La anunciada salida argentina de la Organización Mundial de la Salud, los drásticos recortes al Presupuesto 2025 en materia de vacunas, plan de embarazo, salud sexual y reproductiva, la ausencia de campañas de prevención o el desmantelamiento de los cuidados paliativos para pacientes terminales, promueven inequidad en el cuidado sanitario de la población. “El sistema de salud argentino tiene un montón de cuestiones a mejorar, pero ninguna de las medidas que se van tomando mejora nada y genera nuevos problemas”, aseguró a Y ahora qué? el director ejecutivo de la Fundación Huésped, Leandro Cahn.
–Desde la Fundación Huésped advirtieron que seguirían de cerca la evolución de los últimos anuncios en materia sanitaria. ¿Qué están observando?
–En el tema de las vacunas como en el del VIH, por ejemplo, la normativa es muy clara en cuanto que el Gobierno nacional es el último responsable de la respuesta, tanto de los insumos como con la rectoría de la política sanitaria, que en estos temas suma la provisión de insumos, y en el caso de VIH, de todos los elementos para la prevención, detección, cuidado y tratamiento, siempre en articulación con las jurisdicciones. La Nación compra vacunas, las tiene en un depósito y luego las distribuye a las provincias. Los equipos del Ministerio de Salud, tanto de la dirección de Inmunoprevenibles como de la Dirección de VIH, hepatitis, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, disminuyeron en un 30% y un 40% respectivamente. Esto hizo que quedaran desatendidas muchas funciones y, en algunos casos, están pidiendo a personas con otro tipo de expertise que se ocupen, por ejemplo, del seguimiento de la cadena de frío.
En el caso de vacunas, por ejemplo, se argumentaba que había vacunas sobrantes. ¿Bueno, dónde están?, en principio en las jurisdicciones, distribuidas en las provincias, pero también sabemos que hay una caída en las coberturas. Lo que tenemos que hacer no es comprar menos vacunas sino promover una mayor aplicación de las existentes, porque no es que se compraron vacunas para 60 millones de personas, sino que se aplicaron menos. La optimización del sistema no está en comprar menos vacunas, sino en pensar mejores estrategias junto a las jurisdicciones, las organizaciones comunitarias, la sociedad civil y los ministerios de Educación y de Desarrollo para optimizar las oportunidades de vacunación. La dirección de vacunas se encarga de comprar, distribuir, gestionar brotes o monitorear casos, entre otros. No olvidemos que Argentina cuenta con uno de los calendarios de vacunación más completos de la región y, gracias a eso, logramos erradicar varias enfermedades. Por su parte, la dirección de VIH compra test, reactivos y ARV (fármacos antirretrovirales) para miles de personas con VIH y tuberculosis que se atienden en el sistema público. También asiste si hay problemas con obras sociales o prepagas, realiza campañas y analiza datos para determinar políticas. Entonces ¿podrían dejar de funcionar estas direcciones? No solo es poco ético, sería incumplir el derecho internacional y una acción anticonstitucional y anticonvencional, por el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
–¿Y si echan gente?
–Esto afecta directamente a la capacidad de las direcciones: menos campañas de prevención, menos vigilancia y control de casos, menos diagnóstico, más barreras de acceso a los tratamientos, menos investigación. Es decir, afecta a la salud de todas las personas.
–¿También ocurre que se estén comprando menos vacunas?
–No por el momento. En todo caso están garantizadas según lo que se manifiesta públicamente desde el Ministerio. Se anunció la salida de la OMS pero se reafirmó la pertenencia a la Organización Panamericana de la Salud. Pero en todo caso, el Fondo Rotatorio Estratégico a través del cual Argentina compra vía OPS vacunas y medicamentos antivirales, entre otros, seguiría garantizado.
–¿Puede ocurrir que con la disminución de personal se produzca una merma dramática en la aplicación de vacunas?
–Sí y no. Hay que partir de una base que desde los ´90 tenemos un Ministerio de Educación sin escuelas y un Ministerio de Salud prácticamente sin hospitales.
Entonces, salvo el caso del Garrahan, el Cruce, el Posadas, el Cuenca Alta y algún otro, el resto son todos provinciales o municipales, con lo cual no es que se discontinuó, no es que había vacunadores contratados por el Ministerio. Estamos hablando que en toda la dirección de Inmunoprevenibles había 46 personas antes del recorte. No es que había 2800.
–¿Con funciones más administrativas o de planificación?
–De planificación y administrativas, porque había médicos que hacían seguimientos. Ahora, por ejemplo, estamos con un brote de sarampión en Ciudad de Buenos Aires. Había una médica pediatra que seguía desde Nación en articulación, en este caso, con la Ciudad, pero con todas las jurisdicciones los brotes y los eventuales refuerzos.
Todo eso requiere de una planificación y de un conocimiento técnico. Lo mismo con las personas que daban soporte técnico al NOMIVAC (el Registro Federal de Vacunación Nominalizado) para para seguir la trazabilidad y saber qué pasó con la vacuna desde que salió del depósito del Ministerio hasta que llegó al brazo de una persona para lograr un registro muy completo de la vacunación en cada una de las jurisdicciones y con cada vacuna. Argentina tiene un calendario de vacunación de los más completos del mundo y el más completo de la región. Hay muchísimo para hacer para que eso no termine simplemente en la compra de vacunas. Ese es un punto intermedio, no es el punto final y el rol que puede tener como articulador, planificador y ejecutor el Ministerio de Salud de la Nación no es delegable a las provincias.
–Para entender: ¿la principal crítica al Ministerio de Salud es la merma en el personal? Porque parece ser que no hay una disminución en la compra o adquisición y distribución de vacunas.
–En el tema de vacunas puntualmente, creo que falta una política clara de promoción de la vacunación. Sumado a eso se da este recorte del 30% del personal, de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, donde la planificación de las políticas con las jurisdicciones vinculadas a la vacunación se ve debilitada.
Por ejemplo, con respecto al brote de sarampión en la Ciudad de Buenos Aires, no hay ningún tipo de comunicación más allá de una alerta epidemiológica que sacaron dos días después que la Ciudad lo difundiera.
Y hasta resulta gracioso porque abajo del texto citan entre las fuentes mapas de cómo está el sarampión en el mundo, que los sacan de la OMS, de donde se están yendo.
–¿Pueden bajarse de la OMS y no de la OPS?
–Bueno, en principio parecería que sí, porque la OPS es una entidad jurídicamente independiente, con gobernanza propia en Washington y que inclusive existe desde antes que la OMS. Pero ocurre, además, que la OPS tiene como función ser la Oficina regional de la OMS. Sobre el anuncio de la salida de la OMS, lo que hubo fue una reunión con la OPS donde se reafirmó la pertenencia a esa organización, pero es una situación inédita porque la OPS nunca ha tenido un miembro que no sea miembro de la OMS.
–¿En qué nos puede perjudicar como país?
–No pertenecer a la OMS, en principio, nos sacaría de la discusión global sobre las políticas sanitarias. Perdemos un lugar. Hay que ver cómo es la salida, porque la OMS no tiene contemplado que los países puedan no estar, salvo en el caso de Estados Unidos, que cuando se sumó lo hizo con reserva de poder retirarse con un proceso establecido.
–Y Argentina no tiene previsto ese proceso.
–No. Pero también se puede dejar de ir a las reuniones y hacer un retiro de facto, no pagar la cuota, no participar y retirarse de los espacios… hay otras formas de irse.
Estar en la OMS tiene que ver con poder formar parte de las discusiones globales. La OMS no está dirigida por extraterrestres sino por autoridades elegidas por los propios países en la Asamblea Global de la Salud. Tiene que ver con la diplomacia, con espacios de construcción de consenso y de cómo establecer alianzas con países que piensan parecido en temas sanitarios. La OMS no impone políticas sanitarias, es un órgano asesor que reúne evidencia y comparte conocimientos. El problema es que creo que hay un ataque, que no tiene mucha justificación, al rol de la OMS en la en la pandemia de COVID que no se explica porque si ese fuera el motivo, no se entiende por qué nos separamos de la OMS y no de la OPS cuando ésta siguió, a nivel regional, los lineamientos establecidos por la OMS. Y luego hay también algunas cuestiones que todavía no están del todo claras, porque hay algunas instituciones que operan como centros colaboradores de la OMS, como el Malbrán. ¿Qué va a pasar con esas organizaciones si Argentina, efectivamente, no forma más parte o se retira formalmente de la Organización Mundial de la Salud? Es una situación absolutamente inédita y que no queda claro cómo podrá impactar. El único país que no forma parte de la OMS es Lichtenstein
–¿Tienen registro de que haya alguna merma en los servicios de salud del Estado a nivel nacional, provincial o municipal? Por ejemplo, si busco aplicarme una vacuna en un hospital público, ¿está la vacuna o no?
–No tenemos registro por el momento de faltantes. También es cierto que no lo tenemos claro porque hicimos pedidos de acceso a la información pública y no nos han contestado. Hicimos el reclamo a la Agencia de Acceso a la Información Pública que intimó al Ministerio para que nos conteste y tampoco lo hicieron, así que estamos avanzando en el plano judicial.
–¿Cómo está la situación con el Estado en relación a los tratamientos contra el HIV?
—Es parecida a la de las vacunas. Pero, por ejemplo, casi no hubo compra de preservativos durante 2024, hubo faltante ocasional de alguna medicación, que puede pasar a veces por los tiempos de compra, pero al no haber Presupuesto 2025 no estamos seguros porque tampoco nos contestan cómo evolucionarán los temas este año. Lo que sí vemos con preocupación es el Presupuesto 2025 porque es metafísico: ¿cuánta guita van a gastar, pero, también, cuántas vacunas van a comprar o cuántas personas van a poner en tratamiento, etcétera? Esa es la metafísica… Y en las metafísicas del tratamiento de VIH vemos con preocupación la caída en preservativos a menos de la mitad de 2023 porque la caída de la carga viral también hace que caiga la cantidad de pacientes en tratamiento. Hoy sólo podríamos comparar con el Presupuesto 2023, que es el último ejecutado.
–¿En cuánto cae?
–Y… hay más o menos 75.000 personas bajo tratamiento con cobertura pública exclusiva. Es decir, que te cubre el Estado nacional y el año pasado hubo 6.400 casos, de los cuales aproximadamente 4.000, si sigue la lógica, van a requerir tratamiento por parte del Estado y se producirán alrededor de 1.500 muertes. El proyecto de presupuesto 2025 contempla 65.000 personas.
–¿Les preocupa esto, Leandro?
–Por supuesto. Sobre todo, me preocupa esta sensación de deslindar responsabilidades del gobierno nacional, y que las provincias tengan que asumir individualmente responsabilidades que van a generar mayor inequidad en un sistema ya de por sí inequitativo. El sistema de salud argentino tiene un montón de cuestiones a mejorar, y ninguna de las medidas que se van tomando mejora nada y genera nuevos problemas.
–¿Y qué problemas nuevos avizoran?
–Si promueven que las provincias se responsabilicen individualmente de más temas sanitarios se producirá mayor inequidad porque dependerá de la provincia en la que hayas tenido la suerte de nacer o vivir para poder acceder -o no- a determinadas prestaciones de salud.
Lo vimos muy claro cuando se desmanteló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA). Sabemos que provincias grandes como Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba o Mendoza compraron preservativos, incluso compraron de urgencia medicamentos para cubrir profilaxis post exposición. Pero, ¿qué va a pasar con otras provincias? Nos preocupa generar mayor desigualdad en un sistema que si algo lo caracteriza es la desigualdad. Argentina tiene un gasto global en salud de un país desarrollado y un acceso que podemos ver como usuarios que dista mucho de ser el de un país desarrollado.
–A esto se agrega el tema del desmantelamiento de los cuidados paliativos y el Instituto Nacional del Cáncer.
–Sí, donde todo el tema VIH tiene mucho para tomarse como ejemplo para otras patologías. Por ejemplo, con los tratamientos oncológicos. En el caso de VIH, el Estado nacional compra para todo el país y, de ese modo, es el mejor comprador de todo el sistema. Consigue mejor precio por volumen, por tipo de negociación, etcétera. Entonces este tipo de mecanismo, en vez de ser tomado como modelo para otras patologías, lo que vemos es que, en el caso oncológico, el Instituto Nacional del Cáncer solo accionaba cuando había una negativa de parte de cada provincia. Y ahora, además, se quita el tema de los cuidados paliativos, y generan más dolor a las personas que padecen una enfermedad terminal. Pero volviendo al VIH, lo importante para entender es que no hay nada más costo (beneficio) efectivo que testear temprano y tratar oportunamente en caso de que la persona dé positiva, porque -primero- esa persona no va a enfermar, pero tampoco va a faltar al trabajo, a la escuela o no va a requerir cuidado de parte de familiares, no va a requerir internación, por lo tanto, no le va a requerir costo extra al sistema de salud para tratar infecciones oportunistas. Tampoco va a requerir medicamentos, ni tantos controles médicos. En VIH, indetectable es igual a intransmisible. Es decir, una persona con VIH que está en tratamiento y tiene carga viral indetectable, no transmite el virus por vía sexual. Cualquier medida que restrinja o dificulte el acceso al testeo y al tratamiento generará más costos al sistema de salud, así que no ayuda ni siquiera desde un punto de vista economicista.