En medio de un Gobierno que suele comparar sus planes con los de la dictadura y casi medio siglo después del secuestro y desaparición de Rodolfo Walsh, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a Gonzalo “Chispa” Sánchez, exoficial de inteligencia de la Prefectura e integrante del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA, a 16 años y ocho meses de prisión por 178 secuestros. Uno de ellos fue el del autor de Operación Masacre. La historia de la condena incluye quince años de fuga, una localización en Brasil, una extradición realizada en sólo seis días durante la pandemia y una acusación fiscal que reconstruyó el papel de Sánchez en los secuestros, los interrogatorios bajo tortura y los vuelos de la muerte. Treinta y tres sobrevivientes lo identificaron.
El diplomático destinado en el consulado de Río de Janeiro escuchó el zumbido del celular y miró un nombre en la pantalla. Sonrió. Hernando Díaz Literas conocía bien a ese oficial de policía. Lejos, por rango, de sus respectivos jefes, eran los que hacían el trabajo pesado. El oficial, fichar a cada argentino borracho o punguista que caía en la comisaría, sobre todo en vacaciones. El diplomático, cumplir con la obligación consular de atenderlo. Llevarle un sándwich. Garantizarle los medicamentos, si fuera necesario. Asegurarse de que tuviera un abogado.
—Lo tenemos a Sánchez —dijo el brasileño.
—¿No estaba perdido? –preguntó Díaz Literas.
—Sí, pero lo ubicamos otra vez. Lo único que te digo es que solamente lo vamos a detener si me decís que tu país sigue interesado en extraditarlo. Si no, para qué perder tiempo.
El argentino le prometió comunicarse ni bien tuviera una respuesta de sus jefes.
Escribió un cable al sector jurídico de la Cancillería argentina, entonces a cargo de Felipe Solá. La abogada que lo recibió pegó un salto.
—Mirá, Martín, esto es importante —le dijo dos minutos después a su superior, Martín Yáñez, el secretario de Coordinación que había designado Solá.
Yáñez no tardó más de otros dos minutos en comentarlo con otro funcionario político, de menor rango que él y, por su oficio periodístico de muchos años, con experiencia en lidiar con cuestiones de derechos humanos y represores de la dictadura.
—¿Sabés a quién tienen detectado en Brasil? A uno de los oficiales operativos más importantes de la Escuela de Mecánica de la Armada.
—¿Quién es?
—Gonzalo Sánchez. Le decían El Chispa. Se fugó y el juez Sergio Torres consiguió un pedido de extradición para procesarlo acá. Hasta ahora estaba perdido, según me dijo un diplomático destinado en Río. Es impresionante: uno de los secuestrados por Sánchez fue Rodolfo Walsh.
Subieron juntos al piso 13, golpearon la puerta del canciller, entraron al enorme despacho con vista al río y ni siquiera se sentaron.
—Tenemos en Brasil al secuestrador de Walsh, Felipe.
—¿Cómo que lo tienen? ¿Quién lo tiene?
—La policía de allá lo detectó, porque llevaba años prófugo.
—¿Y por qué no lo detiene?
—Porque quiere saber si a la Argentina le interesa.
—¿Y cómo no le va a interesar?
Los dos funcionarios se quedaron en silencio.
—¿Qué esperan que les diga?
—Que nos des la orden. Vos sos el canciller.
—¿Ustedes son boludos? Sí, claro, les doy la orden de traerlo a la Argentina. ¿Cómo van a hacer?
—Con un plan. Quedate tranquilo.
—Okey, pero sin cagadas, ¿eh?
—Quedate tranquilo, Felipe, sin cagadas. Gobierna Bolsonaro y tenemos que ser discretos, pero todo va a estar de acuerdo a Derecho. Dejanos trabajar, que las cosas van a salir bien —dijo Yáñez, que además era abogado y en pocos meses había aprendido los circuitos legales domésticos y externos de la Cancillería.
El secuestro
El 25 de marzo de 1977 Rodolfo Walsh salió de su casa de San Vicente hacia Buenos Aires. El día anterior había terminado y puesto en circulación su Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar. Esa tarde una patota de la ESMA lo esperaba en las inmediaciones de San Juan y Entre Ríos. Walsh resistió, recibió varios disparos y fue llevado a la ESMA. Nunca aparecieron sus restos.
Casi medio siglo después, el miércoles 26 de agosto, el Tribunal Oral Federal 5 condenó a Gonzalo “Chispa” Sánchez, exoficial de inteligencia de la Prefectura e integrante del Grupo de Tareas 3.3.2, a 16 años y ocho meses de prisión. Lo declaró coautor de 178 secuestros cometidos en la ESMA. Uno de ellos fue el de Walsh. Sánchez pasó quince años prófugo y sólo pudo ser juzgado después de esa extradición desde Brasil concretada en 2020, en plena pandemia.
El 25 de marzo de 1977 Walsh tenía 50 años. Había pasado buena parte de las horas anteriores escribiendo y haciendo circular información que el poder de la dictadura quería ocultar.
La Carta Abierta llevaba fecha del 24 de marzo, exactamente un año después del golpe. Walsh no se limitaba allí a denunciar el sistema de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones. Vinculaba el terrorismo de Estado con el programa económico de la dictadura.
“Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación”, escribió. “Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando a la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina.”
Ya en ese momento consignaba la existencia de “quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro muertos y decenas de miles de desterrados”.
“Han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo”, redactó Walsh. “Como el detenido no existe, no hay posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda una ley que fue respetada aun en las cumbres represivas de anteriores dictaduras.”
También informó que “en un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40 por ciento”, congelando salarios a culatazos.
Y remataba el texto de este modo: “Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles”.
La carta ya había comenzado a circular cuando Walsh salió de San Vicente hacia la Capital.
Entre las 13.30 y las 16 caminaba por la avenida San Juan, entre Combate de los Pozos y Entre Ríos. La reconstrucción judicial estableció que alrededor suyo se desplegó un operativo integrado por entre 25 y 30 hombres y más de seis vehículos. Walsh advirtió la encerrona y resistió con un arma calibre 22. Los hombres del grupo de tareas abrieron fuego. Cayó herido de muerte. Después lo subieron a uno de los vehículos y lo llevaron a la ESMA. Pero otros compañeros suyos, entre ellos Lila Pastoriza, ya habían empezado a distribuir la Carta.
Walsh y los otros 177
Nacido en diciembre de 1951, Gonzalo Sánchez tenía 25 años cuando Walsh fue secuestrado. Había ingresado a la Prefectura Naval el 1° de enero de 1975 y se especializó en inteligencia. Terminó destinado en la ESMA e integrado al Grupo de Tareas 3.3.2, la estructura que secuestraba personas, las interrogaba bajo tortura y decidía su destino final. En su mayoría, lo que en la jerga interna llevaba la T de Traslado. La muerte. Entre 1976 y 1978 cumplió además una función de enlace entre la Prefectura y la Armada.
El juicio contra Sánchez comenzó el 22 de octubre de 2025. Su objeto inicial comprendía 193 casos de privación ilegítima de la libertad. Al momento de alegar, el fiscal Félix Crous y la auxiliar fiscal Marcela Obetko sostuvieron su responsabilidad en 179 hechos y pidieron 25 años de prisión. El tribunal finalmente lo condenó como coautor de 178. Entre esos casos estaba el secuestro de Walsh.
La diferencia numérica tiene un motivo. Sánchez no pudo ser juzgado por todos los crímenes que le atribuían sobrevivientes y fiscales porque Brasil había autorizado su extradición exclusivamente por secuestros. Son considerados delitos permanentes mientras las víctimas continúen desaparecidas. Esa decisión delimitó jurídicamente el juicio argentino.
Pero las pruebas que llegaron a las audiencias contaron una historia mucho más extensa.
Al menos 33 sobrevivientes ubicaron a “Chispa” u “Omar” dentro de la ESMA. Lo vieron en el sótano, donde se torturaba. Lo ubicaron en “Capucha” y “Capuchita”, los sitios donde permanecían los secuestrados. Algunos lo identificaron durante los propios operativos en los que habían sido capturados. Otros declararon que intervenía en interrogatorios y que controlaba a prisioneros cuando eran sacados del centro clandestino.
El nombre de Sánchez ya aparecía muy temprano en los testimonios de quienes lograron sobrevivir.
Y aparecía también en los documentos de sus propios superiores.
El hombre que hablaba de los vuelos
Los legajos militares tienen a veces una capacidad involuntaria para contar lo que sus autores querían ocultar.
“Los Estados siempre escriben”, solía decir Alicia Oliveira, que antes de fallecer se hizo conocida como amiga de Jorge Bergoglio pero que mucho antes había presentado la primera querella por secuestros en la ESMA, en plena dictadura.
Los Estados escriben. Los superiores de Sánchez lo definían como un “miembro confiable, leal, con un excelente desempeño”. Era una felicitación escrita dentro del aparato que funcionaba en la ESMA. Décadas después, en un juicio de lesa humanidad, esas palabras adquirieron otro significado.
También fue condecorado.
Una resolución de septiembre de 1978 incluyó a Sánchez entre los miembros del Grupo de Tareas distinguidos por Emilio Massera. De toda la Prefectura Naval fueron condecorados sólo dos oficiales vinculados al grupo: Héctor Febres y Gonzalo Sánchez. Sánchez recibió la Medalla al Heroico Valor en Combate por su desempeño en lo que las Fuerzas Armadas denominaban la guerra contra la subversión.
Pero una de las pruebas más estremecedoras no salió de un legajo militar.
La escribió Domingo Maggio, militante montonero secuestrado en la ESMA que logró escapar en marzo de 1978 y fue asesinado meses después.
Maggio describió los procedimientos utilizados para eliminar a los prisioneros, entre ellos las inyecciones y el lanzamiento de personas al mar. Y dejó anotado quién había relatado esa metodología dentro de la ESMA: “Todo esto fue contado por el oficial de prefectura CHISPA”.
Otros sobrevivientes declararon que Sánchez hablaba de los vuelos de la muerte y del destino de los secuestrados.
Con tantos indicios, la fiscalía sostuvo que no era un hombre periférico. Crous y Obetko afirmaron que “participó de modo directo” en los crímenes y que integró el sector operativo encargado de ejecutar secuestros.
Walsh estaba en el centro de esa historia.
Su secuestro había sido objeto de una causa específica dentro de la megacausa ESMA. La investigación reconstruyó el prolongado trabajo de inteligencia realizado antes de la emboscada de San Juan y Entre Ríos y la actuación de la Unidad de Tareas 3.3.2. Sánchez integraba ese aparato.
Quince años prófugo
Hubo que encontrar a Sánchez antes de poder juzgarlo.
No fue fácil.
El Juzgado Federal 12, entonces a cargo de Torres, declaró rebelde a Sánchez en 2005. Desde ese momento comenzó una fuga que duraría quince años.
En septiembre de 2011 Interpol Brasil informó que había sido localizado. Dos años después fue detenido y comenzó el trámite de extradición. Pero Sánchez pidió refugio político y en 2016 recuperó la libertad mientras se discutía su situación.
La discusión llegó al Supremo Tribunal Federal brasileño. La Corte Suprema de los vecinos.
En 2017 el STF concedió la extradición por el delito de secuestro. El fundamento era decisivo: mientras los desaparecidos no aparecieran, la privación de la libertad seguía siendo un delito permanente. Brasil, sin embargo, fijó esa calificación como límite para lo que la Justicia argentina podía hacer después.
Sánchez volvió a desaparecer.
A comienzos de 2020 la Policía Federal brasileña fue hasta una vivienda de Angra dos Reis y comprobó que ya no estaba. Los investigadores reconstruyeron movimientos de personas cercanas a él hasta que llegaron a una zona próxima a una reserva natural en Taquari.
Allí volvieron a encontrarlo.
Era mayo de 2020 y buena parte del planeta estaba paralizada por la pandemia.
Seis días, un puente y un Twin Otter
Después del visto bueno de Solá, Yáñez, el otro funcionario político, una abogada y Díaz Literas desde el Consulado en Río se movieron con tanta discreción como velocidad. Los contactos se realizaban con pocas palabras y en tiempo real. Monitoreaban movimiento por movimiento.
El 8 de mayo la Cancillería argentina recibió la información de que Sánchez había sido detenido. Cuatro días después, el 12, Brasil comunicó formalmente que estaba en condiciones de ser extraditado.
Todo sucedió conforme a Derecho, tal como le había prometido el equipo a Solá, y a la vez con una característica: por debajo del radar. Así como Díaz Literas tenía una relación de confianza con el oficial de policía, otro diplomático de la embajada en Brasilia había conservado vínculos fluidos con una colega de Itamaraty que justo revistaba en ese momento en la contraparte jurídica de sus pares argentinos.
La brasileña entendió de quién se trataba, se interesó y trabajó con el mismo sigilo del resto.
Era una extradición en circunstancias nada normales.
Los vuelos regulares estaban suspendidos por el Covid. Las fronteras tenían fuertes restricciones. Cada traslado internacional estaba atravesado por protocolos sanitarios.
Pero el 14 de mayo de 2020, apenas seis días después de la captura, la Policía Federal brasileña llevó a Sánchez hasta Foz de Iguazú. Del otro lado del puente lo esperaban una comisión de la Policía Federal Argentina y Gonzalo Urriolabeitia, un embajador de carrera enviado por Solá.
—Ya pasó la frontera —le dijo el embajador a Yáñez cuando lo vio del lado argentino.
No había tiempo de soltar la emoción. Yáñez se lo repitió a Solá y recién después se abrazó con el resto.
–Lo conseguimos.
El prófugo de la ESMA volvía al país por tierra y en un desenlace de tiempo récord.
En Puerto Iguazú apareció además una de las imágenes más insólitas de toda la historia. En medio de los protocolos contra el coronavirus, Sánchez fue sometido a un procedimiento de desinfección antes de continuar el viaje.
Después lo llevaron al aeropuerto.
Allí abordó un Twin Otter 400 de la Policía Federal, matrícula LQ-JKE. La comisión estaba encabezada por Urriolabeitia e integrantes de la División Federal de Fugitivos y Extradiciones. Esa noche el avión aterrizó en Ezeiza. Sánchez fue trasladado a una dependencia policial cerca del Autódromo para cumplir la cuarentena correspondiente.
Habían pasado quince años desde que la Justicia lo declarara rebelde.
Y seis días desde que Brasil consiguiera detenerlo por última vez.
Walsh llevaba entonces 43 años desaparecido.
Dieciséis años y ocho meses
El miércoles 26 de agosto de 2026 Sánchez escuchó la sentencia.
Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Germán Castelli, integrantes del Tribunal Oral Federal 5, lo condenaron por unanimidad a 16 años y ocho meses de prisión e inhabilitación absoluta. Consideraron que las 178 privaciones ilegítimas de la libertad por las que fue condenado estaban triplemente agravadas porque fueron cometidas por un funcionario público, mediante violencia y amenazas y durante más de un mes. También establecieron que se trató de crímenes de lesa humanidad. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 22 de octubre.
La pena fue menor que los 25 años reclamados por la fiscalía.
La querella unificada encabezada por Patricia Walsh, hija del escritor, y el sobreviviente Carlos Lordkipanidse había pedido además que los hechos fueran considerados genocidio. Abuelas de Plaza de Mayo solicitó que se reconociera específicamente la violencia ejercida contra las mujeres secuestradas, especialmente contra las embarazadas.
Los abogados y los familiares declararon que les había quedado una sensación agridulce. Condena, sí, pero menos de la esperada. Y por una apabullante cantidad de delitos.
El tribunal juzgó secuestros, por la restricción brasileña, pero dentro de las audiencias, sin embargo, volvieron a aparecer torturas, interrogatorios, vuelos de la muerte, el funcionamiento del sótano de la ESMA y el sistema de inteligencia que decidía a quién capturar y qué hacer después con cada prisionero.
Una pieza clave de la estructura
El punto central del alegato fiscal fue que Sánchez “participó de modo directo” en los crímenes de la ESMA. Crous y Obetko lo definieron como un integrante destacado y notorio del grupo operativo y sostuvieron que, además, entre 1976 y 1978 cumplió una función de enlace entre la Prefectura y la Armada. Es decir, no era solamente un hombre destinado en la ESMA. Formaba parte del sector que salía a secuestrar.
La fiscalía reconstruyó que Sánchez participaba de los operativos de secuestro y fue identificado personalmente en varios de ellos. Participaba de interrogatorios bajo tortura y algunos sobrevivientes dijeron haberlo padecido personalmente. Custodiaba a secuestrados cuando eran sacados de la ESMA para determinadas salidas. Actuaba como enlace entre Prefectura y Armada. Y era parte del mecanismo por el que los cautivos llegaban a saber qué ocurría con otros detenidos. Algunos testigos dijeron que Sánchez les hablaba de los vuelos de la muerte y de personas que eran ahorcadas en “El Dorado”, uno de los sectores de la ESMA.
Por lo menos 33 sobrevivientes lo identificaron. No coincidieron solamente en el nombre o el apodo. Hablaron de sus características físicas, su temperamento, el rol que tenía en la ESMA, las cosas que decía a los prisioneros y sus opiniones. Lo conocían indistintamente como “Chispa” u “Omar”.
La prueba documental que utilizó Crous era particularmente interesante porque provenía, en buena medida, de la propia estructura militar.
Sánchez había ingresado a Prefectura el 1° de enero de 1975, a los 23 años. Después pasó por dependencias de policía de seguridad e inteligencia. Sus superiores de los servicios de Inteligencia de la Prefectura y de la Armada lo calificaban como “un miembro confiable, leal, con un excelente desempeño” y destacaban su vocación de servicio y disposición para cumplir sus obligaciones.
La fiscalía mostró después dos documentos todavía más significativos.
Uno es un informe del 4 de septiembre de 1986, firmado por el vicealmirante Ramón Arosa, entonces jefe del Estado Mayor de la Armada. Allí figuraban 17 integrantes de la Armada y la Prefectura condecorados por su desempeño en la denominada guerra contra la subversión. Entre ellos estaba Gonzalo Sánchez, que había recibido la Medalla al Heroico Valor en Combate.
El otro es la Resolución 745/78 “S”-COAR, del 12 de septiembre de 1978. Contiene la nómina de miembros del Grupo de Tareas condecorados por Emilio Massera. De la Prefectura aparecen solamente dos oficiales: Héctor Febres y Gonzalo Sánchez. Es un dato muy fuerte para demostrar qué importancia tenía “Chispa” dentro del aparato represivo.
También estaba el detalle recogido por Ricardo Coquet. El sobreviviente entregó a la Justicia el 11 de febrero de 1987 un listado de integrantes del Grupo de Tareas de la ESMA. Allí estaba Sánchez. Su identificación no apareció décadas después. Estaba documentada desde los primeros años posteriores a la dictadura.
Y está la prueba de Domingo Maggio, probablemente la más impresionante.
Hay otra prueba temprana que vale mucho. En 1979, una declaración de familiares y víctimas de la dictadura ante la Asamblea Nacional Francesa y la Comisión Argentina de Derechos Humanos, la CADHU formada por la solidaridad argentina, ya denunciaron que entre los oficiales de Prefectura incorporados al Grupo de Tareas de la ESMA estaba el arquitecto naval Gonzalo Sánchez, alias “Chispa” u “Omar”.
Crous además hizo algo importante en su alegato. No presentó a Sánchez como un caso individual aislado, sino que reconstruyó el papel institucional de la Prefectura dentro de la ESMA. Recordó condenas anteriores de prefectos integrantes del grupo de tareas, como Jorge Manuel Díaz Smith y Juan Antonio Azic, y mencionó a otros represores ya fallecidos, entre ellos Héctor Febres y Roberto Carnot.
Y conectó esa participación de Prefectura con los vuelos de la muerte. Citó las condenas a los pilotos prefectos Alejandro Domingo D’Agostino y Mario Daniel Arru, que participaron del vuelo en un Skyvan en el que fueron asesinadas víctimas del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz.
Por eso, para la fiscalía, “Chispa” no fue un engranaje menor. Antes de que Sánchez llegara al banquillo, el expediente contra él ya estaba disperso en testimonios de sobrevivientes, documentos militares y hasta en los papeles escritos por quienes después serían asesinados.
La fiscalía pudo reconstruir quién era Sánchez a partir de una combinación exactamente opuesta a la lógica de la desaparición. La ESMA buscaba no dejar rastros. Pero quedaron los sobrevivientes, quedaron sus propios legajos, quedaron las condecoraciones, quedaron las denuncias de 1979 y quedó la carta de Maggio.
Y volvió a aparecer Walsh.
Durante casi medio siglo, los testimonios de los sobrevivientes, los papeles de las Fuerzas Armadas, las causas judiciales y la búsqueda de los organismos de derechos humanos continuaron reconstruyendo aquella tarde de San Juan y Entre Ríos.
Sánchez hizo el recorrido inverso.
De la ESMA pasó a la clandestinidad. De la clandestinidad, a Brasil. De Brasil, después de quince años de fuga, cruzó nuevamente la frontera argentina custodiado por policías. Y de allí terminó en el banquillo.
El 26 de agosto de 2026 quedó escrito un capítulo más de una historia que empezó 49 años antes.
Rodolfo Walsh continúa desaparecido, pero uno de sus secuestradores, al fin, tuvo condena. Y quedará registrado que esa condena llegó durante el Gobierno de Su Excelencia Javier Milei, el Presidente que suele enorgullecerse de aplicar mejor que la dictadura los planes que el propio Walsh, en su Carta, había radiografiado de manera insuperable.