Infiltrados y detenidos inocentes como parte de un plan para que protestar, de ahora en adelante, produzca miedo. La secuencia del plan que aplicaron el Presidente, la ministra de Seguridad y el fiscal Stornelli. La escalada en medio de la discusión de la Ley Bases en el Senado. Qué decía la maestra Alicia Oliveira sobre el cariño por agravar algunas penas y endiosar algunos artículos del Código Penal.
La sociedad argentina está frente a un desafío planteado por Su Excelencia de manera implícita: si las instituciones siguen como están y no hay autogolpe o alguna maniobra por el estilo, ¿la democracia es la misma? ¿O hay que empezar a evaluar su grado de calidad, su intensidad y su nivel de cumplimiento de derechos exigibles al Estado?
La discusión es pertinente siempre. Pero lo es más desde el 10 de diciembre, porque llegó a la Casa Rosada un Presidente que dice ser un topo para minar el Estado desde adentro. Y es todavía más pertinente tras la represión del miércoles 12 de junio contra los manifestantes que fueron al Congreso a cuestionar la Ley Bases, finalmente aprobada en general por el Senado.
Frente a las detenciones arbitrarias y al intento de someter a los detenidos al fuero federal de la Justicia, la ex secretaria de Legal y Técnica Vilma Ibarra tuiteó: “Es imperiosa la inmediata libertad de las personas que fueron detenidas, sin pruebas de ningún delito, y por ejercer el derecho de manifestarse. Detengan a los encapuchados que quemaron autos ante la impasible policía. No lastimen más nuestra democracia”.
Ibarra, abogada con larga experiencia, se refería a los numerosos casos que circularon en las redes sobre supuestos terroristas que, luego de vandalizar lo que tenían a su paso, eran acogidos por la Policía Federal, previa apertura amable de las vallas.
En tiempos de celulares cada vez más inteligentes, en un número que en la Argentina supera al de habitantes, la impunidad callejera es cada vez más difícil.
No se sabe por ahora cuál será la tolerancia social ante la represión y el invento de que existen peligrosísimos sujetos, aunque ese invento ignora que se resocializan en segundos y se alistan en las filas policiales con civismo ejemplar. Tampoco se sabe si en las fuerzas federales predominará la obediencia, que en este caso pasa a ser obediencia a órdenes ilegales, y por lo tanto constituye delito y no es de ninguna manera obediencia obligatoria, mientras la ministra de Seguridad se apropia de una herramienta del Estado. Lo hizo con la Gendarmería durante el gobierno de su entonces amigo y jefe Mauricio Macri, y lo intenta ahora con la Policía Federal durante el mandato su actual amigo y jefe Javier Milei.
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La impunidad del equipo de Su Excelencia también encuentra dificultades a cada paso, porque los medios graban y las redes reproducen. En las últimas horas del miércoles, con el gas pimienta todavía impregnando los ojos de diputados nacionales y la marca de los palos en unas cuantas espaldas, Bullrich declaró que tenía información previa de que grupos terroristas irían a la Plaza de los dos Congresos con el objetivo de impedir las sesiones y concretar un golpe de Estado. Y entonces, ¿qué sucedió con los equipos de inteligencia criminal? ¿Sabían y no pudieron actuar? ¿Sabían y no quisieron actuar? ¿O es mentira que había un plan golpista en marcha?
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La secuencia está clara:
*Provocación de infiltrados y detenciones.
*Impedimento a las mayores columnas, como la de la CGT y las CTA, para que llegaran a las cercanías del Congreso. Incluso fueron arriadas por la Policía Federal y la Prefectura todavía más lejos de la Nueve de Julio, desde donde marchaban.
*Su Excelencia emitió un comunicado fijando el marco y el tono de lo que haría. Textualmente: “La Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina”.
*La ministra de Seguridad reforzó la falacia con la supuesta información, que nunca dio, sobre la peligrosidad de los presuntos grupos.
*El fiscal Carlos Stornelli les imputó a los 33 arrestados nada menos que 15 delitos, entre ellos el de sedición, y pidió prisión preventiva para todos.
*Los arrestados fueron llevados a los penales de Marcos Paz y Ezeiza.
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Enuncia el artículo 229 del Código Penal que “serán reprimidos con prisión de uno a seis años” quienes “se alzaren en armas” contra los poderes públicos para “impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley”.
El artículo 230 del Código Penal dice: “Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años: 1. Los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de éste. 2. Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código”.
Los dos poderes del Estado que Su Excelencia repudia pero utiliza, el Ejecutivo y el Judicial a través de Stornelli, quieren llegar a probar el extremo del artículo 22 de la Constitución nacional: “El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales afirmó que “sin pruebas y basándose en tuits del gobierno, el fiscal Stornelli acusó en forma grave e infundada a las personas detenidas en Congreso, la jueza Servini las indagó y algunas ya son enviadas a cárceles”. Agregó: “Es una escalada penal arbitraria y peligrosa”. Detalló que “las detenciones se hicieron al voleo” y que fueron ejecutadas “para generar temor de ir a una marcha”. Es decir: “El objetivo es político: infundir miedo a cualquiera que se movilice contra el Gobierno”.
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En un país que transitó por el terrorismo de Estado, la palabra “terrorista” merece una atención especial.
En la Argentina rige desde 2011, en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner, una Ley Antiterrorista aprobada por pedido del GAFI, el Grupo de Asistencia Financiera Internacional, organismo con gran peso de los Estados Unidos. La intención manifiesta era combatir el financiamiento de los grupos terroristas en el mundo. En ese mismo momento organismos de derechos humanos argumentaron que era peligroso que la ley argentina repitiera una definición maleable de terrorismo. Ya no se aplicaba la calificación de “terrorista” a una acción de guerra en tiempos de paz, como sostenían tradicionalmente las Naciones Unidas. Pasaba a ser terrorista, de hecho, cualquier acción que el gobierno amenazado entendiera que fuese terrorismo.
En el debate que originó el aumento de castigos en el Código Penal, para organismos como el Cels y la Correpi hablar de «delitos destinados a aterrorizar a la población» era una formulación tan genérica que podría llevar a castigar la protesta. Lo mismo pasaría con el aumento de penas para quien fuese privado de su libertad por «obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo». Es decir que podría aplicarse para quien presionara al Congreso.
Es verdad que en la propia normativa antiterrorista quedó aclarado que ese artículo no rige para hechos producidos «en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional». Pero el cambio en el Código Penal quedó firme, y así se abrió el camino a nuevas aventuras.
La maestra de maestras Alicia Oliveira falleció en medio del reconocimiento general, porque fue público ni bien los cardenales entronizaron a Francisco que era amiga del nuevo Papa desde cuando Jorge Bergoglio era un cura jesuita y ni soñaba con ser arzobispo de Buenos Aires. Sin embargo, Alicia Oliveira tenía méritos propios, y bien anteriores. Además de su función como jueza joven, cargo que ejerció hasta el golpe de 1976, fue una de las primeras querellantes en las causas contra los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada. Y luego, con los años, terminó ejerciendo una pedagogía permanente que expresaba así a sus amigos y discípulos: “Los abogados de derechos humanos y los dirigentes políticos populares no tienen que apelar a formas penales como la asociación ilícita o la instigación al delito, porque fueron inventadas para perseguir al movimiento obrero”. En 2011, pleno debate sobre la aplicación de la Ley de Medios, algunos de quienes no la habían redactado ni estudiado, pero querían acción directa, imaginaban un escenario de aplicación de penas antiterroristas para Clarín, si el grupo empresario insistía en no desinvertir. No habían escuchado a Oliveira ni sacado la conclusión correspondiente, que ahora vuelve a plantearse: la calidad de la democracia, tanto en sus aspectos sociales como institucionales, es una cuestión de interés popular. Y, con el gobierno de Su Excelencia, si todavía no es de interés sin duda debería serlo.