El superávit financiero del Sector Público Nacional alcanzado durante el primer trimestre de 2024, que Milei celebró en cadena nacional, evidencia en realidad que no existe congruencia entre la mejora del nivel de vida de la población argentina y la orientación de la política económica. Contrariamente a lo que suele afirmar el Presidente y se lee o escucha en general, la desaceleración de los precios no implica una recomposición salarial. Simplemente es el resultado de la estabilidad de la relación corriente entre salarios y precios.
La cadena nacional que Javier Milei encabezó el lunes 22 de abril tuvo un tono celebratorio, y al mismo tiempo anodino. En ella el Presidente repitió sus lugares comunes, previsibles para quienes tengan cierto dominio de la terminología económica y conozcan su retórica, y posiblemente abstrusos para los que no estén acostumbrados a ella. Se jactó de que se haya constatado por tercer mes consecutivo un superávit en las finanzas del gobierno, y de que la inflación esté descendiendo.
Para apoyar la segunda afirmación, recordó que el Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM, de ahora en más) mantuvo la desaceleración que exhibe desde diciembre, y que finalizó marzo con un ascenso mensual del 5,4%. Se suma a la baja mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 11% en ese mes.
Ese discurso triunfal fue sucedido por otro que pronunció el miércoles, de un tono más petulante, en el que se burló de sus detractores por objetar que la política económica carece de elementos estables y se reduce a un recorte del gasto estatal errático y una acción sobre los precios improvisada. Crítica que no proviene precisamente del campo popular, por ahora más empeñado en denunciar el malestar que provoca la política de Milei que en demostrar sus contradicciones objetivas.
Invitación a la que, con tamaño grado de presunción en la misma semana en la que se produjo una movilización tan masiva como des-identificada con una fuerza política específica, y con la economía desplomada, no puede faltar esta columna de ¿Y ahora qué?, que recomienda organizar una acción política específica identificando la gravedad de los problemas para evitar daños mayores.
Superávit financiero
El superávit financiero del Sector Público Nacional (SPN) alcanzado durante el primer trimestre de 2024, que Milei celebró en cadena nacional como si se tratase del logro que anticipa la luz al final del túnel, evidencia en realidad que no existe congruencia entre la mejora del nivel de vida de la población argentina y la orientación de la política económica que pregona el Presidente. Nos referimos al largo plazo, no solamente a sus efectos “inmediatos”, que sin las digresiones necesarias quedan mistificados como los sacrificios ineludibles para acceder al paraíso.
De la misma manera que, al saberse esto, se comprende que los conflictos políticos que provoca este gobierno no se deben a su vulneración de los intereses espurios de la “casta” política, sino sencillamente a que contradicen con intransigencia las aspiraciones de la sociedad argentina.
El superávit en cuestión, de 1.133 millones de pesos, se debe principalmente a la notable contracción en términos reales de los Gastos Corrientes del SPN. Su variación frente al valor que alcanzaron en el primer trimestre del año anterior fue del 176,9%, con un nivel de precios cuya variación interanual en enero era del 254,2%, y en marzo llegó al 287,9%.
El 45% de los Gastos Corrientes se compone de Remuneraciones y Prestaciones de la Seguridad Social. La primera categoría creció en valor un 200,9%, y la segunda, que agrupa a las jubilaciones, un 141,1%. Las Transferencias a las Provincias, fuente de controversia con los gobernadores provinciales, cayeron en términos absolutos. Y tanto las Transferencias a las Universidades como las Transferencias al Sector Privado, que incluyen los refuerzos a jubilados y pensionados, las asignaciones familiares y los gastos por la tarjeta alimentaria, tuvieron incrementos inferiores al 200%.
El crecimiento de los ingresos corrientes entre los primeros trimestres de 2023 y 2024 tampoco fue sustancial, alcanzando una magnitud del 254,7%, un guarismo inferior al del aumento de precios. Por otra parte, el superávit financiero, si bien se mantiene desde enero, se erosionó progresivamente a lo largo del trimestre.
Ninguno de los dos datos es anecdótico. Los gastos por Remuneraciones y Transferencias al Sector Privado son los que más crecieron. En enero, sus variaciones interanuales fueron, respectivamente, del 158,1% y el 125,6%. En febrero se incrementaron al 236% y el 198,3%, y en marzo al 213,7% y el 270%. Se trata de las dos clases de gasto menos flexibles a la baja, la primera por su relación directa con el costo de vida y el efecto de las paritarias, y la segunda por la necesidad de contener la situación de las franjas pobres de la población, que tienen cierto grado de representación política activa.
La ausencia de una modificación de la estructura impositiva que permita incrementar los ingresos y la disminución del gasto público son dos hechos que demuestran la incapacidad política del gobierno actual. El Estado tiene gastos normales, que se originan en necesidades sociales, y su aceptación demanda diseñar un flujo de ingresos acorde.
Pueden existir asignaciones perfectibles, pero no es discutible que el estadio actual del desarrollo de las fuerzas productivas y el nivel de vida en Argentina demanden, además de las funciones de gestión propias del Estado, obra pública, universidades, ciertos niveles salariales dentro de la administración pública, y jubilaciones que permitan sustentar un volumen determinado de necesidades.
Sin embargo, el gobierno no parece entenderlo, manteniendo la pretensión obstinada de expresarse contra los impuestos y contra su propio rol de manera permanente, mientras que se encuentra cada vez con más frecuencia ante los límites que le impone la gravitación de la realidad.
La anécdota de los combustibles
En el plano internacional, hay una anécdota de la que conviene tomar nota. El precio de los combustibles, que tanto malestar provoca desde que comenzó el año, es algo a lo que se debería prestar atención. El incremento de los precios de comercialización del barril de petróleo en el mercado local, causal de la posterior alza de la nafta, estuvo asociado a una supuesta intención de la administración de LLA de mantener un precio convergente con el barril de crudo internacional, lo que podría resultar altamente conflictivo a la larga.
Durante una reunión que mantuvieron los países miembros de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en junio del año anterior, Arabia Saudita anunció que disminuiría su volumen de producción diario de barriles de petróleo crudo, para revertir un descenso en su precio que para entonces llevaba diez meses. Rusia, que se incorpora a una extensión del Cartel que adquiere la denominación de OPEP+, también se adhirió a la decisión. Arabia Saudita y Rusia son, respectivamente, los dos productores de petróleo más importantes en el mundo.
Cuando este acontecimiento tuvo lugar, el barril Brent, cuyo precio opera como referencia para el mercado mundial, cotizaba entre 75 y 80 dólares. Desde mediados del año anterior ascendió progresivamente, y ahora fluctúa alrededor de los 90 dólares.
Los integrantes de OPEP+ pretenden mantener un nivel acotado de producción hasta junio de este año. Además, diferentes conflictos geopolíticos afectan a la producción mundial, y el crecimiento de las economías desarrolladas y de China que está teniendo lugar sugiere que la demanda se incrementará, con lo que el escenario es de presiones alcistas, por lo menos en el corto plazo.
En la práctica, parecería prudente matizar la pretensión del gobierno de tender a equiparar los precios del mercado interno y de exportación. La misma acrecentaría las tensiones inherentes al deterioro del salario que ya tienen lugar. Son similares a los movimientos de precios de los alimentos, tan característicos de estos últimos años, que tuvieron mucha incidencia en el alza general del IPC: se prioriza el mercado externo por sobre el interno, que en todo caso permanece como un residuo al cuál se vuelca la oferta que pueda comprar la población nacional, dada la nueva relación entre precios y salarios.
Es decir que, además de las dificultades para alimentarse que padecen los argentinos, se le añadiría una complicación para transportarse en automóviles, y un alza de los costos de logística cuya repercusión sobre el nivel de precios es general. Es posible encontrar en la prensa versiones sobre una intención de evitar que el precio del barril, que actualmente se estima en 75 dólares, continúe su incremento. Depende de la elección sobre utilizarlo como herramienta para continuar el ataque al salario, o si se lo incluye en el inventario del control de daños.
Deterioro progresivo
Terminada la anécdota de los combustibles, que remite a uno más de los problemas que afectan a la población argentina, volvamos a referirnos al IPIM. En su desaceleración tiene incidencia el hecho de que, dentro de él, la categoría “Productos Importados” haya descendido un 1,7% con respecto a abril. La de “Productos Nacionales”, que explica el resto del índice, varió un 6,2%.
Esto es posible gracias a la estabilidad del tipo de cambio, insostenible a la larga si se lleva adelante una quita de los controles cambiarios con la tasa de interés corriendo por debajo de la variación de los precios internos y por encima de la tasa de devaluación, y el propio retraso de los salarios.
Contrariamente a lo que suelen afirmar el Presidente y se lee o escucha habitualmente, la desaceleración de los precios no implica una recomposición salarial. Simplemente es el resultado de la estabilidad de la relación corriente entre salarios y precios, que no sufre alteraciones. Lo que se requeriría para llegar a este resultado es el diseño de una política económica que permita la recomposición del salario en un plazo no muy extenso sin que los movimientos en el nivel de precios no alcancen un límite, la cual el gobierno no está en condiciones de elaborar.
Como trasfondo, los datos de la economía que publica el INDEC para el mes de febrero exponen un descenso preocupante, que le da plausibilidad a la proyección de que el nivel de actividad en este año sea el más bajo en los últimos ocho años detrás del pandémico 2020. El Índice de Producción Industrial Manufacturero presenta una contracción interanual del 9,9%. El Estimador Mensual de Actividad Económica cae en un 3,2%. Las Encuestas de Supermercados y Autoservicios Mayoristas muestran, respectivamente, caídas interanuales de las ventas medidas a precios constantes del 11,4% y el 6,2%.
Frente a estos datos, sostener que por la estabilidad de los precios y del gasto público se avecina una recuperación, cuando la misma política que el gobierno puso en práctica demanda la consolidación de la pérdida del salario y del menor nivel de actividad, es una extravagancia en la que solamente puede incurrir un gobierno muy negligente, despreocupado sobre las consecuencias de sus acciones sobre el proceso político.
Una pregunta cuya formulación es muy pertinente, es la de cuántos eventos como el del martes, o el paro de la CGT que tendrá lugar el nueve de mayo, harán falta para que quede a la vista el deterioro progresivo en el que ingresa el oficialismo. ¿Seguirán teniendo un rol pasivo y confuso las diferentes vertientes de la oposición?