totalidad.
El principal problema que traen aparejado la política monetaria y cambiara es que, desde que comenzó la administración libertaria, se sostuvo un esquema en el cual no se acumulaban reservas, y las tasas de interés no eran lo suficientemente altas para alentar el ahorro en pesos.
Por otra parte, como se intervenía sobre el dólar financiero a pesar de que el tipo de cambio oficial estaba fijo y con controles, cuando se agotó la bicicleta se erosionaron las reservas internacionales de las que disponía el Banco Central para intervenir sobre el mercado cambiario. Eso ocurrió entre enero y marzo de este año.
Con los desembolsos obtenidos por parte del Fondo Monetario Internacional y otras entidades, las reservas se reforzaron. Permitieron una continuidad de las bases macroeconómicas, y la estabilidad política resultante de que el tipo de cambio no esté sujeto a una devaluación brusca.
No obstante, la amplitud del esquema de bandas, la falta de acumulación de reservas endógena a la política cambiaria, y el déficit de cuenta corriente unido a la acentuada disminución del superávit comercial respecto de 2024, convergen en una situación de fragilidad.
Por eso, son necesarias las intervenciones mediante las licitaciones de títulos públicos. En retrospectiva, es sorprendente que recién ahora se busque ofrecer tasas de interés “altas”. Luego de una devaluación a fines de 2023 y una modificación del esquema cambiario este año, lo razonable hubiese sido un ajuste de tasas superior a la tasa de inflación con el tipo de cambio oficial fijo, de manera que el movimiento especulativo hacia el dólar quedara desalentado.
Dado que no se acumulan reservas, el mecanismo resulta en un aliento a la bicicleta financiera, que concluye con una corrida al dólar una vez que se agotan los incentivos para mantener el posicionamiento en pesos y existen ganancias en dólares para realizar antes de que el tipo de cambio quede en valores que las anulen. Es decir que la salida de capitales es una cuestión de tiempo. El Gobierno la retrasa con alzas de tasa y restricciones de liquidez. Pero no consigue desactivarla.
Existe cierta confusión sobre los efectos que tendrá el desenlace descripto sobre la actividad económica. Algunos analistas ubican al aumento de la tasa de interés como una amenaza para las empresas, por el incremento en el costo de financiamiento. Se trata de una idea convencional en la economía, pero equivocada. La tasa de interés no repercute por sí misma en las decisiones de inversión y actividad, motivadas por la demanda y el contexto del mercado. En todo caso, incide sobre los precios normales, por tratarse de un costo.
Bien entendido, el problema es que en este contexto las empresas tienen dificultades para trasladar plenamente los aumentos de costos a los precios, por la debilidad de la demanda. Y por la necesidad de sostener la actividad con un mercado interno contraído, posiblemente utilicen el crédito para apalancarse. Pero el origen del enfriamiento en la actividad no es el aumento de la tasa de interés. Es el empobrecimiento de la población.
La devaluación forzada por la finalización del carry trade agravará el cuadro, lo que lleva a un estado de cosas complejo para el conjunto de la dirigencia política. Es importante no cometer los errores de los gobiernos del Frente de Todos y el actual, que conducen a que se mantenga la declinación de las condiciones de vida iniciada en 2018 durante el mandato de Mauricio Macri. Lo que requiere ocuparse de elaborar un plan de estabilización que contemple la recomposición de los ingresos y la estabilidad del tipo de cambio, que tiene entre otras condiciones la administración sana de reservas internacionales y un buen manejo de la tasa de interés.