Las políticas de ajuste del Gobierno sobre el presupuesto universitario y el sistema científico-tecnológico en la Argentina, junto con el desfinanciamiento y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes, encarecerán la salud y fomentarán una irreparable fuga de cerebros. La resistencia social y judicial frente a las medidas oficiales subraya la interdependencia entre la ciencia y el bienestar de la clase trabajadora. Sacrificar el capital intelectual del país equivale a un retroceso de décadas que compromete la estabilidad democrática.
Trescientos espartanos al mando de Leónidas resistieron en las Termópilas a los persas que numéricamente los sobrepasaban: trescientos a uno. Se la bancaron. Trescientos días lleva el gobierno libertario negándose a cumplir lo que ordena la ley de financiamiento del sector universitario. Trescientos días de resistencia y pelea de los universitarios y los científicos para que se honre lo que la ley manda y el gobierno ultraderechista se niega a obedecer. Se la están bancando. A Dios gracias, por el bien del país.
Significado en la vida cotidiana
Los objetivos que persigue el Gobierno con esta negativa también se enmarcan en el proceso que desembocó en la ratificación en Diputados de la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés). La Argentina, una vez que se perfeccione el trámite legislativo, deberá pagar patentes que ahora no paga por medicamentos y semillas genéticamente modificadas.
Un caso práctico ayuda a entender lo que esto significa. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés), organismo regulador del sector farmacéutico norteamericano, aprobó el miércoles un tratamiento contra el cáncer de páncreas que, en ensayos clínicos, prolongó la vida de algunos pacientes casi el doble que la quimioterapia estándar. La píldora diaria de Revolution Medicines se venderá bajo la marca Rasonque por 39.800 dólares al mes, precio que se espera que esté cubierto por el seguro médico de los norteamericanos.
Si bien la píldora no es una cura, se considera un gran avance, ya que actúa sobre una mutación genética presente en el cáncer de páncreas, así como en otros tipos de cáncer, que los científicos llevan años intentando abordar.
Con la legislación vigente obtendríamos esa píldora a un precio bastante menor. Con la que buscan perfeccionar los libertarios, costaría de 39.000 dólares mensuales para arriba. Por caso, la novísima vacuna de ARNm contra el melanoma puede costar anualmente en los Estados Unidos entre 150 mil y 200 mil dólares, dependiendo del régimen de tratamiento.
Gregg Gonsalves, profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Yale, comenta en la publicación The Nation que el laboratorio que está detrás de todo esto, hace tan sólo unos años, se mantuvo firme al negarse “a compartir la tecnología de ARNm con países de ingresos bajos y medios, lo que provocó una enorme escasez de estas vacunas, una marcada desigualdad en el acceso a ellas y millones de muertes innecesarias (…) si hubieran compartido la tecnología de ARNm con países de África, Asia y América Latina en aquel entonces, permitiéndoles producir sus propias vacunas, sus futuras ganancias exclusivas derivadas de los nuevos usos de la plataforma de ARNm habrían estado en peligro. Esto ocurrió después de que la corporación obtuviera miles de millones en ganancias y se beneficiara de las inversiones del gobierno estadounidense en la investigación fundamental que hizo posible estas vacunas. Es una historia de avaricia y crueldad que jamás debe olvidarse”.
Con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes corremos la misma suerte que corrieron esos países que ya eran signatarios.
A estos costos hay que sumarles lo dicho por la ingeniera nuclear Julieta Romero durante el debate en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados sobre el presupuesto de ciencia y tecnología: “Estamos perdiendo el capital más difícil de recuperar: el conocimiento acumulado en la cabeza de nuestros profesionales. Un reactor se puede volver a financiar, pero una generación de científicos que se va del país o cambia de rubro significa décadas de retroceso imposibles de reparar de la noche a la mañana”.
Y las cosas del querer y del conocimiento no están fáciles para nadie. En un informe de la OCDE se estima que casi uno de cada tres adultos en las economías que conforman ese conglomerado, que reúne a los países más desarrollados del planeta, carece de las capacidades básicas de lectura, escritura y cálculo necesarias para la vida cotidiana y el trabajo.
Alerta el informe de la OCDE que éste “no es un problema menor. Es uno de los desafíos estructurales más persistentes que enfrentan las economías avanzadas, y se encuentra en el centro de la cohesión social, la resiliencia democrática y el desempeño económico”. Y nosotros rifando científicos.
La disputa
De acuerdo con datos de distintos entes privados, el gobierno libertario, desde que asumió en diciembre de 2023 hasta la fecha, bajó un cuarto el presupuesto universitario y cortó alrededor de la mitad de la inversión pública en ciencia y tecnología. Datos jamás puestos en duda por nadie, incluido el gobierno cárdeno, que suele ser capaz de negar hasta que el agua moja sin ponerse colorado, ya que eso es cosa de comunistas.
Vale recordar que durante el transcurso de estos trescientos días, tras el veto presidencial de la ley de financiamiento universitario, el Parlamento lo rechazó. A ese hecho político casi sin antecedentes lo siguió el tozudo intento ultraderechista, en la ley de presupuesto de 2026, de dejar sin efecto las mejoras presupuestarias que el derecho positivo contempla para las universidades y el sistema científico-tecnológico.
Los votos de los legisladores derogaron esa pretensión cercenadora. Milei siguió sin girar los fondos. La comunidad universitaria y el sistema científico-tecnológico acudieron a la Justicia. Los jueces fallaron que el Gobierno debía pagar los aumentos de sueldos y de becas previstos en la ley. El Ejecutivo otra vez mostró los dientes y apeló hasta llegar a la Corte Suprema. Los supremos, en junio, ordenaron al ultraderechista Milei que pague.
El ultraderechista Milei continúa sin autorizar los pagos.
Previo al fallo de la Corte Suprema, en las paritarias de los académicos acordaron un aumento de los salarios del 24,4 por ciento. Ese aumento se empezó a pagar. Ahora, lo que establece la ley de financiamiento universitario, y que el gobierno cárdeno se niega a obedecer, es un tercio más. Eso no lo paga ni lo quiere pagar el Gobierno. El ambiente universitario y del sistema científico-tecnológico está bien caldeado.
A todo esto, la disputa sobre los presupuestos de las universidades y del sistema científico-tecnológico, importante en sí misma, también lo es en cuanto a las perspectivas del desenlace de la actual malaria. Estas situaciones son siempre muy costosas en términos de empleo y actividad económica.
Pero una cosa es pagar un costo, ya a esta altura inevitable, para enmendar la situación, y otra muy diferente percibir que el muy mal largo rato se va sorteando al ritmo del crecimiento inclusivo. Con relación a esto último, vale la pena, entonces, entrever los nexos que la disputa política tiene con el nivel de los presupuestos universitarios y de ciencia. Particularmente, en el ámbito de la interrelación desarrollo-tecnología, clave para el crecimiento inclusivo.
A decir verdad, el enclave en que pretenden los libertarios que se convierta el país no necesita ni muchos técnicos ni muchos graduados universitarios. En su forma de ver las cosas, es una buena razón para ajustar por ahí cuando se hace sentir la presión del FMI.
Enfrentar esta visión reaccionaria y peligrosa, entre otras cosas porque trae bajo el poncho el estropicio a la vida democrática, ya que crecimiento económico y democracia van de la mano, lleva a dilucidar cómo se establece el nivel del presupuesto de ciencia y técnica.
Un primer paso habitual es comparar entre países los gastos en investigación y desarrollo (I+D) como porcentaje del producto bruto y de ahí concluir que más es mejor. Es una forma de evaluar la contribución de la tecnología al crecimiento del producto social, el PIB.
Hay dos variantes a considerar en esta perspectiva. Una toma como punto de partida a las técnicas definidas como combinaciones cuantitativas de capital y trabajo. Las supone constantes y en todas partes idénticas. Sobre esta base se pueden aislar fácilmente los efectos de la tecnología, atribuyéndoles la diferencia en productividad entre los países, en vista de que las cantidades del factor trabajo y del factor capital son iguales para todas las naciones.
Aunque inaceptable por nada realista, este postulado es el único que otorga coherencia interna a esta variante. De otro modo, la discusión sobre la contribución de la tecnología a la productividad y, a partir de esto, al crecimiento en términos cuantitativos, no tiene sentido. No se pueden comparar cosas que no son similares.
La otra variante es abrazar la concepción ultramarginalista del proceso económico y enunciar que, como la eficiencia es en el margen igual al costo, mínimo costo posible para alcanzar el máximo producto posible, la contribución de la tecnología al crecimiento es igual a la relación, en el país considerado, entre los gastos en I+D, mínimo costo posible, y el PIB, máximo producto posible.
Esto no funciona así porque, en la realidad, los factores no son intercambiables sino complementarios, y la eficiencia marginal de uno de ellos no puede aislarse de la de los demás. Son interdependientes.
Una evaluación comparativa de las eficiencias marginales del ingeniero y del trabajador es inconducente. Los ingenieros no reemplazan a los trabajadores, sino que los dirigen. La cosechadora no reemplaza a los peones del campo. Estos son reemplazados por la cosechadora más el conductor capacitado para manejarla.
Una de las cualidades cardinales de la tecnología, en tanto factor complementario por antonomasia, es gobernar la proporción en que se combinan los otros factores. Formatea al capital en su hechura como capital productivo. Digamos, para concretar, como máquinas.
Es verdad que es el excedente de ayer el que mañana va a financiar la fabricación de estas máquinas y aumentar la producción. Pero esto no es suficiente. Alguien tiene que saber cómo fabricarlas.
En estas condiciones, es absurdo tratar de comparar las contribuciones hechas por la innovación tecnológica y la intensidad del capital. Las innovaciones deben ser financiadas por el capital y todos los cambios en la intensidad del capital presuponen la existencia de una tecnología a tal efecto.
Sustitución de importaciones
El conjunto de elementos reseñados sugiere descartar el frecuentado criterio de comparar entre países los gastos en investigación y desarrollo (I+D) como porcentaje del producto bruto para juzgar el grado de pertinencia de una política de ciencia y tecnología.
Pero, ¿descartarlo a favor de qué?
El criterio más adecuado para evaluar el grado de aptitud de una política de ciencia y tecnología y la erogación presupuestaria en que se materializa se encuentra en el proceso de sustitución de importaciones.
El costo de producción y la utilidad privada de la tecnología son inferiores, respectivamente, al costo y a la utilidad social. La primera desigualdad se debe al hecho de que una gran parte del costo es erogada por la sociedad directa o indirectamente. La segunda se debe a las dificultades del patentamiento.
Las dos tienden a favorecer la importación y a desfavorecer la sustitución de importaciones, es decir, la producción local de la tecnología. De ahí también la importancia de la intervención pública para corregir la situación.
Es usual que se hable de autonomía e independencia tecnológica cuando se invoca, más allá de sus altibajos, el saludable proceso que nos condujo a producir expresiones muy altas del saber tecnológico, como satélites o reactores nucleares de bajo porte.
En realidad, se trata de sustitución de importaciones porque se pagan patentes para producirlos. Se hicieron funcionar las técnicas existentes en los países centrales y, a partir de allí, se fue capaz de elaborar y colocar en plaza, en algunos campos, técnicas nuevas.
De hecho, la verdadera autonomía o independencia la conseguiremos cuando hayamos incorporado la misma tecnología, cuantitativa y cualitativamente, que los países más desarrollados.
Los presupuestos de las universidades y los de ciencia y técnica que expresen ese potencial deben tener como música de fondo el aumento de la proporción producto/trabajo que generan las máquinas. De ello resulta la elevación del producto per cápita por trabajador y, por último, por habitante, a causa de la solución aportada por el incremento del consumo sin cambio en la cantidad de trabajo proporcionado.
La clase trabajadora, con su pelea por el nivel de vida, cuando el Estado propicia y conduce tal proceder, es lo que lo posibilita y, de paso, salva al sistema capitalista de sí mismo.
Los miembros de la comunidad académica y del sistema científico-tecnológico han mostrado buena conciencia de este horizonte. Lo que legitima completamente la defensa del nivel presupuestario que han encarado es que éste tiene sentido como vector indispensable para la ampliación del mercado interno. Sin eso, el mayor presupuesto redunda en un medio para financiar la fuga de cerebros.
Los trabajadores argentinos han tomado conciencia de que, cuando el Gobierno agrede a las universidades y al sistema de ciencia y técnica, también los está agrediendo a ellos.
Para superar la crisis por lo alto, de una u otra manera, todos los caminos conducen a la unidad nacional.