La discusión sobre el impuesto mínimo global vuelve a poner en primer plano una tensión histórica y teórica sobre el papel del Estado en la economía. El contraste entre la visión de Adam Smith y las posturas libertarias actuales permite advertir que, a diferencia de muchas interpretaciones modernas, los fundadores del liberalismo reconocían la necesidad de un orden político sólido para garantizar el bienestar social, la infraestructura pública y las condiciones generales del desarrollo. La obsesión libertaria por reducir el gasto público choca, además, con la experiencia de los países desarrollados, que mantienen niveles altos de inversión estatal para fomentar el crecimiento y la distribución del ingreso.
El impuesto mínimo global, impulsado en el marco de la OCDE y el G20, busca frenar la competencia fiscal desleal que perjudica a las naciones y erosiona la capacidad tributaria de los Estados. En ese contexto, la narrativa de un Estado sobredimensionado carece de sustento conceptual y empírico. Responde, más bien, a dogmas ideológicos que sobreviven como bandera política, aun cuando la evidencia histórica y comparada apunta en otra dirección.
Ni bien despunta La riqueza de las naciones, ensayo fundacional de la ciencia económica escrito hace 260 años por el escocés Adam Smith, observa que sin “la ayuda y la cooperación de miles de personas, ni siquiera la persona más humilde de un país civilizado podría recibir lo necesario”.
Normalmente se le imputa a Smith ser un numen del anti Estado, el heraldo señero del más duro liberalismo. Hay varios sobretonos ahí. El principal, pensar que el entonces inspector de aduanas y también profesor universitario de filosofía, abogaba por confiar en los precios, no en desollar al orden político. Al revés. Leyendo La riqueza… con el cuidado que merece, pronto se cae en la cuenta de que Smith hacía del orden político provisto por el Estado una condición necesaria de la sociedad comercial.
En todo caso, proponía ponerle freno a toda reglamentación de precios, muy al uso desde los remotos tiempos de las tribus del paleolítico, y dejar que estos organizaran la producción, independientemente de los caprichos del príncipe.
“El Soberano únicamente tiene tres deberes para cumplir, (…) defender la sociedad contra la violencia e invasión de otras sociedades independientes (…); proteger en lo posible a cada uno de los miembros de la sociedad de la violencia y de la opresión de que pudiera ser víctima por parte de otros individuos de la misma sociedad (…) erigir y mantener ciertas obras y establecimientos públicos”, focaliza Smith el accionar del Estado.
Para Smith, como buen economista clásico —en su caso, padre fundador de esa escuela—, la economía era una ciencia cuyo objetivo era analizar cómo las distintas clases sociales se repartían el producto o ingreso —producto e ingreso son sinónimos en las cuentas nacionales— que generaban en conjunto.
“La defensa que Smith hacía de la sociedad comercial, como él la denominaba capitalismo, no se basaba en la eficiencia en la asignación de los recursos. Era un argumento históricamente específico contra el mercantilismo y las restricciones feudales, cuyo objetivo era promover la acumulación y el desarrollo. Por el contrario, la defensa neoliberal de los mercados se fundamenta en el marco marginalista, donde los precios reflejan las preferencias y la escasez, y las asignaciones de equilibrio son óptimas. La primera era un ataque al statu quo, la segunda una defensa conservadora del sistema establecido. No se trata de dos versiones de la misma teoría, sino de sistemas incompatibles”, deslinda el economista Matías Vernengo.
Vale tener presente esto porque la prédica anti Estado de los libertarios, una exacerbación de una tendencia de años en la política criolla, además de dañar el potencial de crecimiento actual, da la impresión de haber calado en la ciudadanía de a pie. Y sin un fuerte aumento del gasto público y los impuestos es prácticamente imposible alentar un mayor producto bruto para una mejor distribución del ingreso.
Los países desarrollados han entendido bien esto. Con gastos públicos cercanos al 50 por ciento del producto bruto en ocho países que explican algo más del 50 por ciento del producto bruto mundial —dato que se amplía en un 15 o 20 por ciento más si se incluye a China—, los principales problemas políticos del mundo moderno resultan ser la incidencia de los impuestos y la asignación de las partidas presupuestarias.
A contramano
Es casi un vicio libertario bajar y bajar impuestos y luego aplicar el guadañazo al gasto público. Y hacerlo en nombre de atraer inversiones. Esa acción va a contramano de lo que se cocina entre los países que son capaces de atraer inversiones externas.
En efecto, en octubre de 2021, más de 130 países y jurisdicciones participantes en el Marco Inclusivo de la OCDE/G20 acordaron una reforma de dos pilares de la tributación corporativa internacional. El segundo pilar introdujo un impuesto mínimo global del 15 por ciento sobre los beneficios de las grandes empresas multinacionales. Esta política busca frenar la competencia a la baja entre jurisdicciones que ofrecen tipos impositivos corporativos cada vez más bajos y reducir la evasión fiscal.
Un paper reciente sobre el tema, de los investigadores europeos Lídia Brun, Jonathan Pycroft, Daniel Stöhlker y Maarten van ’t Riet, titulado “Potencialmente positivo: evaluación del bienestar del impuesto mínimo global”, argumenta que, a partir de la introducción de un impuesto mínimo global del 15 por ciento, se está gestando un cambio trascendental en el sistema tributario internacional de las empresas.
Mediante un modelo macroeconómico multinacional, el cuarteto de autores ofrece una evaluación cuantitativa exhaustiva de sus efectos sobre el bienestar, sopesando el aumento de los ingresos fiscales y la reducción de las ineficiencias frente a los posibles desincentivos a la inversión.
Los resultados apuntan a mejoras modestas pero positivas en el bienestar global, con resultados que varían entre países. Es fundamental destacar que estas mejoras se mantienen incluso sin la participación de los Estados Unidos, lo que sugiere que el progreso global en la reducción de la evasión fiscal corporativa no depende de la adopción universal.
Lídia Brun y compañía, adscriptos a la Comisión Europea, concluyen que “el impuesto mínimo global tiene el potencial de alejar el sistema tributario internacional de las empresas de una competencia a la baja y conducirlo a un escenario donde se frene la competencia fiscal, se limite la transferencia de beneficios y aumente el bienestar general”.
Del RIGI al Súper RIGI —y el mantra que los acompaña: los mínimos impuestos posibles— hay seguro un gran despelote político. Este tipo de iniciativas globales marcan el sendero de lo que es necesario hacer y de lo que es necesario evitar a efectos de consolidar para la Argentina una democracia integrada social y geográficamente.
Lo pequeño es fulero
Evidentemente, la tesis ampliamente propagada que atribuye el origen de las crisis padecidas por la Argentina al tamaño del gasto público —hecha carne en la práctica del gobierno libertario— es al menos inconsistente a la vista de la comparación internacional. Lo interesante del caso es que la Argentina siempre tuvo un Estado entre pequeño y muy pequeño durante el transcurso de las cuatro últimas décadas, en que operó el importante aumento del sector público en los países industriales.
La pregunta es por qué razón, entonces, se continúa con esa argumentación que, por ejemplo, en la difícil coyuntura argentina —de pronóstico reservado— articula todo el comportamiento a suerte y verdad del gorilazo gobierno actual y no está refutada con claridad meridiana por los opositores. Para encontrar una respuesta, resulta pertinente buscar las razones teóricas que han llevado a prescribir, por un lado, la detente del tamaño del Estado; y por el otro, la poca efectividad conseguida para ese objetivo, dado el nivel alcanzado en los países desarrollados.
La reducción del tamaño del Estado, o de establecerlo tan bajo como fuere posible, independientemente de qué se entienda por tan bajo, la proporcionan los criterios basados en León Walras, el economista suizo de fines del siglo XIX, padre de la corriente neoclásica. “En una economía walrasiana, el Estado no tiene ningún papel positivo a desempeñar, de modo que la regla constitucional es simple: cuanto menos Estado, mejor”, dicen A. Przeworski y F. Limongi, politólogos de la Universidad de Chicago, en un paper académico.
En total concordancia con Walras, casi para la misma época, Vilfredo Pareto —quien heredó la cátedra de Walras en Lausana— deducía que la distribución del ingreso la ocasiona la productividad de la economía y que, por lo tanto, el Estado, a través de los impuestos, es completamente ineficaz y contraproducente para redistribuir los ingresos. La denominada Ley de Pareto fue ampliamente desmentida por los hechos; no obstante, continúa inspirando los análisis actuales refractarios al gasto público. Pareto terminó sus días siendo senador de Mussolini.
En el mismo sentido apunta el breve ensayo que Joseph Schumpeter, hijo de la tradición de Walras y Pareto, escribió a fines de la Primera Guerra Mundial. Schumpeter señalaba que antes de la Primera Guerra el Estado no podía elevar los impuestos o pedir créditos más allá del 5 por ciento del producto bruto del país que se tratase. Durante la Primera Guerra, los Estados contendientes recaudaron sumas elevadísimas, recurriendo —incluso los beligerantes más pobres, como Austria y Rusia— a la emisión de bonos de guerra, que en pocos años superaron el total del PIB.
Schumpeter advirtió que antes de la guerra, cuando los recursos eran limitados, los gobiernos habían tenido que elegir entre pocas alternativas. Predijo que, al desaparecer esas limitaciones, los gobiernos no podrían resistir a las demandas, especialmente a las fundadas en “necesidades sociales y morales”. Y que todo esto crearía una economía nueva en la que las presiones inflacionarias se convertirían en endémicas y el aumento de la presión fiscal iría en detrimento de la acumulación de capital y el aumento del ingreso. Exactamente igual a lo que un siglo después cree el actual gobierno argentino, contra toda evidencia histórica diciendo lo contrario.
Aparato estatal sobredimensionado
Ya en los años ochenta, dos investigadores del FMI, Vito Tanzi y Ludger Schuknecht, realizaron diversos estudios empíricos sobre las consecuencias del aumento del gasto público en los países de la OCDE desde el inicio de la Primera Guerra hasta el presente, al amparo de la idea de que de esa manera proveen evidencia suficiente para evaluar las consecuencias negativas que engendra un aparato estatal sobredimensionado en sus atributos y funciones.
Para Tanzi y Schuknecht, “quizás el nivel de gasto público no necesite ser más alto que, digamos, 30 por ciento del PBI para alcanzar la mayoría de los objetivos importantes económicos y sociales que justifican la intervención del gobierno”.
Tanzi y Schuknecht boyaban entre dos corrientes de análisis neoclásico. Por un lado, están los neoclásicos que aducen que los mercados en su funcionamiento tienen fallas y eso hace necesaria la intervención del Estado a efectos de corregirlas, y que nadie se lleve la que no le corresponde. Por el otro, están los neoclásicos de sesgo ultramontano —generalmente referenciados en la Universidad de Chicago— que dicen que si se intenta corregir las “supuestas” fallas de mercado con “supuestos” logros del Estado se está olvidando no que las “fallas” del Estado son peores, sino que la intervención genera que los mercados dejen de funcionar bien. Entonces: nada de Estado que no sea como ente que asigna y hace cumplir los derechos de propiedad.
Tanzi y Schuknecht, mientras van y vienen entre esas correntadas del mar neoclásico, parecen resignados a que nunca el Estado se reducirá a los niveles que postularon. Sin embargo, tomando como base el año 1980 y refiriéndose a la situación del gasto público en el conjunto de los países de la OCDE para el año en que despuntó el tercer milenio, se congratulan de que “durante las dos décadas pasadas algunos países tuvieron la capacidad de reducir sus gastos públicos en cantidades considerables. El promedio de gasto público, que alcanzó un pico de 52 por ciento del PBI en el transcurso de los últimos 20 años, en el panel de 22 países industrializados, cayó por casi 7 por ciento del PBI y actualmente es levemente inferior al porcentaje de 1982”.
Es decir, alrededor del 45 por ciento del producto bruto. El modesto ajuste a la baja trajo de regalo el auge de la ultraderecha. Son detalles. Todo sea por la eficiencia económica.
Tanzi y Schuknecht reconocen que “no mucho se sabe acerca de las tendencias de largo plazo sobre la actuación económica del gobierno o sobre la composición del gasto público. Más importante, hay poca evidencia —o discusión alrededor de— las ganancias sociales y económicas acerca del creciente papel del gobierno en la economía”. Ahora nos quedamos tranquilos.
Al no haber en su argumentación ninguna hipótesis sobre el funcionamiento macroeconómico a corto y largo plazo del sector público, la propuesta asume la forma de dique para contener el mal comportamiento de los agentes económicos, que es lo que genera un aumento desmedido del tamaño del sector público en esa “visión”.
Es por eso que, metodológicamente, Tanzi y Schuknecht —y con ellos todo el espectro neoclásico, tal como se materializa por ejemplo en el DNU 70 con que despuntó el gobierno libertario— se enfrascan en determinar si los bienes públicos están bien o mal gestionados, o si una gestión mejor, obviamente, bajaría su costo. O si esto se lograría privatizando el sistema jubilatorio, el sanitario y la educación universitaria.
Sobre esas cuestiones, sin embargo, Tanzi y Schuknecht sólo opinan que “llegar al nuevo nivel requerirá reformas radicales, un buen funcionamiento de los mercados, y una eficiente actuación reguladora del gobierno”. Y que la gente se quiera, y que florezcan mil flores, ¿por qué no?
Desde que Tanzi y Schuknecht se convirtieron en los autores que en el plano internacional más orgánicamente trabajaron la idea de bajar el gasto público y, entre nosotros, reforzaron la idea gorila argentina de achicarlo, la temática perdió casi por completo peso académico, quedando como una bandera política liberal irrenunciable, con fundamentos teóricos muy débiles y sobreviviendo a pura falsa conciencia.
Estamos como queremos. Qué extravagante la coyuntura argentina.