Un documento de especialistas latinoamericanos y las reflexiones del infectólogo brasileño Dirceu Greco convergen en una misma crítica: el silencio de las instituciones médicas globales frente a la devastación sanitaria en Gaza y la disputa política que atraviesa hoy a la comunidad médica internacional. El debate llegó a San Pablo.
La revisión de la Declaración de Taipei sobre Consideraciones Éticas acerca de Bases de Datos de Salud y Biobancos, impulsada por la Asociación Médica Mundial (AMM), comenzó a debatirse en São Paulo en medio de una controversia que excede el plano técnico. La discusión sobre inteligencia artificial, biobancos y gobernanza de datos sanitarios quedó atravesada por un conflicto político y ético mayor: la devastación del sistema de salud en Gaza y la participación de la Asociación Médica de Israel en el grupo de trabajo encargado de revisar el documento.
Cuatro especialistas en bioética —los brasileños Dirceu Greco, Marisa Palacios y Nilza Maria Diniz, y la argentina Liliana Virginia Siede— anunciaron por eso su negativa a participar de las reuniones organizadas por la AMM en San Pablo. En un pronunciamiento enviado al comité organizador sostuvieron que la elaboración de normas éticas internacionales exige el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, principios que consideran incompatibles con la destrucción deliberada de poblaciones civiles.
La objeción se dirigió específicamente a la presencia de la Asociación Médica de Israel en el grupo que conduce la revisión de la Declaración de Taipei. Los firmantes consideraron incompatible que una entidad cuyo presidente respalda públicamente las acciones militares del gobierno israelí en Gaza participe en la elaboración de normas éticas internacionales vinculadas a la protección de la vida, la dignidad humana y los derechos de los pacientes.
El documento vincula esa decisión con la situación en Gaza, donde, según distintos informes internacionales, la infraestructura sanitaria sufrió un colapso casi total. Un artículo publicado en el South African Medical Journal por F. Araie, F. Hassan, A. Jacub, I. London, H. Mahomed, M. S. Moolla y L. Shapiro describe una catástrofe apoyada en datos de la Organización Mundial de la Salud: hacia comienzos de 2025, el 94 por ciento de los hospitales de Gaza estaban severamente dañados o destruidos, y solo 17 de los 36 existentes funcionaban parcialmente.
Ese mismo trabajo cita estimaciones de Physicians for Human Rights Israel, según las cuales al menos 1.580 trabajadores de la salud —el 8,2 por ciento de la fuerza laboral sanitaria— habían sido asesinados, además de señalar el impacto de la interrupción de suministros médicos y alimentos sobre la mortalidad civil. Los autores advierten que el silencio o las declaraciones ambiguas de las organizaciones médicas internacionales equivalen a una forma de complicidad ética.
La crítica se dirige en particular a la Asociación Médica Mundial, que reúne a más de un centenar de asociaciones profesionales. Solo 11 de sus 115 organizaciones firmaron una declaración conjunta sobre la crisis sanitaria en Gaza. Aunque el documento exige el cumplimiento de las Convenciones de Ginebra y condena los ataques contra personal sanitario, el cuestionamiento subraya una omisión central: la ausencia de una referencia explícita a la magnitud de las muertes civiles y a la responsabilidad política del gobierno israelí en la devastación del sistema de salud.
El infectólogo y profesor emérito de la Universidad Federal de Minas Gerais Dirceu Greco analizó esta situación en declaraciones a Y ahora qué?. Para él, la crisis actual no puede interpretarse como un episodio aislado.
“La situación confirma un proceso de imperialismo en curso”, dijo. “Muchos lo advertían, pero la coyuntura actual lo vuelve evidente. En América Latina lo sentimos con fuerza, incluso en la Argentina con el gobierno de Milei. No es un fenómeno aislado; forma parte de una reconfiguración global de poder.”
En Brasil, explicó, el conflicto de Gaza produjo una movilización creciente dentro de la sociedad civil y del ámbito académico.
“En Brasil se formaron numerosos grupos de apoyo a Palestina cuando comenzó a agravarse la situación en Gaza. Al principio eran expresiones solidarias, pero cuando empezó a hablarse abiertamente de genocidio, la movilización se intensificó. Nadie está contra el pueblo israelí. El problema es político. Es necesario separar las decisiones de Benjamín Netanyahu del pueblo judío, que ha sufrido persecuciones históricas muy profundas.”
La controversia dentro de la AMM se vincula directamente con esa dimensión política y ética. El grupo de trabajo encargado de revisar la Declaración de Taipei está coordinado por el presidente de la Asociación Médica de Israel, un hecho que generó cuestionamientos de varias organizaciones médicas. La Asociación Médica de Sudáfrica, por ejemplo, suspendió sus relaciones profesionales con la entidad israelí y solicitó su exclusión de la organización internacional, al considerar que no defendió adecuadamente los principios de la ética médica frente al ataque al sistema sanitario de Gaza.
Greco no asistió a la reunión en São Paulo.
“No participaré de ese encuentro”, había anticipado a este medio. “Tengo visibilidad pública en este debate pero no tengo derecho a voto en esa instancia.”
La discusión sobre la Declaración de Taipei tiene una dimensión técnica relevante. El documento define estándares éticos globales para el uso de datos de salud identificables y materiales biológicos en investigación. Su revisión responde a desafíos nuevos derivados del avance de la inteligencia artificial, las plataformas digitales y las metatecnologías, que multiplican la capacidad de procesar grandes volúmenes de información biomédica.
Para Greco, sin embargo, el debate no puede limitarse a especialistas.
“Los temas de biobancos e inteligencia artificial no pueden quedar exclusivamente en manos de expertos. Cuanta más participación pública exista en estas discusiones, mejor será la calidad ética de las decisiones”.
El pronunciamiento de los bioeticistas latinoamericanos también reclama transparencia y consultas públicas en el proceso de revisión de la Declaración de Taipei, con participación de pueblos originarios, pacientes, investigadores y sectores socialmente vulnerables.
En ese marco, la crisis humanitaria en Gaza aparece como una prueba decisiva para la coherencia ética del sistema médico internacional. Los autores del artículo del South African Medical Journal advierten que la devastación del sistema sanitario no puede interpretarse solo como un daño colateral de la guerra, sino como parte de una crisis que compromete los fundamentos mismos del derecho internacional humanitario.
Greco comparte esa preocupación. “La discusión no termina en una reunión ni en un documento”, dijo. “Lo importante es sostener el debate público y ético. La continuidad democrática y la ética médica están en disputa.”