El ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Guillermo Carmona advierte que la proyectada ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas no puede analizarse como un simple negocio privado. La vincula con un deterioro de la relación argentino-chilena que, según sostiene, se profundizó desde la llegada de Javier Milei al Gobierno y facilitó el avance diplomático, comercial, militar y logístico británico en el sur de Chile. Carmona reivindica el histórico respaldo de la democracia chilena a los derechos argentinos sobre Malvinas y sostiene que el desafío consiste precisamente en preservarlo. “La soberanía nacional se defiende con rigor legal, coherencia estratégica y firmeza diplomática”, concluye.
La relación bilateral entre la República Argentina y la República de Chile atraviesa uno de sus momentos más delicados desde el retorno de la democracia. El detonante central de esta escalada es la inminente puesta en marcha de un servicio marítimo comercial directo entre Punta Arenas y Puerto Argentino.
Esta operación, articulada tras la ronda de negocios Punta Arenas Business Showroom entre aproximadamente 60 empresas chilenas y representantes de la administración colonial de las islas, pretende inaugurar un flujo regular de abastecimiento logístico de insumos, materiales de construcción y alimentos en beneficio de los ocupantes ilegales del archipiélago. El servicio será ejecutado por el carguero Danstar —un buque de bandera chilena de 72 metros de eslora y 1.389 toneladas perteneciente a Easter Island Naviera—, cuyo trazado contempla navegar por el Estrecho de Magallanes rumbo al Atlántico Sur, en una maniobra evaluada por informes de inteligencia chilenos como un hipotético “evento crítico” ante la eventual intervención de las fuerzas de seguridad argentinas en cumplimiento del marco normativo soberano.
Esta iniciativa comercial privada ha adquirido una gravedad geopolítica inusitada al ser explícitamente respaldada por el gobierno chileno a través de las inaceptables manifestaciones del ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal. El funcionario no solo defendió el derecho a comerciar desde Magallanes con el archipiélago, sino que pretendió relativizar la histórica postura trasandina al sostener públicamente que el “Reino Unido ejerce la soberanía en Malvinas desde hace 200 años”. Tales expresiones quebrantan el histórico consenso diplomático chileno respecto de la disputa de soberanía y pretenden convalidar la usurpación británica en el Atlántico Sur.
A la par de estos cuestionamientos del Ministerio de Defensa chileno, se han sumado incidentes e interpretaciones unilaterales —como las posturas vertidas por mandos militares, entre los que se cuenta el brigadier Valverde— que pretenden reinterpretar el régimen del Estrecho de Magallanes con formulaciones que no se ajustan a la letra ni al espíritu de los acuerdos bilaterales ratificados por ambos Estados. La posición argentina es categórica e inalterable: el régimen del Estrecho de Magallanes se encuentra regido de forma definitiva y plena por el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Si bien estos instrumentos garantizan la libertad de navegación, bajo ningún punto de vista pueden ser instrumentalizados para amparar acciones logísticas que consoliden la ocupación colonial e infrinjan las disposiciones del Decreto 256/2010 y las resoluciones de las Naciones Unidas.
El respaldo histórico de la democracia chilena a la Cuestión Malvinas y sus cimientos institucionales
La posición de la República de Chile respecto de la Cuestión de las Islas Malvinas ha constituido, desde la recuperación democrática, una verdadera política de Estado sustentada en los principios del derecho internacional, el repudio al colonialismo y la solidaridad regional. Los sucesivos gobiernos democráticos trasandinos consideraron la relación bilateral con la Argentina como prioritaria y estratégica, entendiendo que la estabilidad y el desarrollo del área austral dependen de la cooperación institucional.
En el ámbito multilateral, Chile ha mantenido un apoyo ininterrumpido a los legítimos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Este compromiso se refleja en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ha votado a favor de las resoluciones relevantes, e integra desde 1996 el Comité Especial de Descolonización (C-24), copatrocinando y presentando anualmente el proyecto de resolución que insta a la reanudación de las negociaciones bilaterales de soberanía. Igual conducta solidaria se ha replicado en la OEA, el G77+China, el MERCOSUR y la CELAC.
La densidad de este vínculo se fortaleció mediante el Grupo de Apoyo a la Cuestión Malvinas en Chile. Este espacio reunió a personalidades del ámbito político y diplomático chileno, entre quienes destacó el anterior canciller Alberto van Klaveren —quien participó activamente antes de asumir su cargo—, junto a figuras como José Antonio Viera-Gallo, Sergio Bitar, Carlos Ominami, Guido Girardi, Juan Ignacio Latorre y Daniel Jadue.
Asimismo, las conexiones logísticas en el área austral entre Punta Arenas y las Islas Malvinas estuvieron reguladas bajo fórmula de soberanía, en el marco de la Declaración Conjunta y Canje de Notas del 14 de julio de 1999. El servicio aéreo regular de LATAM —Punta Arenas-Malvinas con escala en Río Gallegos—, suspendido durante la pandemia en marzo de 2020, fue reanudado en julio de 2022 tras las gestiones de la Cancillería argentina para restablecer el cumplimiento del acuerdo vigente. De igual modo, los vuelos sanitarios o humanitarios de emergencia desde aeropuertos chilenos han requerido siempre la fiscalización de la autoridad aeronáutica argentina.
Sectores críticos en Chile, el rol de AthenaLab y la ofensiva diplomática británica
A pesar del consenso tradicional chileno, en los últimos años se ha evidenciado un avance de sectores locales que buscan condicionar el apoyo de Chile a la Argentina. Esta corriente coincide con un intensificado activismo diplomático del Reino Unido, especialmente en el sur de Chile, para erosionar la solidaridad regional e implantar una narrativa favorable a la ocupación británica.
Entre los actores locales permeables a los intereses británicos destaca el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien ha mostrado predisposición hacia la conversión de Magallanes en un polo logístico y comercial vinculado a las islas. En el plano académico, el think tank chileno AthenaLab se ha erigido en la principal terminal de esta narrativa. A través de analistas como Jorge Guzmán, este grupo difunde diagnósticos que acusan a la Argentina de un supuesto “expansionismo” en el área austral, mientras cuestiona el respaldo que el Estado chileno otorga a la posición argentina en los foros internacionales.
La diplomacia británica en Santiago ha desplegado una estrategia de soft power que incluye la organización del concurso juvenil “Conociendo a mis vecinos de las Islas Falkland”; la realización de torneos deportivos en Punta Arenas, como la Southern Winter Cup Classic de hockey sobre hielo, con delegaciones del archipiélago; la presencia constante de diplomáticos británicos en la Región de Magallanes, y la presión sobre medios periodísticos locales para naturalizar la toponimia británica de las islas.
Esta estrategia busca proyectar una falsa “normalidad comercial” desconectada del conflicto de soberanía, alimentando proyectos como la ruta marítima entre Punta Arenas y Puerto Argentino al margen de las autoridades argentinas.
Las divergencias durante el gobierno de Alberto Fernández: gestión diplomática e integración estratégica
Las relaciones chileno-argentinas nunca han estado exentas de divergencias, aunque los temas complejos que surgieron fueron encauzados exitosamente a través de los canales institucionales y el diálogo pacífico.
Entre las controversias gestionadas se cuentan el Decreto Presidencial chileno N° 95/2021 sobre Plataforma Continental. Mediante esta norma, Chile pretendió proyectar su plataforma continental al este del meridiano 67° 16’ 0, superponiéndose con la plataforma continental argentina demarcada por la Ley 27.557 conforme al dictamen de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU. La Argentina rechazó la medida por no condecirse con el Tratado de Paz y Amistad de 1984.
También se produjeron las objeciones chilenas a la Directiva de Política de Defensa Nacional argentina por referencias a la boca oriental del Estrecho de Magallanes y el incidente político que derivó en la renuncia de la canciller Antonia Urrejola tras la filtración de audios referidos al embajador argentino Rafael Bielsa.
Lejos de escalar los conflictos, ambos gobiernos apelaron al diálogo y fortalecieron la agenda común. En abril de 2022, los presidentes Alberto Fernández y Gabriel Boric elevaron el antiguo Comité Ad-Hoc a la Comisión Binacional Argentina-Chile en Materia Antártica. Se realizó además el primer crucero científico conjunto en el Canal Beagle a bordo del buque de investigación pesquera BIP Víctor Angelescu, del INIDEP y el CONICET, cuyos hallazgos determinaron que las aguas del canal funcionan como sumidero de carbono. También se continuó impulsando en la CCRVMA la propuesta conjunta para la creación de un Área Marina Protegida en la Península Antártica.
El giro bajo la presidencia de Javier Milei: descalificaciones, agresiones y enfriamiento bilateral
La llegada de Javier Milei a la presidencia en diciembre de 2023 marcó una ruptura con la tradición diplomática argentina, afectando la relación con Chile y la estrategia sobre Malvinas. El alineamiento automático con potencias extrarregionales provocó una pérdida de significación de los vínculos multilaterales y latinoamericanos.
Las agresiones verbales e insultos de Milei hacia el presidente Gabriel Boric paralizaron la diplomacia presidencial. La distancia derivó en que el mandatario chileno alegara problemas de agenda para no recibir a Milei durante su visita a Santiago en agosto de 2024, reduciendo la dinámica bilateral al trabajo a reglamento de las burocracias.
En este contexto de frialdad se multiplicaron los incidentes. En el caso de los paneles solares en el Hito 1, en Tierra del Fuego, tras la instalación de módulos habitacionales de la Armada Argentina en el acceso al Estrecho de Magallanes, la Cancillería chilena constató en junio de 2024 que la estructura de los paneles solares traspasaba tres metros en territorio chileno. Tras las disculpas formales por un error material, el presidente Boric emplazó públicamente al retiro de las instalaciones, lo que obligó al desmantelamiento inmediato por la Armada Argentina.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó públicamente la supuesta presencia de células terroristas iraníes en el norte de Chile y posteriormente atribuyó el aumento del delito en el sur argentino a influencias provenientes de Chile, lo que generó reclamos diplomáticos desde Santiago.
También se produjeron cuestionamientos en materia antártica. El anuncio del traspaso de las bases antárticas científicas, como Carlini y Brown, al Ministerio de Defensa generó preocupación en la diplomacia chilena, donde se calificó la medida de “traspaso camuflado” que afecta la gobernabilidad científica del programa antártico.
En agosto de 2024, la Fuerza Aérea de Chile desplegó aeronaves de combate desde Punta Arenas por una supuesta violación del espacio aéreo en la zona del Estrecho de Magallanes. Todo esto ocurre mientras el gobierno argentino ha desactivado los Grupos de Apoyo a Malvinas en Chile y mantiene inacción ante las actividades británicas.
El peligroso avance de las relaciones entre Chile y el Reino Unido en comercio, defensa y logística
La parálisis de la diplomacia argentina ha abierto espacios para que el Reino Unido profundice sus vínculos estratégicos con Chile, consolidando el proyecto de que Magallanes sea cabecera logística hacia las Islas Malvinas y la Antártida.
Esta articulación comprende acuerdos comerciales: Chile mantiene un Acuerdo de Libre Comercio con el Reino Unido, vigente desde 2019. Aunque su cláusula territorial excluye a los archipiélagos australes, el marco estimula la interacción económica regional.
En materia de defensa, las Fuerzas Armadas chilenas incrementaron la adquisición de material militar británico, destacándose la compra por la Fuerza Aérea de Chile de tres aviones de alerta temprana Boeing E-3D Sentry Centinela dados de baja por la Royal Air Force.
En materia de logística antártica, el Reino Unido utiliza de forma recurrente el puerto de Punta Arenas para las operaciones del British Antarctic Survey.
Y en cuanto al mantenimiento naval, existen continuas gestiones diplomáticas británicas orientadas a lograr que buques militares y de investigación con base en las islas reciban servicios de reparación técnica en astilleros chilenos de ASMAR.
La paradoja de las ultraderechas: seguridad nacional y sometimiento a las potencias del Norte
Ante esta dinámica geopolítica, reitero la lectura política que expresé públicamente el pasado 27 de septiembre en la red social X ante las declaraciones del ministro de Defensa chileno Barros Tocornal:
“Se repite la historia. Ultraderechas que profesan la doctrina de la seguridad nacional en Chile y Argentina favorecen a las potencias del Norte, debilitan la solidaridad regional y reactivan hipótesis de conflicto vecinal. Pasó con las dictaduras; pasa con Milei y Kast”.
Existe una profunda paradoja en las expresiones de extrema derecha de la región. Mientras agitan consignas de “seguridad nacional” que reactivan desconfianzas históricas con los países vecinos, adoptan una postura de alineamiento y subordinación ante las potencias globales.
Así sucedió durante las dictaduras militares de los años 70 y 80, que colocaron a la Argentina y Chile al borde de un conflicto en el Beagle en 1978 y prestaron colaboración logística al Reino Unido durante el conflicto de 1982. Hoy, la irrupción de movimientos de ultraderecha en ambos lados de los Andes reactiva esquemas que fragmentan la integración regional. Al debilitar la solidaridad latinoamericana, estos sectores terminan sirviendo objetivamente a los intereses del Reino Unido, facilitando la consolidación de su presencia en las Islas Malvinas y la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida.
Una posición fueguina que advierte sobre los riesgos de la escalada en la tensión
Recientemente, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, envió una comunicación formal al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Cristian Uriarte Herrera, manifestando la profunda preocupación fueguina ante los acuerdos comerciales en Punta Arenas con representantes de las Islas Malvinas.
Martín Pérez advirtió que el establecimiento de una ruta marítima directa entre Punta Arenas y Puerto Argentino para el transporte de cargas —al margen de las autorizaciones del Estado Nacional argentino— constituye una acción que legitima y sostiene la ocupación británica en el Atlántico Sur. El jefe comunal riograndense remarcó que la Causa Malvinas es un pilar de la identidad fueguina y un asunto de seguridad nacional y defensa de los recursos naturales, subrayando que los vínculos de hermandad e integración histórica entre Río Grande y Magallanes no deben ser instrumentalizados por el Reino Unido para lesionar los derechos soberanos de la Argentina.
Tras la lectura de la carta del intendente Pérez surge un interrogante inquietante: ¿está Chile dispuesto a sacrificar la histórica relación de integración binacional que se expresa cotidianamente en los vínculos de dos pueblos hermanos y en los multimillonarios intereses económico-comerciales que representa esa relación por un negocio en un territorio con una población que no excede los 3.000 habitantes?
Apuesta por la alta diplomacia: firmeza soberana, el espíritu de la Declaración Allamand-Cafiero y el rechazo a las bravatas temerarias
El escenario derivado del intento de establecer conexiones marítimas entre Punta Arenas y las Islas Malvinas exige actuar con máxima responsabilidad histórica y alta diplomacia.
Es preciso reafirmar un principio rector: la posición de firmeza de la República Argentina en la defensa de sus derechos soberanos no debe confundirse jamás con acciones temerarias, provocaciones ni bravatas inconsistentes. Las sobreactuaciones retóricas solo sirven para aislar a nuestro país y ofrecer excusas a la diplomacia británica.
Resulta indispensable retomar el espíritu plasmado en la nota conjunta suscripta en diciembre de 2021 por los cancilleres de Chile, Andrés Allamand, y de la Argentina, Santiago Cafiero, titulada “Chile y la Argentina: una profunda hermandad”. Allí coincidieron en que ambas naciones reafirmaron que la relación bilateral no es una mera convivencia de vecindad, sino el ejercicio de una voluntad sostenida por estructurar una asociación de naturaleza estratégica. Como bien señalaron entonces los cancilleres, la integración austral reposa sobre la solidez del Tratado de Paz y Amistad de 1984 y del Tratado de Maipú de 2009, instrumentos que disponen de forma categórica que cualquier controversia o desavenencia entre ambos países debe resolverse de manera pacífica y a través del diálogo institucional.
Más aún, aquella declaración conjunta dejó asentado un compromiso histórico insoslayable: el respaldo de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre la Cuestión Malvinas constituye para el Estado chileno una verdadera política de Estado que concita la unanimidad de todos los sectores políticos. Recordar este consenso resulta imperativo en momentos en que actores locales e influencias externas pretenden relativizar esa adscripción.
Como afirmaron Allamand y Cafiero, “ninguna desavenencia ocasional puede alterar la amistad profunda entre nuestros países: se apoya en un macizo entramado que fuimos construyendo paso a paso durante décadas”.
Para encauzar la relación bilateral y resguardar la soberanía, la Argentina debe impulsar de inmediato el restablecimiento de la diplomacia institucional con Chile, reivindicando los principios del Tratado de Paz y Amistad de 1984 y el espíritu del pronunciamiento conjunto Allamand-Cafiero para resolver toda discrepancia mediante los canales diplomáticos.
También debe repotenciar los vínculos de cooperación antárticos y oceánicos, dado que las divergencias aparecen principalmente ligadas a cuestiones vinculadas al área austral de ambas naciones.
Es necesario, además, dar nuevo impulso a todos los mecanismos de la relación bilateral y, en especial, a la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena —ámbito clave para el reencauzamiento de las relaciones binacionales—, cuyas actividades se encuentran paralizadas desde hace largos años.
Finalmente, debe exigirse el respeto a los compromisos regionales y exhortar al cumplimiento de las declaraciones del MERCOSUR relativas a la prohibición de brindar apoyo logístico o facilidades portuarias a las actividades unilaterales e ilegales británicas en los espacios marítimos argentinos.
La soberanía nacional se defiende con rigor legal, coherencia estratégica y firmeza diplomática, recuperando la senda de la integración sudamericana frente a las pretensiones de las potencias coloniales en nuestro territorio marítimo e insular.
