Por primera vez desde que existen los gobiernos autónomos, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están encabezados por dirigentes pertenecientes a fuerzas que cuestionan la continuidad del Reino Unido. John Swinney, Rhun ap Iorwerth, Michelle O’Neill y Mary Lou McDonald dieron un paso adicional en Cardiff: firmaron un pronunciamiento conjunto según el cual sus naciones tienen “derecho a la autodeterminación” y Westminster no puede impedirles decidir su futuro. No fijaron una fecha para romper el Reino Unido. Pero convirtieron tres cuestiones nacionales diferentes en un único problema constitucional para Londres. Y en el medio se libra una disputa estratégica mucho más amplia entre Washington y el Reino Unido sobre defensa, OTAN, Medio Oriente y capacidad militar británica.
El documento firmado en Cardiff contiene probablemente su frase más importante: “Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación”. Los partidos agregan que ningún gobierno de Westminster puede “bloquear la democracia” e impedir que sus pueblos determinen su futuro. En otra fórmula todavía más fuerte proclamaron que “el tiempo de Westminster está llegando a su fin”.
Sin embargo, los firmantes fueron suficientemente cuidadosos como para reconocer que no existe una hoja de ruta única. Cada nación, dicen, decidirá “a su manera y a su tiempo”. Swinney, O’Neill y ap Iorwerth participaron como dirigentes del SNP, Sinn Féin y Plaid Cymru, y no formalmente en nombre de sus respectivos gobiernos. La distinción importa. No nació una confederación celta ni se puso en marcha un proceso jurídico de desintegración británica. Nació una coordinación política.
Laura McAllister, profesora de la Universidad de Cardiff, observó que el texto fue “deliberadamente” formulado en el lenguaje constitucional más amplio de la “autodeterminación”. Y señaló el cambio de fondo: es “la primera vez” que las naciones del Reino Unido intentan conducir por sí mismas la discusión constitucional.
El Institute for Government había advertido, antes de la cumbre, que Brexit “marcó un punto bajo” en las relaciones entre Londres y los gobiernos autónomos. Diez años después, sus investigadores Akash Paun y Megan Isaac concluyeron que la evolución política plantea nuevas preguntas sobre “la salud a largo plazo de la Unión”. Hay un dato especialmente elocuente: entre los norirlandeses, la proporción de quienes dicen que Brexit los hizo más favorables a una Irlanda unida pasó del 16 por ciento en 2016 al 38 por ciento en 2025.
Brexit, de todos modos, juega en las dos direcciones. Fortaleció políticamente los nacionalismos, pero puede complicar económicamente una separación. El propio Institute for Government señala que una Escocia o un Gales independientes que quisieran ingresar a la Unión Europea tendrían al resto del Reino Unido convertido en su principal mercado exterior. La independencia permitiría volver a Europa, pero podría crear una nueva frontera comercial con Inglaterra.
Escocia: el escenario más cercano
Si hay que elegir dónde puede producirse primero una crisis constitucional, la respuesta sigue siendo Escocia. El referéndum de 2014 terminó 55 a 45 a favor de permanecer en el Reino Unido, pero no cerró la cuestión. Más de una década después, prácticamente la mitad de los escoceses continúa inclinándose por la independencia y el Parlamento elegido en mayo volvió a tener una mayoría integrada por fuerzas independentistas.
La dificultad no es solamente electoral. Es jurídica. La Corte Suprema británica estableció que Holyrood no puede convocar unilateralmente otro referéndum porque la Unión es una materia reservada a Westminster. El problema escocés se convirtió entonces en una pregunta anterior a la independencia: ¿quién tiene derecho a decidir cuándo Escocia puede volver a decidir?
El profesor Alan Renwick, director de la Constitution Unit de University College London, formuló la contradicción con precisión. Quienes poseen formalmente el poder de habilitar el referéndum son elegidos por todo el Reino Unido, mientras que “el electorado cuyos deseos deben ser respetados es el de Escocia”. Renwick sostiene que debería existir un mecanismo previamente acordado que establezca cuándo puede activarse una nueva consulta.
Ese probablemente sea el próximo campo de batalla. No parece probable una independencia escocesa inmediata. Sí parece plausible una creciente presión para que Westminster acepte una regla de juego. John Swinney intenta justamente trasladar el debate desde “otro referéndum ahora” hacia “qué condiciones deben permitir otro referéndum”.
Para que Londres se vea realmente obligado a ceder probablemente hará falta algo que todavía no existe: una mayoría independentista estable, no una sucesión de encuestas alrededor del 50 por ciento. Si el Sí lograra sostener durante un período prolongado una ventaja clara, la negativa británica comenzaría a parecer menos una defensa de la Unión y más una prohibición de votar.
Y detrás de las banderas seguirá estando la economía. Sir John Curtice, uno de los mayores especialistas británicos en opinión pública, ha señalado desde el referéndum de 2014 que la variable fundamental para decidir entre independencia y Unión es la evaluación que los votantes hacen de sus consecuencias económicas. Identidad nacional y soberanía importan. Pero una elección escocesa volvería a discutirse alrededor de moneda, pensiones, petróleo, comercio, déficit y relación con Europa.
Irlanda: más lejos en votos, más cerca en derecho
Irlanda del Norte presenta la paradoja inversa. La reunificación no tiene hoy mayoría indiscutible. Pero existe un procedimiento legal para alcanzarla que Escocia no posee.
El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 estableció el principio de consentimiento. Irlanda del Norte continúa dentro del Reino Unido mientras esa sea la voluntad mayoritaria. Pero si el secretario de Estado británico considera probable una mayoría favorable a la unión con la República de Irlanda, debe abrirse el camino hacia un border poll.
Los números se han movido. Un estudio de Northern Ireland Life and Times citado por la profesora Katy Hayward, de Queen’s University Belfast, encontró 36 por ciento favorable a una Irlanda unida y 42 por ciento contrario. La diferencia había sido de doce puntos un año antes. Hayward hizo un cálculo revelador: un desplazamiento de apenas “3% de los encuestados” del No al Sí podría obligar al secretario de Estado a empezar a considerar seriamente el problema.
No significa que un referéndum sea inminente. Significa que la pregunta dejó de ser académica.
Brexit alteró además la geografía política. El DUP lo había respaldado pensando que consolidaría la pertenencia británica de Irlanda del Norte. El resultado terminó produciendo una situación singular: para evitar una frontera terrestre dura en la isla, Irlanda del Norte conserva vínculos regulatorios con el mercado europeo diferentes de los del resto del Reino Unido.
La frontera política con la República sigue existiendo. Pero la frontera económica con Gran Bretaña se volvió más visible.
A esto se añade un cambio simbólico enorme. Michelle O’Neill, de Sinn Féin, es la primera dirigente nacionalista que ocupa la jefatura del gobierno norirlandés. La reunificación ya no es solamente la consigna histórica de una oposición republicana. La defiende quien ocupa el principal cargo del Ejecutivo de Belfast.
Aun así, una votación precipitada sería extremadamente riesgosa. Irlanda del Norte continúa siendo una sociedad en la que la cuestión constitucional se superpone con identidades nacionales, religiosas, culturales y familiares profundamente arraigadas. Una victoria por 50 más uno podría satisfacer la letra del acuerdo y al mismo tiempo producir una enorme dificultad política para construir después un Estado compartido.
Gales: gobernar antes de independizarse
Gales está más lejos de la ruptura y, al mismo tiempo, protagoniza posiblemente el cambio político más novedoso. Plaid Cymru llegó por primera vez al gobierno galés y Rhun ap Iorwerth se convirtió en primer ministro. Pero el partido no pretende convocar ahora un referéndum de independencia.
Una medición reciente de Survation arrojó 32 por ciento por el Sí y 68 por ciento por el No entre quienes expresaron una posición. El dato más inquietante para los unionistas aparece por edad: entre los menores de 45 años, el Sí supera al No en los tres grupos medidos.
La estrategia de Plaid es gradual. Primero demostrar capacidad de gobierno. Después conseguir más atribuciones para Cardiff. Finalmente intentar que una identidad nacional que ya existe se transforme en una mayoría favorable a la soberanía.
En este punto la declaración de Cardiff cumple una función muy concreta. Permite que Gales deje de aparecer como el socio menor de Escocia e Irlanda y coloque su problema constitucional dentro de una discusión británica general.
También aquí la interpretación de McAllister resulta útil. La elección de la palabra “autodeterminación” permite reunir situaciones que no son equivalentes. Sinn Féin reclama la reunificación de una isla dividida. El SNP quiere restablecer un Estado escocés independiente. Plaid Cymru pretende convertir una autonomía todavía limitada en un proceso progresivo de soberanía. El objetivo compartido no es necesariamente llegar juntos a la independencia. Es conseguir que Westminster deje de ser quien decide unilateralmente hasta dónde puede llegar cada uno.
Trump y el deterioro de la relación especial
Y entonces apareció Donald Trump.
En Dublín dijo: “Me encantaría verla unificada”. Pronosticó que “va a ocurrir eventualmente” y agregó que sería “algo fantástico”. Es una intervención extraordinaria para un presidente estadounidense. Washington fue decisivo en la construcción del Acuerdo de Viernes Santo y, tradicionalmente, los presidentes norteamericanos evitaron tomar posición sobre el resultado final de la cuestión constitucional norirlandesa.
¿Lo hizo Trump para castigar al Reino Unido por la pelea sobre el presupuesto militar? No hay evidencia que permita afirmarlo. No apareció hasta ahora un vínculo documental entre una discusión y la otra. Pero la hipótesis capta algo verdadero aunque probablemente simplifique demasiado la causa.
Trump está irritado con la capacidad militar europea y con la británica en particular. Los miembros de la OTAN acordaron bajo presión estadounidense avanzar hacia un gasto total equivalente al 5 por ciento del PBI para 2035. Reino Unido anunció aumentos, pero parte de ellos sigue sin financiamiento. Guntram Wolff, economista del think tank Bruegel, resumió crudamente la situación británica: “El Reino Unido no lo está logrando”.
Más importante todavía es que Trump mismo unió públicamente esa irritación con la capacidad estratégica británica. Cuando GB News le preguntó si Estados Unidos ayudaría al Reino Unido ante otra crisis de Malvinas, recordó que Londres no había enviado los barcos que él reclamó para el estrecho de Ormuz. Después dijo que Gran Bretaña “no es el mismo país” y puso en duda que tuviera actualmente “la capacidad” de repetir una operación como la de 1982.
Es decir, no puede demostrarse que “presupuesto militar = apoyo a una Irlanda unida”. Pero sí puede sostenerse que Trump ha dejado de comportarse como un garante diplomático automático de la integridad y el poder británicos.
Eso explica mejor el contexto de sus palabras.
El Royal United Services Institute, uno de los principales centros británicos de estudios estratégicos, acaba de advertir además sobre una consecuencia que casi nadie había preparado: si Irlanda del Norte pasara a formar parte de una Irlanda unificada, dejaría de pertenecer automáticamente al territorio de la OTAN. Su análisis sostiene que sobre las consecuencias militares “nadie ha hecho el trabajo”.
La declaración de Cardiff no anuncia entonces el final próximo del Reino Unido. El escenario más cercano es menos cinematográfico y quizá más importante: una larga crisis sobre quién tiene derecho a decidir.
Escocia puede forzar una discusión sobre las condiciones de un segundo referéndum. Irlanda del Norte puede acercarse lentamente al umbral político necesario para un border poll. Gales puede utilizar su primer gobierno nacionalista para ampliar su autonomía y normalizar la idea de independencia.
Y mientras tanto Londres enfrenta un fenómeno desconocido: tres dirigencias nacionalistas gobernando simultáneamente las tres naciones autónomas y un presidente estadounidense dispuesto a hablar de la reunificación irlandesa, cuestionar la capacidad militar británica y tratar cuestiones que antes pertenecían al territorio protegido de la “relación especial”.
Todavía no está desapareciendo el Reino Unido. Pero ya no resulta extravagante preguntar qué Reino Unido existirá dentro de diez años.