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La batalla de Lula con las financieras

La batalla de Lula con las financieras
El cuarto mandato del presidente pasa por domar al poder económico.

Electo por cuarta vez, Lula da Silva enfrenta la presión del sector financiero brasileño, que reclama un recorte de 40.000 millones de dólares en el gasto público. El presidente rechaza un ajuste que destruya los programas sociales y busca alternativas en un país que tiene la mayor tasa real de interés del planeta. La disputa con los bancos coincide con el cierre judicial del caso del triplex de Guarujá, que fue utilizado para condenar y encarcelar a Lula. Una resolución sobre la propiedad del departamento pone fin a otro capítulo de la Operación Lava Jato.

Cinco claves:

  1. El poder financiero reclama un ajuste de 40.000 millones de dólares que Lula rechaza.
  2. Brasil tiene una tasa real de interés del 9 por ciento, la más alta del planeta.
  3. Los intereses de la deuda pública superan ampliamente el déficit de las políticas sociales.
  4. La concentración bancaria condiciona el crédito, las tasas y la economía real.
  5. El cierre del caso del triplex de Guarujá marca el final de un capítulo de Lava Jato.

Electo por cuarta vez, el presidente Lula da Silva va a tener que domar a la fea bestia del poder económico del país. El enemigo es, en particular, el sector financiero, desilusionado porque no se va a imponer el modelo Milei de la mano del ahora fugado Flavio Bolsonaro. La idea, esbozada pero deliberadamente difuminada en la campaña del ultraderechista, era un recorte de 40.000 millones de dólares en los gastos públicos, lo que implicaba destruir los planes sociales. Es lo que le exigen ahora a Lula, que dijo claramente que hacer eso es “estafar a mi electorado” y está preparando un ajuste mucho menor y concentrado en otras líneas de gasto.

El contexto de estos aprietes es que Brasil tiene la mayor tasa real de interés del planeta, un nueve por ciento ajustado por la inflación. Es más alta que la argentina, que la turca y que la rusa, que tiene que lidiar con una guerra interminable. Los intereses de la deuda pública del país son diez veces más altos que el déficit de las jubilaciones, los programas sociales, las obras públicas, la salud y la educación. Curar esta sangría permitiría no solo eliminar esos déficits de cuenta corriente, sino ampliar los programas. El problema son los 200.000 tenedores de bonos públicos, un 1,4 por ciento de la población que tiene el poder del capital.

Lula tiene con qué domar la bestia. En sus primeros dos gobiernos, logró superávits primarios, el único mandatario en la historia brasileña en lograrlo y prácticamente el único a nivel internacional en esos años. En su tercer gobierno, se concentró todavía más en la justicia social y para septiembre de este año la masa salarial había crecido un 37 por ciento por sobre el índice de 2022, con una caída del desempleo al 4,7 por ciento. En 2011, Brasil tenía la sexta economía del mundo. Para 2022, había caído al puesto 12. Según el FMI, el año que viene será la octava, gracias a la expansión del tercer gobierno Lula.

Lo que se ve en los medios controlados por el establishment es un terrorismo de las expectativas si Lula no hace el ajuste como piden los bancos. André Lara Resende, el economista de Fernando Henrique Cardoso que controló finalmente la inflación y era desde entonces un prócer financiero, propuso simplemente rebajar la tasa de interés al siete por ciento. Y hacerlo del modo más simple posible, prestándole directamente al ciudadano y al empresario a ese precio, saltándose los bancos. Ya no es un prócer, con columnistas proponiendo que anda mal de salud o está gagá.

La baja de las tasas permitiría hacer un ajuste sin costo social, “que no paguen los pobres”, en la clara frase de Lula. El menor costo del dinero hasta haría posibles medidas compensatorias para los afectados y para prevenir, por ejemplo, lo que haga Donald Trump en los dos años que le quedan, o el costo de la energía si sigue la guerra en Irán. Ya el año pasado las crisis norteamericanas —precio de los combustibles, tasas en alza— redujeron la tasa de crecimiento brasileña y fomentaron un leve repunte inflacionario.

El terrorismo fiscal a la Milei que propone el establishment financiero contrasta fuertemente con la actitud de los inversores extranjeros, incluso los bursátiles, que muestran más confianza en Brasil. En parte, esto es por la concentración bancaria. En 2025, los cuatro mayores bancos manejaban la mitad de las operaciones de crédito del país, con un spread muy alto, del 12,62 por ciento, claro síntoma de concentración en pocas manos y baja competencia. Para este año, esos cuatro bancos ya tenían un tercio de toda la deuda federal en sus carteras, lo que les permite influir fuertemente en la fijación de tasas.

Como bien dijo Winston Churchill, todo lo que es bueno para los bancos es malo para el pueblo, y en Brasil también. El negocio bancario no para de afectar la economía real, con las empresas necesitando cada vez más rescates financieros. En 2021, apenas 911 firmas pidieron quiebras preventivas, rescates o suspensión de pagos. A partir de 2022, con la drástica suba de la tasa básica, la Selic, se disparó el problema y para este año ya van 2.466 compañías pidiendo socorro. Hace cinco años, la tasa Selic era del 4,4 por ciento, pero ahora roza los 14 puntos.

Este contexto explica que Lula se esté tomando su tiempo para nombrar un nuevo gabinete, sobre todo en los puestos económicos. La negociación pasa por el Congreso, donde hay que tejer alianzas y comprometer a los conservadores moderados, no bolsonaristas, en la batalla que viene.

Lava Jato

El lunes 9 de noviembre fue el fin, miserable y burocrático, de esa gran farsa que fue la Operación Lava Jato, la que llevó a Lula a pasar 580 días preso, hizo posible el golpe institucional contra Dilma Rousseff y le abrió el camino al fascismo neoliberal de Jair Bolsonaro. La causa terminó cuando el juez Marcelo Gentil Monteiro, del distrito penal de Brasilia, determinó que el famoso triplex de Guarujá era efectivamente propiedad de la empresa OAS. En el armado de la causa contra Lula, el triplex había sido confiscado y rematado como algo derivado de la corrupción, y la OAS fue amenazada con perder otros contratos si reclamaba. El juez Monteiro cerró el tema determinando que los 2.420.000 reales del remate fueran pagados por el gobierno a la firma.

La causa de corrupción contra el presidente fue inventada por el diario O Globo, cabeza del poderoso grupo multimedia de la familia Marinho, el 10 de marzo de 2010. El título, uno de los de la tapa, decía oscuramente “Caso Bancoop: el triplex de la pareja Lula está atrasado”. Se refería a la unidad 164A de un edificio en construcción en Guarujá, el mayor pueblo veraniego de la costa paulista. La firma OAS Empreendimentos SA estaba construyendo la torre y, entre muchos otros clientes, le había ofrecido un departamento a Lula y su primera mujer, Marisa Letícia. Lula hasta llegó a ofrecer una seña “de interés”, algo menos de diez mil dólares, y la pareja visitó la obra. Lula no quiso seguir con la compra, explicando que una escalera en caracol en medio del living era un peligro para sus nietos, y que le iba a ser imposible disfrutar la playa porque o lo iban a abrazar o lo iban a agredir. OAS le devolvió el dinero y le hizo firmar un documento desistiendo de la compra, para poder vendérselo a otro.

Pero en marzo de 2010, el periodista Germano Oliveira publicó que el amplio departamento era propiedad de la pareja. No publicó prueba alguna de esa afirmación, que ocho años después sirvió para que el juez Sergio Moro detuviera a Lula, todavía sin una prueba formal de propiedad. De hecho, el testigo estrella de la acusación era el sereno de un edificio cercano, que dijo que había visto a Lula en el lugar, y también a otros políticos. O Globo hasta dijo que el departamento estaba a nombre de Marisa Letícia, “como había declarado Lula a la justicia electoral”. Pero lo que había declarado Lula era el depósito de casi diez mil dólares, que sí había pagado y figuraba a nombre de su mujer.

Varios otros medios, incluyendo el diario Folha de São Paulo, investigaron también el supuesto caso de corrupción y tampoco encontraron pruebas. Pero entre todos instalaron el relato, con detalles ficticios como que el plano original no incluía el triplex, creado especialmente para Lula y su familia. El 16 de septiembre de 2016, Moro y el fiscal Deltan Dallagnol abrieron la causa y dos años después salió el fallo contra Lula, con una condena de 9 años y seis meses de prisión. El argumento de Moro fue que el departamento era parte de un pago a la OAS a cambio de ganar contratos con Petrobras.

La evidencia era tan tenue que, en la página 196 de su enorme fallo, Moro explicaba que no se sabía “exactamente” qué favores habría hecho Lula a cambio de la prebenda. Pero que bastaba haberla recibido para quedar a disposición del coimero. Es notable: no se puede acusar a Lula de nada en concreto, no se puede probar que el departamento sea suyo, pero se da por probado lo segundo y se deduce lo primero. Nuevamente, todo era tan tenue que el dinero del remate del triplex quedó en caución judicial porque no sabían qué hacer con los fondos. En 2018, Lula perdió la apelación y fue detenido.

La revisión final de la causa implicó investigar a los jueces, fiscales y policías, que terminaron todos teniendo que dejar sus puestos. Lula ni siquiera fue declarado inocente, simplemente la causa fue dada por nula, de tan ficticia. Moro acaba de ser elegido gobernador por el partido de los Bolsonaro, Lula fue reelecto por cuarta vez. Y un juez cerró esta vergüenza escribiéndole un cheque a la constructora.

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