La Carta Orgánica es el documento que establece el alcance en las funciones del Banco Central de la República Argentina. La reforma de 2012 surgió para actualizar la que quedó vigente en 1992, que se adaptó al régimen de convertibilidad. No fueron cambios de política económica en sí mismas, que fueron determinadas y practicadas antes, sino su consagración institucional. Tampoco es una anomalía que los bancos centrales tengan funciones más extensas que la estabilidad de precios, que no pueden garantizar por sí mismos.
Luego de la participación de Kristalina Giorgieva, la Directora del Fondo Monetario Internacional, en una reunión con el Gobierno que puso en evidencia la falta de autonomía en el diseño de la política económica, Javier Milei se propone dar la impresión de que él es el hombre a cargo y tiene la capacidad de alterar los rumbos de la Argentina en forma duradera. Por eso presentó una reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que anunció por cadena nacional el 30 de julio.
La Carta Orgánica es el documento que establece el alcance en las funciones del BCRA. Entre otras cosas, fija los límites en torno a las acciones que tiene permitido asumir el organismo, y la forma de elección de las autoridades.
La Carta Orgánica anterior, aprobada en 2012, surgió como una reforma de la que quedó vigente en 1992, que se adaptó para el régimen de convertibilidad. El mandato que se le asignó al Banco Central fue el de defender el valor de la moneda.
También se dispuso que las decisiones del organismo no estén sujetas a la voluntad del poder ejecutivo, y que no se pudiese financiar al Tesoro Nacional. Lo último fue parte del esquema de convertibilidad, que para el mantenimiento del tipo de cambio 1 a 1 entre el peso y el dólar requería de la rigidez de la base monetaria, por lo que debían eliminarse los mecanismos de creación de dinero hasta dónde fuese posible.
En 2012 se introdujo otra reforma. Se amplió el mandato para que la preservación de la estabilidad monetaria conviviese con la promoción de la estabilidad financiera, el empleo, y el desarrollo económico con equidad social. También se habilitó al BCRA para orientar la asignación del crédito del sector privado y delimitar las tasas de interés del sistema bancario.
Previamente, en febrero de 2002, se reintrodujo la facultad de que el BCRA financiase al Tesoro Nacional mediante adelantos transitorios, con un máximo equivalente al 10 por ciento de los recursos en efectivo que el Tesoro hubiese obtenido en los últimos 12 meses, que deberían reembolsarse al año del otorgamiento.
En 2003 se cambió por un límite del 12 por ciento de la base monetaria, más un monto equivalente al 10 por ciento de los recursos en efectivo del Tesoro para el pago de deudas contraídas con organismos multilaterales de crédito. Ese tope fue el que quedó finalmente con la reforma de 2012.
Otra cosa que se introdujo en 2012 fue el uso directo de reservas internacionales para el pago de deuda externa. Anteriormente, en 2005 se autorizó el pago de 9.800 millones de dólares al FMI, y en 2009 y 2010 se recurrió al uso de letras intransferibles en contrapartida de las reservas para realizar pagos a varios acreedores.
La nueva reforma re-establece el objetivo exclusivo de cuidar el valor de la moneda. Lo que se conoce hasta ahora es que se prohíbe la financiación monetaria del déficit estatal, se eliminan las letras intransferibles, y se requerirán dos tercios de las cámaras de diputados y de senadores para remover al presidente del Banco Central, aunque la forma de nombramiento sigue siendo la misma.
También, el Presidente Milei se refirió en la cadena nacional a la instrumentación de un llamado “grillete fiscal”. Según lo que definió, si el resultado fiscal es deficitario tras un número de meses (no especificó cuantos), y luego de unas semanas no se reestablece el equilibrio, “se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias. Y, principalmente, durante lo que dure el grillete, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios, no cobrarán un solo peso de sueldo”.
Por último, aludiendo a la necesidad de que el ahorro sea utilizado para la inversión, mencionó la proximidad de una reforma para relajar los controles del mercado de capitales. Lo más concreto que anunció es que se permitirá emitir bonos corporativos denominados en dólares. Lo cual, en realidad, ya existe.
Dejando de lado la vaguedad del anuncio sobre el mercado de capitales, el sentido de la reforma es un refuerzo ideológico, más que práctico, de la política económica del actual Gobierno sobre la contracción del gasto público.
Reina hipocresía en el hecho de que se pregona la independencia del Banco Central, cuando la política cambiaria y monetaria se encuentra regida por un acuerdo con el FMI alcanzado por el Poder Ejecutivo, que lleva a determinar la tasa de interés en función del movimiento del tipo de cambio. También es complementada por las licitaciones de títulos del Ministerio de Economía, necesarias para evitar que se dispare el dólar, e indistintas en términos de política económica de títulos emitidos por el Gobierno Nacional.
Por otro lado, si las condiciones de nombramiento para la conducción del Banco Central siguen sin cambios, entonces, en la práctica, se trata de buscar la pervivencia de las autoridades nombradas por el Gobierno actual. De la misma manera que la eliminación de letras intransferibles y los adelantos transitorios al Tesoro, más el “grillete fiscal”, no cambian nada para un Gobierno que se ufana de contraer el gasto. Son condicionamientos para los que siguen.
Cómo explicó en un artículo Betina Stein, y recientemente remarcaron un conjunto de ex funcionarios, la ampliación de las facultades del BCRA en la Carta Orgánica de 2012 fue un producto de la comprensión a raíz de las experiencias de que es necesario contar con instrumentos para asegurar el desenvolvimiento de la economía. La más reciente fue el financiamiento de la asistencia durante la pandemia de 2020.
Vale remarcar que se introdujeron con el tiempo. El cambio en la Carta Orgánica no fue el cambio de política económica en sí mismo. Fue su consagración institucional al modificar los objetivos del Banco Central. Lo mismo puede decirse de la Convertibilidad, o de lo que busca este Gobierno.
Tampoco es una anomalía que los bancos centrales tengan objetivos más extensos que la estabilidad de precios. El Centro de Economía Política Argentina comparó Cartas Orgánicas de otros países. La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Israel, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Brasil y el Banco Central de Uruguay reconocen la promoción del empleo entre sus finalidades. Mientras que el Banco de México y el Banco Central de Chile enfatizan el funcionamiento de los pagos internos y externos, cosa que al Gobierno argentino se le escapa al no dejar en claro como tramitar el pago de la deuda externa.
La verdad es que “el valor de la moneda” es un concepto difuso, que se emplea de manera casi supersticiosa. No existe tal cosa como una moneda con valor. De lo que se habla es de la estabilidad del nivel de precios. La emisión monetaria no la determina. En todo caso, es determinada por sus fluctuaciones. La economía capitalista tiene que crear dinero para funcionar, sencillamente porque la expansión de la economía requiere que haya más dinero en circulación. Y no es solamente el Gobierno el que lo crea cuando incrementa el gasto por encima de sus ingresos. Existe un mecanismo automático y más recurrente, que es el del uso del crédito en cualquier forma.
Lo que puede hacer el Banco Central para preservar el nivel de precios es parcial. Principalmente, consiste en contener el tipo de cambio, y sus condiciones para hacerlo están en dependencia del desarrollo de la política económica en conjunto.
Es decir que la reforma actual es más ruido que nueces. Pero esconde una finalidad malintencionada. No es legítimo pretender que la política económica que sigan los Gobiernos posteriores esté condicionada por la orientación del actual. Para la determinación del rumbo a seguir por el país están las elecciones, y todo el trabajo que involucra el sistema democrático. Y no hay nada que en ese aspecto ponga a la administración libertaria por encima del resto.
Sería interesante que la dirigencia política lo reconozca y se pronuncie en contra de una reforma que consagra el cercenamiento de instrumentos para el funcionamiento de la Administración Pública en cualquiera de sus estamentos. No sólo porque sea difícil revertirla en un futuro próximo, si no por una razón más simple: no hay por qué aceptar decisiones que son dañinas para el Estado y la población argentina.