El campo nacional-popular dio respuestas veloces alertando sobre los perjuicios inmediatos que puede generar la quita de aranceles para la producción fueguina. Pero sigue ausente una defensa del régimen de promoción industrial que se pretende desmantelar.
El significado que atañe al episodio de la quita progresiva de aranceles para la importación de productos que en la actualidad son fabricados en Tierra del Fuego no se limita solamente a la política económica de Javier Milei. Indica también cuales son las formas en las que se debate política económica en Argentina, y las implicancias de esos debates en los hechos.
De parte del campo nacional-popular, existieron respuestas alertando sobre los perjuicios inmediatos que puede generar la medida. Pero estuvo ausente una defensa del régimen de promoción industrial que se pretende desmantelar.
No es casual. Si se repara en algunos de los análisis elaborados en la última década, es posible observar que predomina una postura tendiente a considerar al régimen como obsoleto. Pareciera existir una coincidencia en que de alguna forma se encuentra agotado: en esta visión, sería demasiado imperfecto para seguir con sus características actuales.
Sin embargo, la descripción de los resultados del régimen, como los datos de su relevancia en la estructura productiva argentina, sugieren que en realidad los defectos que se le señalan obedecen a conclusiones precipitadas, a veces incluso forzadas.
Mientras tanto, la práctica hace lo suyo y la producción subsiste con sus imperfecciones, hasta que a algún liberal argentino se le ocurra utilizar los prejuicios y la desorientación predominantes para hacer daño.
A raíz de lo anterior, vale la pena detenerse a analizar el caso de Tierra del Fuego sin la aversión que impide tomar una postura nítida.
Qué es el régimen
Un buen ejemplo de estos estudios es el documento de FUNDAR Diagnóstico del Régimen de Tierra del Fuego. En él, se reconoce que el régimen fue exitoso en relación al objetivo de poblar la zona, y que efectivamente se estableció un polo productivo. Se remarca que durante las décadas de 1970 hubo un crecimiento poblacional de más del triple contra un 40% para el total de la población argentina, y que desde principios del siglo XXI creció un 88% contra un 27% del total nacional.
FUNDAR explica que los principales estímulos del llamado sub-régimen son dos. Se exime de IVA a las ventas realizadas en el país de los productos fabricados por las empresas alcanzadas. Además, se exime de IVA y aranceles a la importación de los insumos utilizados en la actividad.
Los autores del documento infieren que, al establecerse las exenciones sobre la facturación en el mercado interno y no sobre el valor agregado –es decir, el valor de la producción que se genera dentro de los establecimientos alcanzados-, se estimula la adquisición de insumos importados, y se desincentiva su fabricación nacional dentro de la isla.
Por otra parte, al estar el estímulo concentrado en el mercado interno, se deja de lado el aliento a la exportación. La explicación que se da es que “si las empresas radicadas en Tierra del Fuego se propusieran exportar no encontrarían incentivos diferenciales de relevancia respecto de las firmas localizadas en cualquier otra provincia argentina, ya que la exportación desde el territorio continental ya recupera el IVA pagado a lo largo de la cadena y, además, suele estar eximida del arancel de importación a los insumos importados cuando éstos se utilizan para producir bienes destinados a la exportación a través de regímenes de admisión temporaria”. En consecuencia, “desarrollan estrategias corporativas orientadas a la electrónica de consumo masivo en el mercado protegido en lugar de buscar nichos de especialización donde puedan adquirir una mayor competitividad”.
El déficit comercial
El último señalamiento por parte de FUNDAR está emparentado con una observación recurrente entre los economistas, que es que la actividad en Tierra del Fuego mantiene un acentuado déficit comercial.
En el libro Los tres kirchnerismos, Matías Kulfas recoge estimaciones de Levy Yeyati y Castro que constatan que el déficit comercial de producción electrónica en Tierra del Fuego ascendía en 2012 a 4.000 millones de dólares. También recurre a datos de Schorr y Porceli, según los cuales el complejo industrial pasó de requerir importaciones por 2.100 millones de dólares en 2010 a 4.500 en 2013, pasando entre esos años de representar el 3,7 por ciento de las importaciones del país al 6,1.
Kulfas considera que no aplican al caso los matices de la industria infantil y las ventajas del aprendizaje y la maduración en el largo plazo, porque las tareas desarrolladas en Tierra del Fuego son de ensamblaje de componentes importados, sin plan de producción de componentes nacionales.
Por su parte, Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli califican a la producción en Tierra del Fuego en el tercer capítulo de Endeudar y Fugar como un caso paradigmático de desintegración en la industria nacional, junto con la industria automotriz. Observan que el déficit comercial de la actividad aumentó a raíz del crecimiento del consumo de los bienes electrónicos fabricados en la isla durante los años del kirchnerismo. El déficit del sector automotor y de la actividad en Tierra del Fuego fueron dos agravantes de una tensión en el sector externo definida principalmente por la insuficiencia de la producción de energía.
Los datos y análisis resumidos hasta aquí expresan, en buena medida, las inquietudes que mantuvieron los economistas hacia el régimen. También permiten indagar en el vínculo que este mantiene con el conjunto de la economía nacional, y hasta qué punto refleja sus características.
El señalamiento hecho por FUNDAR sobre la orientación al mercado interno resultante del diseño de los incentivos, y la falta de producción local de insumos (de la que también se queja Kulfas), es algo que en realidad no es problema del régimen.
Es lógico que las desgravaciones fiscales se establezcan sobre la facturación, porque es la que engloba el total de los costos. Cosa que no sucede con el valor agregado. Y aunque se estimulase la exportación con algún incentivo diferencial, nada indica que la demanda del exterior fuese suficiente para sostener la actividad al nivel que alcanza con el mercado interno.
Por otra parte, se discute la orientación al mercado interno como si en sí misma representase una falencia, cosa que no es en absoluto. Al contrario, el principal objetivo de la producción nacional tiene que ser siempre el de abastecer al consumo de la población, y es lógico que exista una industria nacional de bienes durables de consumo masivo cuando existen perspectivas de expansión del nivel de vida.
La observación de Basualdo y Manzanelli sobre el crecimiento del déficit también da cuenta de esa relación. El mayor déficit de la rama fue concomitante con el incremento en su producción. Y aun teniendo en cuenta las limitaciones de la producción nacional, la conveniencia de su eliminación directa y la importación total de esos productos parece difícil de explicar.
Lo anterior no quita que el régimen tenga aspectos perfectibles. Por ejemplo, la exención fiscal por las ventas en el mercado interno es cuestionable por razones de equidad en la distribución del ingreso y sus implicancias. Una vez consolidada la actividad, y concentrada como lo está en una rama y dos empresas grandes (Mirgor y Newsan), es plausible pensar que podría subsistir sin ella. El objetivo de hacer atractiva la localización en la isla en comparación con otras regiones del país ya se cumplió.
Pero impugnar la actividad por su alto consumo de importaciones y su baja perspectiva de sustitución es diferente. Las empresas productoras de bienes finales tienen la necesidad de establecer una actividad y reproducirla en las condiciones que le sean posibles para alcanzar un nivel de rentabilidad, que buscan maximizar una vez que lo conocen.
Al igual que lo que aplicaría a cualquier rama, con o sin régimen de estímulo, la sustitución de importaciones no es su problema. Esa es una inquietud de los sectores políticos interesados en que la economía crezca. Lo que es seguro es que, sin producción de bienes finales, no existiría la demanda de los insumos cuya importación es potencialmente reemplazable.
En síntesis, no debería ser sorprendente que Tierra del Fuego refleje las limitaciones de la economía argentina. El régimen que se puso en práctica hacia el final de un gobierno de facto (el de Lanusse), en un período en el cuál los militares estaban más interesados en limitar la sustitución de importaciones que en impulsarla, y durante su existencia la economía argentina tendió a deteriorarse, en particular con lo que respecta a su base industrial. La planificación y la eficiencia de la actividad nunca fueron una prioridad.
Pero no por eso se trata de desechar la actividad de la isla, lo que solamente acarrea perjuicios. En lugar de criticarla por no sustituir importaciones, bien valdría la pena preguntarse cuál es la forma de sustituir importaciones para que funcione la economía argentina, y dentro de ella de Tierra del Fuego.
El modelo ensamblador de Tierra del Fuego es in Negocio que no le agerega nada a la industria nacional, en el largo plazo debería sustituirse por inversiones en todas las actividades que se vinculan a la pesca,