La represión y el ajuste actual se desatan contra los adultos mayores. La naturaleza del sistema de reparto en Argentina, contrastada con el modelo de capitalización individual, desmitifica la idea de una “quiebra” actuarial. Las jubilaciones dependen de la voluntad política y de la política fiscal, y no solo de los aportes salariales. La sostenibilidad previsional requiere gravar la riqueza y mantener una distribución del ingreso equitativa. Las moratorias jubilatorias, como herramienta de justicia social, mejoran el Producto Interno Bruto al integrar a sectores históricamente excluidos. El debate real no es contable, sino que se centra en cómo la sociedad decide asignar sus recursos para garantizar una vida digna ante el envejecimiento poblacional.
Todos los miércoles, en la plaza del Congreso, se moviliza una minoría de jubilados para reclamar por sus bajos ingresos previsionales y por la sistemática quita de beneficios a ese sector de la población que practica la administración libertaria desde que asumió hace 31 meses. Restan 17 meses hasta que finalice el mandato libertario y los nubarrones pueblan el horizonte.
Algunos de los gobiernos anteriores no fueron precisamente un encanto, pero este bate récords de hijoputez.
Todos los miércoles, esa movilización viene siendo maltratada con un desproporcionado aparato represivo montado por el gobierno cárdeno con fuerzas federales. La indiferencia del país, que también relativamente es sordo y mudo respecto de estos apaleamientos, forma parte de la rutina, apenas alterada por algún noticiero seriamente preocupado y por un modesto tráfico admonitorio que corre por las redes sociales para el garrote libertario.
Hasta donde llega nuestro conocimiento, no hay encuestas que indaguen el estado de la opinión pública respecto de los temas previsionales. Lo que la opinión publicada deja entrever es que el sentido común reinante anda bastante extraviado.
Es común hablar de “la plata de los jubilados”. Craso error en un sistema de reparto. La alusión “a la plata de los jubilados” tiene sentido en el sistema de fondos de pensión.
Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) eran empresas privadas en Argentina que manejaron los aportes previsionales de los trabajadores desde 1993 hasta noviembre de 2008, cuando fueron absorbidas por la ANSES. Desde entonces rige en la Argentina el sistema de reparto, en el que los trabajadores de hoy solventan las jubilaciones de los trabajadores del ayer.
La trama previsional argentina, como cualquier estructura jubilatoria de reparto, articula un sistema de contribución y transferencia en un período determinado de tiempo, no un sistema seguro de no gastar hoy para gastar mañana. El sistema de reparto pone de manifiesto su potencial redistributivo hacia los menos favorecidos, lo que enciende la polémica pública y resulta el centro de los ataques que recibe.
En tanto el sistema de reparto se carga con impuestos que se transfieren, alertar que aumentar sus beneficiarios más allá de ciertos límites —generalmente muy restrictivos, que dejarían a buena parte de la clase pasiva sin percibirlos— lleva indefectiblemente a un quebranto no tiene asidero.
El sistema sí quebraría si los cálculos actuariales indicaran que su montante, que resulta de la acumulación de activos financieros —ahí sí cuadra lo de “la plata de los jubilados”—, rinde por debajo de los compromisos fijos de remuneración futura. Ahí sí hay una incompatibilidad actuarial entre los activos financieros que conforman los fondos acumulados y los compromisos asumidos, lo que lleva a la quiebra.
En un sistema de reparto, que cobra impuestos y los transfiere con las jubilaciones y pensiones, hablar de quiebra y elucubrar planes para sortearla, teniendo como eje ese concepto, es completamente ilógico.
Cuando se baja la contribución patronal sobre los salarios, en nombre del “costo” del trabajo, como si la empresa no lo recuperara en el precio final que le coloca al bien o servicio que produce, se genera un innecesario desequilibrio entre los ingresos del sistema de reparto y las erogaciones a sus beneficiarios. La solución debe ser un elemento de la política fiscal general de un período determinado, que consiste en las decisiones de gasto, impuestos y análisis de los impactos macroeconómicos de dichas medidas.
¿Et tu, USA?
El Nobel de Economía Paul Krugman (Substack, 11/06/26) constata que el programa de Seguro de Vejez, Supervivencia e Incapacidad (OASDI, por sus siglas en inglés), nombre oficial del Seguro Social de los norteamericanos, no podrá pagar la totalidad de las prestaciones a partir de 2032 o 2034, según algunos problemas técnicos. Comenta Krugman que “si los administradores tienen razón, la perspectiva de una crisis del Seguro Social se cernirá sobre la próxima administración presidencial”.
Krugman afirma que existe “un malentendido generalizado sobre el funcionamiento de la Seguridad Social”. El Nobel de Economía explica que, si bien se diseñó “para parecerse a un fondo de pensiones, no lo es. Un fondo de pensiones paga prestaciones con cargo a un patrimonio acumulado a lo largo del tiempo. En cambio, la Seguridad Social funciona como un programa de transferencias gubernamentales”.
De manera que lo que importa para cualquier economía, incluida la economía estadounidense, es —de acuerdo con Krugman— “el equilibrio general entre el gasto y los ingresos públicos, no la diferencia entre un tipo de gasto y una fuente de ingresos. Por lo tanto, no tiene ninguna relevancia económica intrínseca el hecho de que, para 2034, la recaudación del impuesto sobre la nómina salarial sea insuficiente para cubrir las prestaciones prometidas”.
La crisis de la seguridad social norteamericana, y de cualquier economía, normalmente reconoce su origen en la forma en que está estructurada su financiación. Para Krugman, en el caso norteamericano actual, esa estructura “ya no funciona bien debido a la profunda desigualdad que existe en nuestra sociedad y economía. Además, las políticas migratorias de Trump están agravando aún más su ya precaria situación financiera (…). Así que no crean en las mentiras de los republicanos sobre la necesidad de recortar las prestaciones de la Seguridad Social. Para preservar la Seguridad Social, basta con la voluntad política de aumentar los impuestos a los ricos y una política migratoria sensata”.
Jubilaron a todo el mundo
Como se ve, en todos lados se cuecen habas. Y con el mismo objetivo: pagar menos impuestos para pagar menos jubilaciones. Aquí, allá y acullá, el cuento avieso del fondo de pensiones, aplicado con premeditación y alevosía al sistema de reparto, obra, a través de la confusión buscada, el milagro de poner a todos contra todos.
Antes de que el gobierno, con la estatización de las AFJP, procediera vía moratoria a dar acceso al beneficio previsional a los que no tenían suficientes años de aporte, de cada 10 personas en edad de jubilarse, 4 estaban fuera del sistema. En 2015, prácticamente todos los que estaban en edad de jubilarse tenían el derecho. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informaba en 2011 que la Argentina “pasó a tener la tasa de cobertura en materia de jubilaciones más alta de América Latina, con 9 de cada 10 mayores en edad jubilatoria que reciben algún tipo de beneficio previsional”. Actualmente, permanece ahí.
Las amas de casa tenían su más que merecida moratoria, que cesó el 23 de marzo de 2025. Según estadísticas de la ANSES, solo 3 de cada 10 hombres y apenas 1 de cada 10 mujeres podrán jubilarse de ahora en más. Para el resto, a partir de los 65 años para ambos sexos, les aguarda la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo monto es del 80 por ciento de la jubilación mínima.
La reacción de Mr. & Mrs. Hyde
Lo curioso es que los que estaban jubilados o habían aportado 30 años —según lo exigido por ley— por lo común se convertían en firmes opositores a la medida, al amparo de la creencia de que eso les restaba fondos para sus beneficios.
Esta necesidad reaccionaria gorila es sí Mr. Hyde en su apogeo. Es verdad que les quedaba menos para repartir. Pero también es verdad que, con la estructura impositiva vigente, estaba sobrevalorada su magra jubilación, porque no contemplaba el costo social.
A menos que los Mr. & Mrs. Hyde supongan que las aproximadamente 4,3 millones de personas —cerca del 60 por ciento del total de beneficios— que accedieron a su jubilación o pensión a través de planes de moratoria previsional desde el año 2005 podían vivir del aire, su planteo excluyente no tiene gollete.
Lo que hizo correctamente el gobierno de entonces fue organizar socialmente, a través de las moratorias del sistema de reparto, la manutención de estos adultos mayores. Cuando se vocifera que no aportaron, que no tienen derecho a jubilarse y se acusa a la medida de demagógica, se olvida que el sol de la presión tributaria —impuestos / PIB: Producto Interno Bruto— sale para todos. Sí aportaron; lo único es que no fue sobre la nómina salarial.
Y eso hace crecer de forma más estable y sólida el PIB. A la postre, la medida tiene el potencial de mejorar, en vez de empeorar, el ingreso promedio de los jubilados y pensionados.
La discusión, entonces, está directamente relacionada con las decisiones de la sociedad sobre la trayectoria del desarrollo económico y la división del producto social. Si, por una parte, la metáfora de los seguros fue impuesta por los formuladores de los sistemas públicos de pensiones como una forma de enmascarar su verdadera naturaleza redistributiva, por otro lado, no hay que perder de vista que, en la Argentina, el 35 por ciento de los ingresos del 10 por ciento de la población más pobre se gasta en pagar impuestos, mientras que el 26 por ciento de los ingresos del 10 por ciento se eroga con ese fin. Además, si bien el gobierno —correctamente— restituyó el impuesto a los ingresos que había dado de baja el gobierno anterior, según cálculos de consultoras privadas, un jerárquico, por lo común, eroga 35 por ciento de Ganancias, y una multinacional, gracias al súper RIGE, menos de la mitad: el 15 por ciento.
Las jubilaciones están bajas porque la estructura impositiva es un chiste y la distribución del ingreso, otro; ambos de un humor negrísimo. Más jubilados y jubiladas —las amas de casa, hoy injustamente excluidas— mejoran el panorama.
Asimismo, en una población que se estanca, declina y envejece, como la argentina de hoy, los factores demográficos plantean a la decisión social y política alternativas de asignación de recursos económicos que deben considerarse para alcanzar el objetivo de maximizar el bienestar de la sociedad, el que incluye el mantenimiento de altos niveles de empleo y jubilaciones dignas.
Al respecto, el INDEC informa que, hacia 2040, “disminuye la relación de dependencia de la población de entre 0 y 14 años, pero sube la correspondiente a la población de 65 años y más. De todas formas, cuando se analiza la tasa de dependencia total —jóvenes y adultos—, se advierte una reducción”. Según los datos del INDEC, la dependencia total de infantes y adultos mayores era, en 2001, del 62 por ciento de la población total. En 2040 se proyecta que baje al 43 por ciento.
La racionalidad del verdadero debate previsional es enmarcarlo en el mantenimiento de un nivel de demanda efectiva compatible con una baja tasa de desempleo, una elevada utilización de la capacidad instalada y, de manera indirecta, la acumulación de capital con un impacto en el aumento del ingreso per cápita en el futuro. Los recortes o ceses de moratorias, gastos y beneficios jubilatorios van en contra de esa lógica, tanto como militar contra los impuestos y la mejora en la distribución del ingreso.