Uno no es nadie pero tampoco, literalmente, uno es nadie. Sobre todo ante los semejantes. Y especialmente cuando del otro lado del Estado de Derecho está Su Excelencia, el Presidente Javier Milei. Y entonces uno, que no es nadie, consulta y muestra conclusiones provisorias de las dos catástrofes de los últimos días. Una, natural, la de Bahía Blanca que hasta donde llega el conocimiento actual se debió a un nivel imprevisible de lluvias. La otra catástrofe no fue natural y tiene un nombre y apellido que la resume: Pablo Grillo, argentino, militante político, hincha de Independiente, fotógrafo de alma, fusilado con una granada justamente mientras ejercía su oficio de registrar todo.
El “todo” que quiso registrar Grillo el miércoles 12 de marzo de 2025 fue la represión salvaje instruida por la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich. Según la Comisión Provincial por la Memoria, la represión ordenada y santificada luego por Su Excelencia fue la peor desde el 19 y 20 de diciembre de 2001.
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Cada trabajo tiene su interna folklórica. En los medios hay una pica entre administrativos y periodistas. Los administrativos dicen que los periodistas son vagos. Los periodistas, que los administrativos no entienden nada. Otra interna se da entre redactores y reporteros gráficos. Los redactores dicen que los fotógrafos sólo piensan en gatillar. Y los fotógrafos replican: “Es cierto, porque vos podés reconstruir todo desde tu casa, mirando la tele, y si sos astuto nadie se da cuenta de que no estuviste en el lugar. Pero nosotros precisamos la imagen sí o sí. Y para eso ponemos el cuerpo”.
Pablo Grillo puso la cámara y el cuerpo, y una bomba de gas lacrimógeno le astilló el cráneo. No fue lanzada con un mínimo de 45 grados de inclinación sino en ángulo recto respecto del cuerpo del uniformado que disparó. Salió tan derecha como ilegal, directo a la cabeza de Grillo. “Un proyectil con una masa aproximada de 100 gramos viajando a 70 metros por segundo tiene suficiente energía cinética como para causar daños serios o muerte en casos de impacto directo”, dice un informe de Amnistía Internacional. “Es por eso que los cartuchos nunca deben ser lanzados directamente hacia las personas”, agrega.
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Estos días los docentes recordaron el caso de Carlos Fuentealba, que en 2007 fue herido y luego murió justamente por un disparo de cartucho de gas cuando estaba en la ruta 22 de Neuquén.
En diciembre de 1972, el militante peronista Ramón Cesaris, de 18 años, falleció de la misma manera. Un policía le disparó a quemarropa un cartucho que le destruyó el estómago.
Con la misma frialdad con la que calificó de “jubilada patotera” a la señora de 81 años derribada por un policía el miércoles, la ministra calificada por Su Excelencia como “la mejor de la historia” (y van…) dijo que Grillo debió haber sabido mejor dónde ponerse.
Al mismo tiempo, Bullrich hizo un anuncio de gravedad institucional: justificó la caída de la señora y dijo que no habría sumario contra quien disparó la granada de gas.
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Tanto abogados como expertos en seguridad y policías retirados saben que en casos como el del miércoles no hay demasiadas variantes posibles. Una consulta a varios de ellos, que pidieron reserva de su nombre, permitió trazar este cuadro de situación:
*Puede haber habido una orden escrita o verbal de la ministra de Su Excelencia a los jefes de la Policía Federal, la Prefectura, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
*Aunque las fuerzas federales no son militares, sí existe la cadena de mando y comando.
*O hubo órdenes explícitas de reprimir indiscriminadamente y sin uso proporcional de la fuerza, o no hubo una orden que fijara métodos y límites.
*Otra vez más el Congreso no estuvo vallado como medida preventiva. Algo que llama más la atención cuando tanto la ministra de Su Excelencia como el jefe de Gabinete Guillermo Francos quieren instalar que hubo un plan de golpe de Estado.
*En el caso de Francos hubo una insinuación imprecisa. Dijo que los sucesos del miércoles (obviamente referidos a los manifestantes y no a las fuerzas federales o al propio Poder Ejecutivo) tuvieron el objetivo de “impulsar una especie de golpe de Estado”. No dijo a qué especie se refería a pesar de sus conocimientos históricos y personales: revistó como funcionario en las dos últimas dictaduras militares.
*El Gobierno no informó quién disparó. Incluso hasta el cierre de esta nota, en la tarde del 14 de marzo de 2025, no queda claro si fue un miembro de la Policía o de la Gendarmería, porque en el lugar de donde salió la granada había efectivos de las dos fuerzas.
*Conocer los nombres de los responsables operativos no es una nimiedad. Tampoco una curiosidad malsana. Las investigaciones judiciales de derechos humanos, incluyendo los juicios de la verdad protagonizados entre otros por el fiscal Félix Crous tras la promulgación de las leyes de impunidad, fueron hasta el hueso y al detalle. No da lo mismo conocer el funcionamiento detallado del mecanismo ilegal, y saber hasta el alias y el nombre verdadero de cada torturador, que limitarse a una descripción general. El rigor investigativo es parte del derecho a la verdad reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como parte de la dolorosa experiencia histórica, en especial desde el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial desatada por Adolf Hitler. Las conclusiones de la investigación sirven para resolver cómo debe actuar una fuerza federal en casos de protesta callejera.
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Ismael Jalil, abogado de derechos humanos con larga trayectoria, sostiene que el establishment ya no militariza las calles como en los ’70 sino que “policializa la cotidianeidad porque nosotros, como entidad-pueblo, somos el enemigo interno que sin pretender cambiar el sistema capitalista responde con el conflicto social”. Explica Jalil que “el ahogamiento de esta respuesta popular debe tener apariencia de legalidad” y crea un “estado de excepción” en el que lo “normal” de la democracia “pasa a ser la no vigencia de garantías y derechos elementales”. Es parte, según el abogado, “del deterioro incesante de las condiciones de vida, traducido en desocupación, precarización, bajo poder adquisitivo de los salarios, daños ecológicos y multiplicación de la descomposición social”.
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Sobre la otra catástrofe, la natural, la de Bahía Blanca, el mayor sacudón político lo produjo el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Anunció que su municipio brindará ayuda a los bahienses por mil millones de pesos, que esa ayuda irá en distintas partidas y que habrá una comisión del concejo deliberante de Avellaneda encargada de monitorear el envío de fondos. También pidió Ferraresi que el resto de los municipios, y no sólo los 135 de la provincia de Buenos Aires, hagan lo mismo.
La jugada es fuerte, porque entraña un riesgo y un desafío. El riesgo es que una parte de los vecinos de Avellaneda se sientan abandonados o postergados por la solidaridad con Bahía Blanca, porque se trata de un ejercicio solidario en dinero contante y sonante. El desafío es que los vecinos sientan orgullosamente que son parte de una ayuda solidaria y que su municipio es la vanguardia en materia de aportes dinerarios.
Intendentes, legisladores y funcionarios de menor nivel que enfrentaron catástrofes saben que una de las claves es, precisamente, el suministro de fondos. “La solidaridad de la gente enviando ropa, alimentos, colchones y frazadas es genuina y conmovedora, pero después se requiere una logística que no siempre es fácil garantizar en el lugar de destino cuando hay de por medio un desastre natural de gran magnitud”, reflexionó un veterano.
Y otro aportó su enfoque: “Federico (Susbielles, intendente de Bahía Blanca) tiene en este momento un trabajo infernal que incluye establecer prioridades en medio de requerimientos cruzados que son todos justos. Pero, ¿cómo le va a dar un resarcimiento a alguien que no tiene documentos, o que perdió la hipoteca en el agua? La logística necesaria es monstruosa”.
En 2003 Santa Fe sufrió una inundación catastrófica. En ese caso no por causas naturales sino porque el Estado no había terminado una obra hidráulica para evitar el impacto de una crecida repentina. Un tercio del casco urbano quedó bajo el agua y las víctimas fatales fueron 158. Como en Bahía Blanca, quedaron destruidos caminos, puentes, sistemas de agua potable e instalaciones eléctricas, y buena parte de la población perdió todo.
“Suena antipático, pero ante un desastre así hay que registrar con exactitud quién se inundó y qué precisa”, dijo a este medio un ex legislador santafesino.
“La organización y la determinación de prioridades son dos elementos básicos, porque a medida que transcurren los días la solidaridad de quienes se ocuparon de los demás va a convivir con la desesperación de quienes quieran soluciones antes que otros, y las dos actitudes son naturales entre los seres humanos”, afirmó uno de los consultados.
El gobernador Axel Kicillof anunció una batería de medidas dentro de un programa especial de corto y mediano plazo que conducirá su ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis. Va desde la ayuda inmediata a los dañados a la reconstrucción y representará 270 mil millones de pesos.
Ajeno a ese tipo de razonamientos y decisiones, Su Excelencia ordenó enviar fondos a los damnificados pero hasta el momento, al menos, no hizo ningún gesto que contemplara la reparación de la infraestructura de las zonas afectadas.
¿Sabrá Su Excelencia que en 2005 el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, recomendó rezar y guarecerse a los damnificados por el huracán Katrina, con epicentro en Nueva Orleans y un resultado de mil quinientos muertos y pérdidas materiales que superaron los 100 mil millones de dólares? ¿Conocerá Su Excelencia que los republicanos perdieron las elecciones de 2008 por una combinación de los efectos de la crisis financiera mundial y el recuerdo de su desidia?
Son muchas preguntas para quien se enorgullece de acelerar en las curvas y sólo difunde, no promociona.