El bautismo de fuego

La confrontación del gobierno con las universidades estatales por el duro recorte presupuestario tiene un final abierto. El Presidente redobló la apuesta al acusar de «casta» a los líderes de las multitudinarias marchas del martes 23. Autoridades de facultades de la UBA e investigadores confían en la legitimidad del movimiento en defensa de la educación pública, en declaraciones a Y Ahora Qué? Un economista asegura que la Casa Rosada intentará disciplinar a las casas de altos estudios con el manejo de las transferencias de fondos.

La máquina de descuartizar que empuña Javier Milei había tocado un nervio demasiado sensible. La motosierra serruchó sin piedad el sostén financiero de las universidades públicas. La podadora del ajuste a toda costa no deja títere con cabeza en el Estado. La educación superior cayó también en las garras del mayor ajuste ejecutado en tan poco tiempo: apenas cuatro meses de gobierno anarcocapitalista, neoliberal, libertario, o como se llame.

Nadie en la historia se había atrevido a cortar así, de cuajo, el cimiento económico del mayor símbolo de movilidad social que anida en la ilusión de las familias. ¿Cómo es posible que un Presidente elegido en elecciones libres y limpias arroje semejante sombra sobre el futuro de unos 2,5 millones de jóvenes? La noticia provocó un estruendo en los hogares: “¿Se metieron con los sueños de nuestros pibes y pibas?”

Fue conmovedor ver cartelitos en las marchas con la leyenda: «Soy la primera de mi familia en ser profesional».

La reacción de la sociedad fue como despertar de golpe a un elefante dormido. El paquidermo se levantó con una mezcla de enojo y estupor. Dispuesto a pisar al que hubiera cometido semejante osadía. Centenares de miles, tal vez más de un millón de personas, se lanzaron a las calles de las ciudades en defensa de la universidad pública.

«Las universidades han reconstruido su tejido de forma impresionante, con un panorama tan oscuro, pero muy gozoso, muy esperanzador por la cantidad de personas que se sintieron convocadas, con pluralismo para defender nuestro trabajo y la universidad pública como herramienta igualadora», dijo a Y Ahora Qué? la vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade.

Pero no se habían acallado los ecos de las plazas rebosantes, y cuando las redes sociales aún ardían con los fuegos de la marcha, el vocero presidencial Manuel Adorni, desde su pupitre de arengas en la Casa Rosada, reafirmó que el objetivo mileísta «es que cada vez el peso del Estado sea menor».

El portavoz dijo que «la motosierra es eterna, no tiene fin, es parte de la filosofía de este gobierno».

Ni una palabra de la reunión convocada para el martes 30 de abril por la secretaría gubernamental de Educación con los rectores del CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional.

Milei redobló la apuesta: «Los mismos vivos de siempre utilizaron el escudo de una causa que suena noble para defender sus intereses de casta».

La batalla se libra con final abierto.

Un espanto que une

El llamamiento a marchar corrió como un reguero de pólvora. El espanto unió a radicales con peronistas. A liberales con izquierdistas. A la CGT de Pablo Moyano y Héctor Daer con la UCR de Martín Lousteau y Facundo Manes.

Fue un bautismo de fuego para muchos y muchas que jamás hubiesen caminado con cartelones por avenidas liberadas del tránsito. El malestar y el mal humor social trocó de pronto en alegría esperanzada. Hasta las camisetas de la Selección evocaron la gesta del festejo por la Copa del Mundo. Volvió el ingenio popular de tinte tribunero: «Estudiá para no ser como Adorni».

Las plazas del país se colmaron. Al anochecer, cualquier otro gobierno hubiese tomado nota con tacto político. Sin levantar la perdiz, dar marcha atrás y abrir un diálogo. Pero el de Milei no es cualquier gobierno. De hecho, es una rareza histórica, al margen de su evidente ideología de ultraderecha.

Entonces, ¿y ahora qué?

«¿Cómo se sigue? Va a depender de lo que pase en las negociaciones. Si el gobierno actualiza los presupuestos o no», afirmó a Y Ahora Qué? la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Ana Arias.

Arias, doctora en Ciencias Sociales, planteó: «Estos procesos tan masivos de movilización también son de ideas y de nuevas discusiones. Nos dejó más energizados para poder debatir».

La decana respondió así a la pregunta sobre cuál es la génesis del conflicto: «Es el ataque feroz a todo lo público. Me parece que la educación y la universidad suponen un ejercicio de reflexión de la sociedad sobre sí misma o sea cómo construir instituciones para resolver la formación de personas que cuidan, que curan, que producen. La universidad tiene que cumplir una función social y eso es lo que está puesto en duda».

La mano que aprieta

Al día siguiente de la marcha se desplomó una sesión de Diputados para debatir el presupuesto universitario. Fue por llamativas ausencias de legisladores que habían sido fervorosos adherentes a la marcha. Sólo Unión por la Patria y unos cuantos solidarios de otros bloques se sentaron en sus bancas.

«Desde mi punto de vista, esto sigue en el Congreso, con una fuerte interpelación a nuestros representantes. Y sigue también con una fuerte  arremetida del gobierno contra las universidades. Tenemos que afinar nuestros argumentos y nuestra información», sostuvo Morgade.

Al menos el senador radical Martín Lousteau juntó firmas para pedir una sesión especial en la cámara alta que debata una declaración de emergencia presupuestaria para las universidades.

«¿Qué puede pasar? El gobierno puede elegir confrontar, escalar el conflicto. Lo que me da la impresión es que va a intentar, quizás, dar algunas transferencias pero no modificar el presupuesto», dijo a Y Ahora Qué? el director del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Letcher.

Letcher, doctor en economía política, estimó: «En la práctica, esto significa que después de mayo las universidades van a tener que comer de la mano del Ejecutivo. El gobierno lo va a querer usar como un mecanismo disciplinador. Imponerles lo que quieran que hagan o digan y,  si no, no hay plata».

¿De cuánto estamos hablando?

El recorte presupuestario parece ser algo más que un número de planilla Excel. «El ataque es más que nada doctrinario, conceptual, ideológico», señaló a Y Ahora Qué? Nicolás Lavagnino, del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología.

Lavagnino, doctor en Filosofía, expresó: «El ataque tiene que ver con los fundamentos de la visión de lo social que tiene Milei».

Pero también hay estadísticas que retumban. «Los salarios docentes y no docentes están en un mínimo histórico, desconocido. El gasto en ciencia está cayendo un 30% real. Esto es tremendo, porque implica hacer en un solo año lo que a Mauricio Macri le tomó cuatro años», indicó Lavagnino.

El investigador calculó: «El presupuesto de 2023, prorrogado a 2024, incluso cayendo un 30% en términos reales, precisa que la inversión se tenga que triplicar en términos nominales. Tenemos una inflación promedio anual apuntando al 280%. El congelamiento es poco creíble e inviable en términos políticos».

De eso no se habla

Una fuente muy cercana al consejo de rectores, que pidió reserva de identidad, dijo a Y Ahora Qué? que no esperan ninguna propuesta de actualización presupuestaria. Que al Gobierno sólo le interesa hacer auditorías de los fondos que manejan las casas de estudio. Una medida que es violatoria de la autonomía y autarquía cuyo origen es la fundacional Reforma de 1918 en Córdoba. El movimiento que puso fin a una universidad de corte oligárquico y clerical.

El intento oficial también atropella leyes en vigencia. La función de controlar las cuentas corresponde a la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso. Nunca del Poder Ejecutivo.

El diálogo ya se resquebrajó como un vidrio impactado por una pedrada, aún antes de iniciarse. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, insinuó que hay «irregularidades» en los manejos del dinero universitario. El CIN puso un inmediato grito en el cielo. En un comunicado, repudió las declaraciones de Torrendell. Lo acusó de «desinformar para confundir y desprestigiar para, así, justificar el desfinanciamiento«.

Letcher agregó que «hay varios conflictos, y uno de ellos es que el aumento que dio el gobierno de 70% para gastos de mantenimiento no alcanza porque hay que contraponerlo a incrementos de luz o gas de 300% a 500%».

Las universidades están desentrañando cómo seguir la puja, justo cuando el oficialismo entró a tambor batiente con sus planes en Diputados. Logró por fin dictámenes para las leyes Bases, Fiscal y Laboral. Lo hizo con la luz verde de congresistas a quienes cuesta ponerles un adjetivo adecuado junto a la palabra «oposición».

A cara de perros

Morgade puso la mira en el contexto filosófico de la controversia: «Si algo hay que reconocerle a Milei es que no ha ocultado sus perspectivas políticas y teóricas. Sus perros tienen los nombres de ideólogos. Como Murray Rothbard, economista que sostenía que tiene que desaparecer totalmente el Estado y que los niños, niñas y niñes, son propiedades de los padres, que pueden venderlos en un mercado infantil a quien quiera comprarlos».

La vicedecana de Filosofía y Letras desafió: «¿Nuestros abuelos y abuelas hubieran podido pagar institutrices como lo hizo la aristocracia para educar en el hogar. En la primera versión de la ley Bases se propuso desescolarizar a partir del tercer grado. Es profundizar la desigualdad».

Morgade invitó a «poder discutir las ‘fake news’ de Milei y pensar que la educación pública es el único lugar donde se produce ese encuentro maravilloso de lo común, de una cultura de paz, de un país orientado a los derechos humanos, a la lengua y a la identidad nacional».