La propuesta por la que un liderazgo popular puede comenzar es la recomposición de los ingresos en relación a los precios, dentro de los cuales se enmarcan las jubilaciones. El principal de ellos, por ser el determinante gravitacional del resto, es el salario.
El episodio de la ratificación del veto presidencial al incremento de las jubilaciones por parte de la Cámara de Diputados pone en evidencia que la defensa de los intereses de las mayorías carece de la madurez necesaria para la concreción de inhibiciones al accionar del gobierno.
Se inserta en una tendencia de más larga duración. Las expresiones de resistencia espontáneas hacia las medidas que tomó el gobierno de La Libertad Avanza fueron más prominentes al inicio de la gestión. Posteriormente, perdieron envergadura. Lo cual es previsible, ante la falta de una conducción política tenaz que aglutine sectores heterogéneos para dotarlos de una perspectiva común y permita vislumbrar los frutos de la insistencia en la reivindicación de un programa alternativo para el país.
Naturalmente, los resultados de una conducción semejante son paulatinos. Por lo que más urgente se vuelve comenzar a trabajar con la perspectiva de gestar una nueva opción política, que tenga las cualidades para superar las insuficiencias de largo plazo que aquejaron a la democracia argentina en relación a las expectativas y necesidades de la población nacional, y sobre esta base desplegar las defensas requeridas para proteger a la nación del perjuicio propinado las facciones retrógradas que ostentan la hegemonía en el presente.
El salario como determinante
Esa falta de reparos sobre algo que parece sencillo de observar se concatena con una desorientación en torno a cómo reorganizar al campo popular y cuáles son las bases para una nueva agenda, con hincapié en la economía, porque es el tópico en el que se originan los principales problemas para resolver. Un nuevo liderazgo de las fuerzas que representen el progreso nacional requiere discernir cuáles son sus soluciones para ser efectivo y duradero. Si solamente emerge como respuesta transitoria a la crisis, y no por el mérito originado en sus virtudes, podría tratarse de un liderazgo destinado a la disolución dentro de la continuidad de esta crisis económica y social.
La propuesta por la que ese liderazgo puede comenzar es la recomposición de los ingresos en relación a los precios, dentro de los cuales se enmarcan las jubilaciones. El principal de ellos, por ser el determinante gravitacional del resto, es el salario.
En la degradación de los salarios se ubica la raíz del malestar producido por los gobiernos anteriores. Entre 2017, el año anterior al inicio de la debacle argentina, y 2019, el Producto Bruto por Habitante de Argentina cayó un 6,5%. Para 2023, cuando concluyó la administración del Frente de Todos, la distancia con 2017 se amplió al 7,3%. La participación de los asalariados en el valor total de los ingresos producidos en la economía argentina pasó de ser del 51,8% en 2017 al 46,2% en 2019, y para los próximos años llegó a caer en torno al 43%.
Es decir que la economía se redujo en relación al tamaño de su población, y la mayor parte de esta disminución recayó sobre los asalariados, que perdieron en su posición relativa. El resultado más directo se observó en que el poder de compra general de los salarios acumuló entre 2017 y 2023 una degradación del 25,5%, y la pobreza pasó de afectar al 25% de los argentinos al 41,7%.
Parece evidente que esa situación objetiva sea el principal determinante del malestar gestado en la población. Sin embargo, aunque el empeoramiento en la situación de los trabajadores fue muy discutido en los últimos dos años del gobierno anterior, en la actualidad perdió atención.
¿Cuáles son los cambios operados en las relaciones laborales? ¿Cuál es el nivel de afiliación a los sindicatos? ¿Cómo incide esa afiliación en la representación histórica de los trabajadores en la que se basó tradicionalmente el peronismo?
Son preguntas que vale la pena responder con rigor porque en una economía capitalista, la única relación laboral relevante, independientemente de la forma que asuma, es la del trabajo asalariado. Y en tanto la economía crezca, la conformación del salario se determina en los sectores vinculados al crecimiento. Son aquellos los cuales, por su propio desarrollo, favorecen la organización del trabajo, sin importar la actividad de la que se trate. Contrariamente a lo que suele pensarse, el salario general se determina en las ramas grandes de la economía, en base a la cual se ajustan los salarios de otras actividades, mayor o menor según el caso.
Esto conduce a otras preguntas, otras reflexiones y otros debates. En un contexto generalizado de retroceso de los salarios, la dirigencia sindical es aún más necesaria para avanzar en una reversión de ese patrón. La elaboración de una representación comprometida con la defensa del salario parece un mejor punto de partida para regenerar los lazos políticos debilitados que desconocer la existencia de las bases históricas sin saber cuáles son las nuevas a las que se representa, ni en qué difieren de las anteriores.
¿Bimonetarismo o política monetaria?
Una idea que desafortunadamente desplazó en su centralidad a la de recomponer los salarios es la del peso fundamental de bimonetarismo en la economía argentina. El concepto fue utilizado varias veces por la exvicepresidenta y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En su último documento define al bimonetarismo como la ocurrencia de que “la moneda que emitimos como Estado sólo es utilizada para transacciones cotidianas (…) Para las otras dos funciones que tiene cualquier moneda, que son las de unidad de valor y de reserva o ahorro, los argentinos utilizan el dólar”. Asevera que “abordar el problema de la economía bimonetaria y su correlato, la carencia de una moneda fuerte, es lo que debería movilizar a las fuerzas políticas y sociales que siguen creyendo en la Nación”.
La idea no es una novedad del documento. Con otras variantes y categorías distintas, se lo empleó mucho en las controversias acaecidas durante el gobierno del Frente de Todos, generalmente para explicar que, si las consecuencias de una recomposición de los ingresos redundaban en una exacerbación inflacionaria, las restricciones sobre la economía argentina se agravarían, por lo que la insistencia en mejoras para las condiciones de vida de la población estaba teñida, en esa línea de razonamiento, de una gran falta de realismo.
Formaba parte de ese clima intelectual el atribuirle un peso excluyente a la deuda contraída con el FMI por parte de Mauricio Macri y al acuerdo que se alcanzó durante el último gobierno. Es obvio que el endeudamiento con el FMI es un asunto importantísimo, pero tornarlo excluyente equivalía a dar por sentado que, de resolver esos problemas, se solucionarían automáticamente todos los demás.
No es la primera vez en la historia de la democracia que predomina la idea de que controlar la inflación para fortalecer la moneda tiene que ser prioritario, aun si fuese a costa de un empeoramiento en la calidad de vida de la población argentina, y al mismo tiempo se exageran las restricciones que supone la relación con el FMI. Ocurrió durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y condujo a los callejones sin salida del Plan Austral y sus sucesores, y finalmente a los episodios hiperinflacionarios.
El gobierno del Frente de Todos tampoco ensayó ningún tipo de incentivo directo a la moneda, que no comienza por disminuir los índices de precios sino por la fijación de una tasa de interés atractiva y un control progresivo del tipo de cambio por medio de intervenciones de mercado. Lo cual, al fijar la relación entre el precio y el dólar, permite estabilizar los precios.
Tampoco es cierto que el peso no se utilice para ahorrar. Existen los mercados de capitales en Argentina, y todos los gobiernos operan cotidianamente para financiar la deuda pública con activos nominados en pesos. Pero para que éstos funcionen como algo más que instrumentos de administración de liquidez y realmente se transformen en activos en los que valga la pena inmovilizar el capital por un período extenso es que se vuelve necesaria la tasa de interés alta. Así es que el peso comienza a adquirir la función de “reserva”, y el dólar pierde relevancia.
Frente a esto, la cuestión de los ingresos tiene un peso gravitacional en la política nacional mucho mayor que el del presunto “bimonetarismo”, que en realidad es la consecuencia de la aplicación continuada y por parte de varios gobiernos de malas políticas monetarias. Es razonable concluir que una vez que se asume el objetivo de mejorar la condición material del pueblo argentino, la política monetaria se subsume dentro de esa meta
La transversalidad del crecimiento
El factor que dota de sustancia a un programa que se proponga como fin la elevación del nivel de vida de una parte significativa de la población es el compromiso con el crecimiento económico. Depende de la adopción d políticas proactivas dirigidas a la recomposición de los ingresos mermados desde 2017, con una perspectiva de mejora en el largo plazo. Para que sea sostenible, se requiere acompañarlo con la planificación de inversiones orientada a integrar y fortalecer la estructura productiva argentina.
Durante el gobierno anterior ese tipo de proyectos tuvo un carácter escaso, insuficiente o tardío. Para que no se repita, parece necesario comenzar a trabajar con claridad los problemas que se pretende resolver, indagando en las discusiones teóricas necesarias y sin permitirse la recaída en lugares comunes.
El apremio para emprender la tarea no se circunscribe solamente a los tiempos electorales. Conocer el rumbo que se pretende impregnar al país es la clave para iniciar la conjunción de los sectores que hoy actúan en forma disgregada y sufren una humillación permanente por parte del gobierno actual sin que ningún frente político les dé un apoyo cohesivo. Para ganar la representación el camino más eficaz no es transigir con la opinión pública adoptando ideas extendidas que no se relacionan con la cuestión de fondo, sino poner énfasis en las metas del crecimiento y la prosperidad nacional. Impulsar ese programa permite avanzar también en reformas secundarias, pero nunca se puede pretender que por medio de éstas se establezcan condiciones para el crecimiento. Y no es poca cosa, porque el crecimiento económico es el único camino para la transversalidad posible.