A veces los esquemas ayudan a entender qué pasa ahí, en la realidad descarnada. La escasez de palabras no significa falta de datos. Al contrario. A continuación, el resultado de una búsqueda sobre medidas tomadas o alentadas por Su Excelencia el Presidente. Así se va consolidando una meta: debilitar al Estado en su costado social y fragilizar a la sociedad. Y ojo que la lista sólo abarca el 2026.
Cualquiera tiene derecho a sumar datos para rellenar algún olvido o completar el panorama que aquí viene. Mientras llegan los aportes de la gente que lee Y ahora qué, va una lista de iniciativas y realizaciones que permiten entender más todavía el Modelo Milei.
- Transener / CITELEC: la red eléctrica estratégica sale del control estatal directo
El Estado vendió la participación de ENARSA en CITELEC, controlante de Transener, al consorcio Genneia–Edison Energía por US$356,1 millones. Es una privatización concreta de una posición clave en la red de alta tensión, no un activo menor. - Genneia y Edison Energía: nuevos dueños privados de una porción crítica del transporte eléctrico
La adjudicación coloca a grupos privados en el corazón del sistema de transmisión. La promesa oficial es eficiencia; el costo político es la pérdida de una herramienta estatal en infraestructura energética. - Pampa Energía: Marcelo Mindlin consolida poder en Transener
Con la salida del Estado, Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, queda como socio central del nuevo bloque privado. La operación fortalece la concentración del negocio eléctrico. - AySA: el agua del AMBA ofrecida al capital privado
El Gobierno lanzó la licitación para vender el 90% de AySA, empresa de agua y saneamiento del Área Metropolitana. El propio comunicado oficial dice que el proceso busca “retirar al Estado de las actividades empresariales” e incorporar capital privado. - AySA: privatización de un servicio esencial
La incorporación de un operador nacional o internacional convierte el agua potable y el saneamiento en negocio concesionado. La pregunta crítica es si un servicio vital debe organizarse por rentabilidad o por derecho social. - AySA: trabajadores con 10%, privados con 90%
El Estado reserva apenas un 10% para propiedad participada de trabajadores. La estructura real de poder pasaría a manos del operador privado que compre el paquete mayoritario. - Intercargo: venta total de la empresa de rampas aeroportuarias
El Estado puso en marcha la venta del 100% de Intercargo S.A.U., empresa que presta servicios estratégicos en aeropuertos. La Resolución oficial confirma privatización total por licitación nacional e internacional. - Intercargo: privatización sin propiedad participada
El propio texto normativo aclara que la operación no prevé preferencias ni programa de propiedad participada. Es venta limpia del paquete accionario estatal a privados. - Intercargo: fin del control público sobre un cuello logístico aeroportuario
El Gobierno lo presenta como fin de un monopolio. La lectura crítica es otra: un servicio clave de tierra queda disponible para operadores privados, probablemente vinculados al negocio aeroportuario. - Belgrano Cargas: desguace vertical del ferrocarril de cargas
El Gobierno avanza en la privatización de Belgrano Cargas mediante separación de unidades, remate de material rodante, concesión de vías, talleres e inmuebles. No es modernización neutra: es fragmentación del sistema ferroviario público. - Belgrano Cargas: remate de material rodante estatal
La Secretaría de Transporte debe concretar el remate de material rodante. Locomotoras y vagones construidos o financiados por el Estado pasan a lógica de subasta. - Belgrano Cargas: vías e inmuebles a concesión privada
Las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza quedarían bajo concesión privada. El Estado conserva la propiedad formal de vías e inmuebles, pero entrega el uso económico. - Belgrano Cargas: talleres ferroviarios como unidad de negocio
Los talleres dejan de pensarse como capacidades industriales públicas y pasan a ser activos concesionables. La política ferroviaria queda subordinada a la rentabilidad del operador. - Banco Nación administrará fondos de remates ferroviarios
El Banco Nación será responsable de administrar fondos del remate de material rodante. La banca pública queda reducida a caja de administración de una liquidación patrimonial. - Hidrovía Paraná-Paraguay: privatización del corredor por donde sale el país
La Vía Navegable Troncal concentra el comercio exterior argentino. El Gobierno avanzó en una concesión privada de largo plazo para dragado, señalización, cobro y operación. El Gobierno sostiene que la tarifa bajará alrededor de 13,5% porque Jan de Nul y DEME ofertaron el mínimo económico permitido, pero la diferencia técnica favoreció a Jan de Nul, que obtuvo 66,20 puntos frente a 42,14 de DEME. - Hidrovía: 25 años de control privado sobre el sistema exportador
La concesión de la Vía Navegable Troncal apunta a un contrato de largo plazo para dragado, redragado, mantenimiento, señalización y operación por peaje. Detrás del discurso de eficiencia, el Estado entrega a un operador privado el control operativo de la arteria por donde sale la mayor parte de las exportaciones argentinas. Jan de Nul, DEME y DTA suponen la entrada de dragadoras extranjeras en el negocio fluvialFalta el trámite formal de impugnaciones y adjudicación definitiva, pero el sentido político ya está definido: el Gobierno entrega a un concesionario privado —con predominio extranjero— el manejo de una infraestructura logística central para la soberanía económica argentina. - La extranjerización no se mide solo en propiedad de tierra: también en control técnico y económico de corredores logísticos.
- Rutas nacionales: más de 8.500 kilómetros a peaje privado.
El Gobierno oficializó la concesión privada del mantenimiento y operación de rutas nacionales. La infraestructura vial pasa de servicio público financiado por impuestos a esquema de pago directo del usuario. - Corredor Vial 18: logística del Mercosur en manos privadas.
Rutas 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria integran corredores estratégicos. Concesionarlos significa entregar el control operativo de la circulación regional a privados. - Red Federal de Concesiones: privatización del mantenimiento vial.
El discurso oficial habla de “sin subsidios”. La contracara es que el costo de sostener rutas se traslada a peajes, tarifas y contratos de largo plazo. - Terminal de Retiro: concesión comercial de una infraestructura pública central.
El Gobierno declaró de interés público la iniciativa privada de Inverlat Investments, Service Trade, Inversiones Peirod y BV Investment para remodelar y explotar la Terminal de Ómnibus de Retiro. - Retiro: transporte público convertido en negocio inmobiliario y comercial
La modernización de la terminal puede ser necesaria, pero el modelo elegido abre una explotación privada de hasta décadas sobre un nodo de movilidad popular. - Chapadmalal: privatización simbólica del turismo social
El Gobierno impulsa una concesión por 30 años de los hoteles de Chapadmalal. No se vende cualquier edificio: se desmonta un símbolo de descanso obrero y acceso popular al mar. - Embalse: turismo social al mercado
El complejo de Embalse quedó en la mira para venta o privatización. La política pública de vacaciones populares se transforma en activo disponible para desarrollos privados. - Trabajadores de turismo social en disponibilidad
El avance privatizador no es abstracto: implica personal desplazado, servicios cerrados y pérdida de saber institucional acumulado. - Nucleoeléctrica Argentina: venta del 44% de una empresa estratégica
El Gobierno avanza en la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina S.A., operadora de Atucha I, Atucha II y Embalse. El Estado conservaría 51%, pero ingresaría capital privado en un área sensible. - Nucleoeléctrica: privatización parcial de infraestructura crítica
La energía nuclear no es un negocio convencional: incluye seguridad, no proliferación, operación técnica, combustible y planificación de décadas. Abrirla al capital privado cambia la naturaleza del sector. - 5% para trabajadores, 44% para privados
El programa de propiedad participada previsto para trabajadores llega hasta 5%. El volumen económico real queda en la porción ofrecida al inversor privado. - Lineamientos de Política Nuclear 2026: doctrina sin plan operativo
El documento oficial emitido a los 76 años de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica aclara que no constituye un plan nuclear, sino lineamientos para diseñar y evaluar futuros planes. La significación que le dieron de entrada los especialistas fue nítida: doctrina comercial sin cronograma ni presupuesto garantizado. - Exportaciones por encima de soberanía tecnológica
Los lineamientos jerarquizan las exportaciones nucleares de alto valor agregado como primer objetivo. La capacidad pública acumulada se reordena hacia mercado externo. - Sector privado como socio del Estado nuclear
Federico Ramos Napoli sostuvo que por primera vez Estado y privados trabajarán juntos para potenciar cada eslabón nuclear. La pregunta es quién capturará el valor de 75 años de inversión pública. - RA-10: reactor público con modelo de operación comercial
El Gobierno incluyó como prioridad la puesta en marcha del RA-10 con un modelo de operación y comercialización definido. Es una señal de mercantilización de una infraestructura científica de frontera. - Atucha I: extensión de vida útil bajo presión fiscal
La extensión de vida de Atucha I exige inversión sostenida. Bajo la lógica libertaria, esa inversión puede convertirse en argumento para privatizar o asociar privados. - Ciclo del combustible: oportunidad o extranjerización encubierta
El posicionamiento argentino en el ciclo del combustible puede fortalecer soberanía. Pero si se subordina a cadenas occidentales y capital privado, puede derivar en proveedor subordinado de uranio, servicios y energía. - Nuclear para data centers de IA
Los lineamientos vinculan demanda eléctrica de inteligencia artificial con energía nuclear. La duda crítica es si el sistema nuclear argentino se orientará a necesidades nacionales o a alimentar centros de cómputo privados globales. - CAREM: debilitamiento del reactor modular argentino
La pausa o redimensionamiento del CAREM implica abandonar una ventaja tecnológica propia justo cuando el mundo vuelve a interesarse por reactores modulares. Es desindustrialización de frontera. - CNEA bajo lógica de eficiencia comercial
La Comisión Nacional de Energía Atómica queda presionada a validar proyectos por mercado. La ciencia estratégica corre el riesgo de ser juzgada como startup. - Súper RIGI: beneficios extraordinarios para industrias que aún no existen
El Gobierno presentó el Súper RIGI para atraer data centers, IA, semiconductores y biotecnología con beneficios fiscales más agresivos que el RIGI original. - Ganancias al 15% para grandes inversores tecnológicos
El Súper RIGI baja Ganancias al 15% y permite amortización acelerada. Es una rebaja impositiva selectiva para capitales gigantes mientras pymes y trabajadores siguen cargando presión fiscal. - Mega data centers: energía, agua y territorio al servicio de plataformas
Los centros de datos de IA demandan electricidad, refrigeración, tierra, fibra y estabilidad regulatoria. Sin regulación ambiental fuerte, pueden convertirse en enclaves digitales. - IA sin regulación: Argentina como zona franca algorítmica
Milei propuso en el Financial Times mantener la inteligencia artificial sin regulación temprana. La oferta al capital tecnológico es clara: venir a operar donde el Estado promete no molestar. - “Corporaciones no humanas”: una nueva figura para empresas de IA
El Presidente propuso crear entidades operadas por agentes de IA o robots. Es innovación jurídica presentada como libertad, pero también puede diluir responsabilidades humanas y fiscales. - Buenos Aires como “Ámsterdam” de la IA
Milei comparó el objetivo argentino con el papel de Ámsterdam en la era de la navegación. La metáfora es reveladora: busca convertir el país en plataforma jurídica del capital global. - Peter Thiel: llegada del tecnolibertarismo estadounidense
La visita y la instalación también en la Argentina de Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir, simboliza el acercamiento entre el experimento Milei y los grandes capitales tecnológicos de vigilancia, datos e IA. - Palantir en la sombra del debate público
Aunque no hay contratación confirmada, la posible influencia de Palantir en proyectos estatales de datos genera preocupación por soberanía informacional y vigilancia. - Gemelo Digital Social: datos estatales convertidos en insumo algorítmico
El programa anunciado por Capital Humano usaría IA para diseñar políticas públicas con datos de múltiples fuentes. Sin controles robustos, el Estado social puede convertirse en laboratorio de perfilamiento. - Google: colaboración tecnológica con servicios públicos
El Gobierno anunció acuerdos con Google para proyectos de mejora del Estado. La eficiencia digital puede derivar en dependencia tecnológica si no hay soberanía de datos. - RIGI: blindaje jurídico para grandes inversiones
El régimen ofrece beneficios fiscales, aduaneros y seguridad jurídica a inversiones de gran escala. La crítica es que convierte al Estado en garante de rentabilidad extraordinaria. - Chevron: US$13.800 millones bajo paraguas RIGI
La petrolera estadounidense solicitó adherir al RIGI para un proyecto no convencional en El Trapial, Vaca Muerta. Es uno de los mayores compromisos extranjeros asociados al régimen. - Chevron y Vaca Muerta: hidrocarburos como enclave exportador
La inversión puede traer divisas, pero también consolida un modelo de extracción fósil intensiva, con beneficios fiscales y bajo debate ambiental. - Vaca Muerta Sur: oleoducto de exportación para petroleras
El proyecto involucra a YPF, Pan American Energy, Vista, Pampa, Chevron, Pluspetrol y Shell. La infraestructura pública y territorial se organiza alrededor de la exportación de crudo. - Shell y GNL: gas argentino para cadenas globales
El desarrollo de GNL con actores como Shell puede multiplicar exportaciones, pero también convertir gas nacional en commodity externo antes que en base de industrialización local. - Rio Tinto: litio bajo régimen de incentivos
El proyecto Rincón de Rio Tinto en Salta fue aprobado dentro del RIGI. Es otro ejemplo de recursos estratégicos argentinos bajo control de multinacionales mineras. - Galan Lithium: litio australiano en Catamarca
La aprobación del proyecto Hombre Muerto Oeste profundiza la presencia extranjera en salares. El litio se exporta como promesa de futuro, pero con escaso debate sobre captura local de valor. - McEwen Copper: cobre argentino con Stellantis y Rio Tinto
El proyecto Los Azules, en San Juan, involucra a McEwen Copper, Stellantis y Nuton/Rio Tinto. Es minería estratégica para la transición energética global, con control externo relevante. - Cobre para autos eléctricos, no necesariamente para industria nacional
La demanda global de cobre puede beneficiar exportaciones, pero si no hay política industrial, la Argentina queda como proveedora de mineral para cadenas extranjeras. - Ganfeng: rechazo parcial, no cambio de modelo
El rechazo al proyecto Mariana de Ganfeng no implica una crítica al extractivismo, sino control administrativo dentro de una política general favorable a la minería extranjera. - RIMI: incentivos para inversiones medianas
El RIMI extiende la lógica de beneficios fiscales a inversiones menores que el RIGI. Puede ayudar a pymes, pero también profundiza un Estado que compite reduciendo carga impositiva a privados. - RIMI agroindustrial: beneficios para actores con capital inicial
El régimen promete oportunidades para agroindustria, pero no resuelve el problema de pequeños productores sin acceso a financiamiento o tierra. - Retenciones: baja para trigo y cebada
Milei anunció reducción de retenciones de trigo y cebada de 7,5% a 5,5% desde junio. La medida beneficia al complejo agroexportador en un contexto de ajuste social. - Soja: sendero de baja para el gran negocio exportador
La reducción de retenciones a la soja fortalece a productores grandes, acopios y exportadoras. La pérdida fiscal se compensa con recortes o endeudamiento. - Retenciones cero sectoriales: premio a ramas exportadoras
La eliminación proyectada de retenciones para maquinaria agrícola, automotriz y petroquímica consolida privilegios sectoriales bajo la retórica de libertad. - Economías regionales: alivio sin reforma estructural
La baja o eliminación de retenciones puede aliviar a productores, pero no garantiza industrialización local ni distribución de renta en origen. - Ley de Inocencia Fiscal: blanqueo permanente de capitales
Caputo anunció una nueva versión para facilitar la incorporación de dólares no declarados. La crítica es que premia a quienes fugaron o escondieron activos mientras exige sacrificios a trabajadores formales. - Ganancias simplificado: puente para normalizar patrimonio opaco
El régimen busca traer dólares al sistema sin preguntar demasiado por el origen. Es otra forma de indulgencia fiscal a los sectores con capital acumulado. - Ingresos Brutos: presión a provincias para bajar impuestos
Caputo dijo que Ingresos Brutos está “arriba de la mesa”. El objetivo es aliviar empresas, pero puede debilitar recursos provinciales para salud, educación y seguridad. - CAMMESA: regularización blanda de deudas eléctricas
El Gobierno normalizó deudas de distribuidoras y cooperativas con hasta 12 meses de gracia y 72 cuotas a tasa preferencial. La deuda privada con el sistema eléctrico se refinancia en condiciones benignas. - Edenor y Edesur: compensaciones millonarias en debate
En 2026 avanzaron proyectos para compensar deudas de distribuidoras con CAMMESA por supuestos ingresos no percibidos. Se socializa el costo de la regulación anterior. - Grupo DESA y distribuidoras provinciales: deuda convertida en negociación política
El saneamiento del sector eléctrico bajo Milei aparece como transferencia hacia empresas de servicios que ya trasladan costos a tarifas. - Bainbridge: pago a acreedor privado del default
El Senado dio media sanción al pago a Bainbridge. Es otra señal de prioridad hacia acreedores externos mientras se ajustan partidas sociales. - Attestor Value Master Fund: acuerdo con fondo acreedor
El proyecto también incluye al grupo encabezado por Attestor. La deuda vieja vuelve como condicionante del presente fiscal. - Holdouts: “honrar deudas” como política de subordinación financiera
El oficialismo lo presenta como reputación. La lectura crítica es que acreedores privados cobran mientras universidades, provincias y hospitales reclaman fondos. - 74 pliegos judiciales: reordenamiento institucional del Ejecutivo
El Senado aprobó 74 pliegos enviados por el Ejecutivo. No es privatización ni concesión, pero sí parte de la consolidación institucional del programa económico. - Cámara Federal de Mar del Plata: expansión judicial con sello oficial
La creación de una segunda sala avanza dentro de la misma sesión que habilitó pagos a acreedores. Es reingeniería institucional en paralelo a la agenda económica. - Cámara Federal de Tucumán: reorganización judicial
La ampliación de la estructura judicial federal acompaña una etapa de reformas donde el Ejecutivo busca mayor capacidad de ejecución y dominio propio. - Inviolabilidad de la Propiedad Privada: proyecto de blindaje patrimonial
El proyecto de Sturzenegger busca reforzar desalojos, propiedad y límites a expropiaciones. Su espíritu es claro: blindar activos antes que discutir función social de la propiedad. - Ley de Tierras: camino a la extranjerización rural
La reforma anunciada busca liberar compra de tierras por privados extranjeros y restringir solo a Estados extranjeros. La tierra deja de ser territorio estratégico y pasa a ser activo global. - Tierras: provincias empujadas a competir por capital externo
El argumento federal puede convertirse en competencia entre jurisdicciones para atraer compradores, aun a costa de agua, bosques, fronteras y alimentos. - Bosques nativos: flexibilización como frontera extractiva
Los cambios anunciados sobre Ley de Bosques se presentan como actualización productiva. El riesgo es liberar tierras protegidas a negocios agropecuarios, inmobiliarios o mineros. - Manejo del Fuego: tierra incendiada como oportunidad privada
La revisión de prohibiciones post-incendio puede beneficiar cambios de uso de suelo después de quemas. Es un punto especialmente sensible para especulación inmobiliaria y agropecuaria. - Acuicultura: nueva frontera de inversiones privadas
El Gobierno incluyó reformas acuícolas. La producción puede crecer, pero sin control ambiental puede derivar en apropiación privada de aguas y costas. - Revisión Técnica Obligatoria: apertura total al mercado
La RTO se desregula y se abre el registro de prestadores. El Gobierno lo vende como competencia; la crítica es que baja barreras sin garantizar controles homogéneos. - RTO: concesionarias e importadores como verificadores
Habilitar concesionarias e importadores puede generar conflicto de intereses: quienes venden o importan vehículos también pueden participar en su revisión. - RTO: menos frecuencia para vehículos nuevos
Reducir controles iniciales baja costos, pero también desplaza prevención. La seguridad vial queda subordinada a la simplificación. - Certificado de Seguridad Vehicular: menos filtros para importar y registrar
La simplificación favorece comercio automotor y autopartista. La pregunta es si el Estado conserva capacidad suficiente para controlar calidad y seguridad. - GNC para transporte pesado: infraestructura privada con beneficio regulatorio
La simplificación de estaciones de carga favorece inversiones privadas en energía vehicular. El Estado reduce obstáculos, pero también controles previos. - Drones y aviación: apertura regulatoria del espacio aéreo bajo
La modernización de normas puede dinamizar sectores, pero también abre mercado sin debate profundo sobre privacidad, seguridad y vigilancia. - Chalecos y blindajes: certificación más flexible para mercado de seguridad
La modernización del RENAR facilita certificaciones balísticas. En una Argentina insegura, el negocio privado de protección también se expande. - Pilas y baterías: reconocimiento de certificaciones extranjeras
La Resolución conjunta permite aceptar certificaciones internacionales. Puede agilizar comercio, pero profundiza dependencia de estándares externos. - Pilas y baterías: menos burocracia, menos soberanía técnica
Eliminar controles duplicados suena razonable, pero si se generaliza puede convertir al Estado en mero homologador de decisiones tomadas afuera. - IGJ: digitalización con rebaja de controles documentales
La eliminación de copias en papel reduce costos, pero también se inscribe en una política de facilitar sociedades y negocios por encima de controles preventivos. - Sociedades extranjeras: régimen simplificado
La IGJ simplificó reglas para sociedades extranjeras. Es una invitación a capitales globales, pero también un punto de riesgo si no se transparentan beneficiarios finales. - Patentes farmacéuticas: nueva agenda para laboratorios
La modernización del sistema de patentes puede favorecer innovación, pero también fortalecer a multinacionales farmacéuticas frente a producción pública o genéricos. - Salud digital: datos sanitarios como nuevo activo
La interoperabilidad sanitaria promete eficiencia, pero también concentra información sensible. Sin soberanía tecnológica, los datos de salud pueden volverse negocio privado. - Receta electrónica: digitalización obligada del circuito farmacéutico
La digitalización de dispensa y recetas puede mejorar trazabilidad, pero concentra poder en plataformas, financiadores y proveedores tecnológicos. - Subsidios a colectivos AMBA: algoritmización del financiamiento público
El nuevo esquema ata compensaciones a datos SUBE, CNRT y Nación Servicios. Puede ordenar, pero también desplaza decisiones políticas hacia criterios técnicos opacos. - Telecom compra Telefónica: concentración privada de conectividad
La operación de Telecom, vinculada a Grupo Clarín/CVH y Fintech de David Martínez, sobre Telefónica Argentina concentra telecomunicaciones, datos y fibra. - BBVA, Santander, Deutsche Bank e ICBC financian Telecom
La adquisición se apalanca con financiamiento internacional y local por US$1.200 millones. Los bancos globales sostienen la concentración de infraestructura digital. - Estudios jurídicos globales detrás de grandes operaciones
Tavarone Rovelli Salim Miani, Linklaters, Errecondo González & Funes y Cleary Gottlieb intervinieron en el financiamiento de Telecom. La privatización/concentración también tiene su ingeniería legal. - Milei ante empresarios: el Estado como plataforma de negocios
En el IAEF, Milei reivindicó más de “15 mil reformas”, RIGI, Súper RIGI, apertura y baja de regulaciones. Su proyecto se presenta como libertad, pero en la práctica reorganiza Estado, territorio, datos, energía e infraestructura para grandes capitales nacionales y extranjeros.