Reforma a la Ley de Glaciares, Ley Bases, RIGI, Super RIGI, modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. Ahora, proyecto para reformar la Ley de Sociedades, empresas sin empleados operadas por algoritmos, y la “inviolabilidad de la propiedad privada” que deroga la Ley de Tierras. La ecuación es simple: venir, explotar y llevársela. ¿Neocolonialismo? El Observatorio de Tierras relevó que más de 13 millones de hectáreas ya están en manos extranjeras, el equivalente a toda la provincia de Santa Fe. De ellas, 2,7 millones están en manos de corporaciones estadounidenses, una superficie igual a Tucumán. Joe Lewis dejaría de ser la excepción. Desde su mansión en Barrio Parque, Peter Thiel se relame.
Matías Oberlin, integrante del Observatorio de Tierras, advirtió en conversación con ¿Y ahora qué? sobre el proyecto que deroga la Ley de Tierras: “Peter Thiel podría venir y decir: tengo el dinero suficiente para comprar todas estas tierras. No habrá límites a la acumulación, ni por porcentaje, ni por nacionalidad, ni por persona”. Y planteó: “Si no podemos controlar nuestro territorio, difícilmente podamos considerarnos un país plenamente soberano”.
—El Gobierno, y particularmente Federico Sturzenegger, suelen advertir sobre supuestas amenazas a la propiedad privada en la Argentina. ¿Existe hoy algún riesgo real?
—Para nada. De ninguna manera está en peligro la propiedad privada. Incluso, en otro momento de la historia hubo figuras jurídicas que habría que recuperar, como la idea de la función social de la propiedad presente en la Constitución de 1949. Eso no pone en riesgo la propiedad privada, pero sí habilita al Estado a intervenir o incluso expropiar en casos donde se vean afectadas comunidades o derechos colectivos. Por ejemplo: si una empresa minera desarrolla una actividad que perjudica a una comunidad entera, el Estado debería tener la potestad de intervenir en esa situación. Hoy nada de eso existe y tampoco es algo que esté en discusión.
—¿Cómo surge la actual Ley de Tierras?
—Es una ley sancionada en 2011 que tenía como objetivo ponerle un freno a un proceso que ya se venía observando desde los años 90. A partir de una serie de modificaciones impulsadas durante el menemato, se habilitaron distintos mecanismos que facilitaron la compra de tierras por parte de grandes corporaciones extranjeras. Ese proceso creció durante toda la década del 90 y también en los primeros años de los 2000. La ley vino justamente a ponerle un límite a esa extranjerización.
—¿Qué establece la ley?
—La ley establece que a nivel nacional, provincial y subprovincial, es decir, en ninguna localidad, se puede exceder el 15% de tierras extranjerizadas. Y por extranjerizadas nos referimos a tierras adquiridas por grandes capitales que no están en nuestro territorio.
—No se trata de gente que quiere venir a vivir, sino de empresas que vienen a hacer negocios.
—Exactamente. No estamos hablando de ciudadanos de otros países que vienen a vivir, se instalan y trabajan la tierra. Estamos hablando de grandes empresas o capitales extranjeros que compran tierras y las administran desde afuera. Nosotros, desde el Observatorio de Tierras, relevamos que hoy hay más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas en la Argentina, una superficie equivalente a toda la provincia de Santa Fe o a toda Inglaterra. Eso representa alrededor del 5% del territorio nacional, por lo que todavía estamos lejos del límite del 15% que fija la ley. Algunas provincias, como Misiones, San Juan y Salta, están más complicadas, pero ninguna supera el límite.
—¿Hoy hay provincias o departamentos que superan el tope?
—Lo que encontramos desde el Observatorio es que hay 36 departamentos a nivel nacional que sí exceden el límite fijado por la ley. Incluso en algunos el 50% de la tierra está extranjerizado. Entre ellos podemos mencionar a Lácar, en Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja; y Molinos y San Carlos, en Salta. Ahí hay un incumplimiento de los topes establecidos, aunque eso no significa que haya ocurrido después de la sanción de la norma. Es un proceso que venía de antes y que se buscó frenar con esa regulación. Si eso ya ocurre con la ley vigente, la pregunta es qué pasará sin ella.
—¿Qué características tienen esas zonas?
—Las zonas donde se exceden los límites establecidos son territorios estratégicos. Ya sea porque poseen grandes espejos de agua, porque están a la vera de la principal cuenca fluvial del país o porque se encuentran en áreas fronterizas, tanto en el norte, lindando con Paraguay, como a lo largo de la Cordillera de los Andes. También son regiones de enorme valor inmobiliario y turístico. Pensemos en toda la franja cordillerana que va desde Lácar hasta Cushamen, o en Bariloche. Son áreas con un enorme valor geopolítico y estratégico, fundamentales para garantizar la soberanía nacional.
—Además del límite a la extranjerización, ¿qué otros resguardos incorpora la ley?
—No solo establece un tope del 15% para las tierras en manos extranjeras, sino que también plantea otras restricciones. Por ejemplo, ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese cupo. Además, los capitales extranjeros no pueden adquirir zonas ribereñas vinculadas a espejos de agua. Un caso emblemático es el de Joe Lewis en la Patagonia, una situación que se arrastra desde los años 90. Por eso insisto en que muchos de estos problemas vienen de décadas anteriores. La norma fija un marco regulatorio hacia adelante, pero no retrotrae situaciones ya consolidadas.
—¿Qué países concentran la mayor cantidad de tierras en la Argentina?
—De esas más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas, una superficie equivalente a toda la provincia de Santa Fe o a Gran Bretaña, 2,7 millones están en manos de ciudadanos o corporaciones estadounidenses. Para dimensionarlo, 2,7 millones de hectáreas equivalen a Tucumán. Detrás de Estados Unidos aparecen Italia y España. Luego figuran jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, como Liechtenstein, Luxemburgo o Suiza. Incluso se dan situaciones llamativas: Andorra o Liechtenstein tienen más tierras en la Argentina que en sus propios países.
—Con todo este panorama, ¿qué propone modificar el Gobierno en la Ley de Tierras?
—Deroga el límite del 15% a la extranjerización y elimina todas las restricciones vigentes. Esto incluye el tope del 30% por nacionalidad y también los límites por zona núcleo. Por ejemplo, en la región pampeana existe un máximo de mil hectáreas que pueden quedar en manos extranjeras. Todo eso desaparece. Además, se elimina el artículo que impide que estos capitales se queden con espejos de agua o zonas ribereñas. Lo de Joe Lewis pasaría a ser moneda corriente. Ya no sería ilegal que grandes magnates compren tierras y se queden con una parte importante de nuestro territorio. También modifican la Ley de Manejo del Fuego, permitiendo cambios en el uso de tierras que fueron incendiadas. Hoy existe un plazo durante el cual eso está restringido justamente para evitar maniobras especulativas.
—Exagerando: si Peter Thiel quisiera comprarse una provincia entera o todo Bariloche, ¿podría hacerlo?
—Lo puede hacer perfectamente. Hay algunas zonas que están protegidas por ser parques nacionales, pero este Gobierno parece querer avanzar con todo. Hoy aprueban esto y mañana perfectamente pueden derogar la existencia de los parques. Lo de Peter Thiel es un ejemplo clarísimo. Él podría venir y decir: “Tengo el dinero suficiente para comprar todas estas tierras”. Podría hacerlo. No habrá límites a la acumulación, ni por porcentaje, ni por nacionalidad, ni por persona. Eso habilitaría una concentración fenomenal de tierras y recursos y, al mismo tiempo, privaría al resto de la sociedad del acceso a bienes comunes fundamentales para la reproducción de la vida, como la tierra, el agua o el aire.
—¿Vos creés que esta reforma forma parte de un proyecto más amplio?
—Sí, te diría que incluso más grave. Yo creo que el proyecto de este Gobierno es convertir a la Argentina en un enclave colonial, un país productor de materias primas para el desarrollo industrial de otras regiones del mundo.
—¿Sobre qué bases se sostiene ese proyecto?
—Está construido sobre cuatro pilares. El primero es el industricidio: la destrucción de la industria nacional. Desde que asumió este Gobierno cerraron miles de fábricas y, al mismo tiempo, avanzan en el abaratamiento de la mano de obra mediante reformas que recortan derechos laborales.
—¿Y cuáles serían los demás pilares?
—El desmantelamiento del Estado nacional. La idea de que la Argentina no sirve para nada funciona como argumento para destruir capacidades estratégicas: las universidades, el sistema científico, organismos como el INTI o el INTA, los registros públicos y distintas herramientas de planificación estatal.
—¿Dónde entra la cuestión de los recursos naturales?
—Es el tercer eje. Ahí entran la modificación de la Ley de Tierras, los intentos de avanzar sobre la Ley de Glaciares y otras medidas que apuntan en la misma dirección: poner la tierra, el agua, los minerales y otros bienes comunes al servicio de grandes corporaciones. Y, al mismo tiempo, darles beneficios extraordinarios a esas empresas. El RIGI es el mejor ejemplo.
—Entonces, ¿todo forma parte de una misma lógica?
—Exactamente. Hay una lógica común detrás de todas estas medidas: destruir capacidades estatales, abaratar el trabajo, facilitar el acceso a los recursos naturales y otorgar beneficios excepcionales a grandes grupos económicos para que extraigan riqueza sin que quede demasiado a cambio para la Argentina.
—¿Qué debería hacerse frente a esta reforma?
—Lo primero es proteger la ley vigente. No es perfecta y puede mejorarse, pero establece límites. Y eso es fundamental. Lo que existe hoy hay que defenderlo, tanto en Diputados como en el Senado.
—¿Alcanza con conservar la legislación actual?
—No. También habría que avanzar en nuevas herramientas. Por ejemplo, recuperar la idea de la función social de la propiedad. La propiedad privada puede existir perfectamente, pero debería cumplir una función para la comunidad. Cuando una actividad implica la expulsión de poblaciones, enfermedades o el deterioro de las condiciones de vida de una región, el Estado tiene que poder intervenir. Estamos muy acostumbrados a que el modelo extractivo venga acompañado de consecuencias sociales y ambientales que terminamos naturalizando.
—¿Qué otros cambios harían falta?
—También habría que fortalecer los mecanismos de control sobre la compra y venta de tierras. Un ejemplo interesante es el Instituto Nacional de Colonización de Uruguay. Allí, cuando una operación supera determinada cantidad de hectáreas, el Estado tiene derecho de preferencia para adquirir esas tierras al precio de mercado. Eso le permite intervenir en el ordenamiento territorial, promover otros tipos de producción o evitar procesos de concentración excesiva. Hay muchas herramientas que podrían discutirse para recuperar capacidad de decisión sobre el territorio porque, en definitiva, de eso se trata la soberanía. Si no podemos controlar nuestro territorio, difícilmente podamos considerarnos un país plenamente soberano.