La detención del fiscal Roger Mariaca se produce en medio de una fuerte caída de la aprobación del gobierno de Rodrigo Paz, del anuncio de movilizaciones masivas del Movimiento al Socialismo y de una creciente polarización política. El Ejecutivo busca recuperar iniciativa con la promesa de reformar una Justicia que buena parte de la sociedad considera corrupta. Y la sombra de Cerimedo sigue cerca.
Desde La Paz
La detención del fiscal Roger Mariaca debe leerse en el marco de la crisis que enfrenta el gobierno de Rodrigo Paz. Según Ipsos, el presidente tiene apenas 21 por ciento de aprobación y solo 19 por ciento de los encuestados cree que el gobierno va por el camino correcto. Su principal respaldo internacional es el gobierno de Estados Unidos.
Los dirigentes del Movimiento al Socialismo anuncian una movilización masiva hacia La Paz a mediados de octubre.
Según trascendió, el gobierno encargó sondeos sobre el ánimo de la gente y habría comprobado que, a medida que cae su aprobación, la ciudadanía se polariza entre lo que fue el MAS y Jorge Tuto Quiroga, que en la última encuesta de Ipsos tiene 58 por ciento de aceptación.
Hay que aclarar que, aunque el populismo de izquierda crece, no lo hace de la mano de Evo Morales, que según esos mismos sondeos tiene apenas 12 por ciento de aprobación en las cuatro ciudades más pobladas. La cifra podría cambiar si la encuesta alcanzara al área rural, donde históricamente tiene más apoyo, pero aun así no le alcanzaría. Para ganar, la izquierda necesitaría unidad y un candidato que no sea Evo.
La guerra de los discursos
El gobierno retomó la iniciativa con la detención de los fiscales y con la promesa de que el fiscal general interino, José Armando Urioste, reformará la Justicia. Eso cayó bien en la parte de la ciudadanía que considera corrupta y venal a la Justicia boliviana. Al frente están quienes, sin defender a Mariaca y compañía, sostienen que se violó el debido proceso: según ellos, las aprehensiones se hicieron sin orden de juez ni de fiscal y sin que existiera flagrancia.
Mariaca fue enviado por 180 días a la cárcel de Cantumarca, en Potosí; Alberto Zeballos, al penal de El Abra, en Cochabamba; Martín Irusta, al de Patacamaya, entre Oruro y La Paz; y el mayor Rubén Aparicio, a Chonchocoro, en el altiplano paceño, todo mientras dura la investigación.
Se dispuso además la suspensión de Mariaca mediante una modificación de la ley, lo que plantea un problema jurídico: la ley no es retroactiva. Lo señaló el periodista Fernando del Rincón, de CNN, en su programa. Para la defensa es otra irregularidad, que se suma a la detención sin orden de autoridad competente y al allanamiento nocturno de los domicilios de los fiscales sin orden de la Fiscalía.
Por todo ello, el abogado de Mariaca, Jerjes Justiniano, anunció que llevará la causa al Tribunal Constitucional Plurinacional por presunta violación de derechos.
Duda razonable
El subtítulo alude a un término jurídico: la ausencia de certeza total. Y en la detención de Mariaca y los demás hay más de una duda razonable.
Una parte importante de la opinión pública considera que no se siguieron los pasos legales. Peor aún, está convencida de que lo ocurrido tiene que ver con el caso Cerimedo y de que sin ese elemento no se habría producido el operativo del 30 de septiembre. Otra parte, y no pequeña, piensa que todo se justifica con tal de castigar a los corruptos del Poder Judicial.
El gobierno intenta probar la culpabilidad de Mariaca con el decomiso de sumas millonarias que, según la versión oficial, se encontraron en alguna de las siete casas del ahora suspendido fiscal general y en poder de su personal de seguridad. La defensa lo niega.
Según la encuestadora que cita el oficialismo, la medida habría hecho subir la aprobación de Paz del 19 al 26 por ciento, de acuerdo con la encuestadora 1825. Sigue muy lejos del 65 por ciento que tenía al llegar al poder.
Un tema de comunicación
Minutos antes del operativo contra Mariaca aparecieron en las plataformas videos atribuidos a Sebastián Marset, grabados presuntamente en marzo. Eso muestra que la gran batalla se libra en los medios, en los tradicionales pero sobre todo en los digitales.
¿Cómo actúan los bots en medio de la espiral del silencio?
Primero se instala el tema a través de periodistas, mejor si gozaban de cierto prestigio. Una comunicadora llegó a decir que Beller “delató” a Cerimedo en sus declaraciones en la ambulancia que la trasladaba al hospital. Por supuesto, el verbo delatar no corresponde: otra cosa habría sido acusar.
Luego entran las granjas de bots que viralizan el mensaje y, con ayuda de la inteligencia artificial, lo posicionan de manera masiva. No solo se riega el mensaje: se lo respalda con posteos de cuentas sin ningún humano detrás y se ataca a quienes lo critican. Después viene la campaña de “la gente dice”, “el pueblo dice”.
Aparece entonces lo que la politóloga Elisabeth Noelle-Neumann llamó la “espiral del silencio”.
Todo se completa con denuncias masivas de esas cuentas contra los sitios que difunden mensajes contrarios, hasta lograr que los sancionen y los den de baja.
Ese es el método Cerimedo: posicionar medias verdades e incluso mentiras abiertas.
Según investigaciones periodísticas, así se actuó en la campaña que dirigió el consultor argentino después de que Lula da Silva ganara las elecciones de 2022, y esos mensajes habrían preparado el terreno para el intento de golpe de Estado atribuido a Jair Bolsonaro, por el que el expresidente está preso.
El medio chileno El Mostrador examinó la aplicación de ese modelo de amplificación en Chile. Tras analizar casi 100.000 interacciones, estimó que cerca del 7 por ciento de la conversación estaba impulsada de forma artificial. La investigación llevó al Congreso chileno a crear una comisión especial, y el medio sostiene que el mismo mecanismo se habría usado al menos en Brasil, Argentina, Honduras, Ecuador, Colombia y Bolivia.
Aunque Cerimedo esté preso, el mecanismo sigue funcionando. La Policía boliviana descubrió una granja de bots en una de las casas del asesor principal de Paz. Nadia Beller declaró públicamente que era pequeña comparada con la de Santa Cruz y, peor aún, con la de Argentina. El abogado Jerjes Justiniano afirma que, además de en esas dos ciudades, Cerimedo tendría granjas en Cochabamba, Sucre y Potosí. Son afirmaciones que la investigación fiscal aún no ha corroborado.
Esta forma de manipulación es poderosa pero no todopoderosa. Los mensajes a favor de Javier Milei ya serían minoría en Argentina y, en Bolivia, los mensajes dominantes, en número y coherencia, señalan, según el monitoreo de redes, que la detención de los fiscales no siguió los canales legales.
La imagen lo dice todo
Otra forma de posicionamiento son los videos que podrían estar manipulados con inteligencia artificial o podrían ser ciertos.
No se ha comprobado la autenticidad de los que muestran a Sebastián Marset diciendo que es “amigo” y que “avisa” a Mariaca, ni de otro según el cual el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo habría recibido medio millón de dólares a cambio de protección.
Según registros de redes, aparecieron minutos antes de que la Policía aprehendiera a Mariaca y a Zeballos en Viru Viru. El objetivo sería que la opinión pública asocie a los detenidos con el narcotráfico.
Resulta sospechoso que no se sepa quién grabó, que ninguna autoridad los presente como prueba y que la voz del interrogador esté distorsionada. Si desde marzo se conocía esto, debería existir una causa judicial.
Además, el ordenamiento jurídico reconoce el derecho a la defensa. Y en el Congreso ni siquiera se escuchó a Mariaca, a quien por su investidura le correspondería un juicio de corte.
El Poder Ejecutivo dice que actuó sin orden de autoridad competente toda vez que Mariaca controlaba a los fiscales.
Pero esa es otra batalla. En la comunicacional, los videos se subieron a las redes para influir en la opinión pública, y no parece creíble que sea una coincidencia.
El flamante viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, explicó que el operativo se planificó durante dos días para esperar el momento en que Mariaca, de quien se creía que portaba armas, tuviera que abordar el avión: los controles de metales previos al preembarque lo obligaban a dejarlas.
Roma trabaja para los espías
No hablamos de la ciudad de los Césares sino del sistema informático judicial boliviano, donde se publicaban mandamientos de apremio, allanamientos y el estado de las causas. El nombre sale del acrónimo de Roger Mariaca, un ejemplo de cómo se puede superar a Narciso.
Según denunció el nuevo fiscal general, el sistema habría sido vulnerado y Sebastián Marset tendría acceso para saber si lo buscaban. La Fiscalía anunció que, intervenido el programa por las nuevas autoridades, será reformado por completo.
El hombre del presidente
El periodista Fernando del Rincón le preguntó a José Armando Urioste quién lo había propuesto. El magistrado respondió que había sido un empresario amigo, desligado de la política, pero no dio el nombre.
Horas después, el presidente del Senado, Diego Ávila, declaró que el propio presidente Paz habría postulado a Urioste después de que en cinco ocasiones los legisladores no lograran ponerse de acuerdo.
De inmediato surgió la pregunta: ¿será independiente alguien que fue el candidato apoyado por el Ejecutivo?
Billar a tres bandas
Además, según Nadia Beller en declaraciones públicas, con la aprehensión de los fiscales se pretendería liberar a Fernando Cerimedo.
El analista Andrés Delgadillo, en el canal F10 y frente a los periodistas Ariel Sánchez y Ramón Grimalt, fue más lejos: sostuvo que habría estado por activarse una orden de aprehensión contra un ministro y contra la esposa del presidente, María Elena Urquidi.
Son versiones que, por supuesto, tendrán que probarse.
Otra arista es reposicionar al gobierno frente a las movilizaciones anunciadas por los movimientos sociales.
Durante los 53 días de bloqueos, el Ejecutivo intentó instalar la idea de que el narcotráfico financiaba los bloqueos, con dos fines: deslegitimar la movilización entre los citadinos y agradar a la administración estadounidense, que habla del “narcoterrorismo” como su nuevo enemigo, con la esperanza de que el país del norte abra la billetera.
El factor Evo
Los sectores más conservadores reclaman la detención de Evo Morales.
Pero el gobierno difícilmente podría aprehenderlo sin causar muchos muertos y heridos en los seis cordones de seguridad que, según reportes periodísticos, lo protegen, sobre todo en el más cercano, que estaría compuesto por mujeres y niños.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, anunció que posiblemente se recurra a policía internacional, que interpreto como estadounidense y de otros países del Escudo de las Américas, para ejecutar el operativo.
Pero la Constitución exige para eso la aprobación del Congreso y, con seguridad, la llegada de Fuerzas Armadas extranjeras molestaría en los cuarteles y en la Policía.
Para ganar apoyo en la clase media conservadora, que es adversa al primer presidente indígena, el Ejecutivo estaría esperando la movilización de los sectores más empobrecidos, que se produciría en los próximos días. Piensa que eso le daría la excusa necesaria.
Pero los movimientos también juegan y esta vez no habría bloqueos sino marchas masivas desde los cuatro puntos cardinales hacia La Paz, ciudad que sería “tomada” por cientos de miles de marchistas.
La caminata comenzaría el 13 de octubre, según la convocatoria.
Algo similar al movimiento que obligó a renunciar a Gonzalo Sánchez de Lozada.
Como vemos, es una partida a múltiples bandas donde no solo cuenta meter la bola en la buchaca sino también dejar al oponente sin posibilidad de hacerlo.
