El reseteo de Rocca significa prolongar la crisis

La depresión de la economía argentina no conduce a un “reseteo”, sino a la negación misma de la razón de ser de su entramado económico, social y político. Sería un error no advertir que un problema de estas características no admite una estrategia paulatina.

Las consecuencias que puedan adquirir las pretensiones del gobierno que preside Javier Milei en el caso de concretarse solamente se pueden comprender como parte y continuidad de la crisis política que le dio lugar a su emergencia. Ésta se origina en la tendencia a que la relación entre los precios y los salarios provoque endémicamente al deterioro de los segundos. Se trata de un patrón iniciado en 2018, pero consolidado principalmente entre 2020 y 2022, durante el gobierno del Frente de Todos. Lo cual explica su fracaso político y electoral.

Esta crisis tiene tres aspectos de análisis. El primero consiste en el conjunto de condiciones económicas que la caracteriza. El segundo es el de las propuestas que surgen desde el propio gobierno, agravantes de la situación. El último factor en el que debemos reparar es el de las respuestas del propio sistema político a la situación, que por ahora son de una inercia en alguna medida benévola a pesar de la celeridad con la que avanza el deterioro.

El problema económico

El deterioro de la economía comenzó cuando en 2018 se revirtió la suerte del “carry trade” durante la administración de Cambiemos, cuyo endeudamiento externo culminó en una crisis de balanza de pagos, y la consiguiente devaluación, provocada sin ninguna necesidad. Carry trade es como se denomina a la práctica de utilizar activos nominados en moneda local para contener el tipo de cambio, utilizando tasas de interés atractivas para desalentar la compra de las divisas en poder del país en cuestión. En 2019 este proceso se acentuó y fue necesaria la intervención del FMI. Ese gobierno finalizó con un retroceso del poder de compra del salario próximo al 20% comparado con sus inicios. 

El Frente de Todos no resolvió el problema. Por el contrario, habiendo mantenido unos niveles de superávit comercial muy altos durante 2020 y 2021 -un excedente del valor de las exportaciones por sobre las importaciones-, que alcanzaron los 12.529 y 14.749 millones de dólares, respectivamente, no se acumularon reservas internacionales en poder del Banco Central, sino que se mantuvo la pérdida. Incluso 2022, con las dificultades que produjo la guerra de Ucrania sobre la importación de energía, dio lugar a un saldo comercial positivo de 6.923 millones de dólares.

La pérdida mencionada anteriormente estuvo explicada, en gran parte, por el pago de la deuda externa del sector privado. Un análisis que elaboró el Centro de Estudios de Economía Política (CEPA) da cuenta de que entre diciembre de 2019 y enero de 2023 8.246 millones de dólares se dirigieron al pago de intereses y 17.546 millones a la cancelación de préstamos y líneas de crédito. Esto fue lo que impidió que los 47.918 millones de dólares que ingresaron al Banco Central en concepto de ingresos del comercio exterior redundasen en un incremento de las reservas luego de afrontar otros gastos comunes del sector externo.

Por efecto de la fragilidad externa que ocasionó la sangría de reservas, se sostuvo una devaluación continua del tipo de cambio peso-dólar, que impulsó las presiones inflacionarias, particularmente por su incidencia en los costos de los alimentos. Este es el principal motivo del derrotero adverso que mantuvieron los salarios. La participación total de los salarios en el Ingreso Nacional pasó de ser del 51,8% en el total de 2017 al 43,8% para 2022. A lo largo del gobierno del Frente de Todos, el poder de compra de los salarios permaneció, con oscilaciones, estancado. Y para finales de 2023 empeoró, producto de la devaluación permanente que se utilizó para contraer la economía y de esa manera disminuir la presión sobre el uso de las divisas.

El desenlace de este proceso es la contracción del mercado interno y el nivel de actividad, con un descenso sostenido del PBI per cápita, que es la medición de la producción total de bienes y servicios de la economía nacional en correspondencia con la población.  Si bien esto comenzó en 2011, cuando los límites de la política económica del gobierno de Cristina Kirchner comenzaron a producir efectos, la tendencia se acentuó fuertemente en 2018. Debe remarcarse que el estado de la situación económica mutó: de un estancamiento se pasó a una actividad en retroceso continuo. La persistencia de este estado de cosas condujo a que en 2023 el PBI per Cápita alcance su nivel más bajo desde 2006.

La fantasía del “reseteo”

Que caiga el PBI per cápita es un reflejo de que la población en conjunto es más pobre. El cambio de la distribución del ingreso en contra de la remuneración a los asalariados exhibe un retroceso en su calidad de vida aún superior al del descenso de la producción por habitante. Las medidas económicas con las que comenzó el gobierno acentúan este deterioro. La devaluación del tipo de cambio oficial que dispuso el Ministro de Economía Luis Caputo al asumir (de 366,50 pesos por dólar a 800, del 118,3%), en conjunto con la liberación de los precios, conducen a caídas del poder de compra del salario que se consideran históricas por su velocidad.

Esto no quita que puedan revertirse al entablarse las negociaciones paritarias. Pero el gobierno, al permitir el aumento de combustibles y proponer el incremento de las tarifas de servicios públicos, evidencia su pretensión de apuntalar el retraso salarial. En torno a esta cuestión, conviene reparar en los dichos de Paolo Rocca en el Seminario ProPymes de 2023, cuando aseveró que “hoy estamos frente a un reseteo de la Argentina”. 

Rocca reparó en la necesidad de generar una contención social mientras se consolida la nueva orientación. Sostuvo literalmente que “para alcanzar el desarrollo habrá un período muy difícil que requerirá mucho sacrificio, mucho esfuerzo en la contención social”. También se ilusionó con reemplazar el mercado interno, con miras a reducirse, con las exportaciones. Aseveró también: “Como empresas tenemos que hacer todo lo posible para generar mayor competitividad. Hablamos de que se viene una apertura de mercado y reducción del intervencionismo estatal. Vamos a tener que competir por los mercados de exportación y el mercado interno, ante una caída de la demanda”.

Esto muestra bien cuál es la fantasía ideológica que funge de principio en el programa económico del gobierno actual. O al menos, en un segmento de los sectores que lo apoyan. Empresas como Techint, de la cual Rocca es dueño, tienen una tensión entre la exportación y el crecimiento del mercado interno, debido a que producen insumos que pueden exportarse, en algunos casos a costa del consumo doméstico. 

Es el caso del gas y el petróleo provenientes de Vaca Muerta, que podrían utilizarse para que un país en expansión se autoabastezca de energía y combustibles, o dirigirse prioritariamente al mercado externo a precios más altos y venderse en el interior con estas pautas para quienes puedan pagar la compra de bienes básicos. En el primer caso, el excedente se dirige al exterior, pero en el segundo el orden de cosas se invierte y el mercado interno pasa a estar en función del externo.  Con los alimentos existe el mismo dilema. El elevado precio de la carne es un ejemplo penoso.

Sin embargo, no todas las empresas están en esta situación. La mayor parte de ellas tiene un volumen remarcable de la demanda en el mercado interno. Incluso Techint, con su histórica venta de caños sin costura, debe su razón de ser a la economía nacional. Y es ilusorio creer que se puede reemplazar este mercado con el exterior, porque las economías del resto del mundo comercian en función de sus necesidades, que no son las del empresariado argentino, sino las que definan las coaliciones de clase de las naciones involucradas en el intercambio. Esas necesidades se conforman con la representación de sus empresas, sus trabajadores, sus correlaciones de fuerza y la volición y posibilidades de sus respectivos gobiernos para conducir los procesos políticos. No suelen contemplar la destrucción de la producción propia para abrir paso a la ajena, y cuando lo hacen sufren consecuencias.

Por lo cual, la expectativa de que el mundo abra las fronteras para reemplazar lo que se pierde adentro carece de plausibilidad. De lo que se puede concluir que la depresión de la economía argentina no conduce a un “reseteo”, sino a la negación misma de la razón de ser de su entramado económico, social y político. Esto no es la liberación de las fuerzas productivas para el desarrollo, sino su antítesis, que consiste en el incremento de la pobreza y la disminución de la actividad económica, sin otro límite es la tolerancia de la sociedad argentina a los perjuicios que provoca la fantasía infame del “reseteo”.

La crisis en el sistema político

Los espacios que conforman el sistema político argentino en este momento participan de la crisis que produce el malestar económico, por las mismas razones por la cuales la provocaron: con diferentes grados, sus acciones fueron contrarias a las necesidades de la nación. Promovieron que persistiesen las condiciones que ocasionaron el ahondamiento del malestar en torno a la economía. Lo cual induce a examinar su relevancia frente a un gobierno que promete empeorar las causas que resultaron en su pérdida de representatividad.

Con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos se busca cercenar las posibilidades de participación de la oposición, penalizando de la protesta por parte de los trabajadores con el primero y delegando transitoriamente de las facultades del Poder Legislativo en el Ejecutivo con la segunda. Esto se concatena con las reformas laborales, que empeoran la forma de contratación. En términos generales, se pretende quitarle medios defensivos a la población mientras se la hostiga con una mayor pobreza.

A sabiendas de que el gobierno necesita la aceptación inicial del Congreso para consolidar los aspectos más regresivos de sus políticas, sería un error no advertir que un problema de estas características no admite una estrategia paulatina. Aun cuando existen expresiones de rechazo abiertas, todas tienen la connotación de esperar a alguna suerte de reorganización o maduración del rechazo entre la población antes de accionar, o critican aspectos parciales de la política de este gobierno sin repudiarla en conjunto. 

La oposición tiene la opción de registrar que su acción es necesaria para evitar un empeoramiento de las condiciones de vida de los argentinos, buscando aglutinar a sectores en la defensa de los intereses que se vean agredidos. De esta manera reivindicaría su representatividad demostrando que la política puede obrar en forma noble para proteger a los intereses del conjunto de la nación, y puede comenzar a revertir la pérdida de adhesión a la que se expuso en los últimos años. 

En el caso contrario, es posible que el rechazo de la población al accionar oficial se extienda sin la mediación de la conducción política, pero eso se debería a que el cambio en la economía hizo efecto y la gente sufrió las consecuencias. Es decir que se trataría de un desborde, no del producto de acciones preventivas. Nada indica que este último desenlace sea inmediato ni espontáneo. Y si llegara a suceder, necesariamente será con los hechos dañinos cuya extensión es imperioso evitar.