Desde Porto Alegre,
Brasil
Los ocupantes habituales de funciones públicas en el aparato del Estado o agentes elegidos para la representación política actúan como milicias ideológicas que subvierten sus posiciones para materializar objetivos del extremismo y el fascismo.
El proceso de militarización de las instituciones de la República representa una amenaza continua para la democracia brasileña.
Los ocupantes habituales de funciones públicas en el aparato del Estado o agentes elegidos para la representación política actúan como milicias ideológicas que subvierten sus posiciones para materializar objetivos del extremismo y el fascismo.
Una vez descubiertas las actividades mafiosas de la extrema derecha lavajatista, la militarización de las instituciones se profundizó con la extrema derecha bolsonarista. Y seguirá avanzando peligrosamente, si no encuentra resistencia y respuestas contundentes por parte del campo democrático.
Junto con sus bancadas en el Congreso y el Tribunal Federal de Cuentas/TCU, bolsonaristas promovieron una nueva ofensiva, esta vez para liberar a Bolsonaro de responsabilidad penal por el robo de joyas y objetos valiosos pertenecientes al patrimonio de la Unión.
La operación comenzó con una presentación del diputado bolsonarista Sanderson/PL-RS en agosto de 2023 ante el TCU cuestionando una situación ya consolidada y debidamente legalizada por el propio Tribunal respecto de una vigilancia recibida por Lula en 2005, hace 19 años.
En el TCU, el ministro bolsonarista Jorge Oliveira, designado para el cargo por el propio Bolsonaro en julio de 2020, contradijo la opinión de los asesores técnicos del Tribunal al crear un vacío legal favorable a la defensa de Bolsonaro en la investigación penal.
Mucho antes de esta extraña decisión de Oliveira, otro ministro bolsonarista del TCU había actuado estratégicamente para salvar a Bolsonaro y a sus cómplices civiles y militares que participaron en el plan de robo de las joyas, contrabando para su venta en Estados Unidos y lavado del dinero resultante de la venta ilegal en el extranjero.
Este ministro es João Augusto Nardes, un político cuya carrera comenzó en ARENA, el partido de la dictadura que sirvió de base para el fraudulento juicio político a la presidenta Dilma, y que en noviembre de 2022 grabó un audio para la horda fascista con un informe sobre el «fuerte movimiento en los cuarteles» en preparación para el golpe de Estado.
Pues bien, en marzo de 2023 Nardes enriqueció su robusto currículum como agente orgánico del fascismo y el militarismo en la decisión estratégica que convirtió a Bolsonaro en el fiel custodio de los bienes robados de la Unión, en lugar de ordenar al ladrón que devolviera los objetos robados y pedir su condena.
Esa medida fue providencial para la “operación de rescate”. La banda de ladrones bolsonaristas ganó tiempo para recomprar parte de los objetos vendidos.
Hasta el día de hoy, este Nardes sigue indemne, sin que el TCU haya abierto ningún procedimiento disciplinario, y sin que la PGR haya analizado la denuncia formal en su contra en marzo de 2023 en el marco de la investigación por hechos antidemocráticos.
Este complot de bolsonaristas del TCU para liberar a Bolsonaro del robo de joyas expone el fenómeno de la militarización de las instituciones que corroe la democracia.
La naturalización de estas prácticas nocivas que atentan contra la legalidad es un pasaporte hacia la destrucción del Estado de Derecho.