Hay que remontarse al DNU 70, base de la gobernabilidad autoritaria de Milei, para entender cómo empezó la agresión que terminó en el veto al financiamiento universitario. Y justo cuando falta poco para que se cumplan 75 años de la gratuidad universitaria resuelta por Perón.
El 22 de noviembre se cumplirán 75 años de la gratuidad universitaria, sancionada durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Son 75 años contra menos de un año de “gestión” de gobierno de Javier Milei, en el que la cultura, la educación, la promoción social, la movilidad jubilatoria y la salud, entre otras cuestiones, están siendo vapuleadas. Espacio temporal en el que los derechos incuestionables de diversos sectores de nuestra sociedad fueron minimizados y clausurados con la excusa del “equilibrio fiscal”. Un mito que Milei desempolvó y que ahora vende con números extraños y fórmulas matemáticas que nadie termina de entender. Quizás, por eso lo relata de esa manera, para confundir a la sociedad y para que quienes no tienen las herramientas necesarias analicen el contexto, lo valoren como una persona “inteligente” y que “sabe de economía”. Pero eso es otra historia.
Veamos un poco las acciones de Milei con respecto a la educación, con el objetivo de, más que quedarnos en su análisis, pensar qué puede llegar a pasar en nuestro país si la tensión entre el Gobierno y las universidades públicas sigue de esta manera, se intensifica o se disipa en el aire.
Una primera bala que nuestro actual Presidente utilizó contra el sector educativo fue declarar, en diciembre del año pasado, con el DNU 70/2023, a la educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario como “Servicio Esencial”. Leemos esto y claro, estaría bien que sea esencial, todos estamos a favor de que nuestros pibes se eduquen. Pero, a veces, y más en este contexto, los títulos son engañosos. Esencial, puesto así, significa que debe garantizarse, como mínimo, el 75% de la prestación del servicio. Es decir, legitima la sanción y prohibición de la huelga docente, con la excusa de cumplir con la cantidad de días de clases pactados. Todo esto está muy lindo, pero tenemos que tener en cuenta que, desde hace años, los gremios docentes y no-docentes reclaman por aumento salarial y mejores condiciones, entre más puntos que hacen a su tarea diaria. Entonces, se me ocurre a mi, que hablar de la “esencialidad” de la educación, en estos tiempos, significa negar de entrada los problemas que tienen las persona de carne y hueso que día a día hacen a la educación y que, por más compromiso y voluntad tengan para con los estudiantes, se les hace imposible llegar a fin de mes y, por lo tanto, realizar su trabajo en condiciones aceptables. Finalmente, al revés de cómo nos tiene acostumbrados, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el Artículo del Decreto que declaraba la esencialidad de la educación y falló a favor de los gremios docentes.
Seguimos avanzando hacia la eliminación del Fondo Nacional del Incentivo Docente, más conocido como el FONID. A fines de marzo de este año, -Milei lo hizo- mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024. Este fondo se creó en 1998 con el objetivo de reforzar el salario de los maestros de todo el país y, desde entonces, todos los gobiernos nacionales lo mantuvieron. Para los docentes, representaba un ingreso extra de entre el 10 y el 20% de su salario. Ahí entró la segunda bala al sistema educativo, en donde los docentes y no-docentes se vieron afectados no sólo por este recorte sino también por la devaluación general de su salario a causa de los altos niveles de inflación sufridos desde que asumió el gobierno. Que, si bien en septiembre anunció una inflación del 3,5% no debemos olvidar que fue del 25,5% en diciembre 2023, 20,6% en enero 2024 y 13,2% en febrero. Con esto, tendríamos una inflación acumulada del 59,3% en tan solo 3 meses. Bueno, al menos estamos lejos del “15.000% anual“ que el Presidente había pronosticado en su discurso inaugural en el Congreso. Quizás, en esa diferencia, se les fue también la proporción correspondiente a la inflación de enero que no contabilizaron a la hora de aumentar las jubilaciones en abril. Pero eso también es otra historia.
Parece como si entre la primera Marcha Universitaria del 23 de abril y hoy hubiese habido un apagón. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos volviendo a reclamar casi seis meses después? Pasó lo de siempre, las mentiras y postergaciones del Gobierno en un momento en el que el FMI tiene que cobrarnos la enorme deuda que tenemos desde 2018 y, por lo tanto, todos los recursos resultan escasos. El 12 de septiembre, el Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario propuesta por el radicalismo. Con esta, se hubiese conseguido la actualización por inflación del presupuesto para las universidades nacionales con retroactividad al 1 de diciembre del año pasado. Pero, igual que como hizo con el aumento a los jubilados y, tal como había anticipado, Milei la vetó. Así, se encontró con una segunda Marcha Universitaria el día 2 de octubre que, según quiere ostentar, tampoco le movió mucho el perímetro.
Llegamos a la cuarta escena en donde las facultades históricamente pioneras, como Filosofía y Letras y Psicología de la UBA, empezaron a hacer asambleas masivas que votaron a favor de tomar las instituciones para rechazar el veto y presionar a los Diputados que lo estarían ratificando en la sesión del 9 de octubre. Horas más tarde, instituciones de otros puntos del país como la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Cuyo replicaron la medida. A tan solo una semana, hoy hay un centenar de Facultades tomadas a lo largo y ancho de la Argentina. FADU, Exactas, Medicina, Sociales, Derecho y Económicas (UBA) se sumaron a las medidas de lucha a través de tomas, vigilas y/o clases públicas. Más de la mitad de las Facultades de La Plata están tomadas (Derecho, Agronomía, Psicología, Ciencias Naturales, Humanidades, Periodismo, Ciencias Jurídicas y Sociales, Artes) y esto se replica en distintos puntos del país.
La alerta estudiantil se profundizó en los últimos días, a partir de hechos de violencia concretos en algunas de esas instituciones y su legitimación pública gracias al discurso de funcionarios como la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el Jefe de Gabinete Guillermo Francos.
Por ejemplo, el 14 de octubre, en la Sede Bernal de la Universidad de Quilmes (UNQ), un grupo de militantes libertarios que no eran estudiantes de la institución se infiltró en la Asamblea en donde se decidiría la toma. Los estudiantes les pidieron que se retiren, ellos se negaron y los comenzaron a agredir. La tensión fue escalando hasta que los estudiantes terminaron echando a este grupo y uno de ellos les tiró gas pimienta directamente a la cara, en un espacio cerrado, causándoles graves lesiones. Todo este acontecimiento quedó grabado y se comprobó que los libertarios están vinculados con la Concejal de Quilmes por la Libertad Avanza, Estefanía Albasetti, quien antes de la segunda Marcha Universitaria había twitteado: “No lleven niños porque vamos a repartir palo y gas pimienta”. El mismo día, un grupo de policías armados y sin identificación ingresaron por la fuerza a la sede de Caleta Olivia de la Universidad de la Patagonia Austral (UNPA), tras la votación de la asamblea estudiantil que dispuso la toma del edificio, e intentó identificar a los participantes, solicitando sus datos. Estas amenazas se replicaron en CABA, con decenas de policías y camiones hidrantes en los alrededores de la Facultad de Psicología y camiones de policías sobre la Facultad de Ciencias Económicas.
Todo indica un caldo de cultivo que no sabemos cómo puede terminar porque, si bien el Gobierno hace oídos sordos a los reclamos estudiantiles y docentes, empieza a asomarse en programas de Radio Mitre para deslizar la violencia como resolución del escalante conflicto. Bullrich, reafirmando su ansia de represión, dijo esta mañana que los estudiantes “quieren molestar a la gente” y “van a ir con Molotvs” pero que “no lo vamos a permitir, porque no somos tontos”.
En la misma línea, Francos rememoró la década del 70 y dijo, que en ese momento, las tomas de universidades derivaron en “movimientos que utilizaron la violencia para expresar sus posiciones, se convirtieron en guerrilla subversiva y generó después la represión”. Parece que los dinosaurios están apareciendo, al revés de como planteó Charly con su canción tan popular. El problema de todo esto es, ¿cómo puede terminar? Si el Gobierno no escucha los reclamos -o los escucha y los condena y piensa reprimirlos o montar secuencias violentas en las facultades- bajo la excusa del déficit cero, ¿cuál va a ser la salida? Claramente, yo no tengo la respuesta, pero intento hacerme estas preguntas en un momento que no resulta fácil para nadie y en donde viene asomando el “fantasma de diciembre” en la Argentina.