La cuestión de las universidades sacó a relucir una contradicción que parece insalvable en la administración de Javier Milei: mantener las políticas que desplegó hasta ahora, que lo distancian de las necesidades de la población, o modificarlas, que parece no integrar su menú de opciones.
El informe QMonitor, que elabora la consultora QSocial, tuvo por resultado en marzo una aprobación del 38% en la evaluación general del Gobierno, frente a un 53% de desaprobación. En abril la aprobación cayó al 34%, y la desaprobación subió al 59%.
El tema del trabajo se alzó como el primero entre los cinco principales problemas para resolver en el país, con el 31% de las respuestas en marzo, y el 28% en abril. El segundo más importante en marzo fue la inflación, que se llevó el 17%, y en abril lo desplazó la pobreza, con el 19%.
Lo notable es que tanto la caída de la valoración general del Gobierno, como los guarismos en la evaluación de la importancia de problemas de índole económica, se acercan a valores similares a los anteriores a las elecciones, cuando se intensificó el alza del tipo de cambio. Eso repercutió en la variación de los precios, mientras se desaceleraba la actividad económica.
Las mediciones de QSocial se concatenan con otros estudios de opinión pública que coinciden en que el Gobierno experimenta una pérdida de popularidad que se explica por esta debacle.
La administración que encabeza Javier Milei se encuentra frente a una contradicción insalvable. Mantener las políticas que desplegó hasta ahora le significa distanciarse cada vez más de las necesidades de la población. Pero modificarlas no se cuenta en el menú de las opciones.
Existen dos razones para que esto ocurra.
Una, que hacerlo requeriría, entre otras cosas, una readecuación del esquema de ‘carry trade’ que comienza por una devaluación. Lo cual conllevaría un costo político cuya reversión es incierta, por el tiempo que queda de Gobierno.
El segundo motivo es que, para que la actividad económica se normalice, el Gobierno tendría que readecuar los ingresos a sus estándares de poder de compra históricos.
A nivel macroeconómico, eso implica una mayor exigencia de dólares, lo que entra en conflicto con el objetivo actual de acumular reservas internacionales. Y, en ausencia de políticas complementarias, un aumento del nivel de precios, por la repercusión que tienen las alzas de salarios sobre los costos.
Las dos razones se aúnan y tornan dificultosa la salida. Los integrantes de la administración libertaria tendrían que mantener la convicción de que la reversión de esta política económica es posible y necesaria, y al mismo tiempo, disponerse a encabezarla. A su vez, eso requiere de una capacidad y una claridad conceptual que, de haber existido, no hubiese conducido al oficialismo a la situación en la que se encuentra.
En consecuencia, el Presidente y los funcionarios de primera línea repiten con asiduidad que está por comenzar un período de bonanza económica, a pesar de que los datos lo desmientan permanentemente, y rechazan cualquier posibilidad de cambio.
Un ejemplo reciente se puede encontrar en el conflicto por el presupuesto para la educación pública. La reticencia a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario equivale directamente a rehusarse a actualizar el salario de los docentes.
Un artículo de Lucila Marín publicado en La Nación da cuenta del estado de situación que condujo a las marchas que se convocaron desde abril de 2024, cuando el reclamo por los gastos de funcionamiento dio lugar al pedido para que se trate la actualización del presupuesto.
Uno de los datos que aporta es el monto del salario básico docente (jefe de TP con dedicación exclusiva, con 40 horas semanales previstas) al momento de cada marcha. Algo que puede observarse, si se los compara con los salarios promedio del sector privado (los menos deteriorados con este Gobierno), es que entre abril de 2024 y septiembre de 2025 la distancia se amplió en seis puntos. También que se redujo la diferencia con respecto a la canasta básica total por individuo.
En mayo de 2026, cuando se convocó la última marcha, el salario básico docente es de $1.060.054. Aún no se disponen de los datos necesarios para extender la comparación, pero basta con observar que, en febrero, el salario bruto promedio del sector privado es de $2.048.156 pesos. El salario básico de los docentes de mayo equivale al 51,8% de ese valor.
En la nota se citan cálculos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de Javier Curcio, un economista especializado en Finanzas Públicas. Allí indican que los salarios de los docentes acumulan una caída del 33% en términos reales frente a noviembre de 2023, superiores al 18% del conjunto del sector público. Curcio observó que, para retrotraer el sueldo de los docentes a su estado anterior, se los debería elevar a $1.612.159.
Otro dato relevante que se señala en la nota es que, en términos reales, la ejecución del gasto cayó 29 puntos entre 2023 y 2025, llegando a su nivel más bajo desde 2026. Eso surge de los cálculos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Para 2026, el Consejo Interuniversitario Nacional había solicitado que en el Presupuesto se asignaran 7,3 billones de pesos para el funcionamiento de las universidades, pero solamente se recibieron 4,8. Casi la mitad.
Y vale recordar que, en el día anterior a la marcha, se publicó en el boletín oficial la disminución de 5.303 millones de pesos destinados a un programa de infraestructura.
Por la magnitud de los recortes, parece evidente que la ocupación de la docencia se degradó con el Gobierno actual, y que está volviéndose demasiado precaria para ser sostenible como ingreso principal con exclusividad. También, que no es posible que las universidades funcionen adecuadamente con esta falta de presupuesto.
Independientemente de los matices que podrían encontrarse, la terquedad oficial con respecto al tema no es gratuita. Forma parte del aferramiento a un programa económico que, en términos de crecimiento y mejora de la calidad de vida, es contraproducente. Y los costos políticos en términos de opinión pública, aun teniendo en cuenta la volatilidad que les es propia, están presentes.
La cuestión de las universidades los sacó a relucir de una forma muy directa y visible.