El mundo asiste a un cambio radical en el panorama político internacional, tras el voto masivo en favor de una nueva Convención de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal, en noviembre, y la previa declaración sin precedentes de los jefes de Estado del G20 en Río de Janeiro a favor de gravar a los superricos. Esto es muy importante para África.
Frente a las iniciativas de la ONU y del G20 a favor de cobrar impuestos a los superricos, África tiene un papel fundamental por las necesidades que surgen de las crisis sistémicas del continente.
África pierde miles de millones de dólares debido a la evasión fiscal. Este dinero podría financiar necesidades urgentes en materia de transición climática, infraestructuras, educación y salud pública. Si el continente no consigue ampliar su base impositiva y aumentar los recursos que recauda puertas adentro, será aún más difícil hacer frente a las crisis simultáneas del cambio climático, la inseguridad alimentaria, los conflictos y la deuda.
La Unión Africana calcula que el continente pierde unos 90.000 millones de dólares al año a causa de los flujos financieros ilícitos. También pierde otros 220.000 millones al año por exenciones fiscales que benefician desproporcionadamente a los superricos. En conjunto, ambas vías de fuga de capitales suman la asombrosa cifra de 390.000 millones de dólares anuales, según declaró Patrick Olomo, asesor político del grupo liderado por Nigeria, en las reuniones del FMI y el Banco Mundial celebradas en Washington en octubre.
África es un continente extraordinariamente diverso, con países que de renta baja y de renta alta. Sin embargo, 33 de los 45 países que figuran en la lista 2023 de la ONU de Países Menos Adelantados son africanos. Y 20 de los países africanos de renta baja se enfrentan a la bancarrota o luchan con altos niveles de deuda. Algunos ejemplos recientes de cómo estos países comparten los mismos retos son éstos. La ministra de Finanzas de Angola, Vera Daves de Sousa, declaró que todos los ingresos fiscales del país solo alcanzan para pagar los salarios y servicios de deuda. El Ministro de Justicia de Nigeria, Lateef Fagbemi, declaró que el país pierde una media de 18.000 millones de dólares al año a causa de flujos financieros ilícitos. Entre 2009 y 2018, Sudáfrica perdió 20.000 millones de dólares al año debido a la elusión y evasión fiscal de los superricos.
Así pues, mientras que el financiamiento del desarrollo es una necesidad desesperada para África, su dinero se encuentra literalmente a la fuga.
Existe una salida al dilema existencial de cómo recaudar el dinero necesario para construir infraestructuras y servicios públicos decentes y hacer frente a las consecuencias catastróficas del cambio climático. Esa vía consiste en mejorar el «espacio fiscal» gravando equitativamente a las multinacionales que operan en el continente, a los servicios digitales transfronterizos y a los más ricos, un segmento pequeño pero creciente de la población que en gran medida está insuficientemente gravado.
El capitalismo en África ha permitido una inmensa acumulación de riqueza en manos de unos pocos oligarcas. Según el Informe sobre la Riqueza en África 2024 de Henly & Partners, “el continente alberga 135.200 millonarios, 342 centimillonarios y 21 mil millonarios, con una riqueza invertible combinada de 2,5 billones de dólares”. Cinco países concentran el 90% de los mil millonarios del continente: Sudáfrica, Egipto, Kenia, Nigeria y Marruecos.
Estos individuos superricos deslocalizan fácilmente su riqueza, repartiéndola entre distintos activos en diferentes jurisdicciones, bajo capas de empresas fantasmas, fideicomisos y otros acuerdos legales la mayor parte de las veces. Gran parte acaba en el mercado inmobiliario de lujo de las grandes ciudades del Norte Global. Aprovechan las lagunas del sistema para alimentar la voraz máquina de acumulación de riqueza en el extranjero.
La extrema concentración de riqueza y de impunidad estalló en numerosos escándalos financieros (Panama Papers, LuxLeakes, etc) obligando a la OCDE a examinar cómo corregir las distorsiones globales tras la crisis mundial de 2008. El extremismo populista está a la espera de capitalizar las promesas incumplidas y explotar el descontento que surge de tal desilusión.
En África, es esencial una fiscalidad eficaz y justa sobre las ganancias de las empresas y la riqueza los más ricos. Las empresas multinacionales y la élite adinerada suelen aprovecharse de los espacios vacíos de regulación fiscal, lo que agrava la desigualdad de ingresos. Los flujos financieros ilícitos y la evasión fiscal drenan recursos que son necesarios para mejorar la resistencia de las economías africanas, haciéndolas vulnerables a las crisis económicas.
Por eso la Unión Africana y otros países en desarrollo insatisfechos con el resultado de la «solución de los dos pilares» de la OCDE unieron sus fuerzas para trasladar las negociaciones sobre fiscalidad internacional a la ONU.
La Convención Marco de la ONU sobre Cooperación Fiscal Internacional que fue aprobada por la Asamblea General con solo nueve votos en contra (de nuevo las economías avanzadas protegiendo la prerrogativa de multinacionales para no pagar los impuestos que les corresponde). Esta nueva institución cuya forma terminará de negociarse en 2025 y que entrará en vigor en 2027, es el instrumento adecuado para hacer frente a la evasión y elusión fiscales, la fuga de capitales y podría contribuir a reparar el maltrecho sistema de gobernanza internacional basado en normas.
Hasta ahora, las cosas han ido bien para la liga de la justicia fiscal.
En noviembre, por primera vez en la historia del G20, los presidentes acordaron cooperar para garantizar que los superricos paguen impuestos. El G7 también expresó al menos que la infraimposición de los superricos es un problema que hay que solucionar. El gobierno del Reino Unido presentó un presupuesto que incluye una fiscalidad justa para millonarios y empresas, y recientemente destronado el gobierno conservador de Francia coincidió en la necesidad de que los de arriba contribuyan lo que les corresponde.
La cooperación fiscal internacional es esencial para que los países africanos puedan gravar a las corporaciones multinacionales y a sus individuos más ricos sin temor a que simplemente se trasladen a otros países para evitar ser gravados. Las medidas contra la evasión y elusión fiscales acordadas a escala mundial son algunos de los medios para hacer frente a los flujos financieros ilícitos, ya que se utilizan los mismos mecanismos para el blanqueo de capitales.
Los esfuerzos de la OCDE para hacer frente a la evasión fiscal de los ricos y las multinacionales han sido importantes pero limitados. La Convención de la ONU ofrece una oportunidad crucial para aprovechar estos avances y establecer un marco fiscal mundial más completo y equitativo que fomente una movilización eficaz de la financiación para el desarrollo.
Léonce Ndikumana es Profesor Distinguido de Economía y Director del Programa de Política de Desarrollo Africano del Instituto de Investigación de Economía Política (PERI) de la Universidad de Massachusetts Amherst. Es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de Corporaciones (ICRICT).