Miembro de la Red de Cazadores de Corrupción (Corruption Hunters Network) fundada por Noruega en 2005 para apoyar a quienes dedican su vida a estas investigaciones, el fiscal Fabio di Pasquale es una figura muy respetada en su país y en la escena internacional. Pero como no quiso beneficiar a la petrolera ENI, fue condenado.
Cuando los funcionarios judiciales entran en conflicto con las dinámicas de poder real los costos a pagar son elevados.
Fabio di Pasquale puede dar fe de ello. Fiscal de Milán especializado en la lucha contra la corrupción, fue el primero en lograr una condena Bettino Craxi y el único en conseguir que se lo condenara a Silvio Berlusconi, antes de centrar su atención en la delincuencia financiera internacional.
Di Pasquale acaba de ser condenado en primera instancia a ocho meses de prisión por la Fiscalía de Brescia acusado de negarse a realizar actos oficiales favorables a la defensa de acusados de corrupción en el affaire llamado Eni/Shell-Nigeria. El mismo tribunal decidió la absolución de todos los acusados.
Miembro de la Red de Cazadores de Corrupción (Corruption Hunters Network) fundada por Noruega en 2005 para apoyar a quienes dedican su vida a estas investigaciones, di Pasquale es una figura muy respetada en su país y en la escena internacional.
Sus problemas son consecuencia de una investigación sobre la petrolera nacional italiana, ENI, y las sospechas de corrupción en la adjudicación de una concesión en Nigeria. El caso causó conmoción por la magnitud de las acusaciones y por el resultado del largo proceso judicial. El Grupo de Trabajo sobre Soborno de la OCDE lo mencionó en el severísimo informe que dedicó a Italia y sus deficiencias en este ámbito en octubre de 2022. Allí se destacó la existencia de un sistema probatorio sorprendentemente favorable a los acusados.
La reacción del poder fue inclemente. Uno de sus homólogos en la fiscalía italiana le reprochó no haber incluido en el proceso pruebas supuestamente favorables a la defensa de los incriminados. Di Pasquale y su colega Sergio Spadaro, también acusado, habían concluido que esas pruebas no tenían relevancia ni eran legalmente pertinentes. Eran informaciones que apuntaban a afectar a la credibilidad de un testigo importante. Declaraciones que iban acompañadas de muchas otras pruebas, incluidas transferencias de dinero.
Sin embargo, esta línea de argumentación no convenció al tribunal milanés que procesó a Di Pasquale y a Spadaro, que ahora tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos en las instancias posteriores de la justicia.
Como señaló el abogado de los dos fiscales, Massimo Dinoia, éste “es un precedente peligroso porque pone en cuestión un principio fundamental que es la autonomía de las decisiones procesales de un fiscal”.
Los magistrados deben ser irreprochables en la realización de sus investigaciones penales. Deben poder responder ante los órganos disciplinarios por toda falta cometida en el ejercicio de sus funciones. Sería erróneo pensar que es lo que está en juego hoy en Italia. La primera instancia del juicio contra Di Pasquale y Spadaro -ahora se espera el progreso de la apelación por parte de los condenados- se desarrolla en un entorno institucional degradado, en el que las tensiones, las sospechas e incluso los ajustes de cuentas parecen servir de telón de fondo, y las exigencias de justicia y verdad se ven particularmente socavadas.
Además del futuro personal de dos magistrados de talento, la credibilidad de todo el sistema judicial italiano y el futuro de la lucha contra la corrupción, en Italia y mucho más allá, se encuentran amenazados.
Eva Joly es ex jueza y diputada al Parlamento Europeo. Comisionada de ICRICT (Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas).