Milei critica a políticos y economistas por “empobrecedores”. Y mientras, empobrece a la Argentina. El proceso de empobrecimiento colectivo debe entenderse como una cuestión de fondo, y no circunstancial. La política económica que pone práctica el gobierno no concluye con una recuperación, porque sencillamente no crea las condiciones necesarias, que consistirían en alentar la recuperación de la demanda y permitir que se reanude el circuito de la producción.
A medida que se desarrolla el gobierno de Javier Milei quedan a la vista los datos de la economía. Denotan un empobrecimiento general de la población, contrapartida de una recesión cada vez más honda, como el resultado más tangible de la administración de la Libertad Avanza (mientras la Argentina retrocede). Los cierres de planta y las suspensiones que tienen lugar en las empresas Acindar, General Motors, Toyota, Longvie y Petroquímica Río Tercero son las evidencias más resonantes del proceso de degradación en el que se encuentra sumida la sociedad argentina.
Milei responde a esta coyuntura adversa, que es el ineludible resultado de la política económica que practica su gestión, exacerbando provocaciones. Al termino de marzo comenzó una ola de despidos en el Estado que alcanza a ANSES, el Servicio Meteorológico, Senasa, Conicet y Cenard. Frente a esto, el Presidente se jactó de que se hayan dado de baja 50 mil contratos en el sector público, y amenazó con la posibilidad de que sobrevengan 70 mil más. Además, presume de enfrentar la crisis sin disminuir la asistencia social, por los incrementos otorgados a sus receptores.
La actualidad descripta da paso a la inquietud de que la tendencia no se altere en ningún momento, y que a medida que pase el tiempo la imposibilidad del cambio sea irrecusable. Por ahora se la puede anticipar teóricamente, al margen de que se corrobore con algunas evidencias. Sin embargo, queda pendiente su asimilación entre la oposición, que al producirse debería conducir a que el avance de esta política económica ya no sea un objeto de dudas, sino que devenga en imposible, dado que le produce costos al país que luego será necesario contrarrestar.
A medida que se desarrolla el gobierno de Javier Milei, es evidente que crece la propensión al conflicto y al desacuerdo con una dirigencia política que, no obstante, todavía no es todo lo activa que ameritarían las circunstancias. Se debe a que no existe una reacción homogénea tendiente a poner límites al desarrollo del proceso político que impulsa al gobierno.
Al inicio la tendencia de la oposición en líneas generales fue dejar actuar a Milei. Dentro de Unión por la Patria permaneció la idea de que confrontar con el oficialismo al iniciar su gobierno hubiese sido un sinsentido que produciría un desgaste. Algunos dirigentes consideraban necesario que sobreviniesen expresiones espontáneas de rechazo para recién luego encabezar un proceso de consolidación de una nueva alternativa. El resto de la oposición se mostró dispuesta a apoyar al gobierno en sus lineamientos generales, y limitarse a plantear reparos en cuestiones particulares.
Con el retroceso de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados y el posterior rechazo en la Cámara de Senadores del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que todavía tiene otra instancia de discusión en Diputados, el gobierno parece verse inhibido para avanzar en los aspectos más regresivos y estructurales de lo que se puede denominar vagamente su “programa”.
Detengámonos a examinar en qué consistiría la imposibilidad del cambio si Milei logra profundizar su rumbo.
Cuestión de fondo
El proceso de empobrecimiento colectivo debe entenderse como una cuestión de fondo, y no circunstancial. La política económica que pone práctica el gobierno no concluye con una recuperación, porque sencillamente no crea las condiciones necesarias, que consistirían en alentar la recuperación de la demanda y permitir que se reanude el circuito de la producción.
Desde el inicio de esta administración, al devaluarse el tipo de cambio y abandonarse los controles sobre los precios y las importaciones (más allá de que el acceso al mercado cambiario para pagarlas siga restringido), la decisión que se tomó parece ser la de inducir a una recesión para que las tensiones de la economía se resuelvan con un menor nivel de actividad, dejando librada a la población argentina a las consecuencias que entraña tal proceso.
La contradicción inmediata que surge de este planteo es que esas mismas tensiones son las que exacerba la política económica. Se trata, principalmente, de los dos aspectos de control que ya se nombraron: como la economía se encontraba con una imposibilidad de solventar el flujo de importaciones para que la actividad creciese persistentemente, se utilizaba la devaluación del tipo de cambio como herramienta depresora del poder de compra de la población, lo que se expresaba en la tasa de inflación cada vez más alta. El gobierno anterior usaba los controles, que este gobierno abandonó, para administrar la situación. Con poco éxito.
Qué tan pobres
Para esta etapa del análisis conviene remarcar que en la semana que concluye se conoció que la población bajo la línea de pobreza durante el segundo semestre de 2023 es el 41,7% del conjunto, frente al 40,1% del primer semestre del mismo año. La población indigente pasó de ser del 9,3% al 11,9%. La cantidad de hogares pobres se incrementó del 29,6% al 31,8%, lo que es un dato de importancia: normalmente la cantidad de hogares pobres crece con más lentitud que la cantidad de personas, debido a que los integrantes de un hogar utilizan sus ingresos para evitar que la familia caiga en la pobreza.
Esto marca una acentuación en las dificultades para afrontar los gastos básicos de la población. La consecuencia es que la distancia entre el porcentaje de personas pobres y el de hogares haya caído entre el primer y el segundo semestre de 2023 de 10,5 a 9,9 puntos porcentuales. Se lo puede corroborar observando que, en el primer semestre de 2023, la brecha entre el valor de la canasta básica total y el ingreso promedio de una persona pobre era del 37,8%, y en el segundo semestre pasó a ser del 39,2%.
El incremento de la pobreza ocurrió durante la administración previa, y es congruente con lo que cabría esperar, dado el retroceso de los salarios y los aumentos de precios experimentados, especialmente los de alimentos. Se trata de un resultado congruente con las tendencias observadas, que, como insistimos, este gobierno empeora.
Para tener una noción sobre cuánto agrava la situación el derrotero asumido, consideremos que el Estimador Mensual de Actividad Económica que publica el INDEC (EMAE). Converge con la evolución del PBI que se publica con mayor tardanza. Finalizó enero con un nivel que, teniendo presentes los datos desde 2015 en adelante, solamente fue más bajo en 2020, el año de la pandemia.
Y es que, entre noviembre del año anterior y enero, la actividad económica se contrajo en un 7,1%. Es una tasa muy alta, si se considera que en los años de recesión lo normal es que la caída del PBI se encuentre en torno a 2,5%. Esto no quita que a lo largo de 2024 la actividad pueda recuperarse levemente si el gobierno no reitera sus políticas destructivas, pero en vista de las últimas noticias no solamente no es algo que pueda descartarse, si no que parece factible.
La mejora es inconcebible
El país ya es más pobre, porque el nivel de actividad es inferior desde que se inició la política económica vigente, cuya conclusión es la consolidación de este nuevo nivel de pobreza. No nos referimos solamente a la población bajo la línea de pobreza, que es una franja cada vez mayor, sino a la población total. El mayor nivel de pobreza se debe a que las fuerzas actuantes sobre la economía presionan para que la producción por habitante sea inferior, lo que conlleva que el ingreso para distribuir (que es una contrapartida del PBI) sea cada vez menor.
Notablemente, el famoso “modelo empobrecedor” que tanto critica el Milei es el suyo, y es un error creer que tiene como condición basal perjudicar a un sector para favorecer a otro. El crecimiento económico puede extenderse, dentro de ciertos límites, aunque se sucedan redistribuciones del ingreso que lo desfavorezcan. De hecho, ésta fue la tendencia que primó en 2021 y 2022, y finalmente condujo al fracaso al Frente de Todos. Pero a la larga, si se induce a la economía a una recesión en la forma en la que se lo está haciendo, solamente hay un menor ingreso para distribuir, sea para los trabajadores o para las empresas.
Es inconcebible que el gobierno revierta el curso de sus políticas y aliente una mejora de la condición material de la población. Por esa razón, de ahora en más lo que el pobre Jamoncito de Milei haga solamente puede agravar las cosas.
Frente a esto, las expresiones de malestar y los límites espontáneos se hicieron presentes. Pero no mancomunadamente. Lo segundo, contrariamente a lo que esperaba un sector de la oposición, no resulta de lo primero, sino de los mismos frenos que los representantes del poder político le imponen al gobierno para eludir los costos políticos que les requeriría acompañarlo.
Aun así, es insuficiente para impedir que provoque daños, lo que se refleja en la carencia de presupuesto que están sufriendo varias reparticiones del Estado y las provincias, y las dificultades operativas que traerá aparejada la disminución de personal en la Administración Pública.
Para impedir que el gobierno continúe su avance es necesaria una organización congruente y consistente de la oposición con este propósito. Su aplazamiento equivale a darle tiempo al gobierno para ahondar el crecimiento de la pobreza inherente a su orientación económica, en el sentido amplio que se definió anteriormente, con el único límite de unos laxos impedimentos políticos y su temor a la pérdida de margen de acción.