El gobierno de Javier Milei decidió retirar el polémico artículo 3 del proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, dice la autora, magister en Gestión Ambiental, eso no significa que la iniciativa haya dejado de representar un peligro para la soberanía nacional. Las modificaciones propuestas a la Ley de Manejo del Fuego reducen las restricciones para vender tierras incendiadas o cambiar el uso del suelo. La medida se produce después de la desfinanciación de los organismos encargados de prevenir y combatir los incendios forestales.
El gobierno de Milei decidió retirar el polémico artículo 3 del proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero esto no quiere decir que el proyecto deje de tener peligrosidad para la soberanía nacional.
Quisiera detenerme en el artículo referido a las modificaciones de la Ley de Manejo del Fuego (Ley N.º 26.815), uno de los puntos que quedó en debate después de que el Poder Ejecutivo retirara el artículo 3, luego del rechazo de la sociedad, pero principalmente por la negativa de los llamados “gobernadores aliados”, que no quisieron incendiarse.
La flexibilización de los plazos sobre las tierras productivas elimina o reduce las restricciones para la venta, el cambio de uso del suelo y el desarrollo inmobiliario o productivo que pesaban, durante plazos de hasta 30 o 60 años, sobre campos o parcelas rurales que hubieran sufrido incendios.
Se mantienen, en cambio, las salvaguardas ambientales y las protecciones especiales sobre las áreas categorizadas como bosques nativos de conservación.
El bosque nativo
Lo concreto es que el bosque nativo cubre el 19 por ciento del territorio argentino, aproximadamente unos 53,6 millones de hectáreas, en el marco de la Ley 26.331.
Gracias a los famosos cuatro climas de la Argentina, la riqueza y la diversidad de esta cobertura son sorprendentes.
El Parque Chaqueño, el Espinal, el Monte, la Selva Misionera o Selva Paranaense, la Selva Tucumano-Boliviana o Yungas, el Bosque Andino Patagónico y el Delta e Islas del Río Paraná constituyen la base biológica de nuestra existencia.
Estos bosques han sufrido presiones por el avance de la frontera agropecuaria. En muchos casos se utilizaron desmontes mecánicos y, sobre todo, incendios forestales.
Hay que reconocer que la Argentina ha tratado con desdén a estos bosques, cambiando el uso del suelo —del bosque al pastizal— y priorizando una actividad productiva por sobre otra.
El suelo, un recurso estratégico
Esto viene a colación de la inviolabilidad de la propiedad privada. Los recursos naturales son riquezas estratégicas de un país, riquezas intergeneracionales que deberían ser utilizadas responsablemente por las generaciones actuales para que estén disponibles para las próximas.
Un ejemplo es el uso del suelo, uno de los recursos que casi no tiene regulación y uno de los que más se degrada con los incendios forestales.
El Instituto de Suelos del INTA publicó varios informes entre 2019 y 2022, a través de sus diferentes programas, en los que alertó sobre la situación del suelo en la Argentina.
El 36 por ciento del territorio nacional sufre procesos de erosión. Esto equivale a unos 100 millones de hectáreas degradadas por la erosión hídrica y eólica, con una aceleración registrada durante las últimas décadas.
En ese sentido, el INTA también advirtió sobre la pérdida de materia orgánica y de nutrientes, la degradación física y biológica, la salinización y la desertificación en las áreas áridas y semiáridas.
Los tiempos son importantes. Cualquiera sabe que el suelo tarda en recuperarse y que solo se recupera si se aplican técnicas de manejo responsables.
Desfinanciación deliberada
Primero fue la desfinanciación del Plan de Manejo del Fuego, que tenía fondos propios para evitar o minimizar el riesgo de incendios.
Existía un sistema institucional mediante el cual la Nación monitoreaba el mapa nacional y enviaba a las provincias los distintos grados de inflamabilidad para que pudieran realizar las tareas preventivas.
El sistema también permitía la compra de elementos de protección personal y vehículos, la formación de bomberos y brigadistas y el sostenimiento de ese personal.
Lo interesante es observar cómo este gobierno libertario no da puntada sin hilo. Con el primer decreto de necesidad y urgencia, los fondos del Plan de Manejo del Fuego se esfumaron. Nos quedó la ley como letra muerta y un país inerme para combatir los incendios. Ahora aparece este artículo, que reduce el tiempo exigido para cambiar el uso del suelo.
La pregunta que surge es: ¿para quiénes?
La respuesta queda clara: para las empresas de concentración económica que utilizan a la Argentina como un espacio de negocios, sin que les interesen los destinos de la patria.
Es un grupo minoritario que hace lobby cada vez que se intenta considerar su actividad como una actividad que necesita una evaluación de impacto ambiental. Sí, señores, la actividad agropecuaria no requiere un estudio de impacto ambiental previo para su desarrollo.
Frente a la idea peregrina de que dentro de 30 años vamos a ser Irlanda, la Argentina ya es más que Irlanda.
Es una nación que espera que sus soberanos tomen la conducción de su destino.
La Patria está en peligro y solo nos resta defenderla.